Admisibilidad de la demanda laboral intentada si se reconoció el trabajo “en negro” durante todo el lapso de la relación laboral

Partes: Pratto Carlos Alberto c/ Marcon Gabriel Luis y otros o q.r.j.r s/ laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista

Sala/Juzgado: 4ta circ.

Fecha: 20-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103825-AR | MJJ103825 | MJJ103825Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que admitió la demanda tendiente al cobro de diversos rubros laborales derivados del distracto desde que el demandado reconoció la relación laboral pero que no estuvo registrada y como consecuencia directa de la falta de oportuna registración, la omisión en la presentación de libros (art. 52 de la L.C.T.) la ficha individual de trabajo, las constancias de control de ingreso y egreso, ni el registro previsto en el art. 6 inc. c) de la Ley 11.544, a cuya presentación fue intimada hizo nacer las presunciones en su contra.

Fallo:

En la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, a lo 20 días de Febrero de 2017, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. María Eugenia Chapero, Santiago Andres Dalla Fontana y Lorenzo José Maria Macagno, para resolver los recursos interpuestos contra la resolución dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Distrito Nº 4, en lo Laboral, de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, en los autos: PRATTO, CARLOS

ALBERTO C/ MARCON, GABRIEL LUIS Y OTROS Y/O QRJR S/ LABORAL, EXPTE. Nº 290, AÑO 2015. Acto seguido, el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Dalla Fontana, Chapero y Macagno, y se plantean para resolver las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia?

Segunda: Caso contrario, ¿Es justa?

Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión el Dr. Dalla Fontana dijo: el recurso de nulidad no ha sido sostenido en esta alzada por la recurrente, y como tampoco advierto vicios que merezcan su tratamiento de oficio, voto por la negativa.

A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido, mientras el Dr. Macagno luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la LOPJ.

A la segunda cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: la sentencia de fecha 21/08/15 (fs. 93/98) hizo lugar a la demanda y condenó a Supermercado de los Filtros S.H., de Gabriel Luis Marcon y Raúl Omar Marcon, a abonar a Carlos Alberto Pratto los siguientes rubros laborales: diferencias de haberes, sueldo de septiembre y 10 días de octubre de 2012, vacaciones proporcionales, S.A.C. 1° semestre año 2012 y proporcional despido, horas extras 50%, indemnización por falta de preaviso, indemnización por antigüedad e indemnización art. 1 ley 25.323.Estableció la Jueza de grado que a los fines del cálculo debía tenerse como

fecha de ingreso el 28/02/12 y de egreso el 16/10/12, y la categoría de “maestranza o servicios, categoría C” del CCT 130/75, con una jornada de 9 horas de lunes a viernes, y de 5 horas los días sábados. Para así decidir comenzó diciendo que estando reconocida la relación laboral había que determinar primero cuál había sido su fecha de inicio, sobre lo que no había acuerdo, entendiendo que lo fue -según anticipé- en febrero de 2012 (como lo sostenía Pratto) en lugar de abril de ese año (como lo sostenía la demandada). Se basó en los dichos de Bressan, Gómez y Hurt y agregó que estando probada la prestación de servicios, debía aplicarse el art. 23 de la L.C.T. Valoró también que las testimoniales de los propuestos por la accionada (Scarel, Galarza, del Fabro y Vignolo) no contradecían las de los mencionados antes, que sus declaraciones fueron algo más imprecisas y que poseían cierta subjetividad por ser empleados de Supermercado de los Filtros S.H. Entendió la Magistrada que como la relación laboral nunca estuvo registrada la requerida no cumplió con la presentación de la documental intimativa, deviniendo aplicable el apercibimiento del art. 55 de la L.C.T.; y que a esta presunción se agregaban otros elementos que hicieron a su convicción, como las confesionales de las partes, los oficios dirigidos a la AFIP y al Centro de Empleados de Comercio, de todo lo cual surge que el actor no fue declarado ni recibió aportes. Para determinar la categoría laboral y la jornada laboral estribó su decisión en lo afirmado en la demanda, la falta de registraciones y las testimoniales. Por último, estimó que el despido indirecto con justa causa (art.242 de la L.C.T.) tuvo suficiente fundamento en las deudas mantenidas por la patronal.

Disconforme con el fallo, la demandada lo apeló. El recurso le fue concedido en la anterior instancia. Lo funda en esta sede.

Se agravia porque la sentencia estableció como fecha de inicio del contrato de trabajo el 28/02/12. Achaca que el razonamiento de la a-quo parece exigirle que debió haber probado algo inexistente, o sea que Pratto no trabajó hasta abril de 2012; que los testigos que valoró positivamente carecían de certezas suficientes en sus relatos; y que sus declaraciones

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fueron tan imprecisas porque nunca pudieron haber visto trabajar al accionante desde febrero de 2012. Señala que es arbitraria la manera en que la anterior reflejó las testimoniales de Bressan y Hurt, quienes expusieron que en la empresa se trabajaba “tres meses a prueba como lo establece la LCT y luego de ello se procedía al blanqueo del empleado” (fs. 119 vta.), lo que también sucedió con Pratto. Se queja por la valoración de los testigos que propuso, porque en la contestación del oficio de fs. 69/70 surge que el actor fue declarado ante la AFIP, porque no se tuvo en cuenta el reconocimiento de los recibos con su fecha de ingreso, y porque no existe duda como para acudir a la aplicación del art. 9 de la L.C.T. Se agravia luego la recurrente porque partiendo de una supuesta deficiencia en la registración laboral se la condenó a pagar la indemnización del art. 1 de la ley 25.323. Esgrime que tres meses antes del despido la relación se hallaba registrada por lo que no procede la indemnización en cuestión, pues el fin y espíritu de la ley consiste justamente en que el trabajo en relación de dependencia sea correctamente inscripto.También se queja por la categoría laboral, la que -según entiende- fue establecida en base a los dichos del actor y de los testigos que trajo al juicio. Aduce que Pratto solamente preparaba pedidos y empaquetaba los mismos dentro de los depósitos, que tenía poca antigüedad y que los testigos/empleados de la accionada han sido ignorados. Se agravia por los precarios argumentos brindados por la anterior para tener por cierta la jornada laboral alegada por el actor. Invoca que el reclamante estuvo registrado y que percibía sus haberes conforme a la ley; que la mayoría de los testigos afirmaron que se trabajaban ocho horas diarias; y que en los recibos acompañados figuran abonadas las horas extras. Le agravia además que se la haya condenado a pagar los haberes correspondientes a septiembre y 10 días de octubre de 2012. Dice que lo correspondiente a septiembre fue pagado y documentado. Achaca que no se tuvo en cuenta todo lo abonado con la liquidación final (fs. 26) y asevera que no hubo ningún pago a cuenta, como dice el decisorio. Finaliza agraviándose por la condena en costas y pide que se revoque la sentencia apelada.

Los agravios fueron contestados por Pratto a fs. 172/176, bregando por su desestimación. A su vez, a fs. 178, desistió de los recursos interpuestos contra la resolución de fs. 154/155 mediante la cual la Jueza de Primera Instancia había hecho lugar a una sustitución de cautelar trabada por el actor.

Firme el pase a resolución ha quedado la presente concluida para definitiva.

Para analizar correctamente los agravios debemos partir de que Carlos Alberto Pratto trabajó clandestinamente para Supermercado de los Filtros S.H., por más que en la expresión de agravios se quiera poner en duda este hecho. Raúl Marcon lo admitió el 31/10/12, cuando ya se había producido el distracto, al manifestar en la audiencia celebrada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:”reconocemos la relación laboral pero no estuvo registrado, se están haciendo los ajustes correspondientes con los organismos previsionales a los fines de poner en regla la situación” (fs. 9). El trabajo “en negro” durante todo el lapso de la relación laboral ha sido corroborado por los informes del Centro de Empleados de Comercio (fs. 47, del 23/12/13), de donde surge la carencia de aportes entre febrero y octubre inclusive, del año 2012; y de la A.F.I.P. de fs. 33, donde este organismo a mediados de 2013 hizo saber que Pratto “no fue declarado por ante AFIP-DGI como trabajador dependiente de la firma Supermercado de los Filtros S.H.”. Es cierto que hay otro informe posterior, del año 2014 (fs. 69), en el cual la A.F.I.P. da cuenta de que el accionante fue declarado como trabajador de la firma Marcon Gabriel Luis y Marcon Raúl Omar S.H., durante los períodos 7, 8 y 9 de 2012. Sin embargo, siendo la C.U.I.T. coincidente con la de Supermercado de los Filtros S.H., en mérito a lo informado anteriormente y a lo dicho por Marcon en el Ministerio, sólo cabe concluir que esta registración fue muy posterior -y por tanto retroactiva- a la finalización del vínculo, probablemente en razón de este pleito. Además, la patronal ni siquiera “blanqueó” a Pratto desde la fecha en que ella misma dijo que empezó a trabajar (02/04/12, fs. 28 vta.), haciéndolo recién desde julio de ese año.

Lo dicho tiene relevancia para poner blanco sobre negro en torno a la registración que

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ha invocado la empleadora, no sin cierto desparpajo luego de haber mantenido “en negro” a Pratto hasta el distracto. Es que aún los recibos acompañados por la accionada cuya firma fue reconocida por el actor en la audiencia de trámite (fs.23/25), y entre ellos los que comportan descuentos para jubilación, ley 19.032, obra social, FAECYS y cuota sindical (fs. 24/25), donde figura como empleadora “Supermercado de los Filtros Soc. de Hecho”, han sido confeccionados cuando la relación aún no se hallaba registrada (art. 7 de la ley 24.013). Esta irregularidad no ha sido pasada por alto por la a-quo y justifica la aplicación de los apercibimientos previstos por el art. 55 de la L.C.T.

En efecto, por un lado estamos en presencia de documentación que corresponde a una relación no registrada, aunque los recibos de fs. 24/25 tengan la apariencia de lo contrario. Por otro, y como consecuencia directa de la falta de oportuna registración, la demandada no ha presentado en este juicio el libro especial (art. 52 de la L.C.T.), la ficha individual de trabajo, las constancias de control de ingreso y egreso, ni el registro previsto en el art. 6 inc. c) de la ley 11.544, a cuya presentación fue intimada a tenor del detalle obrante a fs. 14, y al haber referido la actora a “Toda otra documentación obligatoria para la empleadora”. Es dable aclarar que al figurar el rubro horas extras en los recibos de fs. 23/24 Supermercado de los Filtros S.H. reconoció que las mismas se hacían, por lo que debió llevar el registro especial recientemente mencionado, y al no haberlo hecho nació una presunción en su contra (v. esta Cámara, 01/08/12, Moschen, Hermenegildo c. Stechina, Oscar Domingo s. Laboral, T. 10 F. 461, R. 278; en el mismo sentido: 01/08/12, Di Benedetto, Raúl c. Flores, Raúl, T° 10 F° 465 N° 279; 21/12/12, Ibarra, Juan Antonio c. Co.S.Ve.L. s. Laboral, T. 11, F. 420, R. 557; entre otros). Asimismo, el sistema de control de entrada y salida es exigido por la Resolución N° 172/00 de la Secretaría de Estado de Trabajo y S.S.de la Provincia de Santa Fe.

Así las cosas, las presunciones en contra de la recurrente tienen que ver -en lo que aquí interesa- con la fecha de ingreso (que debía figurar en el libro especial, art. 52 inc. d) de

la L.C.T.) y con la cantidad de horas extras realizadas. Los comprobantes de pago de haberes con firmas reconocidas por Pratto (fs. 24/25), en la medida que sólo en apariencia reflejan el contenido de los recaudos laborales llevados en legal forma (lo que -insisto- no era así), no son aptos para desvirtuar las presunciones aludidas puesto que en modo alguno configuran la documental intimativa que Supemercado de los Filtros S.H. debía adjuntar, y que obviamente no tenía en su poder.

Con las presunciones legales que jugaban en su contra era la hoy apelante quien tenía la carga de desvirtuarlas, demostrando que la fecha de ingreso era el 02/04/12 y no el 28/02/12. Sin embargo, ni siquiera incluyó una pregunta tendente a elucidar tal incógnita a los testigos dependientes que ella misma propuso (conf. pliego de fs. 59), siendo el letrado de Pratto el único que les repreguntó al respecto a Scarel y Galarza, los que sugestivamente contestaron no recordarlo o no saberlo (conf. fs. 60 vta. y 61 vta., 3° repregunta). Es más, el relato de la trabajadora Vignolo (fs. 92) favorece la posición de la actora en cuanto a su fecha de ingreso, al describir la ilegal costumbre de su empleadora (la recurrente) de incorporar empleados a prueba sin registración, por un tiempo discrecional de uno o dos meses, costumbre que impunemente es confesada también por la quejosa en el primer párrafo de fs. 119 vta., en la expresión de agravios. Parece ésta haber olvidado que “el trabajo “en negro” es incompatible con los beneficios ínsitos a esta institución”, es decir al período de prueba (v. Machado, José Daniel en LCT Comentada y Concordada, Ojeda – Dir., T. II, Rubinzal-Culsoni, 2° de., pág. 63; y art.92 bis, punto 3, de la L.C.T.)

En este contexto la actora no necesitaba producir prueba que apuntale la presunción que ya la beneficiaba en torno al día de inicio del vínculo laboral. No obstante, los testigos Bressan y Hurt, si bien con algunos titubeos entendibles por el efecto del paso del tiempo, dieron razones suficientes para avalar el ingreso en febrero de 2012. Habiendo sido compañeros de trabajo de Pratto, Bressan dijo que el reclamante había empezado “más o menos en febrero de 2012”, mientras que Hurt expuso que él había ingresado el marzo de

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2012, un mes después que Pratto.

En cuanto a la jornada laboral y el reclamo por horas extras, la apelante es contradictoria al invocar por un lado una jornada normal de 8 horas diarias de lunes a viernes, y por otro que las horas extras se encuentran pagadas. Una cosa excluye a la otra. Esta contradicción no puede sino perjudicarla. Creo que es sumamente relevante que en los únicos recibos donde se discriminaron los rubros de haberes y sus deducciones (fs. 24/26), consta la realización de 20 “Horas Extras Normal” mensuales, lo que trasunta no sólo un reconocimiento de que el obrero trabajó horas extras, sino que ello era además habitual, pues se trata de tres meses seguidos. Frente a ello, pierden toda credibilidad los testigos empleados que negaron el trabajo en tiempo extra y, a la inversa, devienen creíbles sobre este punto también Bressan y Hurt (conf. respuestas a la 4° pregunta del pliego de fs. 55).

Pasando al agravio referido a la categorización laboral cabe concluir que el mismo no es en realidad un agravio porque no surge perjuicio para la apelante de lo decidido por la Jueza de Primera Instancia, siendo la existencia de lesión o gravamen una exigencia común a todos los recursos en nuestro derecho. En efecto, Pratto alegó haber encuadrado como “personal auxiliar especializado” dentro del CCT 130/75.Por su parte, Supermercado de los Filtros S.H. lo había categorizado como “Auxiliar A” (v. recibos de fs. 24/26). Finalmente la sentencia lo enmarcó como “personal de maestranza y servicios categoría C”. Como esta última categoría, consentida por el actor, comporta una remuneración inferior a la propia reconocida por la recurrente, no tiene ésta motivo para quejarse de lo resuelto.

Tampoco puede atenderse favorablemente la queja en torno a la condena al pago de la indemnización del art. 1 de la ley 25.323. Tal como lo hemos examinado anteriormente, la relación laboral de Pratto no estaba registrada al momento del despido, por lo que se configuró el presupuesto normativo para el incremento indemnizatorio. El caso difiere de tal guisa del juzgado por este Cuerpo el 05/08/14 (“Zorat”, F. 100 AyS N° 236/14 T. 15), mencionado por la apelante.

Finalmente y en cuanto a los pagos percibidos por el actor, éste no puede negar haber cobrado las sumas consignadas en los recibos donde consta su firma reconocida oportunamente (fs. 23/25). En cambio, como la rública del recibo de fs. 26 no ha sido reconocida, lo detallado en el mismo no puede tenerse por cancelado. Entonces, al momento de practicarse liquidación deberá deducirse como pago a cuenta lo que obra en los recibos reconocidos o lo que el mismo Pratto reconoció haber cobrado en la demanda, todo en base a la categoría laboral establecida en la sentencia a-qua. Así debe ser entendido el decisorio anterior, de manera tal que no exista enriquecimiento sin causa de ninguna de las partes.

Por todo lo dicho voto por la afirmativa, debiendo la recurrente cargar con las costas de esta instancia (art. 101 del C.P.L.).

A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido, mientras que el Dr. Macagno luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la LOPJ.

A la tercera cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución:1) Tener a la actora por desistida de los recursos concedidos a fs. 157 contra la resolución de fs. 154/155; 2) Desestimar el recurso de nulidad deducido por la demandada contra la sentencia de fondo; 3) Rechazar asimismo su recurso de apelación y confirmar en consecuencia la sentencia alzada; 4) Imponer las costas de esta instancia a la recurrente; 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación en la instancia de grado.

A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido, mientras que el Dr. Macagno luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la LOPJ.

Por ello, la CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL RESUELVE: 1) Tener a la actora por desistida de los recursos concedidos a fs. 157 contra la resolución de fs. 154/155; 2) Desestimar el recurso de nulidad deducido por la demandada contra la sentencia de fondo; 3) Rechazar asimismo su recurso de apelación y confirmar en consecuencia la sentencia alzada; 4) Imponer las costas de esta instancia a la recurrente; 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación en la instancia de grado.

Regístrese, notifíquese y bajen.

DALLA FONTANA

Juez de Cámara

CHAPERO

Jueza de Cámara

MACAGNO

Juez de Cámara

Abstención

ALLOA CASALE