El asegurador que pretende eximirse de responsabilidad debe probar la reticencia del asegurado

Partes: Blanco Valeria Lucía y otro c/ Nación Seguros S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 21-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-104227-AR | MJJ104227 | MJJ104227
Sumario:

1.-La doctrina sostiene que tanto la reticencia como la falsa declaración son institutos que vician la voluntad negocial del asegurador, y que pueden alcanzar los mismos efectos a pesar de que conceptualmente se diferencien. Si bien en la reticencia el asegurado silencia la verdad, omitiendo informar circunstancias relevantes; la falsedad implica una declaración distinta de la realidad. No obstante, la importancia radica en que si el asegurador hubiera sido informado sin reticencia o falsedad, hubiese podido elegir libremente entre no contratar o hacerlo sobre la base de otros contenidos contractuales.

2.-Es de vital trascendencia de que el asegurado ponga en conocimiento del asegurador, en forma franca y sin reservas, todas las circunstancias que puedan influir en la apreciación del riesgo. Ello en tanto la reticencia está referida a las situaciones conocidas por el asegurado al tiempo de las tratativas precontractuales y hasta el momento del comienzo formal del contrato. Por ello, se afirma que la reticencia o la falsa declaración constituyen vicios de la voluntad contractual en los términos de los arts. 926 y 931 del CCiv.

3.-La prueba de la reticencia pesa sobre el asegurador, salvaguardando así el principio establecido por el art. 377 CCCN.

4.-El asegurador debe probar los hechos constitutivos de la reticencia o falsa declaración, y la influencia que los mismos hayan tenido en la valoración del riesgo y ulterior celebración del contrato.

5.-La comprobación de los hechos constitutivos de la reticencia puede efectuarse mediante cualquier medio de prueba, aunque distinta es la cuestión referida a la prueba de la proyección que esos hechos hayan tenido en la valoración del riesgo y ulterior celebración del contrato. Al respecto, la propia ley de seguros, en su art. 5, establece una excepción al principio de libertad en la apreciación de la prueba que no puede ser suplida por otro medio. Ello, por cuanto consagra que la trascendencia de la falsedad o de la reticencia sólo se puede establecer por dictamen pericial.

6.-Corresponde a los peritos expedirse sobre la importancia del hecho que se juzga reticente, con la caracterización de que esta prueba es insustituible.

7.-El carácter de prueba tasada le impide al juez apartarse de las conclusiones periciales, siempre que estén fundadas y no sean arbitrarias; y ante la falta de ellas, no puede prosperar la reticencia alegada por el asegurador, aun cuando sean muy convincentes otras pruebas que se hayan producido. Ello, por supuesto, por el carácter de imprescindible y esencial del juicio de peritos al que se refiere el art. 5º de la Ley 17.418.

8.-La ley deja librado a un juicio técnico especializado la determinación de la relevancia del hecho. En el mismo sentido, el art. 464 del CPCCN. al referirse a los peritos, establece que deberán tener conocimientos especializados de las cuestiones acerca de las cuales deba expedirse. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: “BLANCO VALERIA LUCÍA Y OTRO contra NACIÓN SEGUROS S.A. sobre ORDINARIO” (COM 2405/2012; Com. 3 Sec. 6) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Juan Manuel Ojea Quintana, Rafael F. Barreiro y Alejandra N. Tevez.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

El Sr. Juez de Cámara doctor Juan Manuel Ojea Quintana dice:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 723/731?

I.- El relato de los hechos

1.- Se presentaron, a fs. 52/54, las Sras. Valeria Lucía Blanco y Gabriela Romina Blanco promoviendo demanda contra Nación Seguros S.A. por el cobro de la suma de $ 45.000 o lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse en autos, con más sus intereses, costos y gastos causídicos.

Manifestaron ser beneficiarias del seguro de vida contratado por su padre, el Sr. Jorge A. Blanco, instrumentado bajo la póliza N° 1245, Certificado N° 8550, cuya vigencia rigió a partir del 11.09.2009.

De seguido, indicaron que su progenitor falleció el 30.01.2011 debido a un paro cardiorrespiratorio no traumático, según reza el certificado de defunción que arrimaron. Y que en consecuencia, mediante el formulario respectivo, denunciaron el siniestro ante la aseguradora.

Afirmaron que en tal documento consta la declaración del médico Gustavo Jankilevich, quien manifestó haber tratado al Sr. Blanco desde el 15.10.2009 al 18.01.2011 en virtud de un cáncer de páncreas.Asimismo, aclararon que el profesional denunció como fecha de diagnóstico el 30.09.2009 y que el asegurado tomó conocimiento de su enfermedad recién el 15.10.2009.

Luego, mencionaron que la demandada les requirió cierta información a fin de evaluar el siniestro y que oportunamente ellas cumplieron con el requerimiento.

Por último, señalaron que, mediante la carta documento de fecha 27.05.2011, la accionada les notificó la declinación de cobertura por reticencia del asegurado.

Fundaron en derecho y ofrecieron prueba.

2. Se imprimió a las actuaciones el trámite de juicio ordinario (v. fs. 55).

3. Corrido el traslado de la demanda, a fs. 323/330 se presentó Nación Seguros S.A. por intermedio de sus letradas apoderadas.

En primer lugar, formuló una negativa de los extremos de su contraria y una breve introducción acerca del contrato de vida colectivo. Luego, expuso su versión de los hechos.

Aclaró que, de la misma póliza suscripta por el Sr. Blanco, surge que las declaraciones efectuadas por los asegurados en los cuestionarios relativos a su salud se entienden dadas y certificadas como verdaderas y completas. Y precisó que, el 08.09.2009, el Sr. Blanco declaró que gozaba de buena salud, pese a que poseía antecedentes del cáncer de páncreas desde mayo de 2009.

Así, arguyó que el asegurado, al momento de suscribir la declaración jurada de salud, omitió denunciar patologías que más tarde desencadenaron su deceso. Y que, por tal razón, su parte procedió a rechazar por reticencia el siniestro denunciado por las accionantes.

Por último, se opuso a cierta prueba de las actoras y ofreció la suya.

II.- La sentencia de primera instancia

Mediante el decisorio de fs. 723/731, emitido el 15.06.2016, el a quo rechazó la demanda promovida por Valeria Lucía Blanco y Gabriela Romina Blanco contra Nación Seguros S.A., con costas.

Para así decidir, entendió que la demandada obró conforme a derecho al declinar la cobertura de seguro con fundamento en la causal de reticencia (art.5 de la Ley 17.418).

Ello, pues sostuvo que mediante el informe pericial médico de fs. 667/677 y las constancias clínicas obrantes en autos, quedó comprobado que mal pudo desconocer el Sr. Blanco el avanzado y delicado estado de salud que padecía -cáncer de páncreas- y su repercusión en la contratación de un seguro de vida.

Asimismo, aclaró que distinta hubiera sido la solución del caso si se hubiese acreditado que el deceso se debió a una circunstancia ajena a la patología mencionada, puesto que la reticencia debe juzgarse en función del nexo causal que existe entre el riesgo asegurado y el motivo de su efectiva producción.

En consecuencia, desestimó la pretensión de las actoras, con costas a su cargo (Cpr 68).

III.- El recurso

De esa sentencia apelaron las demandantes a fs. 734 y el recurso fue concedido libremente a fs. 735. Su incontestada expresión de agravios luce a fs. 741/745.

La protesta ensayada por las recurrentes se ciñe, principalmente, a lo que estimaron una errónea valoración de la prueba efectuada por el anterior sentenciante.

IV.- La solución propuesta

1. Preliminarmente, se impone aclarar que en autos se encuentra incontrovertido que: a) el Sr. Blanco y la demandada se vincularon mediante la póliza N° 1245, vigente a partir del 11.09.2009 (fs. 3 y fs. 179/182); b) el 30.01.2011 se produjo el fallecimiento del Sr. Blanco como consecuencia de un paro cardiorespiratorio no traumático (fs. 2 y fs. 194); c) Nación Seguros

S.A. rechazó el siniestro denunciado por reticencia del asegurado (fs. 52 vta. y fs. 234); d) en el formulario de solicitud de seguro, el Sr. Blanco declaró ser una persona sana y gozar de buena salud (fs. 179).

Sin embargo, corresponde determinar ahora si existió un obrar reticente del Sr. Blanco y si, consecuentemente, resultó ajustado a derecho que la demandada rechazara el siniestro con fundamento en el art. 5 de la Ley de Seguros.

2.De modo introductorio, cabe recordar que la doctrina sostiene que tanto la reticencia como la falsa declaración son institutos que vician la voluntad negocial del asegurador, y que pueden alcanzar los mismos efectos a pesar de que conceptualmente se diferencien. Si bien en la reticencia el asegurado silencia la verdad, omitiendo informar circunstancias relevantes; la falsedad implica una declaración distinta de la realidad. No obstante, la importancia radica en que si el asegurador hubiera sido informado sin reticencia o falsedad, hubiese podido elegir libremente entre no contratar o hacerlo sobre la base de otros contenidos contractuales. De ello se desprende la vital trascendencia de que el asegurado ponga en conocimiento del asegurador, en forma franca y sin reservas, todas las circunstancias que puedan influir en la apreciación del riesgo. Es que, la reticencia está referida a las situaciones conocidas por el asegurado al tiempo de las tratativas precontractuales y hasta el momento del comienzo formal del contrato. Por ello, se afirma que la reticencia o la falsa declaración constituyen vicios de la voluntad contractual en los términos de los artículos 926 y 931 del Cód. Civ. (v. “Derecho de Seguros”, Rubén S. Stiglitz, T. I. págs. 607 y sigs., Ed. La Ley, 2004).

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en cuanto a que la prueba de la reticencia pesa sobre el asegurador (conf. C.N.Com., Sala C, in re “Soto Roque, c/ San Lorenzo Cía. de Seguros”, 26/12/84), salvaguardando así el principio establecido por el art. 377 Cpr.

Corresponde preguntarse, entonces, qué debe demostrar el asegurador. Al respecto, Stiglitz sostiene que debe probar los hechos constitutivos de la reticencia o falsa declaración, y la influencia que los mismos hayan tenido en la valoración del riesgo y ulterior celebración del contrato (v. “Derecho de Seguros”, Rubén S. Stiglitz, T. I. págs. 651, Ed. La Ley, 2004).

La comprobación de los hechos constitutivos de la reticencia puede efectuarse mediante cualquier medio de prueba (conf. Sala D, 12/04/00, in re: “Torga, V. Adela c/ Generali Arg. Cia. de Seg.S/ cobro de pesos” ).

Distinta es la cuestión referida a la prueba de la proyección que esos hechos hayan tenido en la valoración del riesgo y ulterior celebración del contrato. Al respecto, la propia ley de seguros, en su art. 5, establece una excepción al principio de libertad en la apreciación de la prueba que no puede ser suplida por otro medio. Ello, por cuanto consagra que la trascendencia de la falsedad o de la reticencia sólo se puede establecer por dictamen pericial (v. “Seguros”, I. Halperin, segunda edición actualizada por J.C.F. Morandi, T. I, pág. 307, Ed. Depalma, 1986). La jurisprudencia coincide en este punto, por cuanto sostiene que corresponde a los peritos expedirse sobre la importancia del hecho que se juzga reticente, con la caracterización de que esta prueba es insustituible (conf. Sala E, in re: “Corbalán Mario y otro c/ La Franco Penn Life de Seguros de Vida S.A.s/ ordinario” , 12.02.1999; Sala D, in re: “Mansilla, Nora Irma c/ Eagle Star International Life Ltd. s/ Ordinario” , 28/02/01; Sala B, in re: “Goitia Clara Agueda c/ HSBC New York Life Seguros de vida S.A. s/ordinario”, 19.06.2008; esta Sala, in re: “Sosa María Esther c/ Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. s/ ordinario” , del 11/08/2011; ídem, in re: “Assen Maximiliano Exequiel c/ seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda s/ ordinario” , del 13.12.2016).

El carácter de prueba tasada le impide al juez apartarse de las conclusiones periciales, siempre que estén fundadas y no sean arbitrarias; y ante la falta de ellas, no puede prosperar la reticencia alegada por el asegurador, aun cuando sean muy convincentes otras pruebas que se hayan producido (v. “Derecho de Seguros”, Rubén S. Stiglitz, T. I. págs. 651/655, Ed.La Ley, 2004). Ello, por supuesto, por el carácter de imprescindible y esencial del juicio de peritos al que se refiere el citado artículo.

Pero la cuestión no se agota aquí, ya que resulta de suma importancia que los expertos referidos supra sean técnicos en la materia de que se trate.

Sobre el asunto, la jurisprudencia sostiene que la ley deja librado a un juicio técnico especializado la determinación de la relevancia del hecho (conf. Sala D, en el caso citado supra). En el mismo sentido, el art. 464 del Cód. Proc. al referirse a los peritos, establece que deberán tener conocimientos especializados de las cuestiones acerca de las cuales deba expedirse.

3. Expuesto el marco legal que aprehende la temática bajo examen, diré que no se encuentra acreditado en autos que, al momento de contratar el seguro de vida, el asegurado conociera la existencia del cáncer de páncreas que causaría su fallecimiento.

En efecto, véase que el Sr. Blanco declaró ser una persona sana y gozar de buena salud al 01.09.2009 (solicitud de seguro, fs. 179/182) y que el Dr. Gustavo Jankilevich -Jefe de la Sección de Oncología del Hospital Carlos G. Duran- informó que la enfermedad fue diagnosticada el 30.09.2009 y comunicada al asegurado recién el 15.10.2009 (denuncia de siniestro, fs. 187, y pericia médica, fs. 670).

No soslayo que, conforme las constancias médicas arrimadas al proceso, el Cuerpo Médico Forense de la CSJN enumeró ciertas patologías que el difunto padecía a la fecha de solicitud del seguro (informe de fs. 671/672). Y tampoco desconozco que, del informe producido, se desprende que “resulta poco probable que el causante desconociera su condición clínica secundaria a posible patología inflamatoria/tumoral, por la cual se encontraba bajo estudio” antes del 01.09.2011 (respuesta a la observación del actor, fs. 689/690).

Sin embargo, lo cierto es que en el caso no existe evidencia suficiente que demuestre con el grado de certeza necesario el obrar reticente del Sr.Blanco, por cuanto -como se dijo- su enfermedad letal fue diagnosticada y comunicada con posterioridad a la suscripción del contrato de seguro.

Abona esta postura, asimismo, la circunstancia de que el mismo Cuerpo Médico haya afirmado también que “El problema principal en el cáncer de páncreas es que suele presentar una sintomatología muy inespecífica, siendo esta la causa de su diagnóstico tardío y mal pronóstico.”

(fs. 673). Al respecto, considero que la mera existencia de sintomatologías no hace presumir la existencia de la enfermedad (mi voto, Sala C, in re: Couchaud Alberto Hugo y otro c/ Qualitas Médica S.A. s/ ordinario, del 08/06/2007).

Por otro lado, aclaro que si por vía de hipótesis pudiera llegar a tenerse por probada la elusión del Sr. Blanco, en el caso tampoco cabría hacer lugar a la defensa ensayada por la demandada.

Es que, si bien a lo largo del proceso la accionada procuró evidenciar la supuesta reticencia del fallecido, lo cierto es que en ningún momento demostró, mediante juicio de peritos, que tal falsedad en la declaración hubiera impedido la celebración del contrato o modificado sus condiciones (tal como lo exige el art. 5 de la Ley de Seguros).

De esa forma, en concordancia con el cuadro teórico desarrollado en el acápite anterior, concluyo que la demandada incumplió con la carga probatoria que pesaba sobre ella, por cuanto tampoco evidenció la trascendencia que la reticencia o falsedad de la declaración tuvo en la valoración del riesgo y la ulterior celebración del contrato.

Por todo lo expuesto, en tanto en la causa no se acreditaron los presupuestos necesarios a fin de tener por configurada la causal de rechazo de cobertura invocada por la accionada, corresponde hacer lugar al recurso de las actoras.

En consecuencia, se condena a Nación Seguros S.A.al pago de $ 45.000 a favor de las accionantes -dentro de los 10 días de quedar firme la presente-, con más los intereses desde el 27.05.2011 (fecha en que la aseguradora notificó el rechazo del siniestro) a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días.

V.- La conclusión

Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo: hacer lugar al recurso y revocar la sentencia de grado en cuanto fue materia de apelación. Con costas a la demandada vencida (Cpr. 68).

Por análogas razones los doctores Rafael F. Barreiro y Alejandra N. Tevez adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 21 de febrero de 2017.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: hacer lugar al recurso y revocar la sentencia de grado en cuanto fue materia de apelación. Con costas a la demandada vencida (Cpr. 68).

II. Notifíquese (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13 y n° 42/15).

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria