Responsabilidad del banco que pagó un cheque con firma visiblemente falsificada

Partes: Elmadjian Verónica Noemí c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 3-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-104100-AR | MJJ104100 | MJJ104100

Sumario:

 

1.-Como lo mandan los arts. 330: 4° y 356: 2° del CPCCN., un elemental deber de colaboración que recae sobre las partes de todo proceso obliga a éstas a mencionar al Tribunal, a través de formas positivas, cuáles han sido las reales circunstancias a fin de que la litis pueda trabarse sobre pautas de verdad que posibiliten el dictado de una sentencia justa.

2.-La Ley 24.452: 35 impone al banco la responsabilidad derivada del pago de un cheque con firma visiblemente falsificada, siendo obvio que esa norma no alude a la mera falsificación grosera de la firma -en tal caso la responsabilidad de la entidad sería evidente (Ley 24.452: 34; art. 902 del CCiv. entonces vigente; ahora art. 1725 del CCivCom.)-, sino a aquélla que con una rápida observación a realizarse en el breve plazo que supone el normal pago de un cheque, permita sospechar de cualquier anomalía presente en el título.

3.-Puesto que no cabe desdeñar la especial experiencia del empleado del banco que, habituado al manejo y contralor de documentos posee mayor capacidad para advertir las anomalías o diferencias que pueden hacer sospechosa la autenticidad de una firma, de modo que no alcanza un simple vistazo rápido, parcial o descuidado: la expresión a simple vista no excluye de ningún modo que se deba poner en el examen de los cheques la debida cautela, puesto que la función que las entidades bancarias están llamadas a cumplir es de máxima estrictez en la medida en que resultan intermediarias del tráfico de divisas.

4.-La omisión de adecuado control de los documentos que le fueron exhibidos al empleado bancario constituyó un incumplimiento que puede enmarcarse en la conducta culposa descripta por los arts. 512 , 902, 909 y 1109 del CCiv. vigente a la fecha en que tales cosas sucedieron, constitutivo de la violación de la obligación de seguridad que pesa sobre los bancos como deber general y específico.

5.-Como premisa al analizar la responsabilidad de un banco, cabe tener presente que se trata de un comerciante el cual, se supone, cuenta con un alto grado de especialidad; es además, un colector de fondos públicos, todo lo cual lo obliga a actuar con suma prudencia y acabado conocimiento de su actividad profesional. Es por esto que la conducta del banco no puede ser meritada con los mismos parámetros aplicables a un neófito, pues su actividad profesional le obliga a ajustarse a un standard de responsabilidad agravada, en particular cuando el proveedor de bienes o servicios no puede alegar desconocimiento de errores o defectos, ni escudarse en su falta de intención maliciosa.

6.-La actividad bancaria, como tal, es generadora de un verdadero riesgo profesional, y es por esto que la obligación de control y verificación que recae sobre las instituciones bancarias -o lo que es lo mismo sobre sus empleados- es tan solo una manifestación del cuidado y prudencia con que deben cumplir su función, para que con su accionar no se produzcan daños que puedan evitarse. Esto es así, porque si la entidad presta sus servicios y cobra por ellos, debe proporcionar la debida diligencia para que se obtengan los resultados esperables. Consecuentemente, debe asumir los riesgos provenientes de esa actividad, y por ende, los daños generados por su propia negligencia en caso de haberlos producido.

7.-El art. 5° de la misma Ley 24.452 impone en cabeza del cuentacorrentista la obligación de avisar inmediatamente por escrito, al girado, en los casos de extravío o sustracción de fórmulas de cheques sin utilizar (…) o de la fórmula especial para solicitar aquéllas y esa orden escrita de no pagar no tiene como única finalidad otorgar una justificación al banco para resistir hábilmente un reclamo de pago, sino que constituye una esperable y necesaria obligación de colaboración del titular de la cuenta corriente en la tarea de prevenir el pago indebido.

8.-El daño emergente finca en el costo de la reparación necesaria del daño causado y los gastos en los que la víctima o un tercero han incurrido como consecuencia del evento dañoso.

9.-Resulta conocido que la prueba del daño incumbe al damnificado que pretende hacer valer la responsabilidad del deudor y por tanto, él debe aportar la demostración del hecho constitutivo del derecho a cuyo reconocimiento pretende.

10.-La pericia psicológica traduce a los jueces -legos en esa materia- en lenguaje inteligible, las vinculaciones de causa-efecto que puedan suceder entre acontecimientos probados.

11.-Su apreciación corresponde a los magistrados y aún cuando la experticia no tenga carácter vinculante para el juez, el apartamiento de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, en fundamentos objetivamente demostrativos de que se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, de modo que resulta preciso invocar razones fundadas las que, a su vez han de reposar sobre elementos de juicio al menos de igual

12.-El art. 165 del CPCCN. coloca a los jueces en posición dificultosa, pues la determinación de un monto con el que resarcir los daños estético, moral y psíquico será necesariamente discrecional y hasta podrá ser arbitraria (véase que no es insólito que el legislador remita al arbitrio del juez, como lo hacía el art. 794, 2° párr. , del CCiv. hoy derogado).

13.-Al legislador le resulta inaceptable que una persona probadamente dañada quede sin indemnización por carencias probatorias respecto de su monto y, por tanto manda fijarlo judicialmente aunque, en tal hipótesis, el juez debe actuar con prudencia suma, de modo de no convertir la indemnización en un lucro. Es entonces muy posible y altamente probable que de ese actuar discrecional no resulte un monto que coincida exactamente con el del daño sufrido por la víctima del incumplimiento, pero de todos modos dicha norma lo que pretende es otorgar alguna indemnización al sujeto dañado, y no la exacta e integral indemnización que se correspondería a un daño de monto suficientemente acreditado. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, se reúnen los Señores Jueces de Sala D de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “ELMADJIAN, VERÓNICA NOEMÍ c/ BBVA BANCO FRANCÉS S.A. s/ ORDINARIO”, registro n° 5949/2011, procedente del Juzgado n° 2 del fuero (Secretaría n° 3), donde está identificado como expediente n° 098142, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Garibotto, Vassallo, Heredia.

Estudiados los autos, la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 941/951?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Garibotto dijo:

I. La litis y la sentencia de primera instancia.

Por cuanto los hechos y el derecho en que las partes de la litis sustentaron sus posturas aparecen suficientemente relacionados en la sentencia, sólo aquí efectuaré una brevísima reseña de lo que constituyó la materia de este juicio.

i. Verónica Noemí Elmadjian, que adujo haber sido titular de una cuenta corriente y de una caja de ahorro abiertas en el BBVA Banco Francés S.A., atribuyó a éste un obrar irregular y culpable relacionado con (i) las solicitudes de chequeras y los poderes que autorizaron su retiro; (ii) el libramiento de cheques con firmas apócrifas y su ulterior pago o rechazo; y

(iii) la ausencia de información en los resúmenes de cuenta, y por ello le demandó por resarcimiento de daños y perjuicios -daño emergente, lucro cesante, daño moral y demérito psicológico- que cuantificó en $ 800.000.

ii. Lógicamente, con variedad de argumentos el BBVA Banco Francés S.A. resistió la pretensión:dijo que un tal Luis Alberto Corrado había sido apoderado por la actora para solicitar y recibir cuadernos de cheques de pago diferido y para retirar cheques rechazados, y señaló que nada de ello habíase explicado en la pieza de inicio; señaló que la demandante no formuló denuncia policial derivada de la invocada por ella adulteración y/o sustracción de las chequeras y de la falsedad de la firma puesta en los cartulares; sostuvo que los extractos de la cuenta fueron regularmente confeccionados, e impugnó la procedencia de los rubros resarcitorios.

iii. El primer sentenciante rechazó la demanda, con costas por su orden con excepción de las correspondientes a la tasa de justicia y a los honorarios de los peritos, cuyo pago impuso a la demandada.

(i) Luego de examinada la prueba incorporada al expediente, el sr. juez señaló dudar de la seriedad y sinceridad del relato formulado en la pieza inaugural de litigio por cuanto desde que la actora advirtió las irregularidades, en mayo de 2008, hasta que la cuenta fue cerrada por ella, nunca formuló reclamo o intimación alguna al banco, no impugnó los resúmenes de la cuenta, nada denunció, ni ante el BBVA Banco Francés S.A. ni en sede penal por la indebida entrega de los cuadernos de cheques ” a persona ajena”, demoró cuatro meses para solicitar el cierre de la cuenta, tampoco en esa oportunidad formuló reclamo, sino que la cuenta la cerró por no querer utilizarla, y demoró más de un año y medio para deducir la demanda.

A todo ello, el magistrado añadió que según declararon en vía testimonial dos dependientes del banco, Luis Alberto Corrado, que presentó a la actora cuando ésta solicitó la apertura de la cuenta, fue quien retiró los cuadernos de cheques y manejó la cuenta durante los veinte meses en que se mantuvo operativa, y reiteró que nada acerca de ese sujeto fue mencionado en la demanda.Y agregó que por medio de la pericial psicológica pudo saberse que el mentado Corrado es el padre de las hijas de la demandante, de quien se separó; que en forma conjunta con ésta figura en una póliza incorporada a la litis y en una autorización conferida por la demandante, en julio de ese mismo año 2008, para el retiro de cheques rechazados.

Con tal sustento, el sr. juez concluyó que no fue una “persona ajena”, cual fue aseverado en la demanda quien, cuanto menos en tres oportunidades retiró cuadernos de cheques, gestionó la cuenta hasta su cierre y retiró valores cuyo pago después se denegó, sino que fue Luis Alberto Corrado quien tales cosas hizo por haber sido autorizado por la cuentacorrentista para tales menesteres.

De otro lado, el magistrado no halló irregularidad alguna en los resúmenes correspondientes a la cuenta de la actora, señaló que ésta nunca los impugnó, y puso de resalto cierto error en que incurrió la demandante al aludir a ciertas irregularidades contenidas en extractos correspondientes a un tercero de nombre Jorge Alejandro Vely.

(ii) Sí tuvo el sr.juez a quo por probado, según el resultado de la pericia caligráfica, que la firma puesta en los instrumentos que mencionó y en los cheques que individualizó no pertenece a la iniciante, no obstante lo cual consideró que decidir el caso con base en ese informe pericial importaría soslayar cuanto se desprende de todo lo anterior y convalidar “el nutrido elenco de flaquezas y de severas contradicciones que exhibió la versión de los hechos que brindó la reclamante”.

Sustentó esto en el examen de los movimientos de la cuenta, en que la firma de los cheques pudo haber sido realizada indistintamente por la actora y por su ex pareja; en que cualquier rechazo de un cartular era informado a Corrado; en la causa que llevó a la demandante a cerrar la cuenta y en el elongado lapso que medió entre ese hecho y la formulación de los reclamos.

(iii) Por otra parte, el primer sentenciante no halló procedencia a la pretensión resarcitoria de los daños y perjuicios que la actora adujo haber padecido.

Señaló que en rigor, lo demandado fue la indemnización del lucro cesante y no de un daño emergente y de seguido, examinada la pericia contable, consideró que aquel demérito patrimonial no fue probado; restó validez a las declaraciones testimoniales que analizó; mencionó que la iniciante no presentó facturación ni libros de comercio; y restó aptitud probatoria del extremo a las constancias de autos para atribuir al banco la responsabilidad derivada del remate de una finca en la que la actora dijo desarrollar su giro, por ausencia de prueba demostrativa de la imposibilidad en que, según lo adujo ella, se halló de contratar cuentas o de gestionar un crédito por figurar en el Veraz.

Acerca de esto último, el sr.juez advirtió que del informe brindado por esa organización se desprende que desde el año 2008 ninguna entidad bancaria efectuó consultas, y que la única que aparece informada, en el curso del año 2009, fue realizada por la demandante quien, de otro lado, no figura registrada como deudora en el Banco Central de esta República.

Por todo esto el magistrado no halló nexo causal entre la pérdida de la actividad comercial de la actora y el obrar del banco demandado.

Como tampoco lo encontró respecto de lo relacionado con un contrato de seguro anudado por la demandante con Berkley Internacional Seguros que dio cobertura sobre un vehículo de propiedad de la primera, cuya rescisión ésta atribuyó a los inconvenientes de pago electrónico debido a la existencia de descubiertos en la cuenta corriente: basado en lo informado por esa aseguradora, el sr. juez consideró probado que el contrato, que culminó el 30.4.10, no fue renovado por propia decisión de la actora.

(iv) Por fin, en lo que concierne a las costas, el sentenciante las impuso según arriba quedó dicho, sustentado en que de haber cumplido el banco su labor con la responsabilidad, seriedad y profesionalidad esperables y exigibles, el susodicho Corrado no hubiera retirado las chequeras motivantes de la controversia.

Señaló haber sido probado que las firmas estampadas en tres de los poderes que ese sujeto utilizó para tales fines no es de puño y letra de la actora y fueron visiblemente falsificadas, robusteció esa conclusión en lo declarado por un dependiente de la misma entidad bancaria y, con esa base, juzgó que ésta incumplió lo dispuesto en la última parte del art. 4 de la ley 24.452.

En tales términos la sentencia fue pronunciada.

II. Los recursos.

Ambas partes resistieron el veredicto y por ello lo recurrieron: la actora, en fs. 956; la defensa, en fs. 954.

La primera expresó agravios en fs. 971/991, pieza esta que fue respondida por la segunda en fs. 1000/1005.

El BBVA Banco Francés S.A. hizo lo propio en fs.968/970, y esa articulación mereció la respuesta de la actora de fs. 993/997.

Agravios de la actora.

Comenzó esa parte por tachar de arbitrario al fallo, en tanto admitida como quedó la responsabilidad atribuida al BBVA Banco Francés

S.A. finalmente resultó absuelto.

De seguido, la actora expresó seis quejas (erróneamente numeradas; v. fs. 982 y 982 vta. al pie) que, en apretadísima síntesis, discurrieron por lo siguiente:

i. Aseveró ser autocontradictorio, y por ello se agravió, que probada como resultó en vía pericial caligráfica la actuación ilícita del banco, éste hubiere sido absuelto.

ii. Se quejó del encuadre normativo y fáctico sobre cuya base el caso fue juzgado.

iii. Criticó la sentencia que consideró mendaz e insincero cuanto fue expuesto en la pieza inaugural del expediente.

iv. Insistió en la apuntada autocontradicción del veredicto.

v. Se quejó del rechazo de la acción indemnizatoria del daño emergente y del lucro cesante.

vi. Otro tanto hizo respecto de los deméritos psicológico y moral.

Tengo presente cuanto la quejosa sostuvo en su extenso memorial de agravios.

Agravios de la defensa.

El BBVA Banco Francés S.A. se quejó por haber sido condenado a sufragar parte de las costas derivadas de la litis.

III. La solución.

1. De los agravios que expresó Verónica Noemí Elmadjian.

i. Principiaré por señalar que coincido con el magistrado de grado en cuanto a que en el escrito inaugural del expediente fue absolutamente silenciada la existencia del vínculo que unió a la promotora de la demanda con Luis Alberto Corrado, que no sólo fue quien la presentó en la sucursal Asamblea del banco demandado donde sendas cuentas fueron abiertas a nombre de la actora sino que, también, ese mismo sujeto fue autorizado por ella para la realización de ciertas gestiones atinentes a la cuenta corriente, entre éstas, el reintegro de cheques rechazados (v. a modo de ejemplo fs. 138, reservada, su copia es la de fs. 197).

(i) No solo esto fue silenciado:además, en el mismo escrito de inicio afirmó la demandante haber conocido “la existencia de diversos movimientos bancarios, los cuales esta parte nunca había realizado ni autorizado su celebración, como ser SOLICITUDES DE CHEQUERAS Y RETIRO DE LAS MISMAS por personas ajenas a esta parte” (sic. fs. 43 vta., última línea, lo resaltado y subrayado es del original).

La actora desconoció la autenticidad de los documentos incorporados en fs. 141/144 y 138 que el BBVA Banco Francés S.A. aportó al expediente cuando contestó la demanda, cual así aquélla lo señaló en el cap. II de fs. 314; y si bien resultó probado que la firma puesta en los instrumentos de fs. 143, 145 y 146 no son de pertenencia de la actora (se trata de los recibos de cuadernos de cheques antes solicitados por el mencionado Corrado por medio de las fórmulas de fs. 141, 142 y 144 según así surge del dictamen pericial caligráfico de fs. 557/569 y su ampliatorio de fs. 602/604), sí se probó por igual vía que la autorización que la sra. Elmadjian otorgó al susodicho Corrado para retirar del banco cheques rechazados (es el documento de fs. 138) sí lleva su firma.

Útil es a esta altura mencionar que ese sujeto es el padre de las hijas de la demandante, según así lo dijo la iniciante en el quicio de la facción del peritaje psicológico (cfr. fs. 450/456) y lo anotició en estos autos (en fs. 480/481), bien que nueve meses después de deducida la demanda (cfr. los cargos fechadores puestos en las fojas 61 vta. y 481).

Y también menester es señalar que de ambas piezas se desprenden ciertas y notables contradicciones, en tanto cuando fue entrevistada por la perito en psicología (a principios de noviembre del año 2011, v. fs. 371), la demandante dijo haberse separado de Corrado dos años antes (esto es, en noviembre de 2009) y conservar una buena relación con él quien, además, mantiene a sus hijas (fs.451 y 452); mientras que en el escrito de fs. 480/481 ingresado al expediente un mes después de realizada aquella entrevista, la misma actora adujo que la convivencia con su pareja se tornó imposible, que Corrado es persona violenta, y que se separó de él en junio de 2008.

Huelgan los comentarios.

(ii) A todo lo dicho se suma -bien lo señaló el sr. juez de la instancia anterior- que la cuentacorrentista, que en el escrito de inicio dijo haber advertido las mencionadas “irregularidades” y el manejo de la cuenta “por personas ajenas” en el curso del mes de mayo de 2008 (v. otra vez fs. 43 vta., al pie), ningún reclamo realizó ante el banco ni resumen de cuenta alguno impugnó; ninguna denuncia formuló en sede penal; requirió el cierre de la cuenta cuatro meses después, a fines de septiembre de ese mismo año 2008, por haber dejado de utilizarla (fs. 190) y no por causa de los asuntos aquí ventilados; y dedujo esta demanda recién un año y medio luego de cerrada la cuenta.

Y se añade, también, que según lo declararon los testigos María Ángeles Coppola (gerente de la sucursal bancaria donde operó la cuenta) y Horacio Polvere (dependiente del BBVA Banco Francés S.A. en la misma sucursal), Luis Alberto Corrado fue quien manejó la cuenta durante todo el lapso en que permaneció abierta (v. fs. 472/476, respuestas a las 4° y 6° preg. del interrogatorio de fs. 471; y fs. 486/487, respuestas a las 4° y 6° preg. del interrogatorio de fs. 485).

(iii) Cual es sabido y lo mandan los arts. 330: 4° y 356: 2° del Cód. Procesal, un elemental deber de colaboración que recae sobre las partes de todo proceso obliga a éstas a mencionar al Tribunal, a través de formas positivas, cuáles han sido las reales circunstancias a fin de que la litis pueda trabarse sobre pautas de verdad que posibiliten el dictado de una sentencia justa (CSJN, Fallos 178:223, 186:64; esta Sala, “Automotores San Telmo S.A.c/ Cía. de Seguros Unión de Comerciantes S.A.”, 16.6.87; íd., “Nuevo Merlín S.A. c/ Cassalone Hnos. S.R.L.”, 19.6.92; íd., “IBM Argentina S.A. c/ Astilleros Corrientes S.A.”, 9.3.98; íd. “Cambiaggio, Oscar Horacio c/ Pérez, Benjamín”, 1.11.16; también CNCom. Sala A, “Casa Petchere c/ Bonfilio y Cía. S.A.”, 17.11.71; íd. “El Bohío S.R.L. c/ Efren S.A.”, 20.10.82; Sala B, “López, Héctor c/ Alberto J. Armando S.A.”, 5.7.74; íd., “Kaplan, Mario c/ Besprovan, Daniel”, 17.9.85; Sala C, “Alquivial S.R.L. c/ Balpego S.A.”, 6.5.11; íd., “Marcalá S.A. c/ Rodó Hogar S.A.”, 5.3.13; íd., “Haz Sport Agency S.A. c/ Asociación Atlética Argentinos Juniors” , 11.3.14; íd., “Milstein, Aída Raquel c/ United Stars Entertainment S.A.”, 24.4.14).

Sin embargo, esa necesaria explicación -insisto en esto- que debió brindar la actora acerca de la actuación que, con absoluta certeza, desplegó el tantas veces mencionado Luis Alberto Corrado luce ausente.

(iv) Aún hay más.

Pues más allá de que la misma actora negó ser auténtica la solicitud de apertura de la cuenta (así lo hizo en el cap. II de fs. 313 y sig.), resulta que por medio de la pericia caligráfica se demostró que la firma puesta en las fórmulas originales reservadas como fs. 113, 114 y 134 sí le pertenecen (v. nuevamente fs. 560/568).

Agrégase a esto que la acusada ausencia de información que en la demanda la actora atribuyó al BBVA Banco Francés S.A. no fue tal: por medio de la pericial contable se probó que en los resúmenes de cuenta que el banco cursó a la actora, que ésta recibió y nunca impugnó, se consignaron la totalidad de los movimientos de los cheques que fueron emitidos y la suerte que, una vez presentados al cobro, éstos corrieron (v. fs.712/715 y sus anexos de fs. 632/711).

(v) Fue todo lo anterior lo que provocó en el sr. juez de grado las serias dudas acerca de la sinceridad de lo afirmado en la pieza de inicio de la litis y de la veracidad de lo acaecido y por ello juzgó del modo en que lo hizo, y es esto mismo lo que en mi ánimo produce igual vacilación.

ii. Claro está, según así se desprende del peritaje caligráfico que se incorporó en fs. 540/569 y de su ampliación de fs. 602/604, que las firmas puestas en los instrumentos de fs. 143, 145 y 146 por medio de los cuales supuestamente la iniciante autorizó a Luis Alberto Corrado para que retirara del banco tres cuadernos de cheques y, también, que las grafías que, atribuidas a la actora fueron puestas en los cartulares cuyas copias obran en fs. 244/283, no guardan similitud “a simple vista” con la grafía que Verónica Noemí Elmadjian registró en la misma entidad.

(i) La ley 24.452: 35 impone al banco la responsabilidad derivada del pago de un cheque con firma visiblemente falsificada.

Obvio es que esa norma no alude a la mera falsificación grosera de la firma -en tal caso la responsabilidad de la entidad sería evidente (ley 24.452: 34; art. 902 del Cód. Civil entonces vigente; ahora art. 1725 del Cód. Civil y Comercial)-, sino a aquélla que con una rápida observación a realizarse en el breve plazo que supone el normal pago de un cheque, permita sospechar de cualquier anomalía presente en el título.

Puesto que no cabe desdeñar la especial experiencia del empleado del banco que, habituado al manejo y contralor de documentos posee mayor capacidad para advertir las anomalías o diferencias que pueden hacer sospechosa la autenticidad de una firma, de modo que no alcanza un simple vistazo rápido, parcial o descuidado:la expresión “a simple vista” no excluye de ningún modo que se deba poner en el examen de los cheques la debida cautela, puesto que la función que las entidades bancarias están llamadas a cumplir es de máxima estrictez en la medida en que resultan intermediarias del tráfico de divisas (esta Sala, “Licciardo, Carlos c/ Citibank N.A.”, 11.3.08 ; íd., “Avenales S.A. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires” , 27.10.08; también CNCom Sala A, “Casa Chiribicha S.R.L. c/ Banco Credicoop Coop. Ltdo.”, 27.6.08; íd., “Borisenko, Carlos c/ BankBoston N.A.”, 28.10.08; Sala B, “Blumer, Mauricio c/ Citibank N.A.”, 14.10.86; íd., “El Mutún S.A. c/ Banco Español del Río de la Plata S.A.”, 8.7.92; Sala C, “Nuñez, José Gregorio c/ Banco del Buen Ayre S.A.”, 13.04.08; íd., “Finger, Leandro c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A.” , 5.3.10).

Iguales consideraciones alcanzan también a lo que concierne a la entrega de los talonarios de cheques, visto el resultado del peritaje caligráfico.

Pues ocurre que la omisión de adecuado control de los documentos que le fueron exhibidos al empleado bancario constituyó un incumplimiento que puede enmarcarse en la conducta culposa descripta por los arts. 512, 902, 909 y 1109 del Cód. Civil vigente a la fecha en que tales cosas sucedieron, constitutivo de la violación de la obligación de seguridad que pesa sobre los bancos como deber general y específico (cfr. Dubini, en “Notas sobre la actualidad de la jurisprudencia en materia de responsabilidad bancaria”, publ. en “Cuenta corriente mercantil y responsabilidades bancarias”, ed. Ad- Hoc., Buenos Aires, 2006, pág. 305; también y en igual dirección Rouillon, en “Código de Comercio comentado y anotado”, ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, t°. V, pág. 532, nro. 3; Villegas, en “Teoría y práctica del cheque y la cuenta corriente bancaria”, Vázquez Mazzini editores, Buenos Aires, 2001, págs.421 y sig.; Giraldi, en Ley de cheque”, ed. Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 216; Gómez Leo, en “Nuevo manual de derecho cambiario”, 2° ed. Actualizada, ed. Depalma, Buenos Aires, 2000, pág. 590).

(ii) Como premisa al analizar la responsabilidad de un banco, cabe tener presente que se trata de un comerciante el cual, se supone, cuenta con un alto grado de especialidad; es además, un colector de fondos públicos, todo lo cual lo obliga a actuar con suma prudencia y acabado conocimiento de su actividad profesional.

Es por esto que la conducta del banco no puede ser meritada con los mismos parámetros aplicables a un neófito, pues su actividad profesional le obliga a ajustarse a un standard de responsabilidad agravada, en particular cuando el proveedor de bienes o servicios no puede alegar desconocimiento de errores o defectos, ni escudarse en su falta de intención maliciosa (cfr. Trigo Represas- López Meza, en “Tratado de la responsabilidad civil”, Buenos Aires, 2004, t°. IV, pág. 353; Barbier, en “Contratación bancaria”, Buenos Aires, 2002, t°. I, pág. 565; esta Sala, “Angelini, Fernando Gabriel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires”, 19.9.07; íd. “La Grotteria Mauricio Carlos c/ Banco Francés S.A.”, 3.9.09; íd. “Amato, Carlos Daniel c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.” , 29.8.13; íd., “Parodi, Carlos Héctor c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A.”, 1.11.16; también CNCom Sala A, “Gonzalez, Ana c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, 28.12.06; Sala B, “Del Giovannino, Luis c/ Banco del Buen Ayre S.A.” , 1.11.00; íd., “Angelini, Fernando Gabriel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires”, 19.9.07; íd., “La Grotteria Mauricio Carlos c/ Banco Francés S.A.”, 3.9.09; íd., “Amato, Carlos Daniel c.Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.” , 29.8.13; Sala C, “Stamati, Héctor Gustavo c/ Visa Argentina S.A.”, 7.5.13, entre otros).

La actividad bancaria, como tal, es generadora de un verdadero riesgo profesional, y es por esto que la obligación de control y verificación que recae sobre las instituciones bancarias -o lo que es lo mismo sobre sus empleados- es tan solo una manifestación del cuidado y prudencia con que deben cumplir su función, para que con su accionar no se produzcan daños que puedan evitarse.

Esto es así, porque si la entidad presta sus servicios y cobra por ellos, debe proporcionar la debida diligencia para que se obtengan los resultados esperables. Consecuentemente, debe asumir los riesgos provenientes de esa actividad, y por ende, los daños generados por su propia negligencia en caso de haberlos producido.

iii. Empero, también el art. 5° de la misma ley 24.452 impone en cabeza del cuentacorrentista la obligación de “avisar inmediatamente” por escrito, al girado, en los casos de “extravío o sustracción de fórmulas de cheques sin utilizar (.) o de la fórmula especial para solicitar aquéllas”.

Esa orden escrita de no pagar no tiene como única finalidad otorgar una justificación al banco para resistir hábilmente un reclamo de pago, sino que constituye una esperable y necesaria obligación de colaboración del titular de la cuenta corriente en la tarea de prevenir el pago indebido.

Pues bien.

Basado en cuanto dije en el apartado i. y en los propios dichos de la recurrente (dijo ella no ser su intención “justificar una conducta pasiva frente a las irregularidades detectadas”; cfr. fs. 980, 2° párrafo) ninguna duda me cabe en cuanto a que la actora, conocedora de los movimientos de la cuenta por medio de los inimpugnados resúmenes que regularmente recibió cuyo contenido aceptó (art. 1403, inc. b, del Cód.Civil y Comercial), con su silencio y prolongada inacción no solo toleró la manera con que su ex-concubino se condujo sino que, por ello mismo, colaboró con el resultado dañoso que para ella derivó de ese modo de obrar (v. en un caso parecido, CNCom Sala A, “Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado c/ Banca Nazionale del Lavoro”, 25.6.05).

Y si bien, por cierto, aún omitido el aviso a que aludo pesó sobre el banco la obligación de no dotar de las fórmulas de cheques al susodicho Corrado (a salvo aquélla requerida mediante el instrumento de fs. 138, pues ya se vio que la firma puesta en éste sí fue estampada por la actora) y rechazar el pago de los cheques de marras en tanto la firma puesta en ellos fue “visiblemente falsificada” según arriba quedó expuesto, vemos que fue la forma en que ambas partes se condujeron lo que produjo el resultado dañoso cuya culpa, entonces, debe computarse como concurrente.

La explicación de tal fenómeno se encuentra en el nexo causal entre el daño y el hecho culpable, hecho que no emana de uno de los interesados -sujeto activo o lesionado- sino de ambos a la vez, que en virtud de su culpa recíproca quedan unidos por ese nexo; solución ésta que si bien no se encuentra expresamente prevista en nuestro ordenamiento legal resulta del juego armónico de lo previsto por los arts. 1724, 1725, 1726, 1728 y 1729 del Cód. Civil y Comercial (antes arts. 901, 902, 903, 904, 1066, 1067, 1109 y 1111 del Cód. Civil), ha sido receptada por la doctrina (cfr. Spota, en “La concurrencia de culpas en la responsabilidad aquiliana”, publ. en J.A. 1954-II- 210; Colombo, en “Culpa Aquiliana”, ed. T.E.A., Buenos Aires, 1947, pág. 204; Belluscio-Zanonni, en “Código Civil y leyes complementarias”, ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, t°. V, pág. 389; Demogue, en “Traité des obligations en général”, Librairie Arthur Rousseau, París, 1924, t°. IV, pág.508, n° 795 y sgtes.), y lo decidió este mismo Tribunal en la causa “Parodi” arriba citada, el 1.11.16, que guarda cierta similitud con ésta.

En este escenario, a mi juicio corresponde distribuir por mitades la culpa que recayó sobre ambas partes de la litis.

Es ésta la medida por la que, en mi criterio, el recurso de que trato debe proceder.

iv. Demandó la iniciante ser resarcida, en importante suma, del daño emergente, del lucro cesante, del demérito moral y del daño psicológico (demanda, desde el cap. V en la foja 50 vta.).

A) Daño emergente.

Sabido es que el daño emergente finca en el costo de la reparación necesaria del daño causado y los gastos en los que la víctima o un tercero han incurrido como consecuencia del evento dañoso (cfr. Trigo Represas-López Mesa, en “Tratado de la Responsabilidad Civil”, ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, t°. I, pág. 459; esta Sala, “Richelme, Luís Pablo c/ Telecom Argentina S.A. -Arnet-“, 6.11.09; íd., “Autelli Construcciones S.R.L. c/ Meller S.A.”, 9.8.10; íd., “Budani, Carlos María c/ BMW de Argentina S.A.”, 16.5.12; íd., “Serviur S.A. c/ Serus Construcciones S.R.L.” , 27.12.16).

Asimismo, también resulta conocido que la prueba del daño incumbe al damnificado que pretende hacer valer la responsabilidad del deudor y por tanto, él debe aportar la demostración del hecho constitutivo del derecho a cuyo reconocimiento pretende (Alsina, en “Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, ed. Ediar, Buenos Aires, 1942, t°. II, pág. 192; LLambias, en “Tratado de Derecho Civil-Obligaciones”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1968, t°. I, pág. 310).

(i) En lo que a este rubro concierne, que en fs. 51 vta., cap.1 cuantificó en $ 300.000, la actora sustentó la procedencia del reclamado resarcimiento en la pérdida de la clientela, proveedores y prestigio que para ella derivó del cierre de la cuenta corriente, en la imposibilidad en que se halló de adquirir mercadería y de operar con otros bancos “por aparecer como deudor (deudora, debió decir) incobrable en el VERAZ”; adujo que en abril de 2009 fue rematado un inmueble en el que explotaba un salón de fiestas y escuela de danzas y que ello fue consecuencia “del quiebre económico y la imposibilidad (en que se halló) de hacerse cargo de la deuda” por figurar como deudora en los registros de la mencionada Organización Veraz y, por ello, impedida de obtener crédito bancario y, por fin, en la rescisión de un contrato de seguro anudado con la empresa Berkley International Seguros que dio amparo sobre un automotor de su propiedad.

Advertible es, así, que el andamiaje sobre el que se apoyó, en buena medida, la procedencia del rubro es la publicitada calidad de deudora incobrable con que la actora afirmó haber sido calificada como consecuencia de los hechos descriptos en el expediente.

(ii) Empero, no solo nada señala que ello hubiere acaecido sino que, por el contrario, la prueba que se colectó en la litis demuestra precisamente lo contrario.

En efecto.

Según surge de los informes de fs. 416 y fs. 388/390 provenientes del Banco Central de esta República y de la Organización Veraz S.A. respectivamente, resulta que la iniciante no registra antecedentes en la Central de cuentacorrentistas inhabilitados que administra el primero, ni figura como tal en la base de datos llevada por la mencionada organización.

Así lo juzgó la sentencia y acerca de este crucial asunto, ninguna línea destinó la quejosa para rebatir la conclusión a la que allí se arribó. En el aspecto examinado, pues, el recurso se halla desierto por ausencia de crítica concreta y razonada de esa parte del pronunciamiento (arts. 265 y 266 del Cód.Procesal).

Igual cosa corresponde concluir respecto del remate de que fue objeto el inmueble en el que la iniciante dijo desarrollar su actividad, lo que así fue ordenado en el quicio del expediente caratulado “Arona, Arturo y otros c/ Elmadjian, Roberto Asencio s/ ejecución hipotecaria” que tengo a la vista: ocurre que la declamada imposibilidad de contratar créditos por parte de la iniciante por figurar como deudora en los informes provenientes de la Organización Veraz y, por esto, impedida como adujo haberse hallado de honrar el crédito hipotecario contraído por el ejecutado en ese proceso, nuevamente lo digo, no fue probada.

Nada sobre este extremo, insisto en esto, criticó la quejosa.

Y lo mismo cabe predicar en lo referido al contrato de seguro anudado con Berkley International Seguros, desde que probado resultó que esa aseguradora dio de baja la cobertura por falta de pago del precio de su renovación (fs. 864) cual así lo señaló el primer sentenciante y, otra vez lo señalo, nada de esto criticó la recurrente.

(iii) Para formar convicción sobre esto alcanza con advertir que, tal y como f ue concebida, la pieza recursiva sólo trasunta una mera discrepancia respecto de lo que sobre estos extremos fue juzgado, sin que exista una sola línea que persuada del desacierto o error en que pudiera haber incurrido la sentenciante de anterior grado.

Cabe señalar que el memorial debe contener una exposición jurídica que efectúe un análisis serio, razonado y crítico de la resolución apelada tendiente a demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Deben precisarse así, los errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen, especificando con exactitud los fundamentos de las objeciones, lo que es así, pues en una expresión de agravios no basta el quantum discursivo sino la qualitae razonativa y crítica (art. 265 del Cód.Procesal).No alcanza el disentimiento con la sentencia, pues disentir no es criticar, al punto que el recurso debe bastarse a sí mismo.

Esto es así, pues tanto los disensos subjetivos como la exposición retórica de la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de modo distinto de lo apreciado por el juez, si bien constituyen modalidades propias del debate dialéctico, no lo son de la impugnación judicial.

Por el contrario, la refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que el juez de la primera instancia basa su pronunciamiento y la indicación de las circunstancias fácticas y razones jurídicas en virtud de las cuales el apelante tacha de equivocadas las conclusiones del fallo, son presupuestos esenciales para que el acto procesal intentado configure una auténtica expresión de agravios, de lo que se sigue que discutir el criterio de valoración judicial sin apoyar la oposición o dar base jurídica a un enfoque distinto, no es expresar agravios (esta Sala, “Tetra Pak S.R.L. c/ Gemmo América S.A.” , 12.4.16; íd., “Pfeiffer Romina Constanza y otros c/ Crucero Este S.A.”, 23.8.16; íd., “Alvarez de Cardarelli, Olga Irene c/ Universal Assistance S.A.”, 3.11.16; íd., “Somnitz, Evelyn c/ Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles” , 24.11.16; íd., “Cornejo, Cristián c/ Dátola, Christián”, 22.12.16).

Bueno es recordar que, según enseña la doctrina, la expresión ” crítica razonada” implica que “El apelante debe fundamentar la expresión de agravios sobre la base de los errores en que ha incurrido la sentencia, según su apreciación.A tal efecto, no interesa si esos errores son de hecho o derecho; en la primera hipótesis se las pone de manifiesto teniendo en cuenta lo alegado y probado en la causa, y en la segunda, la argumentación jurídica está dirigida a rebatir la tesis jurídica del sentenciante”.

Y en lo que concierne a la “crítica concreta” señala que “el análisis crítico del fallo debe ser efectuado punto por punto -se entiende que nos referimos a aquellos que lesionan el interés del apelante-; no olvidemos que la omisión de crítica acerca de alguno de ellos implica el consentimiento. No se considera expresión de agravios la mera disconformidad o discrepancia. ” (cfr. Serantes Peña-Palma, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1983, t°. I, pág. 629; también y en esa misma línea Fenochietto-Arazi, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, t°. I, pág. 835; Guasp, en “Derecho procesal civil”, 2° ed., Madrid, 1956, pág. 1427; Cúneo Libarona, en “La deserción de instancia por falta de expresión de agravios”, publ. en LL 1978- B-483; Podetti, en “Tratado de los recursos”, ed. Ediar, Buenos Aires, 1958, pág. 614; Colombo, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, 4° ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 445, nota 385).

Ninguno de ambos extremos, lo dije, fueron cumplidos por la apelante.

B) Lucro cesante.Por definición, lucro cesante es tanto como la eventual ganancia neta que el damnificado pudo haber obtenido de no haber mediado el obrar antijurídico del autor del daño.

Empero, la frustración de la ganancia asume el carácter de daño resarcible sólo cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico, de modo que para indemnizar el lucro cesante debe existir tal probabilidad objetiva, debida y estrictamente comprobada, de las ventajas económicas justamente esperadas conforme las circunstancias del caso.

Ergo, su reparación no se apoya en una simple posibilidad de ganancia ni puede constituir para el acreedor un enriquecimiento sin causa o una pena para el que debe abonarlo, sino que debe haber certidumbre en cuanto a la existencia, presente o futura, del daño, aunque no fuera determinable todavía su monto, toda vez que daño cierto es el que se presenta como indudable o con un alto margen de probabilidad (esta Sala, “Scoccia, Carlos Alberto c/ Federación Patronal Seguros S.A.”, 19.8.14, con copiosa cita de doctrina; íd., “Kuper, Néstor Daniel c/ Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional”, 1.11.16; íd., Squadra Alto Valle Competición S.A. c/ Urretavizcaya, Roberto”, 3.11.16; íd., “Serviuar S.A. c/ Serus Construcciones S.R.L.”, 27.12.16).

Daño cierto que, entonces y como tal, requiere de la prueba concreta, directa y propia de su existencia, pues el daño en cuanto tal no se presume, de manera que corresponde a quien lo aduce, suministrar los elementos de hecho que le den sustento al menoscabo patrimonial que se reclama (art. 377 del Cód. Procesal), ya que ni siquiera el reconocimiento del hecho generador exime al que pretende el resarcimiento, de la prueba de su existencia y extensión.

(i) La procedencia de este rubro, que la demandante valoró en $ 200.000, se sustentó en las ganancias dejadas de percibir por consecuencia de los hechos aquí ventilados (demanda, fs. 53, cap. 2).

Sin embargo, y así lo juzgó la sentencia, ninguna prueba produjo la instante del resarcimiento:nada requirió del perito en contabilidad acerca de este extremo, ni sabemos con certeza si la actividad que ella desarrolló (como explotadora de una escuela de danzas y de un salón de fiestas) generó ganancias y, en tal caso, a cuánto ascendieron éstas: tampoco conocemos cuántos alumnos concurrían a esa escuela ni qué suma sufragaban ellos; e igual cosa cabe predicar acerca de la renta derivada de la explotación del salón.

(ii) Así las cosas, la desestimación del rubro viene impuesta por ausencia de prueba directa y propia del demérito de que se trata, cual así fue juzgado.

Pues en cuanto a este particular asunto, el pronunciamiento de grado se apoyó en la falta de ingreso al expediente de la facturación y en la no exhibición de los libros de comercio que necesariamente la actora debió llevar por imperio de lo dispuesto por los entonces vigentes arts. 43 y sig. del Cód. de Comercio (esta Sala, “Cellular Time S.A. c/ Telefónica Móviles Argentina S.A.”, 3.11.16), y sobre este aspecto del fallo nada criticó la quejosa.

Alcanza, entonces, con hacer remisión a cuanto dije en el ap. (iii) anterior.

C) Daño moral.

Lleva razón la recurrente en cuanto a que en la sentencia fue omitida toda consideración acerca de la procedencia, o no, de esta pretensión indemnizatoria cuyo resarcimiento, que la actora cuantificó en $ 250.000, solicitó en el cap. 3 de la pieza de inicio (fs. 54).

Mas, a mi juicio, sólo en esto la lleva.

Pues por cuanto el basamento fáctico en que la sra. Elmadjian sustentó la fuente del agravio espiritual que dijo haber soportado fue haber quedado “registrada en el VERAZ como deudor” (v. fs.55 vta., anteúltimo párrafo), dado que ya hemos visto que esto no sucedió, lógico es desestimar esta particular pretensión que, así, aparece basada en una falsa premisa.

Así lo dejo propuesto.

D) Daño psicológico.

Tampoco en el pronunciamiento de grado fue considerada esta parte de la pretensión resarcitoria, que la demandante valoró en $ 50.000 (fs. 56, cap. 4).

De igual manera que en el caso anterior, corresponde a la Sala suplir esa omisión (art. 278 del Cód. Procesal).

(i) Conforme se desprende de la pericia que se incorporó en fs. 444/456, como consecuencia de los asuntos aquí ventilados el equilibrio emocional que hasta entonces portaba la demandante resultó alterado y, por esto, ella porta una depresión leve que le incapacita parcialmente en un 5% de manera permanente y puede ser tratada con una frecuencia semanal, durante dos años.

No dejo de advertir que ese peritaje fue impugnado por la defensa en fs. 515/517; sin embargo, la licenciada en psicología mantuvo su primigenio dictamen cuando respondió esa articulación (en fs.531).

(ii) La pericia psicológica traduce a los jueces -legos en esa materia- en lenguaje inteligible, las vinculaciones de causa-efecto que puedan suceder entre acontecimientos probados.

Su apreciación corresponde a los magistrados.

Y aún cuando la experticia no tenga carácter vinculante para el juez, el apartamiento de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, en fundamentos objetivamente demostrativos de que se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, de modo que resulta preciso invocar razones fundadas las que, a su vez han de reposar sobre elementos de juicio al menos de igual jerarquía que los invocados por el experto, que permitan desvirtuar el informe (esta Sala, “De Paoli, María Cristina c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires”, 3.11.16; íd., “Somnitz, Évelyn c/ Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles” , 24.11.16).

Esto no fue hecho en el curso de la litis, y a esto agrego que según las reglas de la sana crítica (477 y 386 del Código Procesal y su doctrina) hallo suficientemente fundado el peritaje analizado, que aparece confeccionado por quien resulta ser idónea en la materia de que se trata.

Esta particular pretensión indemnizatoria, pues, procede.

(iii) En estos casos, en los que la cuantificación del resarcimiento no depende de rigurosos cálculos aritméticos, es de aplicación la norma del art. 165 del Cód. Procesal.

Esa previsión legal coloca a los jueces en posición dificultosa, pues la determinac ión de un monto con el que resarcir los daños estético, moral y psíquico será necesariamente discrecional y hasta podrá ser arbitraria (véase que no es insólito que el legislador remita al arbitrio del juez, como lo hacía el art. 794, 2° párrafo, del Cód.Civil hoy derogado).

Ocurre que al legislador le resulta inaceptable que una persona probadamente dañada quede sin indemnización por carencias probatorias respecto de su monto y, por tanto manda fijarlo judicialmente aunque, en tal hipótesis, el juez debe actuar con prudencia suma, de modo de no convertir la indemnización en un lucro.

Es entonces muy posible y altamente probable que de ese actuar discrecional no resulte un monto que coincida exactamente con el del daño sufrido por la víctima del incumplimiento, pero de todos modos dicha norma lo que pretende es otorgar “alguna” indemnización al sujeto dañado, y no la exacta e integral indemnización que se correspondería a un daño de monto suficientemente acreditado.

(iv) Ante el panorama descripto en la pericia y sustentado en lo dicho a lo largo de esta ponencia, considero prudente fijar en $ 20.000, por todo concepto (esto es, el demérito y su ulterior tratamiento), la indemnización del daño psicológico que se provocó a la actora.

Es ésa la medida por la que, en mi criterio, la queja de que trato debe prosperar, bien que con base en lo expuesto en el ap. iii., la parte demandada habrá de sufragar a la actora la mitad de esa suma, esto es, $ 10.000.

Y por cuanto se trata de un monto resarcitorio y, por ello mismo, un equivalente del daño sufrido, atendiendo a que el interés compensa la demora en la reparación de ese perjuicio al no haber el responsable cumplido inmediatamente con su obligación de pago (arts. 1738 y 1740 del Cód. Civil y Comercial; antes, arts. 1069, 1° párrafo y 1083 del Cód.Civil), he de proponer al Acuerdo disponer que los réditos que acceden al capital de condena, que se calcularán a la tasa activa que utiliza el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días, sean computados desde el 26 de septiembre del año 2008, hasta su efectivo pago, pues fue en esa data en que la actora decidió cerrar las cuentas (v. otra vez fs. 190).

2. De la queja que introdujo el BBVA Banco Francés S.A.

Pidió el banco la revocación del pronunciamiento de grado que, sin Fecha de firma. 03/03/2017 perjuicio del rechazo de la demanda, le impuso el pago de la tasa de justicia y de los honorarios de los peritos actuantes en el expediente y distribuyó por su orden el resto de las costas, y solicitó que éstas sean cargadas en su totalidad a la parte actora.

Dado que, a mi juicio, ha quedado suficientemente demostrada la existencia de culpa concurrente, justo es que las costas derivadas de lo actuado en la primera instancia sean distribuidas por su orden y las comunes por mitades.

Es con ese alcance -parcial- que el recurso que introdujo el banco, en mi criterio debe ser estimado.

IV. La conclusión.

Propongo, entonces, al Acuerdo que estamos celebrando (i) estimar parcialmente los recursos interpuestos por ambas partes y, por consecuencia

(ii) revocar también parcialmente el pronunciamiento de grado y condenar al BBVA Banco Francés S.A. a pagar a Verónica Noemí Elmadjian, en el plazo de veinte días de notificada de lo aquí decidido $ 10.000, con más intereses que se calcularán a la tasa activa que utiliza el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días desde el 26 de septiembre del año 2008 hasta su efectivo pago.Con costas de primera instancia por su orden, y las comunes por mitades, y de Alzada por su orden frente a la existencia de vencimientos recíprocos.

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Heredia y Vasallo adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Estimar parcialmente los recursos interpuestos por ambas partes,

(b) Revocar parcialmente el pronunciamiento de grado y condenar al BBVA Banco Francés S.A. a pagar a Verónica Noemí Elmadjian, en el plazo de veinte días de notificada de lo aquí decidido $10.000, con más intereses que se calcularán a la tasa activa que utiliza el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días desde el 26 de septiembre del año 2008 hasta su efectivo pago.

(c) Imponer las costas de primera instancia por su orden, y las comunes por mitades, en tanto las de Alzada se distribuirán en el orden causado frente a la existencia de vencimientos recíprocos.

(d) Diferir la regulación de los honorarios hasta tanto sean fijados los de la anterior instancia.

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Gerardo G. Vassallo

Juan R. Garibotto

Pablo D. Heredia

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara