Para fijar los honorarios de los mediadores es procedente tomar como pauta las normas contenidas en la Ley nacional 26.589 y el principio de proporcionalidad contenido en el art. 1255 del CCivCom

Partes: Enrique Roberto Marcelo y otro/a c/ Latrónica Gustavo David y otro s/ daños y perjuicios autom. c/ les. o muerte (exc. estado)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul

Sala/Juzgado: I

Fecha: 23-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104688-AR | MJJ104688 | MJJ104688Sumario:

1.-A fin de determinar el quantum de los honorarios del mediador, corresponde tomar como pauta orientadora e interpretativa la Ley nacional 26.589 , cuya reglamentación -Decreto 1467/11 , particularmente el art. 28 y el art. 2 del Anexo III (Anexo sustituido por el art. 5 del Decreto Nº 2536/2015 B.O. 30/11/2015)- establece una escala que tiene como unidad básica de medida el UHOM (Unidad de honorario de mediación) y el principio de proporcionalidad contenido en el art. 1255 del CCivCom.

2.-El art. 730 del CCivCom. sólo impone un tope a la responsabilidad por las costas, pero no afecta a la regulación de honorarios en sí misma.

Fallo:

Azul, 23 de Mayo de 2017 .-

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

I) Vienen estos autos a la Alzada con motivo de los recursos de apelación deducidos a fs. 290/291 y 299/300 contra las resoluciones de fs. 275 y 278, mediante las que el juez de primera instancia reguló honorarios a favor de los profesionales intervinientes en autos.

II) El recurso de fs. 290/291, concedido a fs. 292, fue interpuesto por el letrado de la citada en garantía y condenada en costas Segurometal Coop. de Seguros Ltda., Dr. Pedro Ignacio Fernández Ribet, quien apeló los honorarios regulados a fs. 275 a favor de los peritos mecánico Marcos A. Behotas, psicóloga Yamile Minaberrigaray, médico Dr. Jorge A. Soriani y los regulados a fs. 278 a favor de la mediadora prejudicial Dra. M. S. L. por considerarlos altos y violatorios del límite impuesto por el artículo 505 del Código Civil de Vélez Sarsfield, actual artículo 730 del Código Civil y Comercial.

El recurso de fs. 299/300 corresponde a la apelación de los letrados del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Ejecución de Tasa de Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Azul, quienes se agravian del importe de $ 16.330 regulado a favor de cada uno de los peritos oficiales Dr. Jorge Alberto Soriani y Lic. Yamile Minaberrigaray, por considerarlos bajos. Expresan los recurrentes que el importe regulado se encuentra por debajo de la escala regulatoria establecida en la legislación (Decreto provincial 6732/87, art. 1, punto 7; y Ley 10.306, art. 15, inc.w, y Resolución 890 del Colegio de Psicólogos de la Pcia de Buenos Aires), pues no llegan ni al 1,5% del acuerdo de pago.Refieren a la importancia del trabajo de los peritos y la utilidad de la actividad pericial desplegada para la causa.

Entienden que existe una injustificada desproporción entre los honorarios regulados a favor de los peritos y los de la medidora, cuya actividad, a entender de los impugnantes, no ha desplegado actividad procesal útil en tanto no ha arribado a un resultado positivo.

III) En primer lugar, respecto a la impugnación de la citada en garantía dirigida a cuestionar el quantum de los importes regulados a favor de los peritos mecánico Marcos BEHOTAS, psicóloga Yamile MINABERRIGARAY, médico Jorge SORIANI, corresponde declarar su deserción, ya que no obra en autos fundamentación de los recursos interpuestos por altos a fs. 299/300 contra los emolumentos fijados a favor de los citados profesionales (conf. art. 246 CPCC).

En efecto, dado que las consideraciones vertidas por el apelante se circunscriben al tope que establece el art. 730 del Código Civil y Comercial, que -como se señalará infra- constituye en realidad, un tope a la responsabilidad por las costas, es dable advertir la inexistencia de argumentos concretos con relación a la impugnación por “altos” que plantea el letrado de la citada en garantía.

IV) En cuanto a la apelación deducida contra la resolución de fs. 278, que reguló los honorarios de la mediadora, Dra. S L, en la suma de sesenta y dos mil doscientos pesos ($62.200), es oportuno atender a las consideraciones vertidas por las distinguidas Cámaras de Apelación Primera de Mar del Plata y Segunda de La Plata, en ambos casos por la sala II, en oportunidad de justipreciar en materia de honorarios del mediador prejudicial, el alcance de los principios de proporcionalidad y retribución justa a la luz de lo dispuesto por el actual art. 1255 del Código Civil y Comercial.Incluso, en el segundo de los antecedentes que se trae a consideración, la Sala II de la citada Cámara platense se ha expedido declarando la inconstitucionalidad del artículo 27 del Decreto 2530/2010, reglamentario de la ley 13.951 que establece el Régimen de Mediación en la Provincia de Buenos Aires.

Tenemos entonces que con fecha 20 de octubre de 2016 la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, sala II de Mar del Plata, en causa nº 162147 “Fernandez Marcos Ernesto c/ Branda Julio César S/ Daños y Perjuicios. Autom. c/ Les. O muerte (Exc. Estado)”, sostuvo que “El decreto 2530/2010, reglamentario de la ley 13.951 fijó las pautas mínimas para la determinación de los emolumentos de los mediadores, estableciendo una escala de jus arancelarios en función del valor económico del litigio (art.27). No obstante ello, como en todos los casos de determinación de estipendios profesionales, no deben perderse de vista principios tales como el de una remuneración justa y el de proporcionalidad, tanto en relación al monto en juego y a la labor efectivamente desarrollada, como a otros honorarios que se deban regular o ya se hubieren determinado. La finalidad está no sólo en asegurar la dignidad personal y profesional, sino establecer estándares de moralidad y responsabilidad poniendo una valla a regulaciones desmesuradas o ínfimas. Atendiendo a tal objetivo, el art. 1627 del Código Civil (hoy art. 1255 del Código Civil y Comercial), otorga a los magistrados la potestad de disminuir los honorarios e incluso ir por debajo de las escalas arancelarias cuando haya una evidente e injustificada desproporción en las prestaciones.La naturaleza de la actuación del mediador habrá de ser meritada al establecer las retribuciones de los profesionales que tuvieron participación en el proceso, considerando que, mientras los mediadores se desempeñan en la fase prejudicial, la intervención de los letrados como asesores jurídicos se da durante todas las etapas del juicio, desde su comienzo hasta su finalización”.

Por su parte, con fecha 23 de Noviembre del año 2016 la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación de La Plata en autos “Cosentino Eduardo David c/ Cervan Carlos Diego s/ Daños y Perjuicios Autom. c/ Les. O muerte (Exc. Estado)”, con voto de la Dra. Bermejo sostuvo que: “Por ello, el art. 27 del decreto reglamentario 2530/10 al apartarse del espíritu y letra de la ley 13.951 ha vulnerado los arts. 57 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial. (.).Esta forma de estimar los honorarios, además de desentenderse de las características de la función desempeñada por el mediador, repercute en una cuantificación mayor de los honorarios del mediador, aun frente al crédito que el proceso persigue cumplir. (.). Desde otra arista, esta forma de regular los honorarios es abiertamente desigual con las pautas para fijar los de los abogados y también de los peritos, por lo cual, desde este horizonte, vulnera los artículos 16 de la Constitución nacional y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos (conf. arts. 16, CN; 2, DADH; 1 y 7, DUDH; 24, CADH, 7, PIDESC). (.).El sistema de retribución del mediador y el de los letrados en su actividad judicial difieren en las pautas, lo que por sí no sería objetable si no produjera disparidades o desproporciones injustificadas que es lo que acontece.En el caso del Mediador, quien participa en la etapa prejudicial, en tanto se le regulan sus honorarios con pautas de valor con relación a una suma fija -el monto reclamado o el del acuerdo o sentencia- termina siendo desmedido con relación al del abogado, quien en un proceso de monto determinado se le establece un porcentaje de esa suma -acomodada a diversas formas de valorar la importancia e incidencia de su trabajo- que culmina siendo comparativamente mucho menor que la del mediador, no obstante haber acompañado a su cliente en todo el proceso -incluso en etapas recursivas- y en la ejecución de la sentencia, con una responsabilidad constante ante cualquier error o defecto en la prestación del servicio profesional. Sin embargo, al momento de justipreciar sus honorarios, comparativamente está en mejores condiciones el mediador, el cual, se reitera, realizó un trabajo que concluyó en una labor infructuosa, pues de no haber sido así a juicio no se llegaba (arts. 2, CADH; 7, 23, DUDH; 24, CADH; 7, PIDESC). (.). Si bien los honorarios definitivos de los mediadores regulados según las pautas que brinda el artículo no igualan o superan a los de los abogados, resultan en una proporción excesiva en comparación a las tareas realizadas (arts. 2, DADH; 7, 23, DUDH; 24, CADH; 7, PIDESC).”

En un caso apenas posterior -causa nro. 120795, caratulada “Larrauri Romina c/ Coria Corina Adela y otro/a s/ Ejecución de Honorarios de Mediación Ley 13.951- con fecha 15 de Diciembre de 2016, el mismo tribunal platense volvió a aplicar los fundamentos de “Consentino”, declarando la inconstitucionalidad del art. 27 del decreto reglamentario y reduciendo el importe de los emolumentos del medidor que en primera instancia habían sido regulados en la suma de pesos cuatro mil quinientos noventa y nueve ($4.599) a la de pesos cuatrocientos cincuenta ($450).

También la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala II- de Quilmes, en causa nº 17.551, en autos “Alderete Gimenez Felix c/ Bordon Hugo Reinaldo y otro/a s/ Daños y Perj. Autom. s/ Lesiones (Exc.Estado)”, nuevamente, apelando a los principios de remuneración justa y proporcionalidad y con sustento en el art. 1627 C.C hoy art. 1255 C.C.C, que otorga a los magistrados la potestad de disminuir los honorarios, redujo los honorarios de la mediadora interviniente.

Ahora bien, en el presente caso a fin de determinar el quantum de los honorarios correspondientes a la mediadora Dra. S. L., como pauta orientadora e interpretativa creemos oportuno atender a lo dispuesto en las leyes análogas (art. 2 C.C.C).

De esta manera, la ley nacional nº 26.589 (publicada en el Boletín Oficial el 6/5/2010) que regula el régimen de mediación en la Capital Federal, en lo que atañe a los honorarios del mediador, en su reglamentación -Decreto 1467/11, particularmente el artículo 28 y el artículo 2º del Anexo III (Anexo sustituido por el art. 5º del Decreto Nº 2536/2015 B.O. 30/11/2015)- establece una escala que tiene como unidad básica de medida el UHOM (Unidad de honorario de mediación). Como parámetro comparativo resulta interesante traer a colación que de acuerdo a la actualización hoy vigente, la referida escala establece que en los asuntos de montos superiores a un mil (1.000) UHOM -esto es desde $320.000 en adelante, como acontecería en el caso de autos- el honorario básico en UHOM se establece en un dos por ciento (2 %), fijando incluso un tope para el honorario del mediador hasta el máximo de 120 UHOM (equivalente a $38.400).

Entonces, a partir de los principios y conclusiones arribadas en los antecedentes citados -que guardan similitud con el caso de autos en tanto se contempla la situación del mediador en comparación con la labor de peritos y letrados- y, a partir del principio de proporcionalidad (art. 1255 C.C.C), a lo que se agrega la pauta de la mediación nacional, se revisa la resolución apelada de fs.278, lo que se verá reflejado en la parte resolutiva de la presente.

V) Con relación a la apelación deducida por los Dres. Gonzalo D. Vivanco Mocorrea y Horacio Di Blasio, en carácter de funcionarios del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Ejecución de Tasa de Justicia de la Suprema Corte provincial, del Depto. Judicial de Azul, es dable considerar que en oportunidad de resolver un caso similar, -aunque sólo se cuestionaban los honorarios regulados al perito médico- en causa nº 60628 “Cranca” del 12-11-2015, se dijo que en el marco de lo dispuesto por los artículos 4 y 8 de la acordada 1870/79 de la SCBA, el encuadre jurídico aportado por los recurrentes es correcto, toda vez que el decreto n° 6732/87 legisla en materia de honorarios de los profesionales galenos, y así, su art. 1, punto 7 es claro, remitiendo necesariamente a las resoluciones del Colegio de Médicos provincial que actualiza periódicamente el valor de las Horas Médico Colegio.-

En el caso de autos, que también se cuestionan los emolumentos de la perito psicóloga, puede efectuarse similar aseveración respecto de la reglamentación de la especialidad que se cita en los fundamentos del recurso esto es, la ley 10.306 art. 15. Inc. w) y resolución 890 del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.

Ahora bien, en el precedente mencionado “Cranca”, también se dijo que la observancia de la norma traída por los quejosos no obsta contemplar otras consideraciones.

Concretamente, sobre el particular se sostuvo que “.a) los apelantes fundan su pretensión revisora trayendo aquí transcripta solo una parte del art. 1, punto 7 del decreto/ley 6732/87, que en su integridad expresa “Peritajes: Corresponde a la retribución de aquellos médicos que debiendo ser normados y fiscalizados por el Poder Ejecutivo Provincial intervienen en parte o de oficio en peritajes judiciales. Del 3 al 10% del importe de la liquidación firme o de la transacción judicialmente homologada, con un mínimo de 5 HMC.A los fines de graduación tendrá que evaluarse el mérito y la importancia de la labor desarrollada debiendo la regulación guardar una razonable proporción con la efectuada en favor de los Letrados Intervinientes” (el resaltado nos pertenece y destaca el párrafo omitido por los apelantes). En lo aquí interesa, nos marca el legislador que al momento de estimar los honorarios del perito médico se debe guardar una razonable proporción con aquellos emolumentos que fueran regulados en favor de los letrados de la causa. En sintonía con ello, este Tribunal ha tenido oportunidad de adherir al criterio sentado por el Superior Tribunal estadual, el que ha expresado que “. los honorarios de los peritos en materia judicial, deben adecuarse al mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida; y además, al monto del juicio y a los honorarios de los restantes profesionales intervinientes en la causa” (Excma. Suprema Corte Provincial, Ac. n° 79318, “Monte Paco S.A.”, del 13.03.2002; esta Sala en causas n° 48422, “Giammatolo.”, del17.03.2005; 59752, “Arla.”, del 31.03.2015; n° 59559, “Guenzatti.”, del 17.07.2015, entre otras).-

Dadas las consideraciones anteriores, hacer progresar el agravio planteado, y en consecuencia modificar los honorarios del perito Médico Dr. Soriani implicaría romper la proporción que en la instancia de origen se observara tanto respecto del otro perito interviniente en la causa -Ingeniero Marcos A. Behotas-, como de los letrados de las partes.-

b) Cabe aquí efectuar una segunda consideración, que por su fuerza de convicción vigoriza aún más la conclusión allegada previamente. En un reciente pronunciamiento de la Excma. Suprema Corte de la Provincia relativo a honorarios profesionales en autos C 118968 “Torres, Gregorio y otros c/ Sancor Cooperativas Unidas Limitada. Daños y perjuicios”, de fecha 15.07.2015, el Sr. Ministro Dr. de Lázzari plasmó en el primer voto un esclarecedor razonamiento que deviene perfectamente aplicable al sub lite, aun cuando lo allí discutido versara sobre una cuestión -norma del decreto/ley 8904/77- diferente a la aquí traída.Afirma textualmente el elevado jurista que “i) El hecho de que una normativa resulte clara (esto es, que no arroje dudas sobre su interpretación) no es garantía de que su aplicación a un determinado caso resulte prudente, equitativa o justa. Solo un excesivo apego a la letra de la ley (con desvío de la intención del legislador, de la finalidad para la que fue dictada o de la sistemática en la que debe ser incluida) permitiría confundir claridad con aplicación mecánica, inmediata o indiscriminada: la redacción de un precepto puede no arrojar duda sobre su sentido, pero ello no implica que -por ejemplo- lo prescripto no resulte contrario a normas supremas del ordenamiento o provoque tantos conflictos con otras normas que su aplicación genere muchos más problemas que los que pretende solucionar. (.) se ha dicho que, al inquirir por el sentido de las normas que pudieran ser de aplicación a un caso, debe comenzarse por el texto de la ley misma, y luego, de adoptarse como pauta interpretativa a la sistemática, confrontar el precepto de que se trate con las demás disposiciones que integran el ordenamiento jurídico -ya que no ha de olvidarse la presunción de que el sistema normativo es coherente y consistente-, optando por aquel sentido según el cual las reglas armonicen entre sí, sin que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas (conf. doct. causas C. 101.787, sent. del 2-III-2011; C. 100.621, sent. del 21-XII-2011; por citar los más recientes). En otras ocasiones, superando el sentido o el alcance gramatical de los textos, habrá de buscarse la probable intención de sus autores (ver causas Ac. 55.689, sent. del 28-II-1995; Ac. 67.487, sent. del 14-II-2001; C. 86.252, sent. del 10-IX-2008; C. 110.826, sent.del 15-VIII-2012), así como en otros casos habrá que atender a las consecuencias que han de derivarse de su aplicación, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la norma de que se trate y su congruencia con el sistema en el que se halla engarzada (ver causas L. 90.676, sent. del 31-VIII-2011; C. 85.355, sent. del 20-III-2013; etc.)”.-

Bajo tales parámetros, no alberga dudas este Tribunal de que la aplicación lisa y llana de la norma aportada por los apelantes, sin más, conllevaría una desarmonización respecto de -como se dijera- la proporcionalidad que debe guiar al juzgador al momento de estimar los estipendios de todos los profesionales intervinientes en el litigio, por lo que queda sellada la suerte adversa del recurso, debiendo mantenerse la cuantía del emolumento regulado en la instancia anterior”.-

A partir de lo expuesto, es dable advertir que idénticas conclusiones han de ser adoptadas en el caso de autos; lo que conlleva a mantener los importes que el a quo ha establecido para cada perito en la resolución de fs. 275.

VI) Dicho lo anterior, corresponde abordar lo atinente al límite del 25 % del monto de la sentencia, sobre el que se explaya el recurso de la citada en garantía. Con relación a este tope, antes previsto en el art. 505 del Código Civil derogado y hoy receptado en el art. 730 del Código Civil y Comercial, se ha pronunciado esta Sala en diversos antecedentes, llegando a la conclusión de que el límite del 25% sólo impone un tope a la responsabilidad por las costas, pero que ello no afecta a la regulación en sí misma (esta sala causas nº 58.440 “Papa” del 18.03.2014 y nº 60.181 “Zampieri” del 11.06.2015).

Incluso, bajo la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, esta Sala se pronunció en igual sentido en la causa n° 61816, “González”, de fecha 27.12.2016.En este sentido, allí se dijo que, cabe destacar que la parte final del art. 505 del Cód. Civil que fuera invocada por el apelante, no contempla pautas regulatorias sino sólo de responsabilidad por el pago de las costas, limitando la misma al 25 % del monto de la sentencia, laudo, transacción, o instrumento que ponga fin al diferendo (PESARESI “Abogado-Honorarios” pub. en SJA 09.07.08; SOSA “Costas. La ley 24.432 y el tope del 25%” pub. en Sup. Act. 09.06.09, 1).-

Conforme el criterio expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que el texto agregado por la ley 24.432 al art. 277 L.C.T. (de contenido idéntico al incorporado por dicha ley al art. 505 C.C. -actual 730 del CCCN-) limita la responsabilidad del condenado en costas y no el quantum de los honorarios profesionales (“Abdurraman” del 05.05.09, pub. en L.L. 2009-F, 92).

En el mismo sentido se ha expresado la doctrina al señalar: “.Creemos nosotros que la posición correcta a seguir en estas cuestiones que se trataron es aquella que entiende que los honorarios de los profesionales intervinientes en el procedimiento, sean abogados o no, deberán regularse de conformidad a lo que al respecto disponga la normativa local aplicable. Lo que no impide que luego, al momento de reclamarse el pago de dichos honorarios, resulte de aplicación la limitación contenida actualmente en el art. 730 del CCyC. De tal modo, la aplicación de la norma y del consiguiente tope no deberán llevarse a cabo al momento regular los honorarios sino cuando se reclama el cobro de los mismos, ocasión en que el obligado al pago o el propio juez -de oficio- deberían hacer valer el límite legal, de modo que el abogado o el perito reclamante sólo tendrían acción para exigir el pago del honorario regulado pero hasta el límite del 25% en función del prorrateo.”(Alejandro A.Fiorenza “El tope a la responsabilidad derivada de las costas judiciales” publicado en LL 25/02/2016).-

Y, en el marco de lo antedicho, de acuerdo a lo que surge de la lectura delos autos regulatorios objeto de apelación, el juez a-quo sólo se ha limitado a decidir sobre el monto de la suma destinada a retribuir los trabajos profesionales, sin abrir juicio sobre la responsabilidad en el pago de las costas y su consecuente prorrateo.

Por lo que SE RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso de apelación de fs. 290/291 que perseguía la reducción de los honorarios regulados a los peritos, en tanto que carece de fundamentación suficiente (art. 246 C.P.C.C), la cual no se abastece en el límite que establece el art. 730 del Código Civil y Comercial; 2) No hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 299/300 por los funcionarios del Dto. de Cobros de Honorarios de Peritos Oficiales y Ejecución de Tasa de Justicia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y en consecuencia, confirmar la sentencia interlocutoria de fs. 275 en relación a los honorarios de los peritos oficiales, por los fundamentos expuestos en el acápite V) 3) Modificar los honorarios de la Mediadora S. L. reduciéndolos a la suma de pesos veintiun mil setecientos setenta y cinco ($ 21.775.-). 4) Sin costas en la alzada ya que los supuestos de cuantía de honorarios, oportunidad, y determinación de base regulatoria no originan una litis incidental específica, generadora de costas con emolumentos propios (causas nº 39286 “Rovira”, 42623 “Subsecretaría .”, entre otras). En cuanto a la regulación de los honorarios practicadas, las notificaciones del caso deberán ser efectuadas en Primera Instancia, en su caso con la transcripción prevista por el art. 54 de la Ley 8904. Notifíquese y devuélvase.-

Lucrecia Inés Comparato

Juez

-Sala 1-

-Cám.Civ.Azul-

Esteban Louge Emiliozzi

Juez

-Sala 1-

-Cám.Civ.Azul-

Ante mi

Dolores Irigoyen

Secretaria

-Sala 1-

-Cam.Civ.Azul-