Imposición de sanción al síndico que desatendió las tareas que le competen al no impulsar el trámite de la quiebra

Partes: Vázquez Marcela Nora s/ incidente art. 250

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 20-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-104370-AR | MJJ104370 | MJJ104370
Sumario:

1.-Procede sancionar al síndico con multa al estar acreditado que desatendió las tareas que le fueron impuestas, lo cual denota una falta de conveniente impulso del trámite de la quiebra y sin que hubiera mediado explicación conducente en torno a las causas que provocaron dicha conducta, toda vez que de acuerdo al art. 275 de la Ley 24.522 le compete efectuar las peticiones necesarias para la rápida tramitación de las causas, la averiguación de la situación patrimonial del deudor, los hechos que pueden haber incidido en ella y la determinación de sus responsables.

2.-El síndico debe ser sancionado con multa si ha evidenciado un obrar con demora en lo relativo a las tareas que le fueran impuestas, a lo cual se agrega que gran parte de las actuaciones sindicales cumplidas estuvieron motivadas siempre en diversos requerimientos del Tribunal, lo cual trasluce además, de cierta injustificada lentitud, un inadecuado obrar contrario al genérico deber de diligencia consagrado en el art. 275 de la Ley 24.522, máxime si se tiene en cuenta que es el responsable de la administración y disposición del activo (art. 109 ).

Fallo:

Buenos Aires, 20 de abril de 2017.

Y Vistos:

1. Viene apelado subsidiariamente por el síndico, el decreto copiado en fs. 1 -mantenido en fs. 4/5- mediante la cual se le impuso una multa por $ 2.000 en orden a los diversos incumplimientos advertidos en la tramitación de la presente quiebra (art. 255 LCQ).

El memorial de agravios corre agregado en fs. 2/3.

La Sra. Fiscal ante esta Cámara dictamino? en fs. 14/5.

2.a. Como pauta orientadora, debemos partir de la premisa que el deber de responsabilidad del síndico es correlativo a la función que se le asigna, la cual debe ser cumplida con eficiencia y conforme los fines para los que ha sido creada. Su incumplimiento, entonces, apareja la aplicación de sanciones que deberán ajustarse a diversos factores, tales como los antecedentes del caso, la actuación del responsable, su conducta, la gravedad del hecho imputado y la razonabilidad en la aplicación de la sanción. Sobre esta última nota, debe encontrarse subsumida la regla de gradualidad y proporcionalidad (conf. CNCom., Sala B, 6/3/95, “Zadicoff s/quiebra” LL 1995-D, 566; i?d., 23/3/94, “Canale, Rodolfo s/quiebra” -dict. Fiscal 60884-; Sala C, 30/11/95, “Tex-tail SRL s/inc.” -dict. Fiscal 74055-; i?d., 20/02/92, “Crawford Keen y Cia. s/quiebra”).

b. Ahora bien, en tanto el art. 255 LCQ señala como causales para la aplicación de sanciones, la negligencia, la falta grave y el mal desempeño, conviene formular una somera aproximación semántica, antes de proseguir con el análisis puntual de la conducta del funcionario.

La negligencia, se configura por medio de un dejar de hacer aquello a que se esta? obligado por disposición del juez o de la ley, en el modo, tiempo y lugar en el que se debe hacer. Se trata de una conducta caracterizada por el abandono y la dejadez, la mora y la desatención en el cumplimiento de los deberes pertinentes (conf. Segal, R., Sindicatura concursal, Edit. De Palma, 1978, pa?g.253).

El mal desempeño, consiste en un hacer inadecuado, vinculándose así? con el cumplimiento defectuoso. No se trata de un “no hacer” o “hacer fuera de tiempo” la tarea, sino de llevarla a cabo de manera formal, pero desenfocada respecto de lo que la ley exige, ya sea de modo expreso, ya a través de la finalidad implícita (conf. Rubín, M. “Régimen disciplinario de los síndicos concursales “, en Rev. ED. 18.4.2000).

Finalmente, la falta grave se comete transgrediendo una prohibición, que puede ser explícita o implícita en la ley.

c. Se impone entonces, un análisis contextual y global de la conducta asumida por el Contador Juan Carlos Chaker, de modo de permitir el discernimiento de su desempeño en una visión superadora de la mera evaluación fragmentaria de hechos aislados.

Puestos frente a ese cometido, solo cabe remitir al detallado análisis efectuado en el dictamen que antecede -ap. 3- a fin de no incurrir en reiteraciones ociosas; siendo del caso remarcar que con anterioridad a la sanción ahora en crisis, el a quo llamo? la atención al funcionario en fs. 267 frente a las omisiones y demoras detalladas (vgr. 228, 231), exhortándolo a prestar mayor diligencia en sus funciones como auxiliar del Tribunal bajo apercibimiento de ser pasible de mayores sanciones.

Con posterioridad a este severo llamado de atención (que data del 16.9.2016) y frente a la inacción del mismo, luego de la petición de la fallida de fs. 286 se aplico? la multa que ahora se cuestiona.

Lo expuesto, demuestra con claridad cierta demora por parte del funcionario sindical en lo relativo a las tareas que le fueran impuestas.

Por otra parte, debe apreciarse asimismo que gran parte de las actuaciones sindicales efectuadas en autos han sido motivadas siempre en diversos requerimientos del Tribunal, lo cual trasluce además de cierta injustificada lentitud un inadecuado obrar, contrario al genérico deber de diligencia consagrado en el art. 275 LCQ.Máxime, si se tiene en cuenta que el síndico es responsable de la administración y disposición del activo (LCQ:109).

Justamente, de conformidad con dicha premisa legal, compete al síndico el efectuar las peticiones necesarias para la rápida tramitación de las causas, la averiguación de la situación patrimonial del deudor, los hechos que pueden haber incidido en ella y la determinación de sus responsables. A tal efecto, se lo inviste de concretas atribuciones en el curso ordinario de la actividad procesal, dentro del cual la celeridad en la tramitación del proceso principal y sus incidentes, es un objetivo legal que pretendió? erradicar cualquier posibilidad de incuria y lentitud en su avance, mediante la implantación de normas que, como la citada, que se integran y armonizan con otras (arts. 255, 274) en una postura teleológica coincidente (cfr. esta Sala, 4/5/10, “Egamedi SA -ex Biz Makers SA- s/quiebra s/incid. de apelación art. 250 CPCC”).

Ha sido dicho en concordancia, que el síndico al atender sus propias funciones, preserva los intereses privados, al mismo tiempo, de los acreedores y del fallido. También la economía general y los principios públicos comprometidos en el proceso falencial están en cierta manera bajo la responsabilidad de dicho funcionario, por lo que es correcto regular las sanciones teniendo en cuenta la trascendencia funcional de la sindicatura, y el hecho de que la exigencia legal de idoneidad profesional (título y antigüedad: art. 253 LCQ) es un elemento de agravación de la responsabilidad por el mayor conocimiento de los hechos y las consecuencias que aquella presupone (Segal, ob. cit., pág. 247).

3. En conclusión:a partir de la desatención en las tareas que le fueron impuestas, que denotan una falta de conveniente impulso del trámite de la presente quiebra, sin que hubiera mediado explicación conducente en torno a las causas que provocaron dicha conducta, habrá? de sostenerse el reproche, estimándose que la multa de $ 2.000 fijada por el a quo guarda relación con la naturaleza e importancia del incumplimiento, exhortando al funcionario sindical para que en lo sucesivo lleve adelante sus funciones con la celeridad que las circunstancias imponen.

4. Corolario de lo expuesto y oída la Sra. Fiscal General, se resuelve: confirmar la decisión apelada.

Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015); y a la Sra. Fiscal ante esta Cámara.

Con su cumplimiento, póngase en conocimiento de la Superintendencia de este Tribunal mediante oficio. Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 de esta Cámara (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Alejandra N. Tevez

Rafael F. Barreiro

María Julia Morón

Prosecretaria de Cámara