Responsabilidad de la prestadora del servicio público de agua por la inundación de un inmueble

Partes: Brusa María Carolina y otro c/ AYSA S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 29-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103983-AR | MJJ103983 | MJJ103983

Sumario:

 

1.-La empresa prestadora del servicio público de agua debe responder por los daños ocasionados como consecuencia de la inundación en un lugar de trabajo, pues la perito ingeniera informa que la causa más probable de la inundación fue la rotura de un caño de distribución de agua que tenía a su cargo y teniendo en cuenta que a pesar de que en nuestro sistema la pericial no reviste el carácter de prueba legal, si el perito es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos o no resulten contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor.

2.-La atribución de la responsabilidad de la prestataria del servicio público de agua por los daños ocasionados a una persona en su lugar de trabajo como consecuencia de una filtración no puede entenderse según las reglas de la Ley 24.240 , toda vez que si bien la actora es cliente de la demandada, ello es exclusivamente a mérito de que esta última reside en la zona de prestación de servicio, pero del relato de los hechos realizado en la demanda surge que los daños no fueron consecuencia de la falta de prestación del servicio en el domicilio de la accionante sino producto del vicio de la instalación general.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de diciembre de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Ricardo Víctor Guarinoni dice:

I. El Magistrado de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 380/385, hizo lugar a la demanda que interpusieran MARIA CAROLINA BRUSA y SILVIO CORSI contra AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA, condenando a ésta última a abonar a los primeros la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000.-) con mas intereses y las costas del proceso.

Para decidir del modo en que lo hizo, tuvo por acreditado que CORSI alquilaba los locales 1 y 2 con frente a la calle Gorostiaga 1795/97 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos sótanos sufrieron una inundación en el mes de mayo de 2011 por filtración de agua.

Que el establecimiento se encontraba habilitado para desarrollar los rubros de taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles; comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados de artículos publicitarios, carteles, displays y objetos de señalización, comercio minorista de textiles para tapicería y utilizaban el sótano para el depósito de mercaderías que se arruinaron a raíz de dicha inundación, sufriendo los actores los daños por los que reclaman y que estimó en la suma indicada.

Puso de manifiesto que existía una relación contractual entre la empresa prestataria del servicio y los accionantes, considerando aplicable al caso la legislación de la defensa del consumidor, que se trataba de una obligación de resultado y en consecuencia bastaba con probar el incumplimiento -que en el caso estuvo dado por las filtraciones – y el daño sufrido.

II. Alza sus quejas la actora a fs. 411/413, las que son contestadas a fs. 431/438 y la demandada a fs. 414/425, las que son contestadas a fs.427/430.

Obran asimismo apelaciones contra las regulaciones de honorarios las que serán examinadas al finalizar el acuerdo de corresponder.

Las quejas de la demandada se refieren -en apretada síntesis- a que se realizó una valoración errónea de la prueba, ataca, por los fundamentos que expone, las conclusiones de la perito ingeniera y sostiene que no se ha podido constatar en autos ninguna anomalía que indique cual fue el real origen que produjo el ingreso del líquido al local. Se agravia asimismo del quatum indemnizatorio por considerarlo excesivo.

La actora por su parte se agravia del monto de condena por considerarlo exiguo y de la limitación de la responsabilidad de la demandada en el pago de las costas.

III. En primer término por una cuestión de orden metodológico, analizaré los agravios introducidos por la demandada porque de prosperar vaciarían de contenido a los expuestos por la accionante, no sin antes señalar que el tribunal sólo se ocupará de aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes, sino aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos 262:222; 278:271; 291:390; 308:584 y 331:2077). Siendo que además, los jueces no están obligados a seguir a las partes en cada una de sus argumentaciones, limitándose a expresar en tales casos, las razones de hecho y prueba y de derecho que estimen conducentes para la correcta composición del conflicto, metodología que la Corte Suprema de Justicia ha calificado de razonable (doctrina de Fallos: 278:271; 291:390; 294:466 entre otros) y que, en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico sustento normativo en el art. 386, segunda parte, Código Procesal (confr.esta Cámara, Sala I, causa N° 4941/04 del 24/05/07; Sala II causas N° 748/02 del 02/07/08; entre otras).

Es facultad propia de los jueces calificar autónomamente los hechos del litigio y aplicar las normas que los rigen, cualesquiera hayan sido los invocados por los contendientes (Fallos: 288:279; 289:85; 291:259, 356; 292:58, 398, entre muchos otros); ello, de conformidad con la regla “iura curia novit”, según la cual es misión del juzgador definir las contiendas según el derecho objetivo con prescindencia de los planteamientos de las partes (Fallos: 291:575), en dicho orden de ideas, debo resaltar que no comparto el encuadre jurídico, desde el que se justificó en la instancia de grado la atribución de responsabilidad en el sentido de la aplicación de la ley 24.240 de defensa del consumidor, dado que si bien la actora es cliente de la demandada, ello es exclusivamente a mérito de que esta última reside en la zona de prestación de servicio, pero del relato de los hechos realizado en la demanda surge que los daños no fueron consecuencia de la falta de prestación del servicio en el domicilio de la accionante sino producto del vicio de la instalación general.

En este sentido esta Sala tiene dicho que la reparación del tendido de las cañerías de aguas, en especial de un caño maestro, está bajo la custodia de la empresa demandada, por lo que los daños producidos por el vicio de la cosa hacen que nazca su consecuente responsabilidad (conf. art. 1.113 del Código Civil, aplicable al caso de marras en virtud de lo dispuesto por el art.7 del Código Civil y Comercial de la Nación). (esta Sala Causa 1.307/12 del 23/3/16).

Sentado lo expuesto, es apropiado recordar que tanto en el área contractual como en la extracontractual, para que se configure la responsabilidad civil es menester que concurran todos los recaudos pertinentes, esto es, el incumplimiento o violación de la ley; la imputabilidad del autor; el daño resarcible y la relación de causalidad entre la conducta obrada y el daño, siendo menester puntualizar que basta que uno de esos recaudos fracase para que el causante del evento quede exento de responsabilidad por las consecuencias de su actividad (conf. esta Sala causa 7717/01 del 13/5/08 y sus citas).

Se agravia la demandada de la responsabilidad que se le imputa sosteniendo la ineficacia probatoria de la pericial producida en autos. Señala entre otras cosas que la cañería aludida por la perito no es una cañería maestra sino que es una distribuidora de agua de 12, 5 cm. y que se encuentra alejada a 6 metros de la línea municipal, de modo que nunca podría haber generado la inundación por la que se reclama. Que las filtraciones de haber ocurrido hubieran inundado todos los locales del frente y no sólo en el local número 2, que la perito no pudo determinar la composición de las barreras hidrófugas y que supone que la causa probable de ingreso de líquido al inmueble del actor fue una cañería de agua de AYSA pero se contradice ya que al momento de la inspección sostuvo que no fluía agua ni había humedad.

De la compulsa de la prueba aportada por la accionante surge a fs.167 la declaración testimonial de la encargada del edificio Catalina Alaniz quien relató que se rompió un caño “justo en la esquina y entraba el agua en forma permanente”, que cuando llamaron a “Aguas Argentinas” verificaron el motivo de la pérdida, empezaron a trabajar y rompieron un caño, señaló además que no arreglaron el problema en seguida y que el local estuvo cerrado por dos o tres semanas. En el mismo sentido declararon los otros testigos propuestos, el dependiente de los accionantes Rodriguez Narva y la contadora Castiñeira, surge además a fs. 373 la contestación del oficio dirigido a la demandada en el que informa que en el mes de mayo de 2011 personal técnico de AySA estuvo trabajando en el lugar que se indica en la demanda.

La perito ingeniera a fs. 281 informa que la causa más probable de la inundación es la rotura de un caño de distribución de agua y teniendo en cuenta que a pesar de que en nuestro sistema la pericial no reviste el carácter de prueba legal, si el perito es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos o no resulten contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor (Fallos 335:859) . Sólo cuando un dictamen colisiona con máximas de experiencia muy seguras o hechos notorios o cuando las conclusiones son inverosímiles el juez puede negarle atendibilidad, lo que supone errores más o menos gruesos del perito y de parte del magistrado una sólida formación cultural o una vasta experiencia en la apreciación de peritajes similares.Para contrarrestar el valor probatorio de una pericia el juez debe demostrar que el dictamen contraía principios lógicos, máximas de experiencia o existen elementos probatorios de mayor eficacia para provocar su convicción acerca de la verdad, calificación que no alcanza ni siquiera mínimamente las opiniones de juristas, ciertos precedentes jurisprudenciales, las informaciones obtenidas en páginas web y mucho menos las apreciaciones interesadas de los consultores técnicos. (CNCiv., Sala G, 15-8-2007, “Harispe, Elsa Margarita y otro c/ Clínica Brandzen SA, Revista de Derecho Procesal, Ed. Rubinzal – Culzoni, T 2016-2 pag. 376).

No parece razonable pretender, como surge de los agravios de la demandada, que la experta -que realizó la constatación del lugar cuatro años después de producidos los hechos-, sostenga en forma enfática que la causa de la inundación es la rotura del caño. Se advierte prudente el tiempo potencial empleado en el informe al considerar que la versión introducida por la actora es la causa mas probable. Además no resulta una contradicción -como sostiene la quejosa- que al momento de la constatación no se advirtiera humedad, dicha circunstancia en cambio, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, avala la hipótesis de que el agua ingresó por una circunstancia extraordinaria descartándose la posibilidad de que se produjera por el ascenso de las napas freáticas.

Así, acreditada la inundación del sótano, sumado a que brotaba agua de un ca ño que se encuentra bajo la supervisión de la demandada, que ésta se presentó en forma contemporánea a realizar reparaciones en el lugar y no habiéndose aportado ningún elemento de convicción que permita avalar alguna otra causa que pueda haber motivado que el sótano de la actora se inunde, cabe concluir que se encuentra acreditada la relación de causalidad entre la filtración producida por la rotura de un caño que se hallaba bajo la supervisión de AsSA y los daños por los que se reclama en la demanda.Teniendo ello en consideración y lo previsto por el art. 1.113 del Código Civil anterior y el artículo Art. 22 inc. n) de la ley 26.221 (B.O. 2/3/07) propondré al acuerdo la confirmación de la sentencia de primera instancia en cuanto a la imputación de responsabilidad con la salvedad relativa al fundamento de la misma.

IV. Sentado lo anterior, corresponde analizar los agravios vertidos respecto del quantum indemnizatorio teniendo en consideración que han introducido sus quejas por exiguo la actora y por elevado la demandada.

El a quo fijó una indemnización en concepto de daño emergente por la suma de $ 15.000, de lucro cesante la suma de $ 10.000 y por el daño moral padecido la de $ 8.000.

Con relación al daño emergente y al lucro cesante, se agravia la actora argumentando que acompañó facturas y remitos a fin de acreditar que el valor de las mercaderías dañadas alcanzaba a la suma de $ 32.021,40.- y que se estableció además un promedio de $ 2.000 diarios que corresponde presumir por el giro comercial de un comercio. Señala además que la pérdida de ganancias es inherente al curso normal y ordinario de las cosas y que la demandada no aportó ningún elemento a fin de rebatir dicha circunstancia.

El Artículo 379 del Código Procesal impone la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, en el caso el valor económico de lo que había depositado en el sótano y el monto de la facturación en el período en el que estuvo cerrado.En el mismo sentido ha resuelto la Corte que quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos, y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada (Fallos 331:881 ) vale hacer notar, aunque no resulte de aplicación al presente por el motivo antes apuntado, que este principio fue receptado en el artículo 1744 del Código Civil y Comercial, que dispone que el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos.

A diferencia de lo sostenido por la accionante ante el desconocimiento puesto de manifiesto por la demandada, la documental aportada por sí misma no hace plena fe de los extremos que pretenden acreditarse, en el caso, el valor de la mercadería que se encontraba en el depósito, por otro lado, tampoco puede pretenderse que la demandada aporte elementos de convicción respecto del valor de lo que había en el sótano que se inundara, que en contraposición argumenta que las facturas acompañadas per se, no resultan suficientes para acreditar el monto del daño que se reclama en esta partida.

Del cúmulo de pruebas aportadas, fotografías acompañadas con la demanda, acta notarial y declaraciones testimoniales corresponde tener por acreditada la actividad desarrollada por los accionantes en el local como asimismo que el sótano que se inundara era utilizado como depósito y si bien es cierto, reitero, que la documental aportada no hace plena fe del valor de las mercancías depositadas, puede ser tenida en consideración como elemento coadyuvante para su determinación, aún teniendo en consideración que fueron expedidas todas con fecha posterior al incidente por el que se reclama.

A mayor abundamiento, el Código Civil y Comercial de la Nación regula actualmente la exigencia de llevar una contabilidad y los requisitos de los libros y constancias contables en lo artículos 320 a 331 y específicamente el artículo 330 se refiere al valor probatorio de esos documentos. A la fecha en que sucedió la inundación por la que se reclama, esa regulación se encontraba en los artículos 43 a 66 del Código de Comercio que refiere a que todo comerciante está obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones y tener una contabilidad mercantil organizada. En el presente caso, ésta, de existir, no ha sido aportada ni en forma documental ni a través de una pericial contable.

Con respecto a la certificación contable acompañada y que luce agregada a fs. 13/15 si bien no ha sido debidamente impugnada y hace plena fe de su contenido, debe tenerse en cuenta que se certifica el patrimonio al 31 de diciembre de 2011 mientras que la inundación fue en mayo de 2010, un año y medio antes, es decir que no resulta de un gran aporte a fin de acreditar el desenvolvimiento económico del emprendimiento a la fecha del hecho en cuestión. Por lo que corresponde desestimar el agravio introducido por la actor en este aspecto.

La misma suerte correrá el agravio introducido por la accionada teniendo en cuenta la presunción de onerosidad de la actividad desarrollada por la accionante que juega en su favor y las circunstancias antes apuntadas, estimando equitativas las sumas otorgadas por el magistrado de la anterior instancia en concepto de daño emergente y lucro cesante es que propondré al acuerdo su confirmación.

Con respecto al daño moral, cabe recordar que se trata de una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (conf. PIZARRO, Daniel, “Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del derecho”, pág.36, cita extraída del fallo de la Sala III de este Tribunal “in re” 17/6/08, “González y otros c/ Corporación Asistencial S.A.”). Se trata pues de una lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Teoría General de la Reponsabilidad Civil”, pág.208). Resulta indudable el agravio moral padecido por los actores a quienes se les inundara el sótano de su comercio y encontraron bajo el agua e inutilizado el fruto de sus esfuerzos laborales. Esa aflicción existió y comparto con el a quo que debe ser indemnizada.

Debe tenerse presente que la herramienta que brinda el derecho para reparar las aflicciones espirituales no es otra que la que se contempla en los arts. 522 y 1078 del Código Civil, la que difícilmente pueda representar con exactitud el sufrimiento real para sustituirlo por un equivalente en dinero (conf. ZAVALA de GONZALEZ, Matilde, “Cuánto por daño moral”, pub. en L.L. 1998-E, 1061). En ese sentido, debe recordarse que la naturaleza resarcitoria del daño moral importa que no guarde necesariamente relación con existencia del daño material, pues no se trata de un accesorio de éste (conf. Sala II, causa n° 17628/98 del 12.4.07; n° 6341/98 del 26.4.07; n°4820/97 del 4/03/08; entre otras). Ponderando las condiciones apuntadas, propongo la confirmación del monto de $ 8.000.- otorgado en la sentencia de grado.

V.Por último, la actora impugna lo resuelto respecto de la aplicación al caso de autos de lo previsto por el artículo 505 in fine del Código Civil en su anterior redacción, argumentando que se decidió una limitación de la responsabilidad de la demandada por el pago de las costas.

Los principios generales en materia recursiva indican que existe agravio cuando la decisión judicial le produce a la parte una especie de ofensa o menoscabo en sus derechos, toda vez que no ha sido acogida favorablemente su posición en la litis. Se aludía así a un aspecto subjetivo vinculado con el perjuicio material o moral creciente del recurrente al tener que aceptar una situación desfavorable. En tal sentido, el agravio se vincula directamente con el interés jurídico que el recurrente debe exhibir para poder interponer el recurso, si este interés no existe por haber sido satisfecha su pretensión, no tiene interés jurídico en el recurso y por lo tanto no puede expresar agravios (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado Elena I. Highton, Beatriz A. Areán, T 5, p. 251 y sus citas).

De la compulsa del decisorio en crisis surge que el a quo, a diferencia de lo manifestado por la apelante, aclaró que lo dispuesto por el artículo 505 del Código Civil anterior no implica una limitación para los Magistrados al momento de estimar los emolumentos de los profesionales, sino que su texto alude a la oposición del crédito resultante de ésta a una u otra parte. Lo que no implica necesariamente que dicha cuestión, sea aplicable a las presentes.

En consecuencia, no habiendo liquidación aprobada y teniendo en consideración que será diferido el tratamiento de los recursos contra las regulaciones de honorarios hasta que sea aprobada la misma, no se advierte que lo resuelto le cause agravio alguno en este estado del proceso por lo que corresponde sea desestimado. Ello sin perjuicio de la facultad de la parte de introducir el planteo de corresponder, en el momento procesal oportuno.

VI.A mérito de lo expuesto y la forma en que se decide, considero que las costas de esta instancia deben ser soportadas por la demandada por no hallar mérito para apartarme del criterio objetivo de la derrota.

VII.- Por las razones expuestas, y concordantes con las del señor juez de grado, voto en definitiva, porque se confirme el fallo de primera instancia en todo lo que ha sido materia de agravios con costas de ambas instancias a la demandada, que resultó vencida (art. 70, primera parte, del Código Procesal).

El doctor Alfredo Si lverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni, adhiere a su voto.

La doctora Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada con costas.

Diferir el tratamiento de los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios y la fijación de los correspondientes a esta instancia, hasta el momento en que se encuentre aprobada la liquidación definitiva.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN