Obligación de la aseguradora de abonar al actor la cobertura por el incendio que sufrió en su deposito de mercadería,considerando asegurados los bienes que contenía en su local para comercialización dentro del seguro integral contratado

Partes: Lejarza Fermín Jose c/ Provincia Seguros S.A. s/ cumplimiento contractual

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: II

Fecha: 6-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-104857-AR | MJJ104857 | MJJ104857Obligación de la aseguradora de abonar al actor la cobertura por el incendio que sufrió, dentro de los límites de la cobertura pactada por constituir un elemento esencial del contrato de seguro considerando asegurados los bienes que contenía en su local para comercialización dentro del seguro integral contratado.

Sumario:

 

1.-Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido contra la sentencia que hizo lugar a la demanda y obligó a la aseguradora de abonar al actor la cobertura por el incendio que sufrió, dentro de los límites de la cobertura pactada por constituir un elemento esencial del contrato de seguro considerando asegurados los bienes que contenía en su local para comercialización dentro del seguro integral contratado.

2.-La aseguradora está obligada a abonar al actor la suma reclamada hasta el límite de la cobertura contratada aún pese al esfuerzo de la demandada en demostrar que la actividad declarada por la actora fue determinante a la hora de representarse el estado de riesgo que permitió estimar la prima, resulta insoslayable que en los contratos predispuestos, el asegurado no participa de la redacción de su contenido aligerándose el cumplimiento de la carga de la veracidad en la declaración que pesa sobre el asegurado en cuanto al estado de riesgo por el interés asegurable que intenta tutelar y por el contrario, se agudiza la diligencia por parte del profesional del seguro.

3.-El límite en la cobertura configura un elemento esencial en el contrato de seguro, compuesto por el monto del resarcimiento por el riesgo asegurado, para el caso de acaecimiento del siniestro, así se encuentra, la medida de la cobertura, en el ámbito de disponibilidad regulatorio de las partes, por lo que en el marco del contrato es perfectamente oponible entre ellas. (a. 1198 CCiv).

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 6 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, se reunieron en Acuerdo los jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, doctores María de los Milagros Lotti, Gerardo F. Muñoz y Oscar R. Puccinelli con el fin de dictar sentencia en los autos “LEJARZA, FERMIN JOSE C/ PROVINCIA SEGUROS SA S/ CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL” (expte. 21-01634258-8)venidos para resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la demandada contra la sentencia N° 2803 dictada el 12/11/15 por la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 17 de Rosario.

Realizado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1. ¿ES NULA LA SENTENCIA APELADA?

2. EN SU CASO, ¿ES JUSTA?

3. QUÉ RESOLUCIÓN CORRESPONDE DICTAR?

Sobre la primeracuestión, la doctora Lotti dijo: El recurso de nulidad interpuesto no se ha fundado en esta instancia y no se advierten tampoco vicios extrínsecos en el procedimiento ni en la resolución que autoricen la declaración de invalidez ex officio.

Voto, pues, por la negativa.

Sobre la misma cuestión, el doctor Muñoz dijo: Coincido con los fundamentos expuestos por la doctora Lotti y voto en el mismo sentido a la primera cuestión.

Sobre la misma cuestión, el doctor Puccinelli dijo: Advirtiendo la existencia de dos votos totalmente concordantes que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art.26 ley 10160).

1.El caso.

La actora promovió demanda de cumplimiento contractual, tendiente al cobro de la suma de $ 119.729,18 o lo que en más o en menos surja de la prueba de autos, en virtud del incendio sufrido en su depósito de mercaderías, que según dijo le ocasionó graves daños en el edificio y pérdida de mercaderías que hacían a su actividad comercial.La compañía aseguradora rechazó el reclamo, alegando que los bienes y mercaderías no guardaban relación con los asegurados y cubiertos según el contrato de seguro celebrado entre las partes.

2. La sentencia impugnada.

2.1 Mediante el fallo recurrido la jueza a-quo hizo lugar a la demanda y condenó a Provincia Seguros S.A. para que en el término de 10 días abone a la actora la suma de $117.939,18, con más intereses que ordenó calcular desde 15/02/08 -fecha en que la aseguradora se expidió en los términos del art. 56 de la Ley de Seguros- conforme la tasa activa sumada del BCRA hasta su efectivo pago. Impuso las costas a la actora vencida. (art. 251 CPCC).

Para así resolver y en breve síntesis argumentó que: a) el actor logró probar liminarmente que tenía cobertura por seguro de incendio integral para el comercio ubicado en calle Córdoba 7172 de Rosario, que el seguro cubría el incendio del edificio y su contenido y probó asimismo que se produjo el siniestro; b) acreditados estos extremos era el asegurador el que debía probar la causal de eximente invocada, en el caso que los bienes afectados no estaban incluidos en la póliza; c) la defensa de “no seguro” será rechazada, en tanto el actor acreditó que los insumos, que era la mercadería que comercializaba, fue dañada y el demandado no probó que los bienes dañados no estaban dentro del edificio; luego, si el seguro vendido era “integral comercio” y este excluía la cobertura de “insumos” para el jardín y el campo, además de semillas y otros que era lo que el actor comercializaba, debía estar claramente establecido en la póliza, fácilmente comprensible y observable (,,,). Esto no sólo no fue así sino que el supuesto de exclusión tampoco se encuentra enumerado en el Anexo 1 que habla de las exclusiones; d) abona la decisión de rechazar la defensa de la demandada, el principio con el que deben interpretarse los contratos de adhesión, comolo son los contratos de seguros, que indica que la interpretación debe efectuarse en contra del predisponente, de aquél que redactó la cláusula; e) en cuanto al análisis de los daños y su cuantía, los entendió probados con la prueba rendida en autos que valoró en detalle; f) finalmente, en lo relativo la cuestión del límite en la cobertura invocada, dijo que por no haber sido el tema introducido en la demanda, ello configura un hecho extraño a la litis y sobre el que no podía expedirse, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia.

2.2 Contra esta resolución se alzó la parte demandada mediante recursos de apelación y nulidad (fs.365). Radicados los autos en esta Sala, expresó agravios a fs. 389/394 los que fueron contestados a fs. 396/400. Firme la providencia de autos y consentida la integración del tribunal quedan los presentes en estado de resolver.

3. Los agravios y su réplica.

La demandada apelante expresas sus agravios que en lo sustancial pueden exponerse de la siguiente manera: a) la a-quocon su interpretación de la prueba rendida, agrava el riesgo y genera un desequilibrio en el contrato. Ello, al considerar incluida en el mismo mercadería que no se corresponde con la actividad denunciada por la actora, agravando así el riesgo asumido por la asegurador, puesto que la mercadería en cuestión se trataba de agroquímicos y semillas, en tanto que la actividad declarada refería a maquinaria agrícola y artículos rurales. Alegó que la actora contrató libremente y con pleno conocimiento, por lo que no puede considerarse que se trata de una cláusula predispuesta, siendo que fue ella misma la que delimitó el alcance del seguro.; b) reprocha a la sentenciante decir que la materia sobre límite de cobertura no fue introducido oportunamente por la apelante y por lo tanto lo consideró extraño a la litis.Arguye que la obligación surgió de un contrato vigente al momento del siniestro por el cual se reclama siempre dentro de sus previsiones, por lo que una condena allá de los límites establecidos es contrario a lo establecido por el art. 118 de la Ley de Seguros.

A su turno, la actora contesta los agravios, invocando en primer lugar la insuficiencia técnica de los mismos en orden a lo estipulado por el artículo 365 del C.P.C.C. Puntualmente dice que en esta instancia la apelante instaura una nueva hipótesis defensiva al abandonar la introducida en la baja instancia referida a que los bienes afectados por el siniestro no guardan relación con los asegurados en la póliza y ahora sostiene que la actividad denunciada por Lejarza y que delimitaba el riesgo cubierto, fue modificada y falseada por la actora. Afirma que es obvio que en un seguro integral de incendio -que cubría incendio edificio e incendio contenido del edificio, los bienes dañados sí estaban alcanzados por el seguro. Sostiene además que la demandada conocía o debió conocer la actividad o rubro del comercio asegurado consecuencia del trámite de verificación previa al momento de emitir y renovar la póliza. Califica de sinrazón que la demandada haya postulado que la actora no resulta un tercero a quién debía informársele de los límites de cobertura. En síntesis entiende que los agravios resultan insuficientes y propugna la confirmación de la sentencia.

4. La materia recursiva.

Los agravios de la apelante conducen al tratamiento de las siguientes cuestiones: a) los agravios y su suficiencia técnica; b) el rechazo de la defensa de no seguro y el eventual agravamiento del riesgo y c) el límite de la cobertura.

4.1.Los agravios y su suficiencia técnica.

El relato de los antecedentes de la causa ha sido adecuadamente desarrollado por el sentenciante de primera instancia, por lo cual a dicha relación de hechos, que no ha sido objeto de reproche alguno, corresponde remitir en esta instancia.

Ingresando en el examen del memorial recursivo, corresponde señalar liminarmente que si bien la expresión de agravios no está sujeta a formas sacramentales, tampoco importa una simple fórmula, puesto que tal recurso no constituye un simple medio de someter el proceso al parecer de otro tribunal. Se requiere, para dar cumplimiento a la carga procesal respectiva, la concreción de un análisis crítico de la resolución impugnada, que ataque la línea de razonamiento del a quo, poniendo de manifiesto la equivocación en el proceso mental y lógico de su pensamiento, concretando puntualmente cada una de las quejas y las razones en que se apoya, demostrando la incorrecta interpretación de hecho y derecho en que ha incurrido el juez, expresándose claramente y en forma fundada y ordenada el porqué se considera injusta la sentencia. No son admisibles las meras manifestaciones genéricas que sólo pretenden imponer una revisión indiscriminada de la sentencia en la Alzada (Adolfo, Alvarado Velloso, “Estudio Jurisprudencial. Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe”, Rubinzal Culzoni., T. III, pág. 1218/20; Jorge W. Peyrano, “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, T. 2, Juris, 1997, pág.145 y s.s.).

Los agravios en esta instancia, luego de una atenta lectura del memorial de fs. 389/394, resultan de escasa o difícil captación en su contenido crítico en contraste con los fundamentos del fallo en análisis.La observación del decisorio evidencia el desarrollo lógico argumental de los elementos fácticos y normativos tenidos en cuenta y que en general el agravio no parece asumir.

Desde esas coordenadas se advierte que la expresión de agravios no logra sortear satisfactoriamente la carga procesal antes mencionada, toda vez que los argumentos expuestos por la apelante resultan insuficientes para controvertir los fundamentos del fallo de la instancia de grado que hizo lugar a la demanda.

Si bien lo dicho pudiera conducir a una desestimación por incumplimiento de los recaudos propios de la postulación en la alzada (arts. 364, 365 CPCC) a todo evento defensivo analizaré el fondo de la cuestión. Liminarmente y atendiendo al rechazo de los agravios postulado por la actora en cuanto a que la demandada introduce nuevas defensas en esta instancia en lugar de atacar los argumentos de la sentenciante, cabe puntualizar que por el contrario, se trata de la misma defensa ahor a focalizada en los fundamentos dados en el fallo, consecuencia de la interpretación de las pruebas producidas.

4.2. La defensa de “no seguro” y el agravamiento del riesgo.

Asi las cosas, y ya entrando a examinar los agravios de la recurrente, se anticipa que la apelación habrá de ser rechazada -si bien no en su totalidad- en tanto aquella enderezó sus quejas a que la jueza de grado haya considerado alcanzados por la cobertura los bienes dañados, en base a objeciones laxas y genéricas, que no logran refutar eficazmente las bases de la sentencia en los términos requeridos por el art. 365 del CPCC.

En este aspecto, no se confutan las razones dadas por el juez de la instancia anterior para sustentar la condena, puesto que mediante el plexo probatorio allegado a la causa “El actor acreditó que los insumos, que era efectivamente la mercadería por éste comercializaba, fue dañada”. (v. fs.361, párr final). Reafirma esta conclusión en el párrafo siguiente, donde aclara que surge de la prueba pericial que la actividad que realizaba la actora era la “venta de maquinarias agrícolas y artículos rurales”, extremo confirmado por el testimonio del locador del inmueble. La sentenciante analiza los bienes dañados en virtud del riesgo asegurado, esto es, incendio contenido y en función de ello rechaza la defensa de “no seguro” al concluir que estando los bienes dañados dentro del edificio, entonces estaban asegurados. Más adelante, dice: “La demandada no explicó como el actor podría haber querido contratar un seguro de incendio “integral comercio” que cubriera el edificio y su contenido, pero que excluyera la mayor parte de las mercaderías que vendía” (v. fs. 362 vta.). Como corolario apoya esta interpretación diciendo que los contratos deben ser interpretados de buena fe y siendo un contrato predispuesto, en caso de duda en contra del predisponente, destacando por otra parte que los bienes dañados, si la aseguradora pretendía excluirlos, debió así especificarlo claramente en el contrato.

4.2.1.Se agravia la apelante de que la sentenciante llega a esta conclusión al vincular los bienes dañados en relación a la actividad declarada en el contrato, esto es, “venta de maquinarias agrícolas y artículos rurales” y entiende que en función de esta declaración es que la aseguradora se representó un estado de riesgo en virtud del cual estimó la prima. Critica la conclusión de la jueza que al tener por probado el contrato y con ello la actividad declarada ya citada -venta de maquinarias agrícolas y artículos rurales- luego entendió que la actividad era la que surgió probada en la causa, es decir, “venta de semillas, fertilizantes, insecticidas y herramientas para jardin” (habilitación municipal, fs. 3), concluyendo entonces que los bienes dañados estaban alcanzados por el seguro, por ser los que comercializaba la actora y estaban dentro del comercio.Cuestiona como arbitrario este razonamiento de la a-quo, y agrega que con esta interpretación se ha afectado la economía del contrato por agravamiento del riesgo. (v. fs. 391 3er. párr.).

En síntesis, objeta que la jueza haya interpretado el vínculo entre las partes con prescindencia de lo pactado en el contrato donde surge con claridad la declaración de la actividad que realizaba la actora sin que ésta, por su parte, haya invocado, en el marco de un contrato predispuesto, abusividad de la cláusula, por lo que se impone la interpretación literal de la misma.

Es así que la demandada se esfuerza en demostrar que la actividad declarada por la actora fue determinante a la hora de representarse el estado de riesgo que permitió estimar la prima. Sin embargo, todo el desarrollo teórico que hace al respecto no logra enervar el hecho de que en los contratos predispuestos, como en el caso, el asegurado no participa de la redacción de su contenido. Ello aligera el análisis del cumplimiento de la carga de la veracidad en la declaración que pesa sobre el asegurado en cuanto al estado de riesgo por el interés asegurable que intenta tutelar y por el contrario, se agudiza la diligencia por parte del profesional del seguro. En esa línea, la jurisprudencia:”La buena fe recíproca constituye por parte del asegurado en la obligación de decir todo: por parte de la compañía, la obligación de averiguar todo y de no especular con la posible defensa que en el dìa de mañana le permita alegar el dolo”. (C.Civ.Com Sala 2, Rosario, “Novo de Lucaiolli c/ La Unión” La Ley 137-143; JA -1970-7-782); “La compañía aseguradora, por su carácter de profesional en el ámbito que actúa, debe obrar con mayor precisión que un particular y evitar de ese modo la producción de daños innecesarios a sus clientes que representan la parte débil de la relación. (C.Nac. Com. Sala B, 9/5/2005- Pipino, Carmen H.vs. Caja de Seguro- J.A. 2007 – I. pag. 134.) Por su lado, la doctrina tiene dicho que “. las circunstancias que deben ser declaradas son aquellas que influyen en la interpretación del riesgo, porque al silenciarlas, aun de buena, fe, se impide al asegurador conocer el auténtico estado de lo que constituirá el objeto del contrato.” y también: ” .el asegurador habría percibido una prima inferior a la que correspondería pagar al asegurado si hubiera denunciado con veracidad las circunstancias del riesgo lo que presupone ruptura de la relación de equivalencia entre el riesgo asumido y la prima percibida” (Atilio A. Alterini y Héctor Alegría Directores. Rubén Stiglitz, autor. “Codigo Civil y de Comercio – Comentados – Tomo XII Ley de Seguros -Anotada y Comentada”, Buenos Aires, La Ley, año 2011, pag. 103 y ss.). En este orden de ideas, la demandada no acompañó un análisis que pusiera en evidencia como la actividad probada en la causa, esto es, “venta de semillas, fertilizantes, insecticidas y herramientas para jardín”, en contraste con la declarada en el contrato “venta de maquinarias agrícolas y artículos rurales”, afectaba la determinación de la prima por agravamiento del riesgo, algo que claramente debió y podría haber traído al juicio, mas aún que lo medular de su crítica es el desequilibrio económico alegado como consecuencia de lo ya tantas veces dicho, que se entendieran alcanzados por la cobertura, bienes que no correspondían a la actividad declarada.

4.2.2. Pues bien, en definitiva, sobre lo que hace al meollo de este agravio la demandada no aportó pruebas. Y debo insistir en esto, pues no sólo pudo por ser un profesional del seguro, sino que debió mostrar esa alteración en la ecuación económica por el agravamiento del riesgo que es su hipótesis defensiva y en la que sustentaba su agravio. Sin embargo, no sólo no produjo ninguna prueba en ese sentido, sino que se limitó a solicitar la interpretación literal de la voluntad declarada en el contrato por la actora.Al respecto es justo resaltar, que amén de que la actora lo diga o no, es de público conocimiento que el carácter predispuesto del contrato limita al asegurando en la libertad de la conformación de su contenido. En esta línea de análisis es que dijo la apelante: “La jueza de grado para llegar a la conclusión de su sentencia solo ha tenido en cuenta, sin fundamentación valedera alguna, la presunta intención y voluntad de la actora sin tener siquiera consideración las propias declaraciones efectuadas por la misma al momento de contratar, y como afecta ésto al equilibrio de las partes que fiaron de ello” (v. fs. 392 3er. párrr.).

No es cierto. La jueza se ha representado por aplicación del principio de buena fe, de especial aplicación en el contrato que nos ocupa, que alguien que probó que viene realizando una actividad desde 1/6/1999, renovada en fecha 18/05/07 (v. prueba pericial fs. 315) y que renueva un contrato de integral comercio, con cobertura incendio edificio, incendio contenido, en fecha 18/05/2007 con la misma aseguradora, no permite presumir que incurriera en error o estuviera en su intención engañar a la aseguradora respecto de la actividad que realizaba arriesgando así su interés asegurable. Quedar sujeto a la interpretación literal en un contrato predispuesto es desconocer la vulnerabilidad contractual a la que se encuentra el asegurando, que se presenta en la especie como el débil jurídico.De allí, el razonamiento de la sentenciante cuando dice que “.la demandada no explicó como el actor podría haber querido contratar un seguro de incendio “integral comercio” que cubriera el edificio y su contenido, pero que excluyera la mayor parte de las mercaderías que vendía” (v. fs. 362 vta.), recurriendo a la interpretación finalista que busca lo realmente querido por las partes. En ese orden se ha dicho: “Sin embargo la finalidad perseguida será también un elemento de convicción cuando las palabras o el contexto general de la póliza dejen dudas”. (S.C.Mendoza, Sala 1ra. 8/11/1996. “Maggi c/Maggi” JA. 1997-III- 561).

4.2.3.Este el marco jurídico que le permitió – a mi criterio correctamente- concluir a la a-quo que la actividad de la actora era la probada en la causa, con lo cual los bienes dañados, que estaban dentro del comercio, resultaban alcanzados por la cobertura incendio contenido. Es que como dice Stiglitz, citado por Saavedra a propósito del objeto del contrato de seguro: “.las partes acuerdan (tienen en vista) que , mediante el pago de una prima o cotización a cargo del asegurado, el asegurador elimine las consecuencias derivadas de la eventualidad de su realización (siniestro) comprometiéndose, en este caso, a resarcirle el daño o a cumplir la prestación acordada”; y concluye el citado autor señalado que “esa es la materia (objeto) del contrato de seguro”.(Saavedra, Domingo M. “Ley de Seguros 17.418 comentada- Tomo I, arts. 1 a 84″; La Ley, 2da. Edición actualizada, Buenos Aires, año 2012, pag. 87).Y también:”El objeto verdadero de un contrato de seguro, no es la cosa, sino el interés asegurable que se asienta sobre ella.(.) la mención de la cobertura pretendida debe ser específica, clara, profesional, ,,,.a los efectos de no encontrarse en el siniestro con que lo pretendido ha sido mal interpretado y, por tanto, la forma de cubrir no era la deseada.” (Peruchi, Héctor y Perucchi Juan Ignacio, “Código Seguro”, Tomo I, Comunicación y Proyectos SRL, 1era. Edición, CABA, 2015, pag. 68 y ss.).

A todo evento, también tiene dicho la jurisprudencia: “En caso de duda debe considerarse subsistente la obligación del asegurador, que no sólo redacta las condiciones del contrato, sino que también realiza las previsiones de los siniestros mediante cálculos actuariales, estando en condiciones técnicas de fijar en forma clara, precisa e indubitada la extensión de sus obligaciones” (C.Nac. Com. Sala A 23/5/2005, Ponce, Justino v. Vaja de Seguros de Vida- JA-2007- I, pág.135″).

En esa inteligencia es que es rechazada la defensa articulada en la baja instancia, al oponer el no seguro por exclusión de los bienes dañados. No hubo el agravamiento del riesgo denunciado, por lo que le corresponde a la aseguradora asumir la responsabilidad por haber, en su caso, no agotado la debida diligencia que le imponía su posición contractual y de la que, por los motivos que acabo de exponer, no puede responsabilizar a la actora, haciendo caer exclusivamente sobre la conducta de ésta la interpretación del contrato desentendiéndose así de su finalidad económica y social.

4.2.4. Pero todavía más, si nos atuviéramos tan sólo a la literalidad de lo “declarado”, es decir, “Venta de maquinarias y artículos rurales”, le correspondía a la aseguradora probar la exclusión de los bienes dañados de la categoría de artículos rurales. Así también lo señaló la a-quo cuando dijo: “Acreditados estos extremos era el asegurador el que debía probar la causal de eximente invocada, en el caso que los bienes afectados no estaban incluídos en la póliza” (v. fs. 361 4to.párr.). Lo que tampoco hizo. En este sentido: “La prueba de los hechos eximentes de la garantía corresponde al asegurador y su interpretación debe ser realizada restrictivamente por su naturaleza sancionatoria por ser la consecuencia de su aplicación y porque puede llevar al enriquecimiento del asegurador a costa del asegurado” (C.N.Com, Sala E, 12/5/2006 “Dodino G. c/ Parana S.A. De Seg.”, JA -2008- I- síntesis).

4.2.5. En suma, las razones que anteceden justifican que la sentencia en lo atinente a este agravio sea confirmada.

5. El límite de la cobertura.

5.1.Brevemente y adelantando su procedencia me detendré sobre el segundo agravio postulado por la apelante, en relación al rechazo de la a-quo del límite de cobertura por considerarlo un hecho extraño a la litis, al no haber sido planteado en la contestación de la demanda.

Ahora bien, las constancias de autos desvirtúan tal aseveración, puesto que en su escrito de responde, en el “otro si digo” la aseguradora manifestó la existencia de un límite de cobertura (v. fs. 105) y tal postulación fue sustanciada con la actora, quien denunció la existencia de endosos sobre la cobertura vigente, a partir del mes de marzo de 2007 (ver escrito cargo 6952 a fs.146). Por su parte la aseguradora a fs. 151 ratificó los límites de cobertura referidos al contestar demanda.

Estos límites de cobertura denunciados por la aseguradora no han sido controvertidos mediante prueba alguna. Por el contrario, las constancias obrantes a fs. 275 corroboran los límites expresados por aquella, es decir $ 50.000 por edificio y $ 100.000 por contenido, sin que el supuesto aumento de dichos valores por endosos, haya sido acreditado de modo alguno.

5.2. A todo evento, no comparto lo decidido por la sentenciante de grado, en el sentido que en el caso de la invocación del límite de la cobertura, se trate técnicamente de una defensa cuya alegación quede limitada al plazo señalado. No estamos, como señala la doctrina, ante alguna de las defensas propias del asegurador de las que opone a su co-contratante (incumplimiento del pago de la prima, la reticencia o como en el caso, exclusión de los bienes ). Lo cierto es que el límite en la cobertura configura un elemento esencial en el contrato de seguro, compuesto por el monto del resarcimiento por el riesgo asegurado, para el caso de acaecimiento del siniestro.Así puntualizado se encuentra, la medida de la cobertura, en el ámbito de disponibilidad regulatorio de las partes, por lo que en el marco del contrato es perfectamente oponible entre ellas. (a.1198 CC).

Como dice el autor ya tantas veces citado en este libelo: “La frase en la medida del seguro, está referida al alcance o extensión de la obligación del asegurador, la que se determina por la medida del daño efectivamente sufrido y el monto asegurado, salvo las limitaciones contractuales y legales”. .”Lo que significa que esta último no significa sólo “tope máximo” sino, además, “piso mínimo”. (Stiglitzs, ob. ci. Pag. 803, Tomo XII), (el sombreado es del autor).

Se entiende asimismo que quedan por fuera de esta limitación los intereses condenados a pagar y los gastos judiciales, desde que la demandada dió lugar a este proceso en el que resultó vencida.

Por las razones expuestas, propicio el rechazo de la demanda en este punto, haciendo lugar al agravio postulado con los alcances indicados.

Sobre la misma cuestión, el doctor Muñoz dijo: Coincido con los fundamentos expuestos por la doctora Lotti y voto en el mismo sentido a la segunda cuestión.

Sobre la misma cuestión, el doctor Puccinelli dijo:me remito a lo expresado al tratar la primera cuestión.

Sobre la tercera cuestión, la doctora Lotti dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación.

Las costas de ambas instancias se deben imponer a la parte demandada en un 90% y en un 10% a la actora (cf. art. 252 CPCC).

Los honorarios de segunda instancia deben regularse en el 50% de los que correspondieren a primera.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, el doctor Muñoz dijo:El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por la doctora Lotti y así voto.

Sobre la misma cuestión, el doctor Puccinelli dijo:Me remito a lo expresado al tratar la primera cuestión.

Por lo que esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE : 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación en consecuencia revocar la sentencia N° 2803 del 12/11/15 en lo pertinente al rechazo del límite de cobertura invocado y en su lugar deberá responder la aseguradora en los límites del seguro con la salvedad hecha en los considerandos; 2) Costas en ambas instancias en un 90% a cargo de la demandada y en un 10% a cargo de la actora (art. 252 C.P.C.C). 3) Regular los honorarios profesionales en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia. Insértese, agréguese copia a los autos y hágase saber. (autos: “LEJARZA, FERMIN JOSE C/ PROVINCIA SEGUROS SA S/ CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL” (expte. 21-01634258-8)

MARIA DE LOS MILAGROS LOTTI

GERARDO F. MUÑOZ

OSCAR R. PUCCINELLI