La empresa de telefonía debe refacturar llamadas efectuadas a las Islas Malvinas y calificarlas como llamada interurbanas y no internacionales

Partes: Acción de defensa del consumidor Juan Enrique Giusti c/ Telecom Argentina S.A. s/

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 5-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-104368-AR | MJJ104368 | MJJ104368Sumario:

1.-Es procedente condenar a la empresa prestadora del servicio de telefonía a emitir nuevamente una factura corrigiendo la calificación de las llamadas realizadas por el actor a las Islas Malvinas como internacional, pues de acuerdo a la Ley 23.775 , las islas integran el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, que ha sido creada por la ley citada y en el marco de las facultades constitucionales que posee el Congreso de la Nación y la reglamentación del ente de control de las telecomunicaciones, determina que la llamada a Malvinas debe facturarse como interurbana, con la reducción tarifaria del 50% conforme lo dispone la Res. 1.740 de la Secretaría de Comunicaciones.

2.-La calificación de llamada internacional efectuada por la empresa prestadora del servicio de telefonía en relación a una llamada realizada a las Islas Malvinas es contraria a la normativa reglamentaria vigente y violatoria de la Ley 23.575 por desconocer que dichas islas integran el territorio Nacional, lo cual resulta inaceptable y violenta no solo las normas antes referidas, sino la tutela del interés que tiene el actor como consumidor, por ser la forma de facturación del servicio, contraria a derecho.

Fallo:

En la ciudad de San Pedro de Jujuy, a los 5 días mes de abril del año 2.017,

AUTOS Y VISTOS: Los de este Expte. Nº A- 56066/13 caratulado “ACCIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR JUAN ENRIQUE GIUSTI c / TELECOM ARGENTINA S.A.”, y El Dr. MACEDO MORESI dijo:

RESULTA

I.- La presente acción de defensa del consumidor es interpuesta por el Sr. Juan Enrique Giusti, quien actúa como abogado en causa propia.

Dirige la misma en contra de la razón social Telecom Argentina S.A. persiguiendo por esta que se condene a la accionada a refacturar el servicio telefónico correctamente, que la accionada pida disculpas públicas al pueblo Argentino en un medio masivo de circulación nacional y que se condene a la accionada al pago del daño moral que manifiesta haber sufrido, refiriendo frente al mismo, que la suma que pudiera corresponder les sea entregada a las asociaciones civiles de San Pedro de Jujuy, Caminemos Juntos, ASPER y APREM.

Fundamenta su petición en que con motivo de interesarle viajar a conocer las Islas Malvinas, el actor llamó al centro de información turística de dichas Islas, quien le dio dos números telefónicos de hoteles ubicados en la ciudad argentina de Puerto Argentino, habiendo realizado un total de tres llamadas a dichas Islas, con fecha 04-12-12.

El actor manifiesta que grande fue su sorpresa al recibir la factura de la empresa Telecom Argentina S.A.en la cual se facturan las llamadas antes referidas como comunicaciones internacionales realizadas a las Islas Malvinas, lo cual le causa una grave afectación moral así como una reacción enérgica frente a lo que considera una violación del derecho argentino y de la soberanía de la Nación Argentina sobre las Islas Malvinas.

Sostiene el actor que se encuentra violado el derecho argentino por la conducta desplegada por la accionada al facturar como internacional las llamadas efectuadas a las Islas Malvinas, porque ello se contrapone directamente con lo dispuesto en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional que dice “.la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional.

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.” Asimismo sostiene que se viola la resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones en cuanto a su cuadro tarifario que dice “. las comunicaciones a las Islas Malvinas se facturarán como clave 12 interurbana con un descuento del 50%.” no diciendo dicha resolución en ninguna parte que estas llamadas se facturan como internacionales.

En el mismo sentido sostiene el actor que entender que es una llamada internacional la comunicación a las Islas Malvinas implica violentar la ley 23.775 de Provincialización de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Sosteniendo que estas violaciones a la Constitución, a la Ley y la reglamentación antes referida implican una afrenta a la dignidad de los argentinos más aún cuando dichas violaciones son efectuadas por una empresa argentina que brinda un servicio público por concesión que le fuera otorgada por el Estado Argentino.

En cuanto al daño moral que dice haber padecido, describe el actor su militancia y suespecial sensibilidad con la cuestión Malvinas. Sostiene que desde que tenía 5 años tuvo un interés personal de estar informado sobre el conflicto con las Islas Malvinas lo que lo llevaba a concurrir a la Comisaría Nº 43 del Talar para conocer las novedades del conflicto, concluyendo que Malvinas fue un tema presente en su vida y en su militancia política y que si la accionada piensa que Malvinas es el Reino Unido esto tira por la borda ciento ochenta años de lucha por la recuperación de las Islas, ignorando los seiscientos cuarenta y nueve argentinos fallecidos en el conflicto, conculcando el sueño argentino de recuperar nuestra perdida perla austral.

Con cita en el Constitución y en la Ley 24.240, invoca el derecho que le asiste como consumidor sosteniendo que la prueba de lo expresado emerge de la documental acompaña en autos y que la relación que lo vincula con la accionada es una relación de consumo.

En capítulo aparte el actor ofrece prueba, formula reserva del caso federal y pide se haga lugar a su demanda.

II.- Conferido al presente el trámite de juicio sumarísimo las partes fueron convocadas a la audiencia que prescriben los artículos 395 y ctes. del C.P.C. la cual se llevo a cabo con fecha 23 de abril de 2013 en la que compareció al proceso Telecom Argentina S.A. representada por el Dr. Arturo Alejandro Pfister (h) conforme poder obrante a fs. 14/21 de autos.

III.- La accionada contesto la demanda por escrito oponiéndose a su procedencia negando expresamente cada uno de los hechos esgrimidos en la demanda y que en el supuesto de haber actuado de buena fe, el actor debió haber procedido de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del reglamento general de clientes del servicio básico telefónico formalizando dentro del plazo de 60 días el reclamo administrativo que resulta ser objeto en esta causa.Asimismo, sostiene que pudo haber el actor efectuado el reclamo administrativo ante defensa del consumidor lo cual nunca efectuó.

Niega la demandada manejar monopólicamente los teléfonos fijos de San Pedro de Jujuy sosteniendo que la misma brinda un servicio público cuya concesión ha sido conferida por el Estado Nacional y que se encuentra regulada por la ley 19.798.

Asimismo sostiene la accionada que niega que el actor hubiera tenido la idea de conocer las Islas Malvinas y que aún de ser cierto ello, en nada esta ha impedido o ha obstaculizado la materialización de aquel deseo.

Rechaza que Telecom Argentina S.A. trate a las comunicaciones dentro del territorio nacional como comunicaciones internacionales sosteniendo que Telecom Argentina presta sus servicios en virtud de la concesión que le fuera otorgada y las normas dictadas por el Estado al respecto, por lo que las comunicaciones dentro del territorio nacional no son tratadas de manera arbitraria o antojadiza sino que son facturadas en un todo de conformidad con las normas que regulan la actividad, sosteniendo que conforme art. 15 R.G.C.S.T.B.

“.el nivel de tarifa que los prestadores cobren por el servicio básico telefónico, estará de acuerdo con la estructura general de tarifas correspondiente.” Sostiene además que Telecom Argentina S.A.no ha violado las disposiciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Constitución Nacional, la Ley 23.775, la historia y la dignidad de los argentinos, manifestando que no existe nada mas absurdo que tener por cierto que se hubieran violentado las normas referidas.

En cuanto al daño moral del actor, sostiene el representante legal de la accionada, que el mismo no puede concebirse desde ningún punto de vista, pues no pueden los nobles sentimiento del accionante por Malvinas haberse visto afectados o alterados por una simple facturación y menos aún que por ello corresponda la aplicación del daño moral, citando doctrina sobre los elementos constitutivos y de procedencia del daño moral que sostiene no se encuentran configurados en autos.

Concluye ofreciendo prueba, introduciendo y haciendo reserva de la cuestión federal y solicitando el rechazo de la demanda con costas a la actora.

IV.- Contestada por el actor la vista sobre los hechos nuevos, abierta la causa a prueba y proveída la ofrecida por las partes la causa se encuentra en condición de ser resuelta, por lo que corresponde sin más, pronunciarnos.

CONSIDERANDO

I.- Concuerdan las partes en que el día 04 de diciembre del año 2012 el Sr. Juan Enrique Giusti desde la línea número 03888-422386 efectuó tres llamadas a las Islas Malvinas a los números 0050022215 en una oportunidad y al número 050027451 en dos oportunidades.

Asimismo no ha sido objeto de discusión que la relación que vincula a las partes es una relación de consumo por existir un vínculo jurídico entre el proveedor demandado y el consumidor de un servicio público de telefonía fija del cual es destinatario final, como lo es el actor, ello de conformidad con el art. 1092 del C.C.yC.N. que conforme expresamente lo refiere el art. 7 del mismo código, resulta de aplicación inmediata a la presente causa por tratarse de normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.En razón de ello es de aplicación la ley 24.240 y el código C.C.yC.N en cuanto a las normas de consumidor.

II.- Aclarado lo antes expuesto, corresponde entrar al análisis de la cuestión debatida en autos siendo necesario para ello tratar primigeniamente si la factura Nº 8104-12222240 a nombre del Sr. Juan Enrique Giusti y que obra a fs. 2/3 se encuentra de conformidad con la legislación argentina.

III – a.- Al respecto huelga señalar que conforme expresamente lo establece nuestra Constitución Nacional, las Islas Malvinas pertenecen al territorio nacional y se encuentran bajo la soberanía de la Nación Argentina, en este sentido los constituyentes del año 1994 han insertado en el texto mismo de la Constitución la cláusula transitoria Nº 1 que expresamente dice “.La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.” Enseña Rosatti que la “.Norma transitoria es la que tiene condicionamientos para su vigencia tales como el cumplimiento de un plazo, o la ocurrencia de un factor extra jurídico.

Paradójicamente una norma permanente puede tener una vigencia temporal menor que otra transitoria (v.gr.: en el caso argentino ello ocurriría si se reforma una cláusula constitucional antes que se recupere la soberanía de las Islas Malvinas).” (Horacio Rosatti, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, Ed. Rubinzal Culzoni Editores Pag.86).

Por ende siguiendo lo referido por el Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el carácter de transitoriedad no implica una valoración secundaria respecto de los artículos que integran el plexo de la Carta Magna, sino que por el contrario la transitoriedad esta determinada por el tiempo de validez de dicha cláusula, ya que una vez recuperada las Islas Malvinas habría ocurrido el hecho que haga cesar el sentido y el espíritu de dicha cláusula.

III – b.- Por su parte la ley 23.575, reformada por la Ley 26.552 sostiene “. Declárese provincia conforme lo dispuesto en los art. 13 y 67 inc. 14 de la Constitución Nacional, al actual territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (.) La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comprende: La parte oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de Chile, la Isla de los Estados, las Islas Año Nuevo, las Islas Malvinas, la Isla Beauchêne, las Rocas Cormorán y Negra, las Islas Georgias del Sur, las Islas Sándwich otras islas, islotes y rocas situados en aguas interiores y en el mar territorial generado a partir de dichos territorios de conformidad con lo previsto en la ley 23.968, incluidas las islas, islotes y rocas situados al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite con la República de Chile; los territorios situados en la Antártida Argentina comprendida entre los meridianos 25º oeste y 74º oeste y el paralelo 60º sur, las islas, islotes y rocas situados entre los territorios que compre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur..” La claridad y detalle de la norma antes citada no deja duda alguna que las Islas Malvinas integran el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, que ha sido creada por la ley recientemente transcripta y el marco de las facultades constitucionales que posee el Congreso de la Nación.

III – c.- La ley de Defensa Nacional 23.554 expresa en su art. 5º que “.La Defensa Nacional abarca los espacios continentales, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el Sector Antártico Argentino, con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados suscriptos o a suscribir por la Nación esto sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28 de la presente Ley en cuanto a las atribuciones de que dispone el Presidente de la Nación para establecer teatros de operaciones para casos de la guerra o conflicto armado. Contempla también a los ciudadanos y bienes nacionales en terceros países, en aguas internacionales y espacios aéreos internacional. .” La referida norma asevera la pertenencia territorial de las Islas Malvinas del Atlántico Sur al suelo argentino, y la obligación de defender este territorio.

III – d.- Específicamente vinculado a la telecomunicaciones corresponde analizar la ley 24.848 por la cual se aprobó la constitución y el convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.) adoptados en Ginebra el 22 de diciembre de 1992 y los instrumentos de enmienda adoptados por la conferencia de plenipotenciarios reunidas en la ciudad de Kyoto el 14 de octubre de 1994, en cuyo art. 3º sostiene “.Al procederse a la ratificación de la Constitución y el Convenio: a) Se expresará que:”. I-La República Argentina rechaza la inclusión y la referencia a las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como territorios dependientes, efectuadas al momento de ratificar la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.l.T.), adoptados en Ginebra (Confederación Suiza), el 22 de diciembre de 1992 y reafirma su soberanía sobre dichas islas, que son parte integrante del territorio nacional de la República Argentina.

II-La República Argentina declara que ninguna de las estipulaciones de la Constitución ni el Convenio deberán interpretarse o aplicarse como afectando sus derechos, fundados en títulos jurídicos, actos de posesión, contigüidad y continuidad geológica, sobre el Sector Antártico Argentino comprendido entre los meridianos de veinticinco grados (25°) y setenta y cuatro grados (74°) de longitud oeste y el paralelo de sesenta grados (60°) de latitud sur, sobre el que se ha proclamado y mantiene su soberanía. b) Se formularán las siguientes reservas:

1.-La República Argentina reitera e incorpora por referencia, todas sus declaraciones y reservas formuladas en las Conferencias Mundiales competentes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.), que adoptaron y revisaron los Reglamentos Administrativos, antes de la fecha de la firma de la Constitución y el Convenio del mencionado organismo adoptados en Ginebra (Confederación Suiza) en 1992.

II.-La República Argentina se reserva el derecho de adoptar todas las medidas que estime oportunas para proteger sus intereses en el caso de que otros Estados Miembros no observen las disposiciones de la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.) y de los Reglamentos Administrativos, como así también en el caso de que las reservas formuladas por otros Miembros, comprometan el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicación..” Surge claramente de la Ley 24.848 la decisión y convicción frente a todos los países que celebraron el convenio de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, el rechazo de la Argentina a la inclusión como parte del Reino Unido de las Islas Malvinas, de las Islas Georgias del Sur, y las Islas Sándwich del Sur, reafirmando que las Islas Malvinas pertenecen e integran el territorio de la Nación Argentina.

III – e.- De igual modo, lo ha realizado en la aprobación del convenio internacional de la Unión Postal Universal efectuado por Ley 24.200 en el convenio internacional de radiofonía aprobado por Ley 23.461 y a lo largo de todos los convenios internacionales que aprobara el Estado Argentino, demostrando inocultablemente la soberanía sobre las Islas Malvinas del Atlántico Sur y la pertenencia territorial de las mismas a la Nación Argentina.

III – f.- Por su parte la Ley Nacional de Telecomunicaciones Nº 19.798 establece que las comunicaciones serán internas o internacionales de conformidad con art. 24 que dice “.Toda instalación de telecomunicaciones deberá ser interconectada con las redes del servicio interno o internacional en la oportunidad y forma que lo determine la autoridad de aplicación Ministerio de Obras y Servicios Públicos-Comunicaciones.” Asimismo, la misma norma efectúa la clasificación correspondiente para el servicio de telecomunicaciones interno sosteniendo al respecto el art. 56 que “.El servicio interno será urbano e interurbano. El primero es el establecido entre usuarios vinculados a una misma área de servicio local y el segundo entre usuarios de distintas áreas..” III – g.- La Resolución 1740/98 en sus fundamentos sostiene “.Que, aquellos países, como la REPUBLICA ARGENTINA, que tienen grandes distancias territoriales, requiere de políticas regulatorias que contemplen, de forma diferencial, estas características geográficas.

Que, siendo ello así, y toda vez que existe una vasta distancia territorial entre las ISLAS MALVINAS y el continente, resulta altamente positivo arbitrar las medidas necesarias a fin de fomentar la realización de llamadas desde el continente a las Islas, a fin de acortar las distancias territoriales existentes. .” Concluyendo en su parte resolutiva que “. Artículo 1º- Establécese que, para las comunicaciones originadas en el continente y que terminen en las ISLAS MALVINAS, las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico deberán aplicar un descuento del 50% (CINCUENTA POR CIENTO), de la tarifa vigente. .”

III – h.- Por su parte del informe de ENACOM dispuesto como medida para mejor proveer en autos que rola a fs. 126/146, especialmente a fs.131 se aclara en la descripción de las tarifas del servicio interurbano que “. Las comunicaciones a las Islas Malvinas se facturarán como clave 12, interurbanas con un descuento del 50%.” reiterando dichas características a fs. 136.

IV.- Por consiguiente surge con nitidez, no sólo que constitucionalmente se han consagrado las Islas Malvinas como pertenecientes al territorio nacional, sino que además las misma constituyen la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; que en los convenios internacionales específicos de telecomunicaciones así como otros convenios internacionales aprobados por la Argentina nunca ha claudicado la pertenencia territorial de las Islas Malvinas a la República Argentina.

Asimismo en el marco de la reglamentación interna, la Ley 19.798, que expresamente reconoce la demandada como reglamentaria de su actividad a fs. 31 ap.III punto 2 segundo párrafo, efectúa la clasificación de las llamadas internas, es decir las que se realizan dentro del territorio nacional, las cuales clasifica según el área entre urbanas e interurbanas.

Por su parte la reglamentación del ente de control de las telecomunicaciones, que también la demandada reconoce como normativa aplicable a su actividad, determina que la llamada a Malvinas debe factura como interurbana, código 12, es decir más de 1.680 km, debiendo reducirse la tarifa en un 50% conforme lo dispone la resolución 1.740 de la Secretaria de Comunicaciones.

Por todo ello y los hechos bélicos en los que la Argentina ha participado para recuperar la posesión sobre las Islas Malvinas es que no existen dudas de que las mismas integran el territorio nacional y que por lo tanto las llamadas a las mismas no pueden configurarse, facturarse ni denominarse como internacionales.

VI. Atento a la conclusión antes arribada corresponde contrastar la misma con la prueba documental obrante a fs. 2/3 reiterada a fs. 4/5.

En efecto, de la lectura de fs.2 y 5 surge que la demandada ha calificado la comunicación telefónica que el actor efectuara el 4 de diciembre de 2012 a las Islas Malvinas como llamadas internacionales.

Que dicha calificación resulta contraria a la norma reglamentaria informada por el ENACOM en autos y violatoria de las normas legales antes referidas por desconocer que las Islas Malvinas integran el territorio Nacional, lo cual resulta inaceptable y violenta no solo las normas antes referidas, sino la tutela del interés que tiene el actor como consumidor, por ser la forma de facturación del servicio, contraria a derecho.

VII.- Vale destacar que el proveedor de servicios debe cumplir su prestación conforme las pautas contractuales y las normas que regulan el servicio, más aún cuando se trata de servicio básicos concesionados por el Estado y alcanzados por normas y reglamentos específicos, por lo que el incumplimiento de dichas normas, asi como de lo convenido entre el prestador del servicio y el consumidor resulta violatorio del art. 19 de la Ley de Defensa del Consumidor.

“.El art. 42 de la Constitución Nacional, dispone la protección de los usuarios de los servicio públicos. Al respecto explica Enrique Suarez que del precepto constitucional surgen para el usuarios los siguientes derechos: 1) el de recibir una prestación del servicio público con adecuada calidad y eficiencia, 2) derecho a abonar la tarifa reglamentaria, a ser correctamente categorizado a dichos efectos, a que las menciones de sus consumos sean reales y por ende la facturación derivada sea la correcta. .” (Liliana Schvartz, “Derecho del Consumidor según la Ley 24.240 y el Código Civil y Comercial” Ed. García Alonso, pág.

159, Buenos Aires 2016).

De la cita antes efectuada se puede apreciar la tutela constitucional que establece el art.42 de la Carta Magna para que el consumidor sea correctamente categorizado, lo cual atento a lo antes expresado, no ha ocurrido en autos, pues debiendo categorizarse el servicio como interurbano, ha sido calificado como internacional.

En razón de lo expuesto se concluye que la accionada ha violado la ley de defensa del consumidor al calificar la llamada efectuada por el actor como internacional.

VIII – a.- Las conclusiones arrimadas en los dos apartados que anteceden, sumado a ello al valor en el sentimiento argentino que tiene la causa Malvinas nos llevan a la convicción de que corresponde, hacer lugar a la demanda y en consecuencia ordenar a la accionada que proceda a emitir nuevamente la factura Nº 8104-12222240 de fecha de emisión 12-12-12 del servicio telefónico cuyo titular es el actor corrigiendo la calificación de la llamada conforme lo establece la norma reglamentaria y la legislación antes citada.

VIII – b.- En cuanto a la petición de desagravio estimamos que el desconocimiento del territorio argentino no puede ser reducido como un hecho simple de la facturación, pues la manda constitucional impone a todos los argentinos y con mayor razón a quienes participamos de uno de los poderes del Estado, de velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, por lo que consentir sin consecuencia alguna el desconocimiento de las Malvinas como parte del territorio nacional, implica incumplir el mandato permanente e irrenunciable del pueblo argentino respecto de la recuperación y ejercicio pleno de la imprescriptible soberanía que la Nación Argentina tiene sobre las Islas Malvinas.

Por ello se estima pertinente condenar a la accionada a publicar, por cinco días consecutivos iniciándose la publicación un día domingo, en dos diarios locales de mayor circulación (El Tribuno de Jujuy y Diario Pregón) y en los diarios nacionales Clarín y Nación , en el tamaño de un cuarto de página la siguiente disculpa “Telecom Argentina S.A., por orden judicial, rectifica toda facturación o comunicado en el cual tratara, las llamadas telefónicas realizadas a las Islas Malvinascomo internacionales, aclarando que las llamadas a las Islas Malvinas son locales interurbanas y el costo de dicha llamada se encuentra reducido en un 50%”.

El control del cumplimiento de lo ante dispuesto, conjuntamente con la parte actora, deberá ser efectuado por el Ente Nacional de Comunicaciones -ENACOM-y a la Comisión Nacional de ex combatientes de Malvinas dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, en caso de incumplimiento en la publicación de lo antes estipulado y en la forma prevista, aplíquese sanción conminatoria progresiva y acumulativa por la suma de Pesos Cincuenta Mil por cada incumplimiento que sea denunciado por los órganos de contralor antes referidos.

VIII – c.- En cuanto al reclamo de daño moral, de la prueba arribada en autos, el mismo no se encuentra acreditado, el sentimiento por la causa Malvinas es profundo del corazón argentino, es un recuerdo constante de aquellos héroes silenciosos, que entregaron su vida en el cumplimiento de recuperar la legítima e imprescriptible soberanía de este pedazo de la Patria, mas este sentimiento del pueblo argentino propio del ADN de la sociedad argentina, no es una reserva individual.

La vocación e interés que manifiesta el actor por las Islas Malvinas no se encuentra en discusión al igual que tampoco lo están sus ideales, más el daño no se constituye, porque una determinada acción o hecho no se corresponda con dichos ideales.

Un error en la facturación, como se dijo en los apartados anteriores implica la violación de normas reglamentarias, el desconocimiento de normas territoriales, más no tiene entidad suficiente para afligir el espíritu del accionado al grado tal que pueda llegar a constituir un daño moral.

Las declaraciones testimoniales brindadas en autos, dan cuenta de la militancia y compromiso de la causa Malvinas pero no permiten convicción alguna de que el error en la facturación haya causado un daño en el espíritu del actor que constituya “. Una modificación disvaliosa del espíritu, un estar diferente de aquel que se encontraba antesdel hecho (C.F.R. Zavala y Gonzalez Matilde “El concepto de daño moral” J.A. 1985-1-729 NºV).

Haber facturado las tres llamadas efectuadas por el actor a las Islas Malvinas como internacionales, no se encuentra acreditado en autos, que hayan tenido la aptitud para causar una lesión en los sentimiento que determine dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravios a las afecciones legítimas.

Por todo ello corresponde rechazar el reclamo de daño moral efectuado por la parte actora.

IX.- Atento a la resolución de la presente causa propongo que la costas sean impuesta a la demandada vencida de conformidad con el art. 102 del C.P.C. con la particular ponderación de que fue justamente la calificación antirreglamentaria de la llamada a las Islas Malvinas como internacional, la que justifico la presente acción, ello independientemente de que la pretensión de daño moral no progrese.

X.- Respecto de los honorarios el mérito a la calidad y eficacia de los trabajos concretados, la naturaleza y complejidad del asunto, la participación de cada letrado y el resultado obtenido, asi como por tratarse de un proceso sin monto, y lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en la Acordada 96/2016, como montos mínimos para retribuir la labor profesional de los abogados y procuradores que intervienen en las causas judiciales, corresponde regular al Dr. Juan Enrique Giuste la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($3500) y para el Dr. Arturo Alejandro Pfister (h) la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta ($2450). En ambos casos más el impuesto al valor agregado de corresponder.

Por todo ello LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA IV

RESUELVE

1.- Hacer lugar a la demanda interpuesta en autos y en consecuencia condenar a la demandada a: a.- Emitir nuevamente la factura Nº 8104-12222240 de fecha de emisión 12-12-12 del servicio telefónico cuyo titular es el actor corrigiendo la calificación de la llamada conforme lo establece la norma reglamentaria y la legislación antes citada.b.- Publicar en los dos diarios locales de mayor circulación (El Tribuno de Jujuy y Diario Pregón), y en los diarios nacionales Clarín y Nación, en el tamaño de un cuarto de página, por 5 días consecutivos iniciándose la publicación un día domingo, en letra mayúscula, negrita y no menor al Nº12, el siguiente texto: “Telecom Argentina S.A., por orden judicial, rectifica toda facturación o comunicado en el cual tratara, las llamadas telefónicas realizadas a las Islas Malvinas como internacionales, aclarando que las llamadas a las Islas Malvinas son locales interurbanas y el costo de dicha llamada se encuentra reducido en un 50%”.

2.- El control del cumplimiento de lo antes dispuesto deberá ser efectuado conjuntamente con la parte actora por el Ente Nacional de Comunicaciones -ENACOM-y a la Comisión Nacional de ex combatientes de Malvinas dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, en caso de incumplimiento en la publicación de lo antes estipulado y en la forma prevista, aplíquese sanción conminatoria progresiva y acumulativa por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000) por cada incumplimiento que sea denunciado por los órganos de contralor antes referidos.

3.- Rechazar el reclamo de daño moral efectuado por la parte actora.

4.- Imponer las costas a la demandada vencida de conformidad con el art. 102 del C.P.C.

5.- Regular al Dr. Juan Enrique Giuste la suma de ($.) y para el Dr. Arturo Alejandro Pfister (h) la suma de ($.).

En ambos casos más el impuesto al valor agregado de corresponder.

6.- Regístrese, agréguese co pia en autos, notifíquese por cédula a las partes, Dirección General de rentas, C.A.P.S.A.P.-Firmado Dr. Horacio José Macedo Moresi – Vocal Pte. de Tramite. Dra. Silvia Elena Yecora- Vocal. Dr. Gustavo Alberto Toro – Vocal. Ante mi – Dra.

Liliana Delia Garcia- Secretaria.- ES COPIA”