Responsabilidad del conductor del vehículo embistente que vulneró la prioridad de paso que detentaba el motociclista reclamante

Partes: Vallejos Roberto y otro c/ Scriptimanos, Marcelo y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 10-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103970-AR | MJJ103970 | MJJ103970

Sumario:

1.-Corresponde admitir parcialmente la demanda de daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito intentada por el actor, desde que en autos ha quedado acreditado el actor circulaba conduciendo la motocicleta y al llegar a la intersección fue embestido en su lateral trasero izquierdo por el automóvil conducido por el demandado, quien violó la prioridad de paso que asistía a la motocicleta por acceder a la encrucijada desde la derecha, y por ello, pesa sobre el accionado la presunción de responsabilidad de quien violó una norma de tránsito relacionada con la causa del accidente.

2.-Debe admitirse la demanda si se acreditó que la ocurrencia del hecho se debió exclusivamente por la conducta del demandado y no habiéndose invocado ninguna de las eximentes previstas por la norma que rige el caso (art. 1113 pár. 2° parte 2º del CCiv ), se le debe reprochar totalmente la producción del hecho en cuestión, por su conducta culpable y su carácter de guardián del vehículo al momento del siniestro.

Fallo:

ROSARIO,10 de febrero de 2017.

Y VISTOS: Los autos caratulados “VALLEJOS, Roberto y Otros c/ SCRIPTIMANOS, Marcelo y Otros s/ Daños y Perjuicios” Expte. N° 595/2006, en trámite por ante éste Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Primera Nominación de Rosario, siendo juez de trámite la Dra. Susana Igarzábal y encontrándose consentida la integración del Tribunal con las Dras. Mariana Varela y Julieta Gentile.

A fs. 54/63, 80/82 y 85 se presenta la parte actora, Sres. ANTONIA LORENZA MEZA, STELLA MARIS GONZALEZ y ROBERTO LUCIANO VALLEJOS, representados por el Dr. Ángel G. Gorostiague; instan demanda contra los Sres. Juana Vallejos y Marcelo Luis Scrifignano, y citan en garantía a Federación Patronal Seguros S.A.; y dicen que en fecha 30/03/2004, los Sres. Vallejos, Meza y González circulaban correctamente en la motocicleta marca Guerrero G 100, dominio 697-CBF, por calle Rueda de Rosario, por la derecha y en dirección Este-Oeste; que al llegar a la intersección con calle Castellanos fueron violentamente embestidos en el costado trasero izquierdo, por el automóvil marca Renault 18, dominio TTB-276, conducido por el Sr.

Scrifignano, quien circulaba a elevada velocidad por calle Castellanos, en dirección Sur-Norte, sin respetar la prioridad de paso que les asistía; afirman que como consecuencia del impacto perdieron el equilibrio, cayeron violentamente al suelo y sufrieron lesiones. Sostienen que la motocicleta también sufrió daños. Exponen los rubros que consideran deben ser indemnizados, comprensivos de incapacidad física, lesión estética, daño moral, daños materiales, gastos de transporte, y gastos no documentados. Fundan en derecho su pretensión; citan jurisprudencia y doctrina; ofrecen pruebas; formulan reserva constitucional; y peticionan se haga lugar a la demanda, con intereses y costas. A fs. 87 la actora desiste de la citación en garantía de Federación Patronal Seguros S.A.

Por auto N° 1157 de fecha 24/07/2007 se declara la rebeldía del codemandado Sr. MARCELO LUIS SCRIFIGNANO (fs.92) y se da por decaído su derecho de contestar demanda, quien comparece a fs. 112, representado por el Dr. Guillermo Raúl Alexander; a fs. 119 el Dr. Alexander renuncia al mandato otorgado para los presentes caratulados. Por Auto N° 2616 del 20 de noviembre de 2009, se declara la rebeldía del Sr. Scrifignano (fs. 147), notificada conforme cédula agregada a fs. 151.

A fs. 89 vta. el Oficial notificador expresa que fue informado que la codemandada Sra. Juana Vallejos ha fallecido; a fs. 94 la parte actora peticiona se notifique a los herederos de la Sra. Vallejos. Por auto N° 1229 de fecha 01/07/2008 se declara la rebeldía de los Herederos de la Sra. Juana Vallejos (fs. 101) y se fijó fecha de audiencia para nombramiento de abogado defensor. Por Auto N° 2641 del 15 de diciembre de 2008 se designa defensora a la Dra. Gabriela Verónica Gervasoni, quien acepta el cargo a fs. 123.

A fs. 134/136 la Dra. Gervasoni, en representación de los HEREDEROS de la Sra. Juana Vallejos; contesta demanda negando lo afirmado por la actora y desconociendo la documental acompañada por la misma.

Ofrece prueba; y solicita se rechace la demanda con costas.

En fecha 13 de diciembre de 2016 se celebró Audiencia de Vista de Causa, manifestando el demandado Sr. Scrifignano que la codemandada Juana Vallejos era su esposa y que tramitó el proceso sucesorio siendo declarado el mismo único heredero de la causante, solicitando plazo para agregar copia de la Sentencia que así lo dispone. Agregada copia certificada de la Sentencia N° 547 de fecha 04/08/2004 emitida por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la 5° Nominación de Rosario, quedan los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO: 1) Se agregó a fs. 21/53 copia simple de la causa “Scripignano, Marcelo Luis – Vallejos, Roberto Luciano s/ Lesiones Culposas” expte.N° 209/04, que tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Octava Nominación de Rosario, en la que por Auto Nº 1135 del 17/05/2004 se dispuso el archivo de las actuaciones conforme el artículo 72 inciso 2º del Código Penal y el artículo 501 del Código Procesal Penal.

2) La legitimación activa de la Sra. Stella Maris González proviene de haber sufrido lesiones, conforme surge del informe del médico de la preventora obrante a fs. 184.

La legitimación activa de la Sra. Antonia Lorenza Meza proviene de haber sufrido lesiones, conforme surge del informe del médico de la preventora obrante a fs. 185.

La legitimación activa del Sr. Roberto Luciano Vallejos proviene de haber sido usuario de la motocicleta dominio 697-CBF, participante en el accidente que da origen a éste proceso, según afirma en la demanda; y por haber sufrido lesiones, conforme surge del informe del médico de la preventora, obrante a fs. 186.

La legitimación pasiva del Sr. Marcelo Luis Scrifignano proviene de haber sido el conductor del rodado dominio TTB-276, participante en el siniestro, según surge de las actuaciones penales -su denuncia-, como también por su carácter de heredero de la Sra. Juana Vallejos.

3) Liminarmente ha de señalarse que se encuentra vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y por ende, corresponde considerar en primer término, lo establecido en el artículo 7º de dicho ordenamiento, “Interpretando dicho artículo, el Dr. Lorenzetti sostiene que se trata de una regla dirigida al juez y le indica qué ley debe aplicar al resolver un caso, estableciendo que se debe aplicar la ley de modo inmediato y que no tiene efectos retroactivos, con las excepciones previstas. Entonces, la regla general es la aplicación inmediata de la ley que fija una fecha a partir de la cual comienza su vigencia (art.5) y deroga la ley anterior, de manera que no hay conflicto de leyes.

El problema son los supuestos de hecho, es decir, una relación jurídica que se ha cumplido bajo la vigencia de la ley anterior, tiene efectos que se prolongan en el tiempo y son regulados por la ley posterior. La norma, siguiendo al Código derogado, establece la aplicación inmediata de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las que se constituyeron o extinguieron cumpliendo los requisitos de la ley anterior no son alcanzadas por este efecto inmediato. (Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, Director, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, T 1, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, pp.45/47). en el sistema actual la noción de retroactividad es una derivación del concepto de aplicación inmediata. Por lo tanto la ley es retroactiva si se aplica a una relación o situación jurídica ya constituida (ob cit. p 48/49)”.1 Se sigue de ello que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia; las normas aplicables que captan en su antecedente normativo tal presupuesto, son las vigentes al momento de la emisión de sentencia (art. 772 CCC y 245 CPCC).

Así, se ha explicado que si el ad quem “revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente, en agosto de 2015 la revisará conforme al artículo 1113 del Cod.

Civ. no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente). En cambio, si la apelación versara sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la extinción de esa relación (por ej.Una ley que regula la tasa de interés posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa ley a los períodos no consumidos.” 2 Lo expresado se encuentra en consonancia con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su reiterada jurisprudencia “según conocida jurisprudencia del Tribunal en sus sentencias se deben atender las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (conf. Fallos:

306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476; 331:2628; 333:11474; 335:905, entre otros).3 4) En la inteligencia indicada, el hecho consiste en la colisión entre dos rodados en movimiento, según lo afirma la actora, de allí que la controversia sometida a consideración del Tribunal tiene su marco jurídico en el artículo 1113 segundo párrafo del Código Civil; en consecuencia, a la parte actora le incumbe la prueba del hecho, del daño, y la relación de causalidad entre el hecho y el daño sufrido; mientras que para eximirse de responsabilidad corresponde a la demandada la acreditación de la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deban responder, ya que el daño ha sido producido por el riesgo de una cosa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que “la circunstancia de la aplicación de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto en el art. 1113, 2° párrafo del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas.Por lo demás, la invocación de una neutralización de los riesgos no resulta de por sí suficiente para dejar de lado los factores de atribución de la responsabilidad que rigen en ese ámbito4.

El artículo 1113 párrafo 2º del Código Civil contempla un supuesto de responsabilidad objetiva, y cuando la ley invierte el onus probandi de la relación causal y en consecuencia es el demandado quien debe acreditar la intervención de la culpa de la víctima -o de un tercero por el que no debe responder-, la apreciación de la prueba sobre esta eximente debe ser severa. La culpa de la víctima debe estar demostrada en forma clara y convincente, se requiere de razones que no impliquen meras conjeturas5, para desplazar total o parcialmente la responsabilidad objetiva que establece la norma; y que la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio debe aparecer como la única causa del daño y revestir características de imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor6.

5) Encontrándose controvertido el hecho corresponde analizar si su acaecimiento fue acreditado, y en tal caso, la responsabilidad en el mismo.

El demandado Sr. Scrifignano, al rendir prueba de posiciones en la AVC, reconoció que en fecha 30/03/2004 protagonizó un accidente de tránsito en la intersección de calles Rueda y Castellanos de Rosario (posiciones 1 y 2).

Obra a fs. 23 de autos, la denuncia del siniestro realizada por el Sr.Scrifignano por ante la preventora, en la que manifestó que en las circunstancias de lugar y tiempo indicados en la demanda, siendo las 08:15 hs aproximadamente, circulaba en su rodado marca Renault 18 dominio TTB-276 por calle Castellanos en dirección Sur-Norte; que al llegar a la intersección con calle Rueda, colisionó con una motocicleta, desconociendo sus datos, la cual era conducida por un hombre que llevaba como acompañantes a dos mujeres, que las personas se marcharon del lugar luego del accidente.

Constata la preventora al realizar la inspección ocular del lugar del hecho, que calle Rueda presenta sentido de circulación vehicular hacia el Oeste, en tanto calle Castellanos posee sentido de circulación hacia el Norte (fs. 25).

Las actoras Stella Maris González y Antonia Meza, al rendir testimonial por ante la preventora, relataron el siniestro en forma concordante con lo expuesto en la demanda de autos (fs. 34 y 35 de autos).

Asimismo, al rendir declaración informativa ante la autoridad policial, el Sr.

Roberto Vallejos relató el accidente en forma concordante con lo expuesto en el escrito inicial (fs. 36).

Obra a fs. 45, el examen mecánico de la motocicleta dominio 697-CBF, realizado por la División Criminalística, Sección Pericias Técnicas Automotor de la Policía de Santa Fe, URII, que da cuenta que el rodado presentó daños en su parte delantera y en los laterales, con guardabarros delantero roto, plástico del frente roto, faros delanteros rotos con parte del tablero, manubrio torcido en ambos lados, sin espejos al momento de la pericia, posa pies torcidos, horquilla delantera desalineada, amortiguador trasero izquierdo abollado y hundido por impacto; se agregó a fs. 46 del sumario penal, el examen realizado por la mencionada repartición al automóvil dominio TTB-276, del que surge que el mismo presentó impacto frontal, con paragolpes delantero parte media partido, frente y capot parte media abollado, parrilla rota.

El perito mecánico, Ingeniero César Eduardo Rosas Aranguren, cuyo dictamen obra a fs.248/251, expresa que los rodados no fueron presentados al acto de pericia; que de acuerdo a la ubicación de los daños en ambos rodados, el vehículo embistente fue el Renault 18 conducido por el Sr.

Scrifignano, y la motocicleta fue el vehículo embestido.

Cabe recordar que la CSJN ha señalado que “No cabe aplicar el principio iura novit curia excediendo el ámbito que le es propio y lesionando garantías constitucionales, pues la calificación de las relaciones jurídicas que compete a los jueces no se extiende a la admisión de defensas no esgrimidas ni autoriza a apartarse de lo que tácitamente resulte de los términos de la litis.”7 También ha dicho la CSJN que “El principio ‘iura curia novit’ importa que los jueces no están vinculados por la calificación jurídica que las partes dan a sus pretensiones y que incluso pueden suplir el derecho mal invocado por aquéllas, pero esa facultad no se extiende a alterar las bases fácticas del litigio, ni la causa ‘petendi’, ni tampoco a la admisión de hechos o defensas no esgrimidas por las partes”.8 En el marco indicado, las normas de tránsito imponen a todo conductor circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito9; que todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha10; y que se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso11.

En autos ha quedado acreditado que en fecha 30/03/2004, el Sr. Roberto Vallejos circulaba conduciendo la motocicleta dominio 697-CBF, por calle Rueda de Rosario, en dirección Este-Oeste, llevando como acompañantes a las Sras. González y Meza, -sumario penal-; que al llegar a la intersección con calle Castellanos fueron embestidos en su lateral trasero izquierdo por el automóvil conducido por el Sr.Marcelo Scrifignanos, quien circulaba por esta última arteria en sentido Norte -pericia mecánica-; y en consecuencia, el demandado violó la prioridad de paso que asistía a la motocicleta por acceder a la encrucijada desde la derecha, y por ello, pesa sobre el accionado la presunción de responsabilidad de quien violó una norma de tránsito relacionada con la causa del accidente.

Como consecuencia de lo expuesto, se concluye que la ocurrencia del hecho se debió exclusivamente por la conducta del Sr.

Marcelo Scrifignano y no habiéndose invocado ninguna de las eximentes previstas por la norma que rige el caso (art. 1113 párrafo 2° parte 2º del Código Civil), se le debe reprochar totalmente la producción del hecho en cuestión, por su conducta culpable y su carácter de guardián del vehículo dominio TTB-276 al momento del siniestro y sucesor de la Sra. Juana Vallejos.

6) Encontrándose acreditada la existencia y responsabilidad en el hecho, corresponde analizar los daños reclamados, su relación de causalidad con el hecho, y en su caso, los montos indemnizatorios.

7) En referencia al daño reclamado por incapacidad sobreviniente, surge de la informativa emitida por el SIES agregada a fs.

191/194, que el móvil N° 6 del mencionado servicio, el día del hecho se hizo presente en el lugar del siniestro y brindó asistencia médica a los actores; en tanto a fs. 187/190 obra la informativa del Hospital Provincial que da cuenta de las lesiones sufridas por los actores, las prácticas médicas brindadas y los tratamientos indicados. Asimismo, surge del sumario penal que el médico de la preventora constató que la Sra. Stella Maris González presentó pequeña escoriación abdominal paraumbilical izquierda, y hematoma en pierna y pie izquierdo, estimando su tiempo de curación entre 7 y 10 días -fs. 40.-; y su incapacidad laboral entre 3 y 4 días; que la Sra.Antonia Meza presentó hematomas en cara externa de pierna y pie izquierdo, muslo derecho, brazo y antebrazo, estimando su tiempo de curación entre 10 y 12 días, y su incapacidad laboral entre 5 y 7 días -fs. 42-; y que el Sr. Roberto Vallejos presentó hematoma en cara parte interna de rodilla y pierna izquierda; estimando su tiempo de curación entre 7 y 10 días; y su incapacidad laboral entre 3 y 4 días -fs. 44-.

El perito médico, Dr. Roberto Oscar Baldovino, cuyo dictamen obra a fs. 320/323 -pericia realizada el 08/11/2011-expresa que el Sr.

Roberto Luciano Vallejos al examen físico presentó, a la inspección de rodilla izquierda hipotrofia y tonismo disminuido del cuádriceps izquierdo, medidas circunferenciales en rodilla derecha, a 10 cm proximal de rótula 43 cm, a nivel de rodilla 38 cm; en rodilla izquierda a 10 cm proximal de rótula 41,5 cm, a nivel de rodilla 39 cm; dolor a digitopresión en interlínea articular interna; no presenta cajón, bostezo mínimo interno; movilidad, flexión 130°, extensión 0°, contralateral 150° y 0°, resto de la clínica negativa. Concluye el perito con base en la anamnesis, la revisación personal del actor y la documentación obrante en la causa, que el accionante padece las secuelas informadas que lo incapacitan en forma parcial y permanente en un 3% de la total vida por mínima inestabilidad de rodilla izquierda.

Informa el perito que, al examen físico, la actora Sra.

Stella Maris González presentó en miembro inferior izquierdo, dolor a la digitopresión a nivel de la extremidad proximal externa de pierna; que la movilidad de tobillo y rodilla se encontraron dentro de los parámetros normales. Concluye el perito que la accionante padece una incapacidad parcial y permanente del 1 % de la total vida por dolor a la digitopresión, consecuencia de un hematoma en la celda antero-externa muscular de pierna izquierda.

Al examen físico de la Sra.Antonia Meza, el perito médico dictaminó; en la inspección de la rodilla izquierda, dolor a la palpación de la zona póstero-interna de rodilla izquierda, específicamente en la inserción de los tendones de la pata de ganso, resto del examen negativo. Concluye el perito que la accionante padece una incapacidad parcial y permanente del 4% de la total vida por la tenobursitis crónica de la pata de ganso izquierda.

Cabe señalar, en consonancia con lo supra expresado, que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible conforme a una visión profunda del problema tratado.12 A los fines de la cuantificación de la reparación debida por lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica total o parcial -teniendo en cuenta que se trata de una deuda de valor (art. 772 CCC)-, manda el ordenamiento conforme las pautas ordenatorias de los art. 1738, 1740, 1746 y conc. del CCC, meritar la proyección dañosa en las diferentes esferas de la vida de la víctima.

La normativa del 1746 CCC, aplicada sin más, impactaría en el derecho defensivo de las partes en caso de su traslación a los litigios que se han tramitado a la luz del anterior Código Civil, por lo que su incidencia se merita en cada caso en concreto.

En función de ello, el órgano jurisdiccional estima las consecuencias dañosas con un grado de prudente discrecionalidad. Se ha dicho que la “norma prevé la indemnización del daño patrimonial por alteración, afectación o minoración, total o parcial, de la integridad física y psíquica de la persona, admitiendo que su cuantificación pueda también ser fijada por aplicación de un criterio matemático como parámetro orientativo sujeto al arbitrio judicial”13, lo que se compadece con el art.245 CPCC.

Surge de lo expresado que corresponde una labor integrativa del derecho aplicable al caso por parte del Tribunal, de resultas de la cual, también ingresa en la ponderación del daño, las cualidades personales de la víctima conforme los lineamientos señalados por la jurisprudencia (en autos Suligoy, Nancy Rosa Ferguglio de y otros c/ Provincia de Santa Fe A y S tomo 105, p 171 y ss).

Por otra parte, no se acreditó en autos que hubiere acaecido una efectiva disminución de ingresos por los actores -daño emergente o lucro cesante-, y consecuentemente, a los fines de determinar el quantum indemnizatorio por lesiones y sus secuelas incapacitantes, habrá de tenerse presente que el mismo procede teniendo en consideración la integridad psicofísica de los mismos, como también, la proyección de las secuelas incapacitantes, en tanto la mutación en la salud, es susceptible de significar en el futuro una pérdida patrimonial; como también, que se trata de la percepción anticipada de la indemnización de un daño que se extenderá en el tiempo -en los términos del art.

1746 CCC-.

Por otra parte, si bien el perito médico ha establecido el grado de incapacidad para cada actor, éste debe ser objeto de prudente valoración pues, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, los informes periciales aunque constituyen un elemento importante a considerar no conforman una pauta estricta que el juzgador deba seguir inevitablemente14, debiendo asimismo, tenerse presente la disminución de la aptitud de los damnificados para realizar actividades económicamente valorables, como también, las cualidades personales de los reclamantes; y en el caso, que la pericia médica fue realizada transcurridos más de siete años de la fecha del siniestro; que la Sra. González contaba con 28 años, la Sra. Meza 31 años y el Sr. Vallejos 28 años al momento del siniestro, no habiendo acreditado en autos actividad ni ingresos.Por otra parte, surge de la declaración testimonial rendida por la Sra.

Meza en sede prevencional supra referenciada, que el siniestro de autos se produjo momentos después de que los accionantes habían percibido planes sociales (Plan Jefes y Jefas de Familia).

Por las consideraciones precedentes, lo normado por el artículo 772 CCC, las pautas ordenatorias contenidas en los artículos 1738, 1740, 1746 ss y cc del CCC, y haciendo uso de la facultad prevista por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial, teniendo presente el resultado económico del proceso, el tiempo transcurrido desde el accidente y la tasa de interés infra establecida, se fija la indemnización por daño por incapacidad en la suma de $5.000,- a favor de la Sra. González; en la suma de $18.000,- a favor de la Sra. Meza y en la suma de $15.000,- a favor del Sr.

Vallejos.

8) En referencia al daño lesión estética, las misma no será acogida, atento que en autos no se ha acreditado la existencia de lesión estética alguna en los actores, sin incidencia en las costas en razón de que el daño en tratamiento, en caso de proceder, se valora a los fines de establecer el daño patrimonial o el daño no patrimonial, según la trascendencia en tales rubros.

9) En referencia al daño no patrimonial, reclamado en autos como daño moral, el mismo resulta en autos in re ipsa, ello así pues resulta evidente que la participación en el accidente, las lesiones, y las secuelas incapacitantes, han generado padecimientos de índole espiritual en la actora y han lesionado sus sentimientos.

Tal como se ha afirmado en reiteradas oportunidades, cuando las víctimas resultan disminuidas en sus aptitudes tanto físicas como psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñen o no una actividad productiva, pues la integridad tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de su vida 15.

En base a lo expuesto, ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas -art.

1741 CCC-, y a tenor de lo previsto por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial, se fija la indemnización por este rubro en la suma de $1.000,- a favor de la Sra. González, en la suma de $3.000,- a favor de la Sra. Meza y en la suma de $2.000,- a favor del Sr. Vallejos.

10)En referencia al daño material por los daños ocasionados en la motocicleta dominio 697-CBF, el perito mecánico informa que carece de elementos para determinar el verdadero alcance y magnitud de los daños en la motocicleta; al estimar los montos señala los ítems cuyos daños se corresponden con los relevados por la preventora; por otra parte, a los fines de valorizar los daños, toma como base los importes contenidos en el referido presupuesto acompañado por la accionante, y por ello, asiste razón a la demandada en cuanto afirmó en alegatos que la pericia carece de rigor técnico- científico en relación a la cuatificación del rubro reparación, por fundar la misma en la documental expresamente desconocida por su parte. Siendo ello así y encontrándose a cargo de la parte actora la carga de la prueba de los daños y su quantum, el rubro será rechazado, sin incidencia en las costas en razón de la que la reducción de la pretensión resulta insignificante (art. 252 del C.P.C.C.).

11) En referencia al daño emergente por gastos médicos, de movilidad y no documentados, reclamados por la actora, existen cierto tipo de gastos cuya prueba resulta extremadamente difícil de producir pues no es usual exigir comprobantes.La jurisprudencia ha morigerado la carga probatoria en este rubro sin exigir prueba acabada de su existencia en tanto resulten verosímiles en relación con las lesiones de la víctima16 y librando la estimación al prudente arbitrio judicial.

Considerando que fueron asistidos por el Hospital Carrasco, conforme surge de la informativa emitida por el organismo, los mismo resultan procedentes, y así se ha resuelto que la jurisprudencia, al decir “El hecho que una víctima de un accidente automotor haya sido atendida en un hospital público no obsta a que se incluya como rubro indemnizatorio una suma atendible en concepto de gastos médicos y farmacia; desde que se evidente que hay desembolsos que deben ser atendidos por los propios pacientes sin que sea razonable que se puede documentar debidamente su importe”.17 Por lo tanto y haciendo uso de la facultad prevista por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial, el resarcimiento por gastos médicos y farmacéuticos se fija en la suma de $450,- ($150,- a favor de cada uno de los actores), teniendo presente que el hecho ocurrió en el año 2004.

12) En relación a los intereses, cabe señalar que el daño moratorio deviene del retardo en el cumplimiento de la obligación y se traduce, en general, en la determinación de una tasa de interés que cubre dicho daño; a diferencia del interés compensatorio, el que deviene del uso de capital; en consecuencia, en el caso, el interés a fijarse representa la reparación por el daño derivado de la mora, una sanción por el incumplimiento, no un interés compensatorio por el uso del capital.

En el sentido indicado, expresa Galdós que “En el ámbito extracontractual el daño (.) moratorio el que deriva de la mora o retardo en su pago (los intereses adeudados durante la tardanza) y a partir desde que se produjo cada perjuicio”.18 En la inteligencia indicada, la tasa fijada por el Tribunal tiene por fin reparar el daño moratorio, y no compensar el uso del capital, ypor ello, no implica un enriquecimiento indebido en cabeza del acreedor; por el contrario, una tasa pura, no cumple con su función de reparar el daño padecido por la víctima.

Por otra parte, la CSJSF expresó que “En efecto, los jueces de baja instancia fijaron el rubro indemnizatorio a la fecha de la sentencia, junto con la tasa promedio activa y pasiva mensual (en concepto de intereses moratorios) y el doble de la misma (en concepto de intereses punitorios) y, sabido es, que dicho tópico configura una cuestión de índole fáctica y procesal, en principio ajena a la instancia extraordinaria, (.) en el caso concreto la ponderación de los rubros y la aplicación de las tasas respectivas no lucen irrazonables ni confiscatorias como para merecer reproche constitucional. (.) máxime cuando el tema involucrado obedece a procesos esencialmente cambiantes que reclaman la búsqueda por parte de los tribunales de justicia de instrumentos idóneos a fin de proteger adecuadamente la concreta vigencia de los derechos constitucionales comprometidos, tanto del deudor como del acreedor.

(.) Por último, respecto a los agravios atinentes a la causal de apartamiento de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una Sala de la Cámara de Apelación de la respectiva Circunscripción Judicial, vinculado con la tasa de interés, aun aceptando la existencia de Salas con otro criterio al que se siguió en este caso, no se colige de ello que de la solución dada en los presentes se llegue a un resultado económico de montos indemnizatorios desproporcionados e irrazonables, ajenos al realismo económico que debe primar en estas decisiones.” (CSJSF, A y S t 241 p 143-146, Santa Fe, 16/08/2011, “ECHEIRE, Pilar contra MACHADO, Marcelo y otros -Daños y perjuicios-Expte. 105/10)”, Expte. C.S.J.Nº 482, año 2010).

Por lo expuesto, y teniendo en consideración el resultado económico del proceso, los rubros mencionado s devengarán, desde la fecha del hecho y hasta el vencimiento del plazo fijado para el pago -10 días hábiles de notificada la sentencia- un interés equivalente al promedio entre la tasa activa (promedio mensual efectivo para descuento documento a 30 días) y la tasa pasiva (promedio mensual efectivo para plazo fijo a 30 días según índices diarios), sumada, del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. En caso de incumplimiento del pago dentro del término establecido, el capital devengará desde su vencimiento y hasta su efectivo pago un interés equivalente al doble de la tasa referida precedentemente.

13) Las costas del juicio corresponde imponerlas en relación a las Sras. Stella Maris González y Antonia Lorena Meza al demandado vencido (art. 251 del C.P.C.C.); y en relación al Sr. Roberto Vallejos en un 20% al actor y un 80% al demandado, en función del vencimiento recíproco atento el rechazo de rubro (art. 252 CPCC).

Por todo lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1109, 1113 y ccs. del CC; artículos 7, 768, 772, 1738, 1740, 1741, 1746, 1748 y ccs. del CCC; las leyes 17418 y 24.449, y los artículos 245, 251, 541 y ss del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, el TRIBUNAL COLEGIADO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL N° 1;

RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda y en consecuencia condenar al Sr. MARCELO LUIS SCRIFIGNANO, a pagar los Sres. ANTONIA LORENZA MEZA, STELLA MARIS GONZALEZ y ROBERTO LUCIANO VALLEJOS, en el plazo de 10 días hábiles de notificada la sentencia, la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($44.450,-); con más los intereses indicados en los considerandos. 2) Las costas se imponen en relación a las actoras Sras. Stella Maris González y Antonia Lorena Meza al demandado vencido (art. 251 del C.P.C.C.); y en relación al Sr. Roberto Vallejos en un 20% al actor y en un 80% al demandado (art. 252 CPCC). 3) Regular los honorarios profesionales por Auto. Insértese y notifíquese por cédula.

(Autos: “VALLEJOS, Roberto y Otros c/ SCRIPTISANOS, Marcelo y Otros s/ Daños y Perjuicios” Expte. N° 595/2006).

DRA. SUSANA TERESITA IGARZABAL

Juez DRA. MARIANA VARELA

Juez DRA. JULIETA GENTILE

Juez DR. JUAN CARLOS MIRANDA

Secretario