Litigiosidad laboral, al rojo: advierten mayor conflictividad si las provincias no adhieren a nueva ley de accidentes

La cantidad de demandas que se originan en los tribunales del trabajo por reclamos indemnizatorios por accidentes laborales sigue generando polémica.

Para las aseguradoras, el incremento de reclamos en los estrados judiciales no se justifica porque hubo una caída sistemática en la cantidad de infortunios (ya sea por lesionados o fallecidos en el ámbito del trabajo), como así también un aumento importante en las indemnizaciones, que se multiplicaron casi por 7 en los últimos 5 años.

Pero para los abogados laboralistas la alta litigiosidad se debe a la elevada siniestralidad, que las aseguradoras no reconocen, por lo que no cumplen sus prestaciones.

El presidente de la nación, Mauricio Macri, consideró que hay una “industria del juicio” que pone en riesgo la sustentabilidad y la creación de empleos.

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo son elocuentes. Mientras que a nivel país el aumento de juicios mayo de 2017 contra mismo mes del año pasado fue del 20%, en la provincia de Buenos Aires se situó en el 104%.

En mayo ingresaron a las aseguradoras 2.643 nuevos juicios y este año ya se acumulan 10.182 casos. Todos provenientes del territorio bonaerense.

A nivel país, la cantidad de casos notificados en mayo fue de 12.765 juicios, lo que resulta que durante 2017 fue de 55.321 demandas. De esta manera, la provincia de Buenos Aires aglutina así el 20,7% de las notificaciones del mes pasado mayo o el 18,4% de los casos, del período de los cinco meses correspondientes al análisis.

Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), “es necesario que cada una de las provincias adhiera a la Ley Nacional”.

“En la Capital Federal por no tener justicia laboral propia aún, las modificaciones tienen absoluta vigencia. Córdoba ya adhirió, Buenos Aires tiene media sanción y Mendoza está avanzando”, explicaron desde la entidad presidida por Mara Bettiol. Estas jurisdicciones representan al 70% de los trabajadores.

En la Ciudad de Buenos Aires, las ART argumentan que son notificadas de las demandas entre dos, tres y hasta cuatro meses después de que ingresan.

Esto implica que los juicios que ahora se están notificando, incluyen todavía demandas ingresadas a la justicia antes de la vigencia de la Ley 27.348, sancionada en febrero de este año y que modificó aspectos centrales del sistema.

“Tenemos una industria del juicio laboral que pasó de 58.000 causas de demandas en 2011 a 115.000 en 2016, solamente en el sector de los accidentes de riesgo del trabajo en el Fuero Laboral Nacional de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

El stock de juicios resueltos está entre 35.000 y 40.000 por año, con lo que se está agregando “una masa de 75.000 a 80.000 expedientes, que en algunos casos están bien elaborados, pero en otros se advierten connivencias con peritos que se repiten ante las mismas situaciones, demandas que son resueltas por los mismos jueces y que tiene algunos criterios inverosímiles”, agregó el titular de la cartera laboral.

En tanto, en Mendoza, las estadísticas mostraron una baja la siniestralidad pero los juicios laborales van en ascenso. En el último año los tribunales acumularon unas 100 mil causas, un 20% de las cuales son del fuero laboral. Dentro de esa porción, cuatro de cada 10 son por accidentes o enfermedades, lo que motivó la creación de la Oficina de Conciliación Obligatoria en el seno de la Subsecretaría de Trabajo.

Además, el máximo tribunal de esa provincia resolvió un cambio en el cálculo de la indemnización: que se tome la misma tasa de interés activa, lo cual ya disparó reclamos de los empresarios por su impacto en los costos y eventualmente la estabilidad de los puestos de trabajo.

La mirada de los abogados laboralistas

De acuerdo al abogado laboralista Horacio Schick, “a las estadísticas de la SRT, de las que se nutre la UART y el Gobierno, se le escapan más de la mitad de los siniestros que son ocultados por los empleadores para no adquirir el “mote” de empresa con elevada siniestralidad y luego ser objeto de auditorías, sufrir aumentos de alícuotas o ser incluidas como empresas testigo”.
El nivel de la accidentología existente, es el principal factor de la generación de causas judiciales, ya que detrás de cada juicio hay un accidente o enfermedad laboral, agregó el experto.

“En el sector formal, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo verifica alrededor de 660.000 siniestros anuales, a los que debe adicionársele un 35% del sector informal. A ello debe agregársele el infra-registro de enfermedades laborales sólo un 2% se reconoce por este carácter, cuando la OIT menciona un 38% de enfermedades dentro del total de la accidentología”, indicó un documento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), enviado al Congreso al momento de debatir la ley. Ello totaliza aproximadamente, 900.000 infortunios laborales reales al año, cuya porción no registrada se dilucida en la Justicia.

“De estos siniestros, un porcentaje incierto queda con incapacidad permanente definitiva que da lugar a reparación en algunos casos reconocidos por el sistema (ART y Comisiones Médicas) y en otros casos es negado”, destacó Schick.
Para el experto, tampoco se alude que de estos accidentes y enfermedades laborales al año, un porcentaje determinado de damnificados, queda con secuelas de incapacidad permanente definitiva, que admiten una reparación dineraria y en otros casos desestimadas, o las indemnizaciones otorgadas se consideran insuficientes.

Fuente: Iprofesional.