El Estado provincial debe hacerse cargo del pago de las acciones derivadas de la actuación de los abogados patrocinantes de los niños

Partes: K. E. s/ abrigo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul

Sala/Juzgado: 1

Fecha: 15-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105139-AR | MJJ105139 | MJJ105139El Estado provincial debe hacerse cargo del pago de las acciones derivadas de la actuación de los abogados patrocinantes de los niños.

Sumario:

1.-Los honorarios profesionales regulados en el marco de la medida de abrigo son, en su totalidad, a cargo del Estado provincial, atendiendo a que el proceso ha sido promovido de oficio por el Estado en virtud de resultar la intervención de la justicia necesaria y además la pretensión que motivara el inicio de las actuaciones no ha sido controvertida, de modo tal que las únicas partes intervinientes han sido el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, la adolescente y el Ministerio Pupilar.

2.-Corresponde asegurar la gratuidad del servicio que se preste al niño, niña o adolescente, garantizando el acceso en forma gratuita a distintos profesionales cuya idoneidad el Estado les garantiza a fin de que puedan designar a aquel con el cual puedan establecer un vínculo personal que satisfaga sus expectativas, por lo que será el Estado provincial quien se hará cargo del pago de las acciones derivadas de la actuación de los abogados patrocinantes de los niños.

3.-El ordenamiento normativo vigente reconoce el derecho de la infancia a la jurisdicción en forma plena, esto es, comprendiendo no sólo lo que se ha dado en llamar defensa material -lo que implica la facultad de las partes de intervenir en el proceso en forma directa y personal-, sino también el derecho a la defensa técnica, entendida como la posibilidad de designar un abogado de su confianza o de recibir asistencia técnica de oficio -a través de un profesional asignado por el Estado- para el caso en que no pueda procurarse un defensor letrado particular.

4.-El cambio de paradigma en el régimen de capacidad de niños y adolescentes se encuentra reflejado y profundizado en el CCivCom., el que en sus arts. 26 , 639 y cc reconoce expresamente el principio de autonomía progresiva de la infancia, y el derecho de la persona menor de edad a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones que deban adoptarse sobre su persona.

Fallo:

Azul, 15 de Junio de 2017.-

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

I) Vienen estos autos a la Alzada, con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 63/64vta. por la Dra. Maite Albide en forma subsidiaria al de aclaratoria, contra la resolución de fs. 61/61vta., en cuanto regula los honorarios por la actuación profesional de la recurrente en el marco de la presente en la suma de pesos dos mil cien ($ 2.100) con más su aporte legal, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 17, 28 y cc del decreto-ley 8904/77, considerando las etapas cumplidas en autos, y en virtud de lo normado por el art. 5° de la ley 14.568 y el art. 16 del Reglamento Único de Funcionamiento del Registro de Abogadas y Abogados de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Buenos Aires, conforme al cual los honorarios del Abogado del Niño designado se determinarán de acuerdo a las pautas del decreto-ley 8904/77, y los mismos serán a cargo del Estado provincial en todos aquellos casos en que se acredite el beneficio de pobreza de acuerdo a lo establecido en el art. 27 inc. c) de la ley 26.061 y, para el caso de no acreditarse tal beneficio, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tendrá a su cargo el pago del 50% de los mismos y respecto al 50% restante se aplicarán los principios generales del art. 68 del CPCC.-

II) Frente a ello, se agravia la recurrente cuestionando por bajos los estipendios regulados en su favor.-

Asimismo, promueve aclaratoria con apelación en subsidio a fines de que se determine si la beneficiaria de las presentes actuaciones -esto es, la adolescente E. K.- y/o su grupo familiar han acreditado beneficio de pobreza y, consecuentemente, se estipule conforme el juego del art. 5° de la ley 14.568 y el art.16 del Reglamento referido en el decisorio en crisis, de qué manera corresponde en el caso de autos distribuir las costas entre el Estado provincial y el posible “vencido”, consignando en este caso -y en virtud de que el presente proceso no reviste carácter contencioso- qué sujeto procesal reviste tal carácter en los términos del art. 68 del CPCC, pues lo contrario tornaría ilusoria toda posibilidad de ejecutar los honorarios regulados.-

Así las cosas, la Sra. Jueza a-quo dicta el decisorio de fs. 65/65vta., en el que manifiesta que siendo las presentes actuaciones de trámite especial, en tanto no revisten el carácter de contenciosas, y hallándose la jurisdicción limitada a otorgar o no legalidad a la medida administrativa adoptada por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, no resulta posible determinar qué sujeto procesal resulta vencido imponiéndole en consecuencia las costas. En atención a ello, resuelve desestimar la aclaratoria planteada y conceder la apelación subsidiaria, ordenando la oportuna elevación de las actuaciones a esta instancia.-

III) Encontrándose el recurso en estado de ser resuelto por esta Alzada, ha de señalarse en primer término que, sin perjuicio de no encontrarse expresamente legislado en nuestro código de forma el recurso de apelación subsidiario al pedido de aclaratoria, el mismo ha sido admitido a fin de garantizar el control revisor de la segunda instancia. Y ello así, en virtud de que tampoco existe una norma prohibitiva de su admisibilidad (esta Sala, causas nº 40798 “Compañía Financiera….” del 07.10.1999, nº 44497 y nº 46498 “BBVA Banco Francés…” del 02.10.2003, nº 55524 “Orsatti…” del 23.08.2011, n° 58941 “Picerno…” del 14.05.2014, entre otras).-

Y que por otra parte, conforme lo previsto por el art.273 del CPCC, la Cámara tiene la posibilidad de remediar las omisiones parciales en que -a criterio del recurrente- haya incurrido el fallo de primera instancia, sea que las mismas se funden en la inadvertencia o en la estimación de que la solución dada a una de las cuestiones traídas a juzgamiento hacía innecesario tratar las demás (esta Sala, causas n° 58941 “Picerno…” del 14.05.2014, nº 57369 “Bastarrica…” del 04.03.2013, nº 57276 “Ballesteros…” del 17.11.2012, nº 38190 “Nuevo Banco de Azul S.A…” del 24.04.1997, nº 37357 del 20.03.1996, entre otras; Cám. Nac. Federal, Sala III, Cont. Adm. 13-5-80, BCNFed, mayo 1980, 68, núm. 146, citado por Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y Anotados”, tomo III, pág. 429; entre otros).-

Así las cosas, se observa que, tal como han puesto de resalto la doctrina y la jurisprudencia, el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha irradiado sus efectos hacia todas las ramas del Derecho; y el Derecho de Familia no ha quedado al margen de este proceso, experimentando una transversalización de sus conceptos y un profundo impacto -en lo que aquí interesa- en la regulación de las relaciones paterno-filiales y en el sistema hasta entonces vigente en materia de restricciones a la capacidad de obrar de niños, niñas y adolescentes (ver Gil Domínguez, Andrés; Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, “Derecho Constitucional de Familia”, Ediar, Buenos Aires, 2006, tomo I, pág. 2 y ss; Lloveras, Nora; Orlandi, Olga y Tavip, Gabriel, “Responsabilidad parental”, en obra colectiva “Tratado de Derecho de Familia. Según el Código Civil y Comercial de 2014”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, tomo IV, pág.9 y ss; entre otros).-

Y una de las muestras del cambio paradigmático que ha conmovido los cimientos del régimen jurídico de la infancia, a partir de la concepción del niño como sujeto de derechos, ha sido justamente la introducción por parte de la Convención sobre los Derechos del Niño del principio de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes; reconociendo la necesidad de conferir a la infancia el derecho a asumir, gradualmente y en función de las diferentes etapas de su desarrollo evolutivo, un rol protagónico y activo en el núcleo de decisiones que constituyen su proceso formativo y en el ejercicio de prerrogativas fundamentales que la misma titulariza (arts. 5°, 12, 14, 16, 28 inc. 1°), 29, 32 y cc; ver Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo, “El Derecho de Familia desde la Constitución Nacional”, Universidad, Buenos Aires, 2009, pág. 409 y ss; entre otros). Y en esa línea, dicho cuerpo normativo reconoce expresamente el derecho humano de todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio -y la consiguiente obligación de garantía del Estado- de ser escuchado en todo procedimiento judicial y administrativo que lo afecte y a que su opinión sea tenida en cuenta en función de su edad y madurez (art. 12 y cc de la Convención sobre los Derechos del Niño). De este modo, la capacidad de participar activamente en el proceso de toma de decisiones no está ya ligada a parámetros etarios fijos, en tanto no tiene sujeción a una edad cronológica determinada, sino que operará en función de la madurez intelectual y psicológica, el suficiente entendimiento y el grado de desarrollo del niño (ver Mizrahi, Mauricio Luis, “Intervención del niño en el proceso. El abogado del niño”, en La Ley del 11.10.2011, pág.1 y ss; entre otros).-

Y dichos principios han sido captados también por el ordenamiento jurídico interno a partir de la sanción de la ley n° 26.061, norma que no sólo estipula el derecho del niño o adolescente a ser oído y a que su escucha sea merituada, sino que reconoce paralelamente su derecho a ser parte en el proceso. Y a dichos fines, establece expresamente su facultad de ser “…asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine…” (art. 27 ley n° 26061, el resaltado nos pertenece); estipulando asimismo el decreto reglamentario de la norma en ciernes que dicho derecho a la asistencia letrada por parte de un abogado que represente los intereses personales e individuales del niño, niña o adolescente, deberá ser “…sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar…” (conf. decreto n° 415/2006, reglamentación al art. 27 de la ley n° 26061). De este modo, el ordenamiento normativo vigente reconoce el derecho de la infancia a la jurisdicción en forma plena, esto es, comprendiendo no sólo lo que se ha dado en llamar defensa material -lo que implica la facultad de las partes de intervenir en el proceso en forma directa y personal-, sino también el derecho a la defensa técnica, entendida como la posibilidad de designar un abogado de su confianza o de recibir asistencia técnica de oficio -a través de un profesional asignado por el Estado- para el caso en que no pueda procurarse un defensor letrado particular. Aún cuando, claro está, el ejercicio de este amplio derecho de participación comprensivo del acceso a la defensa material y técnica, se encuentra condicionado a la valoración de la pauta de edad y madurez (Lloveras, Nora; Orlandi, Olga y Tavip, Gabriel, “Responsabilidad parental”, en obra colectiva “Tratado de Derecho de Familia.Según el Código Civil y Comercial de 2014”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, tomo IV, pág. 36 y ss; Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, “Crónica de una ley anunciada y ansiada”, en ADLA 2005-E-5809; entre otros).-

Y este cambio de paradigma en el régimen de capacidad de niños y adolescentes se encuentra también reflejado y profundizado en el Código Civil y Comercial, el que -siguiendo las pautas en que se fundaron los antecedentes normativos señalados- reconoce expresamente el principio de autonomía progresiva de la infancia, y el derecho de la persona menor de edad a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones que deban adoptarse sobre su persona (arts. 26, 639 y cc del Código Civil y Comercial).-

Es así que, en pos de la efectivización de las mandas señaladas y siendo estas prerrogativas inescindibles de la obligación de poner a disposición del niño los medios legales e idóneos para acceder a la justicia como legitimado activo de una manera efectiva (ver Lloveras, Nora; Orlandi, Olga y Tavip, Gabriel, “Op. Cit.”, pág. 38), la Provincia de Buenos Aires, a partir de la sanción de la ley 14.568 (B.O. PBA del 06.02.2014) y de su decreto reglamentario 65/2015 (B.O. PBA del 13.05.2015), ha incorporado al sistema de procedimiento bonaerense la figura del “Abogado del Niño”; estableciendo que en todo procedimiento civil, familiar o administrativo que afecte directamente a un niño, niña o adolescente, el juez con asistencia del representante del Ministerio Público, o en su caso, la autoridad administrativa, deberán informarle personalmente a aquél acerca del derecho que le asiste a ser representado por un letrado -obligación que también se prevé expresamente en el art.35 bis de la ley 13.298 para los procesos de abrigo-. Y a dichos efectos, dispone la norma en ciernes -luego de poner de resalto en sus fundamentos que la garantía a la que viene haciéndose referencia obliga a plantearnos la gratuidad del servicio que se preste al niño, niña o adolescente, garantizando el acceso en forma gratuita a distintos profesionales cuya idoneidad el Estado les garantiza a fin de que puedan designar a aquel con el cual puedan establecer un vínculo personal que satisfaga sus expectativas- que será el Estado Provincial quien se hará cargo del pago de las acciones derivadas de la actuación de los abogados patrocinantes de los niños.-

Es así que con fecha 11.05.2016, el Ministerio de Justicia Provincial (autoridad de aplicación de la ley 14.568, conf. decreto 65/2015) y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, celebraron un convenio cuya cláusula octava quedara luego plasmada en el art. 16 del Reglamento Único de Funcionamiento del Registro de Abogadas y Abogados de Niñas, Niños y Adolescentes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires -al que hiciera referencia la Sra. jueza a-quo en el decisorio en crisis-; a partir del cual se estipula que los honorarios del Abogado del Niño se determinarán de acuerdo a las pautas del Decreto-Ley 8904/77, y que los mismos serán a cargo del Estado provincial en todos aquellos casos en que se acredite el beneficio de pobreza de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 27 de la Ley Nº 26.061, en tanto que de no acreditarse tal beneficio, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tendrá a su cargo el pago del 50% del estipendio y respecto del 50% restante se aplicarán los principios generales del art.68 del Código Procesal Civil y Comercial.-

De este modo, aplicando dichos principios al caso de autos se observa, por un lado, que frente a la carencia de recursos económicos por parte de la adolescente E. -circunstancia fáctica que se desprende de las constancias obrantes en la presente y que derivara en la concesión de un subsidio por parte del Estado municipal a fines de asistir económicamente a su grupo familiar-, su derecho a la defensa técnica en el marco de la presente debió ser garantizado a partir de la asignación de oficio de un letrado por el Estado, frente a la imposibilidad de la misma de procurarse un defensor particular (conf. art. 27 inc. c) ley 26.061); designación que, mediante el sorteo de ley, recayera en la recurrente.-

Y por otra parte, que en función de la especial naturaleza del proceso de marras, cuyo principio rector es el de velar por la protección, asistencia y restablecimiento de los derechos y garantías de la niña, niño o adolescente de que se trate, a partir de la adopción de una medida excepcional de modificación de su ámbito de convivencia en pos de implementar estrategias de intervención que tiendan al fortalecimiento del grupo familiar de modo tal de permitir la restitución del niño a su núcleo afectivo de origen cuando en él se halle asegurado el efectivo goce de sus derechos; atendiendo a que el mismo ha sido promovido de oficio por el Estado en virtud de resultar la intervención de la justicia necesaria frente a dicho contexto; y valorando especialmente que en el caso de autos la pretensión que motivara el inicio de las actuaciones no ha sido controvertida -de modo tal que las únicas partes intervinientes en el marco de la presente han sido el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, la adolescente Elena y el Ministerio Pupilar-, lo que conlleva a la plena aplicación del principio conforme al cual no pueden imponerse las costas a quien no ha sido parte en elproceso (ver Loutayf Ranea, Roberto G., “Condena en costas en el proceso civil”, Astrea, Buenos Aires, 2013, pág. 2; SCBA, Ac. 45.141 “M.S.I. c/ F.E.A. s/ Acción de reclamación de estado de hijo extramatrimonial”, D.J.J. Tº 146, pág. 77; esta Cámara, Sala II, causa nº 39493 “Germondari, José Luis Alejandro c/ Galli, Angel Ramón y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 09.06.1998 y demás jurisprudencia allí citada, entre otras); no cabe más que concluir que en casos como el de autos, donde no existe entonces parte vencedora ni vencida, no corresponde imponer costas (art. 68 y cc del CPCC).-

En consecuencia, los honorarios profesionales regulados en el marco de la presente serán, en su totalidad, a cargo del Estado provincial (conf. art. 27 inc. c) ley 26.061; art. 5° ley 14568 y decreto reglamentario 65/2015; art. 16 Reglamento Único de funcionamiento del Registro de Abogadas y Abogados de Niñas, Niños y Adolescentes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires).-

Finalmente, corresponde hacer lugar al agravio a partir del cual la recurrente cuestiona por bajos los honorarios regulados en su favor en el decisorio apelado, viéndose el monto del estipendio reflejado en la parte resolutiva (art. 5° ley 14568 y decreto reglamentario 65/2015; art. 16 Reglamento Único de funcionamiento del Registro de Abogadas y Abogados de Niñas, Niños y Adolescentes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires; arts. 15, 16, 44 y cc del decreto-ley 8904/77).-

Por todo lo expuesto SE RESUELVE: 1) Determinar que los honorarios profesionales regulados en el marco de la presente serán, en su totalidad, a cargo del Estado provincial, en virtud de los fundamentos expresados en el apartado III). 2) En base a ello, y atento lo normado por los arts. 15, 16, 44 y cc del Decreto-ley 8904/77, corresponde hacer lugar al recurso de apelación de fs. 63 y modificar los honorarios regulados a fs. 61/61vta., regulándolos de la siguiente manera:por las actuaciones en primera instancia a la Dra. MAITE ALBIDE, en la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 5.370.-), con más la adición de Ley (arts. 12 y 14 leyes nº 8455 y nº 10268) e I.V.A. en caso de profesionales inscriptos; disponiendo que, en atención al modo en que se generó la cuestión y a que los supuestos de determinación de base regulatoria y de cuantificación de honorarios no originan una litis incidental específica, generadora de costas con emolumentos propios (causas nº 39286 “Rovira”, 42623 “Subsecretaría.”, entre otras), no corresponde en la presente emitir pronunciamiento sobre la imposición de costas de Alzada ni regular honorarios por las actuaciones producidas en esta instancia. En cuanto a las regulaciones de honorarios practicadas, las notificaciones del caso deberán ser efectuadas en Primera Instancia, en su caso con la transcripción prevista por el art. 54 del Decreto-Ley 8904/77.- Notifíquese por Secretaría y devuélvase.-

Lucrecia Inés Comparato

Juez

-Sala 1-

-Cám.Civ.Azul-

Esteban Louge Emiliozzi

Juez

-Sala 1-

-Cám.Civ.Azul-

Ante mi

Dolores Irigoyen

Secretaria

-Sala 1-

-Cam.Civ.Azul-