La falta de intervencion de un equipo interdiciplinario como requisito, no contituye un obstaculo para la procedencia de la medida cautelar que procura satisfacer las necesidades actuales de una persona con necesidades especiales

Partes: Jorge Osvaldo Vertone c/ Hospital Británico s/ incidente de apelación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 28-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-104447-AR | MJJ104447 | MJJ104447

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la procedencia de la medida cautelar que obliga a la demandada a arbitrar los medios necesarios para que el afiliado, quien padece una discapacidad, reciba la cobertura integral de internación en la institución -geriátrico- donde actualmente se encuentra alojado, aún cuando no se encuentra dentro de la lista de prestadores, como así también la medicación prescrita por su médico tratante y todo lo necesario para hacer valer el derecho a la salud del amparista.

2.-Se juzgan reunidas las condiciones necesarias para la procedencia de la protección cautelar solicitada y aunque la circunstancia de que la internación del amparista discapacitado se haya efectuado en un establecimiento ajeno al cuerpo de prestadores de la demandada sin que se encontrara satisfecho el recaudo establecido por el art. 39 , inc. a), de la Ley 24.901, debe mantenerse la cobertura ordenada por un lapso de noventa días, término en el cual deberá llevarse a cabo la evaluación prevista en el art. 11 de la Ley 24.901.

Fallo:

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016.- SD

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la demandada Hospital Británico a fs. 44 -fundado a fs. 65/70, el que ha sido replicado por la parte actora a fs. 73/76 vta., al que adhirió en Ministerio Público de la Defensa a fs. 80, contra la resolución de fs. 23/24; y

CONSIDERANDO:

1) Que el señor Jorge Osvaldo Vertone -en representación de su padre, Jorge Antonio Vertone (conf. fs. 2)- inició la presente acción de amparo a fin de que la demandada -Asociación Civil Hospital Británico de Buenos Aires (conforme poder obrante a fs. 32/37), de aquí en más, Hospital Británico- otorgue al afiliado la cobertura integral de la internación en la institución de tercer nivel “Villa Sol”, donde se encuentra actualmente alojado; la medicación prescrita por su médico tratante conforme surge de fs. 7 vta. y la cantidad de 200 pañales mensuales. Indicó que su progenitor padece anormalidades en la marcha y la movilidad y demencia tipo Alzheimer de comienzo tardío (conf. certificado de discapacidad de fs. 5). Además, solicitó una medida precautoria con igual sentido y alcance.

2) Que el magistrado de la anterior instancia hizo lugar a la medida precautoria impetrada, ordenando a la emplazada a arbitrar los medios necesarios para que el señor Vertone reciba la cobertura integral de la prestación de internación en el instituto de tercer nivel donde se encuentra alojado; además de los medicamentos y pañales que por su enfermedad requiera, hasta que se dicte sentencia definitiva (confr. fs. 23/24).

3) Dicha decisión fue cuestionada por la demandada Hospital Británico a fs. 43, de conformidad con los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 65/70.La parte cautelada se agravia -principalmente- de que el a quo ordenara brindar a su parte el 100% del valor de las prestaciones reclamadas esquivando las disposiciones contenidas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (en adelante, Nomenclador) y la existencia de familia continente.

Expone que el actor se encuentra internado en un instituto geriátrico y no en una “residencia”; “pequeño hogar”; “hogar”, que -afirma- son las coberturas reconocidas por la Ley Nro. 24.901 cuando la familia del paciente no resulta continente.

La asociación demandada sostiene que el instituto “Villa Sol” no resulta ser prestador del Hospital Británico; que el señor Vertone se encuentra alojado en aquél desde el año 2014 y que la decisión de la internación fue voluntaria y unilateral por parte del actor y/o su familia.

A su vez, esgrime que la entidad demandada cuenta con prestadores que pueden brindar las prestaciones requeridas por el afiliado como ser: “El Salvador”; “Horaí” y “Manantiales”.

Agrega que a partir del año en curso, una vez que su parte recibió el certificado único de discapacidad del beneficiario y después de que la familia del actor presentó la documentación necesaria para el acceso a la cobertura, su parte comenzó a brindar el reintegro de la cobertura de acuerdo con el valor impuesto por el nomenclador para el módulo Hogar Permanente Categoría C.

Por ultimo sostiene que la decisión apelada ni siquiera se funda en una hipotética negativa del Hospital Británico a dar curso a la cobertura planteada.

Corrido el traslado pertinente, fue contestado por la parte actora a fs. 73/76 vta., argumentos a los que adhirió la señora Defensora Pública Oficial a fs. 80.

4) En primer lugar, corresponde dejar aclarado que en los términos en que la cuestión se presenta, este Tribunal sólo analizará las argumentaciones que resulten adecuadas con el contexto cautelar en el que fue dictada la resolución recurrida (confr. Corte Suprema, Fallos:278:271; 291:390, entre otros). Sin examinar aquellos planteos que tengan vinculación con la cuestión sustancial del proceso.

Sentado ello, cabe recordar, que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquellos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (CSJN, Fallos: 276:132; 280:320; 303:2088; 304:819; 305:537 y 307:1121 entre otros).

Asimismo, resulta necesario destacar que no se ha cuestionado en autos que el amparista -que tiene actualmente 86 años de edad- resulta estar asociado a la cautelada. Como tampoco la situación discapacitante que presenta (confr. certificado en copia de fs. 5 y carnet de afiliación de fs. 3).

5) Ello sentado, resulta necesario señalar que la Ley Nro. 24.901 contempla -entre otras prestaciones- sistemas alternativos al grupo familiar. En el caso del hogar, su finalidad es brindar cobertura integral a requerimientos básicos esenciales, tales como vivienda, alimentación y atención especializada (art. 32).

Si bien es cierto que la norma establece que para ello es requisito que la persona con discapacidad no cuente con grupo familiar propio o que éste no sea continente, en el caso de autos es posible estimar -prima facie- acreditado que la internación de aquella no resulta ser una “elección” del beneficiario o su familia sino una consecuencia del avance propio de la enfermedad que padece (demencia tipo Alzheimer, dificultad en la marcha y movilidad). Ello, de acuerdo con lo que surge del informe médico acompañado a la demanda que ilustra -en este estado liminar de la contienda- el nivel de dependencia del señor Vertone para las actividades de la vida diaria (conf. fs. 7/vta.).

De lo precedentemente expuesto, y de acuerdo al estado larval del presente proceso, se puede considerar que la familia del actor no podría brindar la asistencia que éste requiere en función de sus necesidades, lo que en principio podría configurar el supuesto de grupo familiar no continente.Ello, sin perjuicio de las pruebas que al respecto se pudiera reunir en el proceso principal.

6) Establecido lo anterior, si bien el art. 6 de la ley 24.901 establece -como principio general- que las prestaciones básicas a los afiliados con discapacidad serán brindadas mediante servicios propios o contratados por los entes asistenciales, la misma ley contempla la atención por especialistas que no pertenezcan al cuerpo de profesionales contratados, mas para ello requiere que su intervención sea imprescindible debido a las características específicas de la patología del paciente, o cuando así lo determinen las acciones de evaluación y orientación que, de acuerdo con el texto legal, se encuentran a cargo de un equipo interdisciplinario (arts. 39 inc. a) de citada norma).

De las constancias aportadas a la causa no surge -hasta el momento- acreditado que la demandada, ante la intimación que efectuara la parte accionante, hubiera realizado la evaluación interdisciplinaria que establece la norma para determinar la necesidad de las prestaciones médico asistenciales reclamadas y las acciones o programas a seguir que favorezcan la integración social de aquella (art. 11 y 39 de la ley 24.901).

Así las cosas, es preciso resaltar que esta Sala ha señalado, en las causas nros. 4933/2012 del 29.4.13; 238/13 del 6.9.13; 4193/13 del 7.2.14; 6730/13 del 31.3.14 y 6104/14 del 22.5.15, que la falta de intervención del equipo interdisciplinario no constituye un obstáculo para la procedencia de la medida cautelar dispuesta en autos, que procura satisfacer las necesidades actuales de una persona con necesidades especiales.

En efecto, la mera circunstancia de que tales acciones no hayan sido llevadas a cabo aún no puede ser un óbice a la decisión del juzgador cuando no se cuenta con elementos concretos que desvirtúen lo que surge de las probanzas actualmente incorporadas a la causa (cfr. esta Sala, causas nros.4933/12; 238/13; 6730/13 y 6104/14, citadas ut-supra).

Por otra parte, es apropiado destacar que, si bien la demandada al contestar la intimación del hijo del accionante hizo referencia a que se encontraba brindando la cobertura en el marco de la Ley Nro. 24.901 con los límites impuestos por el Nomenclador para el módulo hogar permanente, Categoría “C”, dicha prestación -en principio- luce como una cobertura que no resulta integral tal como lo preceptúa la norma invocada. No es posible soslayar que la propia accionada en forma unilateral estableció -sin esbozar parámetro específico alguno- el módulo del nomenclador a cubrir. A su vez, no se encuentra siquiera liminarmente demostrado que la institución necesaria para los tratamientos y necesidades que requiere el afiliado debiera incluirse en dicha categoría.

En función de todo lo expuesto y de las características que prima facie presenta el cuadro del beneficiario, el Tribunal estima que se encuentran reunidas las condiciones necesarias para la procedencia de la protección cautelar, aunque la circunstancia de que la internación se haya efectuado en un establecimiento ajeno al cuerpo de prestadores de la demandada sin que se encontrara satisfecho el recaudo establecido por el art. 39, inc. a), de la ley 24.901, justifica adoptar una solución de especie, que mantenga la cobertura ordenada por el juez de grado por un lapso de noventa días, término en el cual deberá llevarse a cabo la evaluación prevista en el art. 11 de la ley 24.901 a los efectos de encuadrar la situación actual del caso en las disposiciones de esa normativa (confr. esta Sala, doctr.de las causas 5036/12 del 19.10.12; 4330/12 del 27.9.13, 559/14 del 4.7.14 y 3086/14 del 17.3.15, 31/15 del 5.6.15; 7080/14 del 25.9.15; entre otras).

7) Antes de finalizar, es preciso señalar que el tribunal ha examinado el recurso interpuesto considerando que la señora Defensora Pública Oficial asumió la representación del actor en forma precautoria, para lo cual también tuvo en cuenta “que en autos no interviene ningún otro Magistrado ni funcionario de este Ministerio Público de la Defensa” (confr. fs. 25, segundo párrafo).

Sin perjuicio de ello, no es posible soslayar que el presentante de fs. 15 que dijo comparecer en representación de su padre Jorge Antonio Vertone, no ha acreditado debidamente la r epresentación invocada. Pues, aunque el vínculo invocado por el señor Jorge Osvaldo Vertone debe estimarse acreditado mediante la partida de nacimiento en copia certificada obrante a fs. 2/vta., es claro que ello no basta para conferirle la representación de su padre.

Nuestro ordenamiento legal contempla en forma expresa quiénes son los representantes legales de aquellas personas que por diversas razones no pueden ejercer sus derechos por sí mismas. El parentesco aquí invocado, empero, carece de relevancia a los fines mencionados en tanto la acción fue promovida en nombre de una persona mayor de edad (conf. arts. 31, 32, 43, 100 y 101 del Código Civil y Comercial; ver en este sentido CSJN, Fallos: 329:4020; esta Sala, causa nro. 7071/2013 del 12.11.13). Tampoco se ha acreditado en las presentes la existencia de un mandato a favor del hijo del beneficiario.

En tales condiciones, se debe concluir en que el actor en este proceso -el señor Jorge Antonio Vertone- no se encuentra debidamente representado; y dado que las deficiencias en ese ámbito son esencialmente subsanables (arg. art. 354, inc.4º, del Código Procesal), corresponde suplir el defecto indicado, debiendo el señor juez adoptar las medidas necesarias a ese fin.

Por consiguiente, y sin perjuicio de lo que se pudiera resolver al momento de dictarse la sentencia definitiva, este Tribunal RESUELVE: confirmar la decisión apelada, limitando su extensión temporal a noventa días, plazo que comenzará a correr a partir del día siguiente a la notificación de este pronunciamiento y durante el cual la demandada deberá arbitrar los medios para llevar a cabo la evaluación del amparista por un equipo interdisciplinario, según las previsiones de los arts. 11 y 12 de la ley 24.901, sin que la parte actora pueda obstaculizar o negarse a dicha evaluación.

Difiérese la regulación de los honorarios para el momento en que se dicte la sentencia definitiva.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

GRACIELA MEDINA