Gobierno de CABA debe garantizar a los amparistas la adquisición de los alimentos necesarios para satisfacer el plan nutricional acorde a los problemas de salud que padecen más el costo de artículos de limpieza e higiene del hogar

Partes: N. R. E. y otros c/ GCBA s/ amparo

Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: 18

Fecha: 21-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-104830-AR | MJJ104830 | MJJ104830Sumario:

1.-Debe admitirse la acción de amparo y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice la adquisición completa de los alimentos necesarios para satisfacer la dieta prescripta para el grupo familiar actor según el plan nutricional acompañado, debiendo incluir el costo necesario para la compra de elementos de higiene personal y de limpieza de su hogar, al estar acreditado que los problemas de salud que padecen requieren una dieta especial que no pueden afrontar con sus ingresos, siendo que el derecho a la salud (art. 20 , Constitución de la Ciudad) y su vinculación con una alimentación adecuada son una subespecie del derecho a la vida, garantizado por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

2.-Estando acreditada la falta de recursos y la vulnerabilidad del grupo familiar actor, corresponde admitir el amparo y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice la adquisición completa de los alimentos necesarios para cumplir el plan nutricional que requiere el tratamiento de los problemas de salud que padecen, y ante la imposibilidad fáctica de solventar los gastos familiares, la sentencia comprenderá? también los costos necesarios para la compra de los elementos de higiene y limpieza del lugar en el que viven, debiendo el monto de los requerimientos nutricionales ser actualizado conforme al índice de precios al consumidor de la Ciudad.

3.-Toda vez que el amparo constituye una garantía constitucional para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, su procedencia debe ser analizada con un criterio razonablemente amplio, resultando admisible siempre que el proceder impugnado reúna las características y efectos que prevén los textos constitucionales.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de abril de 2017-.

Estas actuaciones para dictar sentencia de las que, RESULTA:

I.- Que los sres. R. E. N. y V. B. C., por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad, D. N. B. y J. B. N. B., con el patrocinio letrado de la sra. Defensora Oficial a cargo de la Defensoría Nº 1 del fuero, Dra. Alejandra Lorena Lampolio, inician la presente acción de amparo contra el Programa Ciudadanía Porteña del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de considerar que se hallan afectados sus derechos y garantías constitucionales, en particular el derecho a la igualdad, a la salud y a la dignidad. Solicitan que se ordene a dicho Ministerio a que se les otorgue, a través del Programa Ciudadanía Porteña -Con Todo Derecho- o cualquier otro programa que lo sustituya o complemente, el monto suficiente para garantizar la adquisición de los alimentos necesarios para satisfacer la dieta que adjuntan como también los elementos indispensables para la higiene personal y limpieza del hogar (fs. 1/vta.). Describen su situación de vulnerabilidad social y emergencia, a la que califican de alarmante, destacando que se encuentran excluidos del mercado laboral lo que les impide obtener los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas. Relatan que el sr. N. (52 años) junto a la sra. B. C. (34 años) conforman una familia con los hijos de ambos, J. B. y D. (5 y 4 años respectivamente) y apuntan que carecen de red de contención familiar y social. Alegan que el sr. N. padece de diabetes (tipo Iinsulinodependiente) y colitis ulcerosa por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el año 2015.Añaden que presenta patología intestinal de curso crónico con la permanencia de la colostomía en la pared abdominal, situación que le impide trabajar, por lo que solicitó le extiendan certificado de discapacidad, y requiere del cuidado de su pareja ya que no puede realizar por sí mismo las actividades diarias. Explican que por su cuadro clínico debe seguir una dieta estricta e hipercalórica cuyo detalle adjuntan. En cuanto al menor J. B. aducen que también tiene problemas de salud ya que sufre de agenesia renal (ausencia de un riñón) requiriendo por ello una alimentación específica baja en proteínas siendo atendido en el “Hospital Garrahan”. Destacan que la falta de la alimentación indicada por los especialistas afecta a la salud de ambos.

Acompañan informes a fin de acreditar su situación de vulnerabilidad, requerimientos dietarios y estado de salud. Exponen que, dado los bajos ingresos con los que cuentan, no pueden acceder a cumplir con los requerimientos nutricionales específicamente indicados tornándose indispensable la ayuda estatal para adquirir los alimentos prescriptos. Tal situación, sostienen, ha sido amparada por la demandada ya que fueron incorporados al Programa “Ciudadanía Porteña” pero no han aumentado el monto de tal beneficio a pesar de que así lo solicitaron por escrito, justificando dicha omisión en el cobro del monto máximo establecido por ley. Ponen de resalto que sus únicos ingresos son los que provienen del programa “Ciudanía Porteña-Con Todo Derecho” por el que perciben la suma mensual de pesos mil quinientos ($ 1.500). En este marco procesal, piden como medida cautelar que se ordene a la demandada el aumento del beneficio del Programa Ciudanía Porteña (fs. 1 vta. ) o del programa que lo sustituya o complemente y, atento la falta de recursos, se entregue de manera inmediata y hasta el dictado de la sentencia, el monto del dinero suficiente para adquirir los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos alimenticios del grupo familiar (fs.17). Plantean la inconstitucionalidad del artículo 8 de la ley 1878 como así también su reglamentación en cuanto, en síntesis, establece un sistema rígido para calcular el monto del beneficio. Fundan en derecho, citan doctrina y jurisprudencia en sustento de su pretensión, ofrecen prueba y efectúan reserva de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal. Por último, adjuntan prueba documental la cual se encuentra agregada a fs. 24/131.

II. A fs. 135/139 toma intervención la sra. Asesora Tutelar a cargo de la Asesoría Nro. 3 en representación de ambos menores en los términos de los arts. 103 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación y 53 de la ley 1903, sin perjuicio de la representación legal necesaria ejercida por sus padres y dictamina a favor de la concesión de la cautelar peticionada en el escrito inicial.

III. A fs. 141/144 se hace lugar a la medida cautelar solicitada, que ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el plazo de 2 días de notificado arbitre las medidas necesarias para satisfacer el costo del plan nutricional obrante en autos, resolución que ha quedado firme ya que no ha sido apelada por la demandada.

IV. A fs. 176/180 la letrada apoderada de la accionada contesta demanda. Solicita el rechazo de la acción intentada fundando ello en que no se configura ningún acto u omisión manifiestamente ilegal y/o arbitrario que lesione, restrinja, altere o amenace derechos de la actora. Alega que no existe relación de causalidad entre la lesión invocada y la normativa cuestionada. Agrega que presta debida asistencia a los actores. Ofrece prueba.

Contesta el planteo de inconstitucionalidad (fs. 177 vta.). Solicita eximición de costas (fs. 179 vta.).

Formula reserva del caso federal.

V. A fs. 196 se abre la causa a prueba, la que se encuentra producida y agregada según fs. 202 y 213/216. A fs. 221/226 se expide el sr.Asesor Tutelar solicitando se haga lugar a la acción de amparo impetrada y a fs. 239/242 dictamina la Señora Fiscal respecto de los planteos de inconstitucionalidad formulados. A fs. 243 pasan los autos a sentencia.

Y CONSIDERANDO:

I.- En este estado, pasaré a analizar si se encuentran reunidos los presupuestos que prevé la normativa para la procedencia de la acción de amparo. En lo que respecta a la idoneidad de la vía elegida corresponde señalar que la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte, de conformidad con lo establecido por los artículos 43 C.N. y 14 C.C.A.B.A. Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747). Sin embargo, no por ello puede calificarse al amparo como una acción excepcional.

Por el contrario, toda vez que ésta constituye una garantía constitucional, para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, la procedencia de aquél debe ser analizada con un criterio razonablemente amplio, resultando admisible siempre que el proceder impugnado reúna las características y efectos que prevén los textos constitucionales.Por ello, el amparo será idóneo siempre que, conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso, la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad y/o arbitrariedad manifiesta y, asimismo, ocasione -en forma actual o inminente- una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. Una interpretación diferente importaría limitar indebidamente el carácter operativo de la garantía constitucional (conf. Cám. Cont. Adm. y Trib., Sala I, in re, “J.C. Taxi SRL c/ GCBA s/ amparo”, 4/12/00; Sala II, “Pujato Martín c/ GCBA s/ amparo”, 13/03/01). Cabe señalar que estamos ante un ‘caso judicial’ en los términos definidos por la Sala II del fuero en el caso “Barila, Santiago c/GCBA s/amparo”, donde la parte actora considera que la omisión de la Administración cercena, en esencia, su derecho constitucional a la salud integrado por el derecho a la alimentación (arts. 20 de la CCABA, y tratados de derechos humanos invocados en su presentación). Por tal motivo, concluyo que esta vía resulta la idónea para el tratamiento de su pretensión y de tal manera pasaré a expedirme sobre el fondo del planteo. En relación al encuadre normativo, cabe precisar que la Constitución Nacional, a partir de su reforma parcial en el año 1994, ha otorgado jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos (artículo 75 inciso 22), que se encargan de complementar los derechos contenidos en la primera parte de su texto. La protección de los derechos económicos y sociales está contemplada en los artículos: 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 22 y 25 primer párrafo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 3.2 y 4º de la Convención sobre los Derechos del Niño y 3º y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Por su parte, en el inciso 23 del artículo 75 de la Carta Magna se estableció en cabeza de las autoridades públicas nacionales la adopción de medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, como así también, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Ahora bien, conforme ha señalado la Sala I de la Cámara del fuero, “el Estado no sólo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales sino que tiene, ademá s, el deber inexcusable de realizar prestaciones positivas, de manera que el ejercicio de aquéllos no se torne ilusorio” (Pérez, Víctor Gustavo y otros c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo, del 26 de enero de 2001). Por su parte, el deber de prestación del Estado ha sido reconocido por la Corte Suprema en causas relacionadas con el derecho de salud; derecho que se ha relacionado con el derecho a la vida y la dignidad de las personas.(“Asociación Benghalensis y otros c/Ministerio de Salud y Acción Social -Estado Nacional s/amparo ley 16.986”, del 1º de junio de 2000 y “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/Ministerio de Salud y Acción Social – Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas” del 24 de octubre de 2000); los destacados me pertenecen-. Respecto a las normas que resultan de aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe señalarse que el artículo 11 de la Constitución local dispone que “La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad”. El artículo 17 señala que “la Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos”. Por su parte, el artículo 20 garantiza el derecho a la salud integral que -según lo establece- está directamente vinculado con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. Cabe agregar que el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad establece que “Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”, lo que implica que los derechos y garantías enumerados en la Carta Magna local resultan indiscutiblemente operativos. A igual conclusión ha arribado la Sala I de la Cámara del fuero, en los autos caratulados “Arrua Juana y otros. c/ GCBA s/amparo”, del 11 de marzo de 2001. En cuanto al planteo efectuado por los accionantes referido a su salud alimentaria cabe efectuar las siguientes consideraciones. En autos tanto el sr. R. E. N. como su hijo, J. B., han acreditado sus padecimientos de salud, el diagnóstico de ambos y las dietas especiales que fueron prescriptas por los especialistas.En ese marco, se aportó con la demanda un informe nutricional – ver fs. 67/69- elaborado por la Licenciada Vanesa Marcucci que fija las pautas de nutrición de todo el grupo familiar determinando los costos correspondientes al mes de marzo del año pasado (7/3/16). De ello y de su conclusión resulta que dicha alimentación especial toma carácter fundamental atento las características de la familia y la crítica situación por la que están atravesando (fs. 69 vta.). A su vez, el escrito de inicio da cuenta que el grupo familiar es beneficiario del Programa “Ciudadanía Porteña” por el que percibe una suma de pesos mil quinientos ($ 1.500), única fuente de ingresos, y que el costo de los alimentos adecuados para sus necesidades ronda los seis mil cuatrocientos cincuenta y un pesos mensuales ($ 6.451) al tiempo del inicio de la demanda, monto que fue estimado en base al informe de fs. 69 vta. Tal circunstancia denota que con los ingresos con que cuentan los actores no pueden afrontar los gastos correspondientes al plan nutricional acorde a su situación de salud. No debe perderse de vista que el derecho a la salud, contemplado en el artículo 20 de la Constitución local, y su vinculación con una alimentación adecuada son una subespecie del derecho a la vida, garantizado convencionalmente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 11) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 11.1), contemplado además por la Ley Básica de Salud de la Ciudad (Ley 153) en cuanto a sus alcances de integralidad.

Ello así por cuanto la atención de la salud no puede verse actualmente de modo autónomo en virtud que “un acabado respeto de la dignidad de la persona humana y una política de desarrollo integral de la misma, exige al propio tiempo la atención del acceso a la educación, al trabajo, a un ambiente sano, a una adecuada alimentación.” (Suarez, Enrique Luis “Existe una salud sana?”, Ed. Tesis, Bs.As 2015 pág. 14). En similar sentido resolví en el precedente “Marcelo Abantos, Ynés Rita c/GCBA s/amparo” (expte. A37.388- 2015/0) En virtud de lo expuesto, tendrá acogida el planteo de la actora en cuanto a la necesaria cobertura de la dieta especial. Finalmente, debe señalarse que, para la realización de estos objetivos, la Administración depende de los recursos públicos. En este sentido el artículo 48 de la Constitución local establece que “Es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social” y el artículo 49 dispone que “El gobierno diseña sus políticas de forma tal que la concentración de actividades (.) concurre a la mejor calidad de vida del conjunto de la Nación”. II.- Resulta conveniente, a fines de desentrañar el conflicto, efectuar una síntesis tanto de los hechos relevantes así como de las cuestiones probadas en el expediente. En autos ha sido debidamente acreditada la identidad y vínculo de los menores con los amparistas (fs. 24/29), encontrándose referenciada su situación familiar, personal, económica y de salud con los informes de fs. 57/59, 60, 67/69, constancias médicas de fs. 36/47, 52/56 e informe realizado por la Dirección de Medicina Forense del Poder Judicial de la CABA de fs. 213/216 y con las constancias negativas emitida por ANSES (fs. 117/118).

A la vez, se ha probado los requerimientos alimentarios especiales del sr. N. y del menor J. B. (informe de Medicina Forense de fs. 213/216 y fs. 69/70, los que no han sido cuestionados).

Asimismo, a fs. 85 obra la constancia que acredita que el sr. N. solicitó por escrito el aumento del monto que percibe del Programa Ciudadanía Porteña y a fs. 115 corre la nota N°09626071- DGCPOR mediante la cual se informa que el monto depositado al sr. N. en tal concepto es el máximo previsto en el art. 8 de la ley 1878.Con tales constancias entiendo que ha sido acreditado en la causa que el grupo familiar, con dos menores de 4 y 5 años (uno de ellos con padecimientos de salud) no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que se encuentra en situación de vulnerabilidad social, por lo que corresponde hacer lugar al amparo interpuesto por los accionantes. A esos fines, deben tenerse presentes los necesarios test de constitucionalidad y convencionalidad: A)En casos como el traído a debate ante este Tribunal no puede dejar de reconocerse el estrecho vínculo que conecta el reclamo de la parte actora a una alimentación adecuada con el goce pleno del derecho a la salud integral, conforme ha sido reconocido a nivel local en el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad y de la Ley Básica de Salud (Ley 153, artículo 3°), o bien, a partir de lo establecido en los tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación evolutiva que se le ha otorgado tanto a nivel universal como interamericano, como una dimensión esencial del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado o a condiciones de vida dignas. Al respecto, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé que toda persona “tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. “. En esta misma línea, el artículo 11, incisos 1° y 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados partes deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo el derecho a la alimentación. Asimismo, el Protocolo de San Salvador, único instrumento regional que consagra de forma explícita el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada, dispone que: “1.Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual” (artículo 12), enfatizando la obligación de “garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar” (artículo 15, inciso b).

A partir de este marco jurídico, resulta pertinente traer a consideración que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el primer Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (Jean Ziegler) han tenido oportunidad de pronunciarse sobre la definición y componentes que comprenden del derecho a la alimentación adecuada. Para el mencionado Comité: “El derecho a la alimentación se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” y, entre sus componentes esenciales, ha determinado que el contenido básico comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos y la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos (Comité DESC, Observación General 12 (1999), párrafos 6-8). Por su parte, el Relator Especial define el derecho a la alimentación de la siguiente forma:”El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.”(Consejo de Derechos Hu manos, Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, Séptimo período de sesiones, A/HRC/7/5, 10 de enero de 2008). Por otra parte, corresponde traer a consideración que las Directrices sobre el derecho a la alimentación establecidas por la FAO dedican varias de sus disposiciones a la apoyo alimentario y/o económico que debe darse a las personas más vulnerables de la sociedad para garantizar el derecho a la alimentación adecuada (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, “Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, Roma, 2005, Directrices 13 a 17). En esta misma línea, cabe recordar que es abundante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la obligación de los Estados de garantizar condiciones de vida dignas, principalmente cuando están en juego los derechos de personas o grupos en situación de vulnerabilidad. En efecto, desde la primera decisión en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la violación del derecho a la vida ante la falta de medidas del Estado para prevenir las condiciones de vida miserables en las que encontraban niños que vivían en la calle (CorteIDH, Villagrán-Morales y otros vs. Guatemala, 1999), el Tribunal Interamericano ha sostenido y reforzado la concepción amplia de este derecho y ha incluido el derecho a la alimentación en casos de comunidad indígenas que fueron privadas de sus medios de subsistencia (Corte IDH, “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”, 2001; CorteIDH, Comunidad Indígena Yakye Axa vs.Paraguay, 2005; Corte IDH, Caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay; 2006.) y de niños en estado de detención (CorteIDH, “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, 2004). A ello, corresponde agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación receptó la jurisprudencia interamericana y utilizó como base normativa los instrumentos internacionales precedentemente referenciados, para ordenar al Estado Nacional y a la Provincia del Chaco que tomaran medidas de urgencia para garantizar el derecho a la alimentación y al agua potable a las comunidades indígenas de la provincia (CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional y otra Provincia del Chaco) s/ proceso de conocimiento”, Sentencia del 18 de septiembre de 2007). Asimismo, la jurisprudencia de la Cámara del fuero local también reconoció que el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la alimentación adecuada debe ser definido como: “el “apropiado” a las condiciones, circunstancias u objeto de algo”, lo cual impone una obligación más profunda que una suma de dinero que no alcance a cubrir las necesidades básicas” (CCAyT, Sala I, “Vera Vega, Eduardo c/Ministerio de Derechos Humanos y Sociales s/amparo [art. 14, CCABA]” , Expte. 22386/0, sentencia del 30/05/2008; CCAyT, Sala I, “Barreiro Alcaraz, Tomasa c/GCBA s/amparo [art. 14 CCABA]”, Expte. 37048/0, sentencia del 15/03/2011).

B) Que las normas Convención de los Derechos del Niño consagran derechos específicos para la infancia partiendo de la base de que todo niño “por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales” y en ella, los Estados se comprometen a ayudar a los padres, u otras personas que tienen a cargo al niño, especialmente para su alojamiento. En su artículo 27 se prevé que:”Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.” III. Por último, la parte actora ha planteado la inconstitucionalidad del artículo 8 de la ley 1878 a fs. 12, respecto del cual ha contestado la demandada a fs. 177 vta. y se ha expedido la sra. Fiscal. Haciendo hincapié en la especial situación de vulnerabilidad socio económica en que se encuentra el grupo familiar, es indispensable que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos le provea una solución que garantice la alimentación prescripta por los especialistas, lo que deberá ser mantenido hasta que la situación de vulnerabilidad social acreditado haya desaparecido. En este caso, tratándose de un grupo familiar con dos personas con padecimientos de salud y con indicación de una dieta especial para sus cuatro integrantes (fs. 67/69), entiendo que corresponde garantizar el derecho a la alimentación como integrante del derecho constitucional a la salud, sin que resulte estrictamente necesario expedirme en forma expresa acerca de la constitucionalidad o no de la norma impugnada en lo relativo a los topes máximos fijados al Programa “Ciudadanía Porteña”. Ello así ya que, será la demandada quien, mediante las medidas que estime apropiadas dentro del ámbito que le es propio y ajeno al jurisdiccional, deberá garantizar a los actores y a sus hijos, ya sea mediante ayuda económica o en especie, la provisión de los alimentos indicados en el plan nutricional agregado en autos. A tal fin deberá la actora presentar en el expediente trimestralmente los requerimientos nutricionales de la familia y el monto al que asciende, debiendo dicho monto ser actualizado conforme al índice de precios al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En este marco constitucional, convencional y legal, acreditada la falta de recursos y la vulnerabilidad del grupo familiar, corresponde hacer lugar a la acción y ordenar a la demandada que les garantice la adquisición completa de los alimentos necesarios para cumplir el plan nutricional aportado a la causa. Asimismo, los amparistas solicitan también que se garantice la adquisición de los elementos indispensables para la higiene personal y la limpieza del hogar (fs. 1 vta). De la causa surge que el único ingreso mensual con el que deben cubrir todos los gastos de cuatro personas, dos de ellos menores de 4 y 5 años, es el percibido por el programa “Ciudadanía Porteña” que al momento del inicio de la acción era de $ 1.500. Por ende y ante la imposibilidad fáctica de solventar los gastos familiares, la sentencia comprenderá también los costos necesarios para la compra de los elementos de higiene personal y limpieza del lugar en el que viven. Concluyo, pues, que el alcance de esta sentencia me exime de resolver la inconstitucionalidad planteada por la parte actora ya que resulta innecesario expedirme respecto del artículo 8 de la ley 1878 y su reglamentación. Esta conclusión se apoya en la convicción del suscripto conforme principios generales sentados desde antiguo por el Alto Tribunal, que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados. Precisamente, en el caso de autos, no se advierte que resulte ineludible adoptar tal decisión extrema.

IV. En cuanto al pedido de eximición de costas efectuado por la demandada, cabe señalar en primer lugar la ley 2145 expresamente ha dispuesto en su artículo segundo que este tipo de proceso es gratuito.En segundo lugar, esta acción de amparo se ha promovido con el patrocinio de la Defensoría N° 1 del fuero, cuya representación es gratuita. Además, ha intervenido en representación de sus hijos menores, la Asesoría Tutelar N° 3 del fuero, cuya actuación también es gratuita.

En consecuencia, en el presente caso no corresponde la imposición de costas.

Por todo lo expuesto, FALLO: I.- Haciendo lugar a la acción de amparo interpuesta y ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que, en el plazo de cinco días, garantice la adquisición completa de los alimentos necesarios para satisfacer la dieta prescripta para el grupo familiar actor según el plan nutricional obrante a fs. 67/69, debiendo incluir el costo necesario para la compra de elementos de higiene personal y de limpieza del hogar en el que residen, debiendo informar la parte demandada trimestralmente su efectivo cumplimiento. Asimismo, el monto del plan nutricional deberá ser actualizado por la parte actora trimestralmente conforme lo ordenado en el acápite III.

II. Sin costas, en atención a que los amparistas actúan con patrocinio de la Defensoría Oficial del fuero y que ha intervenido la Asesoría Tutelar N° 3 del fuero. Regístrese y notifíquese por Secretaría a las partes y a la Asesora Tutelar interviniente y a la Señora Fiscal, en sus públicos despachos, sirviendo la presente de atenta nota de envío.