El trabajador amparado por la tutela sindical tiene derecho a que la intimación a jubilarse se posponga hasta después del vencimiento del mandato

Partes: Banco de Corrientes S.A. c/ Maciel Hugo Roberto s/ exclusión de tutela sindical

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 2-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104544-AR | MJJ104544 | MJJ104544Sumario:

1.-Estando probado que el pedido de exclusión de tutela sindical se encuentra originado en una causal objetiva, como es el cumplimiento de los requisitos jubilatorios del trabajador, y frente a la prioridad de la garantía gremial que lo ampara por sobre el derecho individual del empleador, la intimación a jubilarse deberá formalizarse al vencimiento del mandato y hasta un año más después de su finalización, transcurrido el año posterior de garantía para que el trabajador cumpla con los trámites jubilatorios.

2.-La solución que permite que la interpelación a jubilarse pueda efectuarse recién luego de expirada la tutela gremial concilia los derechos del empleador con los del trabajador que ya venía gozando de su estabilidad gremial, aunque no con alcance absoluto, por lo que el acceso que éste tuvo a un cargo amparado por la libertad sindical implicó una prórroga del plazo establecido en el art. 91 LCT, posponiéndose el ejercicio de la facultad del empleador hasta el vencimiento del período de tutela.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los dos días del mes de mayo de dos mil diecisiete, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº EXP-119219/15, caratulado: “BANCO DE CORRIENTES S.A C/ MACIEL HUGO ROBERTO S/ EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones Laboral de esta ciudad de Corrientes (fs. 155/162 vta.) que, en lo concerniente a esta instancia extraordinaria, receptó parcialmente la acción de exclusión de tutela con los alcances que a continuación se señalarán, el Banco de Corrientes S.A. – por apoderado- interpuso el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs. 167/172).

II.- Satisfechos los recaudos formales previstos para ese medio de impugnación, corresponde su consideración sustancial.

III.- Centrado el debate en resolver si la acción de exclusión de tutela sindical incoada en el presente resulta la vía idónea para que la empleadora pueda cursar la intimación al trabajador amparado por la ley 23551 a iniciar los trámites jubilatorios (art. 252 L.C.T), la Cámara, del juego armónico de los artículos 64 a 67, 91, 252 de la L.C.T.; arts. 48 y 52 de la Ley 23551; como a la luz de lo consagrado en los arts.14 y 14 bis de la Constitución Nacional interpretó que probado que el pedido de exclusión de tutela se encuentra originado en una causal objetiva (cumplimiento de los requisitos jubilatorios del demandado, no cuestionado, sin surgir del proceso una intención contraria a la libertad sindical); a la vez, frente a la prioridad de la garantía gremial que ampara al trabajador (arts. 48 y 52 ley 23551) por sobre el derecho individual del empleador de invocar una causa objetiva de extinción, la intimación a jubilarse -concluyó- deberá formalizarse al vencimiento del mandato y hasta un año más después de su finalización, transcurrido el año posterior de garantía para que el trabajador cumpla con los trámites jubilatorios. Concretamente, la garantía de estabilidad en el empleo posee límites temporales -expresó-, dado que resultaría inimaginable entender que por la sola circunstancia de desempeñar un cargo sindical un trabajador estuviese alcanzado por un verdadero sistema de estabilidad propia o absoluta, superior al resto de los dependientes. Y si se entendiera que la empleadora no puede practicar la intimación que contempla el art. 252 de la L.C.T. se prolongaría de manera indefinida el contrato laboral del accionante. De allí que conjugó ambos derechos y defirió la interpelación legal (admitida) a cargo de la actora (Banco de Corrientes S.A.) para el día siguiente al de conclusión del mandato sindical (04.01.2019), con la expresa aclaración que el levantamiento de la tutela lo es al sólo y único efecto de que pueda materializarse dicha intimación (para que se lleven a cabo los trámites jubilatorios), no pudiendo dentro del año subsiguiente tomar ninguna medida que afecte la garantía que por prescripción normativa se extiende hasta el 02.01.2020. A partir de allí, el dependiente deberá acogerse al beneficio jubilatorio no pudiendo postularse a cargo gremial alguno.

IV.- Se agravia el recurrente por violación de las disposiciones consagradas en los arts.48 y 52 de la ley 23551; 91 y 252 de la L.C.T. (t.o.), modificando lo consagrado en el art. 91 de esa última normativa al extender -en situaciones de la índole de las aquí planteadas- el sinalagma laboral más allá del momento allí consagrado (duración del contrato de trabajo). A su entender, el decisorio carece totalmente de andamiento técnico-jurídico, más allá de su novedosa concepción en extremo garantista. Cita doctrina y jurisprudencia que avalan su postura.

V.- Conforme quedó trabada la litis, ambas partes estuvieron contestes que el dependiente accionado se encuentra amparado por las garantías previstas en la ley 23551 para los representantes sindicales (mandato vigente hasta el día 03.01.2019 y estabilidad en el empleo hasta el 03.01.2020), sin discutirse tampoco que estaba en condiciones de acceder al beneficio de la jubilación ordinaria. La discrepancia giró únicamente en torno a si al estar en esas condiciones el trabajador, constituye o no causal suficiente para excluirlo de tal garantía y disponer consecuentemente su cese a esos efectos, salvado -claro quedó- que no medió discriminación de parte del actor. La demanda prosperó en primera instancia y la Cámara revocó parcialmente la decisión primigenia con los alcances que he descripto precedentemente.

VI.- En relación a esta cuestión traída a conocimiento del Alto Cuerpo por violación -principalmente- de lo consagrado en el art. 91 de la L.C.T., fundamentando el recurrente su accionar en doctrina y jurisprudencia que estimó aplicables, más allá de su loable labor recursiva, no encuentro elementos conducentes para conmover la solidez del pronunciamiento en crisis el cual, con criterio proteccionista, conjugó los intereses en juego. Es que no existe violación de la ley. Antes bien, un respeto a una norma de mayor jerarquía cuál es la consagrada en el art. 14 bis. En efecto, concluir como lo hizo la Cámara que la interpelación puede efectuarse recién luego de expirada la tutela gremial, concilia los derechos del empleador (art.252 de la L.C.T.), con los del trabajador (art. 48, ley 23551) que ya venía gozando de su estabilidad gremial, aunque no con alcance absoluto, dependiente que tiene no solamente amparo legal sino constitucional (art.14 bis); por lo que el acceso que éste tuvo a un cargo amparado por la libertad sindical implicó una prórroga del plazo establecido en el art. 91 de la L.C.T., posponiéndose el ejercicio de la facultad del empleador -art. 252 L.C.T.- hasta el vencimiento del período de tutela (art. 48 ley Nº EXP-119219/15 23551). Una decisión contraria a la dictada por la Cámara importaría violar el derecho constitucional del trabajador (art. 14 bis) que justifica la permanencia y estabilidad en el empleo durante el plazo fijado legalmente. Por lo tanto, orientado el tribunal “a-quo” con el criterio de conciliar los intereses en juego, concluyo que el acceso a un cargo amparado por la estabilidad gremial implica una prórroga del plazo establecido en el art. 91 de la L.C.T., norma de jerarquía inferior a la consagrada en el art. 14 bis de la C.N., garantía constitucional reforzada mediante lo dispuesto en el Convenio 87 de la OIT (jerarquía constitucional), y por el Convenio 135 de la OIT (jerarquía supralegal); posponiéndose el ejercicio de la facultad conferida al patrón por el art. 252 de la L.C.T. hasta el vencimiento del período de tutela. De compartir mis pares este voto propongo rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, en su mérito, confirmar la sentencia recurrida, con costas en esta instancia a cargo de la vencida y pérdida del depósito de ley. Regular los honorarios profesionales del Dr. Adolfo Víctor Bordagorry como Responsable Inscripto frente al IVA; los pertenecientes a la Dra. María Eugenia Benítez, en calidad de Monotributista, a cada uno de ellos, en el 30% de la cantidad que quede establecida en primera instancia (art.14, ley N° 5822), adicionando a la regulación del primer abogado el 21% que deba tributar ante el IVA.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 30

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, en su mérito, confirmar la sentencia recurrida, con costas en esta instancia a cargo de la vencida y pérdida del depósito de ley.

2°) Regular los honorarios profesionales del Dr. Adolfo Víctor Bordagorry como Responsable Inscripto frente al IVA; los pertenecientes a la Dra. María Eugenia Benítez, en calidad de Monotributista, a cada uno de ellos, en el 30% de la cantidad que quede establecida en primera instancia (art. 14, ley N° 5822), adicionando a la regulación del primer abogado el 21% que deba tributar ante el IVA.

3°) Insértese y notifíquese.

Fdo.: Dres. Fernando Níz-Eduardo Panseri-Eduardo Rey Vazquez-Alejandro Chaín -Guillermo Semhan