Procesamiento de la encartada por el delito de lavado de dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes

Partes: D. U. s/ infracción art. 303

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Sala/Juzgado: II

Fecha: 4-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104770-AR | MJJ104770 | MJJ104770Sumario:

1.-Cabe confirmar el procesamiento de la encartada por considerarla autora penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo, pues el comercio de drogas conlleva la realización de numerosas conductas que van desde el financiamiento, cultivo, producción, transporte, venta y posterior ingreso al mercado formal, de las ganancias ilegales; y no es posible de otro modo cerrar el circuito de la actividad sin la visibilización o blanqueo del capital obtenido en la economía informal o negra.

2.-Es indiscutible el vínculo que conlleva el tráfico de estupefacientes con la conversión en lícito del provecho económico que la citada actividad genera, si se acreditó que a partir de la compraventa de un bien se intentó eliminar el rastro que conduce a establecer el ilegítimo modo en que aquel fue obtenido para otorgársele apariencia de legalidad, en tanto a través de su inscripción registral se lo integró como si fuese producto de una operación lícita.

Fallo:

San Martín, cuatro de mayo de 2017. VISTOS Y CONSIDERANDO: Vienen estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de U. Domínguez Benítez, contra los puntos I y II de la resolución obrante a fs. 155/165, que decretó el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo de la nombrada hasta cubrir la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000), por considerarla autora penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo (arts. 45 y 303, inc. 4° del Código Penal y arts. 306, 310 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

En la instancia, el Fiscal General no adhirió al recurso de apelación interpuesto (fs. 181), mientras que la defensa de la imputada lo sostuvo (fs.182). Las constancias de la causa enseñan que esta tuvo su origen a partir de las circunstancias que surgen del expediente nro. 9475/2013 que tramitara por ante el propio Juzgado instructor en el cual en fecha 28 de noviembre de 2013 se denunció que desde la Provincia de Corrientes y hacia Buenos Aires se transportaría un cargamento de marihuana. En función de las investigaciones producidas, se determinó que dos sujetos – Miguel Ángel Ramírez y Juan Amado Benítez encabezaban una organización relacionada con el transporte de drogas, y que a su vez una persona de nombre Catalino Cáceres hablaba telefónicamente con otras personas en orden a la compra y venta de estupefacientes. Así, en fecha 9 de julio de 2014 se incautaron en la vivienda de este último; un kilo con quinientos veintiún gramos (1,521 kg) de cocaína y setenta y tres kilos con setecientos sesenta gramos de marihuana (73,760 kg), además de balanzas de precisión y de otros elementos destinados a la preparación y distribución de estupefacientes. En este marco, también se determinó que U.Domínguez Benítez en fecha 7 de marzo de 2014 adquirió una camioneta Toyota Hilux, cabina doble SRV 3.0 TDI, modelo 2009, vehículo éste que inscribió a su nombre y respecto del cual hizo extender una cédula de autorización para conducir nro. 12157400 en favor de su concubino, el nombrado Catalino Cáceres. Sentado cuanto precede y en los límites de la jurisdicción conferida, este Tribunal considera que las constancias de las actuaciones, analizadas conforme a las reglas de la sana crítica probatoria, permiten confirmar respecto de U. Domínguez Benítez, el auto de procesamiento que se le dictara (art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación). En efecto, ha quedado acreditado, con el grado de convicción exigido en la presente etapa procesal, que la nombrada el pasado 7 de marzo de 2014, habría adquirido -con fondos producto de la actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes-, una camioneta Toyota Hilux, cabina doble SRV 3.0 TDI, modelo 2009, la cual inscribió a su nombre por ante el Registro de la Propiedad Automotor, amén de solicitar la extensión de una autorización para conducir respecto de su concubino Catalino Cáceres.

Dicho esto, cabe recordar previamente en la especie lo ya señalado por este Tribunal en cuanto a que el comercio de drogas conlleva la realización de numerosas conductas que van desde el financiamiento, cultivo, producción, transporte, venta y posterior ingreso al mercado formal, de las ganancias ilegales. No es posible de otro modo cerrar el circuito de la actividad sin la visibilización o “blanqueo” del capital obtenido en la economía informal o negra.Recuérdese que, en orden al lavado de activos, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas -Convención de Viena de 1988-, el primer documento internacional que trató el tema dice que “.las Partes en la presente Convención conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas trasnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles, decididas a privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades delictivas y eliminar así su principal incentivo para tal actividad.” convinieron en proponer una serie de recomendaciones. Así expresamente en el artículo 3, al referirse a los delitos y sanciones estipularon entre otras cuestiones que “.cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se comentan intencionalmente: (.b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones; ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos.” (art. 1ro., de la ley 24.072; Arts.31, 75, 22), 1er. Párrafo de la Constitución Nacional). De acuerdo a lo explicitado, es indiscutible en este caso el vínculo que conlleva el tráfico de estupefacientes con la conversión en lícito del provecho económico que la citada actividad genera. Obsérvese como en este caso a partir de la compraventa del bien en cuestión, se intentó eliminar el rastro que conduce a establecer el ilegítimo modo en que aquel fue obtenido para otorgársele apariencia de legalidad, pues a través de su inscripción registral a nombre de la causante, se lo integró como si fuese producto de una operación lícita. Desde tal perspectiva, deviene ineludible valorar aquí el contenido del mencionado expediente nro. 9475/2013 caratulado “Cáceres, Catalino y otros S/Inf. a la ley 23.737”, en el cual dentro de la data en que se canalizó el bien dentro del circuito económico legal -14/3/2017- se encontraban en curso de desarrollo distintas maniobras relacionadas con el tráfico de drogas que desembocaron posteriormente -entre otras- en la tenencia por parte del mencionado Catalino Cáceres de un kilo con quinientos veintiún gramos (1,521 kg) de cocaína y setenta y tres kilos con setecientos sesenta gramos de marihuana (73,760 kg), además de balanzas de precisión y de otros elementos destinados a la preparación y distribución de estupefacientes. Esta cuestión de singular relevancia, ha de conjugar ineludiblemente con los reveladores datos que se desprenden del archivo informático de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y del Legajo “B” correspondiente, en cuanto se observa que U.Domínguez Benítez, era titular de la camioneta Toyota Hilux, dominio ICH-548, cabina doble SRV 3.0 TDI, modelo 2009, la cual había adquirido el 7 de marzo de 2014.

A lo que cabe añadir como relevante que la causa original ya se había iniciado a esa fecha y también la existencia de una cédula de autorización para conducir extendida a nombre de su pareja Catalino Cáceres. Ello ineludiblemente se suma al informe que a fs. 119 produjo la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires en cuanto indica que la causante se encontraba tributando únicamente como contribuyente respecto de ese vehículo, el cual conforme la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, poseía un valor aproximado de doscientos setenta mil pesos ($ 270.000) (fs. 125). Muy reveladora resulta entonces a partir de tales conclusiones y permite de algún modo dar forma y sustento al ilícito que se enrostra, la información aportada por la División Investigación de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP, en cuanto concluyó que U. Domínguez Benítez no podría afrontar la adquisición del automóvil en cuestión, pues; no registraba inscripción en ningún impuesto, tales como Ganancias, IVA, Bienes Personales, Autónomos, Monotributo, etc.; no poseía presentaciones de declaraciones juradas, no registraba actividad económica alguna, no surgía la titularidad por su parte de acreditaciones y cuentas bancarias, ni tampoco de plazos fijos, no tenía relaciones con otros contribuyentes en operaciones fiscales de ningún tipo y no constaba en ninguna nómina salarial como empleada en relación de dependencia (fs.135/137). Dicho nivel de adquisición del bien no compatible con la situación económica antes descripta revela -con el provisorio alcance que debe asignarse a esta etapa del proceso y sana crítica mediante-, que su actividad habría estado claramente dirigida a blanquear un bien de capital provecho del negocio del narcotráfico que sugestivamente ejercía su concubino Catalino Cáceres al tiempo de ingresar aquel a su patrimonio. Lo hasta aquí reseñado, autoriza a sostener a esta altura que U. Domínguez Benítez, habría desarrollado una acción destinada al lavado de activos, provenientes del narcotráfico, sin que en la especie exista descargo que atender por su parte. Desde otro lado, en lo tocante al agravio referido al embargo por parte de la defensa de Domínguez Benítez, cabe considerar que no será atendido pues el guarismo establecido se adecua a las constancias del legajo y a las previsiones del art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación. Por lo demás, se señala al Juzgado instructor que deberá darse debida comunicación de la actual situación procesal de la causante a la Dirección Nacional de Migraciones.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I.CONFIRMAR los puntos dispositivos I y II de la resolución de fs. 155/165, que decretó el pro cesamiento y embargo de U. Domínguez Benítez, en lo que decide y fuera materia de recurso y agravios, con el señalamiento efectuado en el último párrafo de los considerandos.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE (LEY 26.856 Y AC. CSJN 24/13) Y DEVUÉLVASE.