Se confirma la sentencia que cautelarmente ordenó a la empresa de medicina prepaga a restablecer la afiliación de la actora y su conviviente

Partes: L. M. F. c/ Medicus S.A. s/ sumarísimo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 10-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-104449-AR | MJJ104449 | MJJ104449Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución por la que cautelarmente se encuentra la empresa de medicina prepaga demandada obligada a restablecer la afiliación y la cobertura asistencial del conviviente de la actora, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo desde que la naturaleza de las medidas precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad y la verosimilitud del derecho se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual sólo se logrará al agotarse el trámite.

2.-Toda vez que de las Empresas de Medicina Prepaga se encuentra establecido en la Ley 26.682 (promulgada el 16 de mayo de 2011), cuyo art. 10 dispone que las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión y el art. 14 -al referirse a la cobertura del grupo familiar- prescribe que las prestaciones no serán limitadas en ningún caso por enfermedades preexistentes ni por períodos de carencia ni pueden dar lugar a cuotas diferenciadas, cabe mantener la resolución que obligó a la empresa de medicina prepaga a restablecer la afiliación de la actora y su conviviente.

3.-Cabe mantener la medida cautelar decretada por la que se ordenó a la empresa de medicina prepaga a restablecer la afiliación desde que la actora ha desconocido la autenticidad de la documentación aportada por la demandada, entre la que se encuentra la solicitud de afiliación y se ha dispuesto la producción de prueba pericial caligráfica, informativa a los fines de acreditar tratamientos por adicción a las drogas anteriores a la solicitud de asociación y también peritaje médico.

Fallo:

Buenos Aires, 10 de febrero de 2017.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada a fs. 87/93 -cuyo traslado fue contestado a fs. 95/96- contra la resolución de fs. 38/39, mantenida a fs. 98/99, y

CONSIDERANDO:

1. El señor Juez, interpretando que se encontraban reunidos los recaudos inherentes al dictado de las medidas cautelares, ordenó a Medicus S.A. restablecer la afiliación y la cobertura asistencial del Sr. L.A.S., conviviente de la actora, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Contra esa decisión la destinataria dedujo revocatoria con apelación en subsidio. En lo sustancial, sostuvo que la actora falseó su declaración jurada de salud, al haber omitido mencionar la patología previa del señor L.A.S. que determinó que a los quince días de su ingreso comenzara a solicitar atención de urgencia por episodios de intoxicación por adicción a las drogas. Expuso que no obstante encontrarse habilitada por el art. 9 de la ley 26.682 para rescindir el contrato, le dio la posibilidad de acompañar los antecedentes médicos a fin de determinar el valor de la cuota diferencial correspondiente, por lo que se la intimó a presentar la documentación en el plazo de cinco días, vencido el cual procedió a darlo de baja en los términos del citado precepto. Agregó que el Reglamento de Medicus, entregado inicialmente a la actora, prevé la revocación de la incorporación por incumplimiento de los requisitos de veracidad y exactitud de la solicitud de ingreso, que tiene carácter de declaración jurada. Adujo que los antecedentes de consumo de sustancias -de larga data- demuestran el conocimiento de la patología preexistente por parte de la actora, por lo que la omisión de esos datos relevantes en la mencionada solicitud no encuentra justificación.Subsidiariamente, pidió que se autorizara el cobro de la cuota diferencial y a tal fin, que se le otorgara un plazo de diez días para presentar la composición de la estructura de costos adicional.

La actora aseveró que desconocía la patología de su pareja y que el formulario fue completado por el promotor de la demandada, quien le manifestó que proviniendo de otra prestadora como Swiss Medical no tendría “problemas” ni carencias. Añadió que sólo se le solicitó el DNI de los tres asociados y que nunca vio ni tuvo copia de lo firmado ni del reglamento. Sostuvo que teniendo una cobertura médica anterior, no habría razones para exponerse a “una situación como la presente” y que no existió mala fe de su parte. Alegó que no se les realizó chequeo alguno para ingresar a la empresa de medicina prepaga y que la desvinculación se produjo transcurridos diez meses durante los cuales se le brindó cobertura.

3. El magistrado desestimó la revocatoria con fundamento en que los planteos formulados se vinculan con la cuestión de fondo, cuyo examen no corresponde efectuar en este estado liminar del proceso y concedió la apelación.

4. En primer lugar, es apropiado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

5. Seguidamente, se debe tener en cuenta que la naturaleza de las medidas precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (cfr. Fallos:306: 2060; esta Sala, causas 39.380/95 del 19.3.96, 21.106/96 del 17.7.97, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 11.3.99, 7936/99 del 14.3.2000 y 2849/2000 del 30.5.2000).

En este orden de ideas, la verosimilitud del derecho se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual sólo se logrará al agotarse el trámite (cfr. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal comentado”, tomo 1, pág. 742).

En ese contexto, se debe destacar que el marco regulatorio de las Empresas de Medicina Prepaga se encuentra establecido en la ley 26.682 (promulgada el 16 de mayo de 2011), cuyo art. 10 dispone que “…Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión…”. Asimismo, también se debe poner de manifiesto que el art. 14 -al referirse a la cobertura del grupo familiar- prescribe que “…Las prestaciones no serán limitadas en ningún caso por enfermedades preexistentes ni por períodos de carencia ni pueden dar lugar a cuotas diferenciadas”.

Por otra parte, esta Sala ha resuelto que la veracidad de los datos de la declaración jurada debe ser objeto de debate y prueba en la etapa respectiva, correspondiendo otorgar -en forma precautoria- supremacía al derecho de acceder al sistema de salud (cfr.causas 7837/11 del 24.11.11, 1624/13 del 18.6.13, 7837/11 del 24.11.11, 1624/13 del 18.6.13, 5355/13 del 25.3.14, 7917/13 del 8.5.14, 13/14 del 15.7.14, 2162/14 del 17.7.14, 3317/14 del 31.7.14, 1886/14 del 25.9.14, 3105/14 del 26.2.15, 6429/13 del 12.5.15, 3568/15 del 22.9.15, 3624/14 del 24.9.15, entre otras).

En esa dirección, cabe ponderar que la actora ha desconocido la autenticidad de la documentación aportada por la demandada, entre la que se encuentra la solicitud de afiliación (cfr. fs. 159) y que se ha dispuesto la producción de prueba pericial caligráfica, informativa a los fines -entre otros- de acreditar tratamientos por adicción a las drogas anteriores a la solicitud de asociación y también peritaje médico (cfr. fs. 169).

En las condiciones expuestas, el mantenimiento de la medida solicitada, hasta el dictado de la sentencia definitiva, es la solución que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (cfr. Corte Suprema, Fallos: 302: 1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d., del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2.6.95, 53.078/95 del 18.4.96, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 4.11.99, 53/01 del 15.2.2001).

Por los fundamentos desarrollados, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas en el orden causado en atención a las particularidades expuestas (art. 71 del Código Procesal -DJA-).

La Dra. Najurieta no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ricardo V. Guarinoni

Francisco de las Carreras