Inflación y créditos laborales: cómo hacer para que el paso del tiempo no sea una ventaja para el deudor. Pandullo, Ignacio E.

Autor: Pandullo, Ignacio E. –

Fecha: 27-mar-2017

Cita: MJ-DOC-10663-AR | MJD10663

Sumario:

I. Introducción. II. El caso. III. La decisión del Tribunal «ad quem». IV. Otro criterio jurisprudencial de reciente aparición. V. Reflexión final.Doctrina:

Por Ignacio E. Pandullo (*)

I. INTRODUCCIÓN

El día 30 de septiembre de 2016, con votos de las Dras. Roxana Mambelli, Lucía Aseff y Adriana Mana, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario dictó sentencia en los autos caratulados «Fernández, Norberto Darío c/ La Segunda ART S. A. s/ Cobro de Pesos», pudiéndose extraer de la misma importantes apreciaciones en torno al mecanismo de actualización aplicable a las indemnizaciones derivadas de riesgos del trabajo luego del precedente «Espósito» (1).

II. EL CASO

El actor demandó a La Segunda ART S. A. -aseguradora contratada por su patronal-, procurando el pago de una indemnización por incapacidad laboral parcial y permanente por el padecimiento de enfermedades profesionales, con más los intereses a devengarse de acuerdo con la Res. 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Asimismo, peticionó la declaración de inconstitucionalidad del tope del art. 14 apdo. 2, inc. A , de la Ley 24.557 y del art. 16 del Decr. 1694/09. Luego de la sanción de la Ley 26.773 , solicitó que se actualizara la reparación tarifada por aplicación del índice RIPTE, así como la declaración de inconstitucional del Decr. 472/14 , del art. 17.5, de la Ley 26.773 y del art. 4 de la Ley 25.561 y art. 7 de la Ley 23.928.

En su sentencia, el Juez de Primera Instancia (2) tachó de inconstitucional el art. 17 del Decr. 472/14, hizo lugar a la demanda, y condenó a la accionada a abonar el monto que arrojara la planilla conformada por capital (art. 14.2.a, de la Ley 24.557) con las mejoras introducidas por el Decr. 1694/09 y por los arts.8 y 17.6 de la Ley 26.773, con aplicación del índice RIPTE desde la fecha de promoción de la demanda (es decir, el 27/7/10) con más una tasa de interés equivalente al 15% anual hasta su efectivo pago. Por último, impuso las costas a la accionada.

Contra dicho decisorio, la perdidosa interpuso recursos de nulidad y apelación, habiendo sostenido solo este último ante el Tribunal de Segunda Instancia.

III. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL «AD QUEM»

La Sala 2 receptó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora, y decidió lo siguiente:

– Revocar la aplicación de los arts. 8 y 17.6, de la Ley 26.773 a la fórmula polinómica así como la declaración de inconstitucionalidad del Decr. 472/14.

– Cuantificar la indemnización debida, teniendo en cuenta el modo propuesto por el «a quo» en su sentencia, con más dos veces el promedio de la tasa de interés activa, sumada, que publica el BNA para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días, a partir de la fecha de inicio de la demanda (27/7/2010) y hasta su efectivo pago, con capitalización mensual en caso de incumplimiento practicada que fuere la planilla correspondiente (arts. 767 y 779, inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación).

– Imponer por su orden las costas de esa instancia.

– Fijar los honorarios en el 50% de los que se regulen en baja instancia.

1. Sus fundamentos

Seguidamente, realizaré un repaso de los argumentos esgrimidos por la Sala para fundar su fallo, reservando para el acápite siguiente los referidos a la tasa de interés.

Así, el Tribunal:

A. Recurrió a la solución pragmática ensayada en el precedente «Vergara» (3), en el que la Dra. Mambelli -voto en mayoría- dijo lo siguiente:«. la decisión de la Corte Nacional no deja -a mi modo de ver- resquicio interpretativo alguno respecto de la imposibilidad de aplicar la Ley 26.773 a siniestros ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia -tal como venía haciendo esta Sala-, ya que, más allá de que se comparta o no la postura por la que optó el Máximo Tribunal (…) mantener el mismo criterio llevaría inexorablemente a que finalmente se viera perjudicado el trabajador frente a la dilación que se generaría frente a la esperable resistencia de las ART a abonar las sentencias dictadas sin acatar la doctrina que emanada de “Espósito”».

B. Para determinar el IBM a tener en cuenta, descartó la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la LRT (4), afirmando lo siguiente: «. ni en la instancia anterior, ni en esta, el actor ha aportado parámetros claros a fin de poder evaluar las diferencias salariales entre la fórmula polinómica a considerar en el año 2010 y en la actualidad», destacando la necesidad de contar con pautas ciertas para llevar a cabo las comparaciones pertinentes que permitieran determinar el perjuicio sufrido por el obrero por la aplicación del mentado artículo, evitando así declarar inconstitucionalidades en abstracto y de forma automática.

C. Tuvo en cuenta el cambio jurisprudencial para imponer las costas en el orden causado (art. 102 del CPL).

2. La tasa de interés aplicable

Los intereses fueron definidos así: «. los aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina, durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno o como una indemnización por un retardo en el cumplimiento de obligación dineraria» (5).-

La doctrina los ha clasificado, de acuerdo con su origen, en voluntarios y legales.En el primer grupo, se incluye a los intereses lucrativos y punitorios, mientras que, en el segundo, se contemplan los retributivos y moratorios.

En cuanto a estos últimos, los que son de relevancia para esta nota, se los ha definido así: «. aquellos que, como su nombre lo indica, se deben en caso de mora del deudor en el cumplimiento de su obligación. El deudor con su incumplimiento, priva ilegítimamente al acreedor de su derecho a percibir un capital y, como consecuencia de ello, debe reparar el daño causado. Los intereses moratorios constituyen la indemnización de dicho perjuicio y requieren para su procedencia que el incumplimiento sea imputable al deudor, objetiva o subjetivamente» (6).

Es decir, el interés debido por el incumplimiento de un pago tiene carácter indemnizatorio «per se», en forma autónoma del que le corresponde al crédito originario (en este caso una prestación dineraria de la LRT), y pretende una reparación integral del daño.

En tal sentido, en el consid. 3 del fallo analizado se hace referencia a la reparación del daño al resaltarse que «la Constitución Nacional también regula en el art. 19 el derecho a no ser dañado o «alterum non laedere cuyo correlato se encuentra en el derecho a obtener una reparación justa», extremo que también es exigido por el art. 21, inc. 2 , de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de Costa Rica), norma que integra el bloque federal de constitucionalidad, y reconocido por nuestro Máximo Tribunal en el precedente Aquino (7).

Con dicho norte, el Tribunal sentenciante buscó establecer una tasa de interés «realista y positiva» que logre mantener incólume la cuantía de la obligación y mitigar los efectos de la inflación (8), compensando así el daño sufrido por el obrero al ser privado del uso del dinero que debió recibir en concepto de indemnizaciones, debiendo dicha tasa ser modificable cuando razones lógicas así lo requieran (9).

En este sentido, en la resolución analizada se cita lo siguiente:«… el medio a emplear para mantener el valor del crédito adeudado depende de la existencia y de la magnitud del perjuicio a preparar, pero también de la calidad del acreedor, no pudiendo soslayarse que la integridad del crédito laboral se halla directamente garantizada por la Constitución, sin que pueda existir pretexto para privar a un habitante de la nación, más tratándose de un trabajador, sujeto especialmente tutelado por el texto constitucional- de parte de su propiedad, acordada por las leyes y declarada por los jueces, ni para promover el enriquecimiento sin causa del deudor moroso en razón de su propia mora» (10).

Como ya he referido, según el criterio del Tribunal, la tasa que debe aplicarse es dos veces el promedio de la tasa de interés activa, sumada, que publica el BNA para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días, a partir de la fecha de inicio de la demanda (27/7/2010) y hasta su efectivo pago, con capitalización mensual en caso de incumplimiento practicada que fuere la planilla correspondiente (arts. 767 y 779, inciso c, del Código Civil y Comercial de la Nación.

Concretamente, el decisorio del Tribunal implica que el crédito del trabajador será recompuesto por una tasa de interés promedio del 27,88% anual desde la interposición de la demanda, dichos intereses se capitalizarán mensualmente en caso de incumplimiento.

IV. OTRO CRITERIO JURISPRUDENCIAL DE RECIENTE APARICIÓN

El día 16/9/2016, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe (11), dictó sentencia en autos «Gianastacio, Francisco Inocencio c/ Asociart ART S. A. ART s/ Accidente de Trabajo» , declarando la inconstitucionalidad del art. 12 de la LRT, ordenando en consecuencia que la fórmula polinómica sea calculada tomándose como base la remuneración inmediatamente anterior a la liquidación de su acreencia, con más una tasa del 12% desde la mora y hasta la liquidación final.Resolviendo además que, una vez aprobada la liquidación, los intereses se capitalizarían cada cuatro meses (12).

V. REFLEXIÓN FINAL

La inflación endémica que viene afectando a nuestro país desde los primeros años de este siglo, nos lleva a preguntarnos cuál es el mecanismo que deben emplear los jueces para mantener indemne los créditos de los trabajadores frente al horadamiento que les ocasiona el aumento sostenido del costo de vida. La respuesta a dicha interpelación no es una nimiedad, puesto que el «neminem non laedere» consagrado en nuestra Carta Magna (combinado con la protección del art. 14 bis ) supone también que el obrero no sufra un daño extra por la depreciación de sus acreencias.

Por otro lado, esta cuestión tom a especial relevancia en tiempos como los actuales, en donde se habla de la supuesta -pero a mi criterio inexistente- «industria del juicio», ya que si los iudicantes optaran por fijar tasas de interés bajas, no harían más que fomentar un desmedido incremento de la litigiosidad, pues alentarían el incumplimiento, ya que al deudor le resultaría más conveniente emplear el dinero para financiarse a tasas muchos menores a las que accedería en caso de que le pagara al trabajador y sacara un crédito, por ejemplo, para invertir en una nueva maquinaria.

En la misma línea de pensamiento sostenida en el párrafo precedente, pero apreciando el fenómeno desde la óptica inversa, la del trabajador, debe tenerse presente que la tasa de interés que se imponga en cada caso, no debe ser menor a las que debió soportar el dependiente para sobrevivir durante la duración del litigio (por ejemplo, a través de la utilización de tarjetas de créditos, la toma de créditos, etc.), las cuales son mucho mayores a las que informa el Banco Nación (13).

Es de vital importancia garantizarle al trabajador una indemnización integral, plena, y actualizada, para poder así lograr efectivamente el valor justicia.

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(1) CSJN:«Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S. A. s/ Recurso de Queja s/ Accidente – Ley Especial», MJJ98992 , 7/6/2016. Id. SAIJ: FA16000107.

(2) Dr. Marcelo Agustín Enzo Galucci, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la 7.a Nominación de Rosario.

(3) Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, Sala II, «Vergara, Domingo Aquilino c/ Liberty ART S. A. (hoy Swiss Medical ART S. A.) s/ Demanda prestaciones Ley 24.557», 30/8/2016; 238; 1303/16.

(4) Criterio que sí prosperó en el ya citado fallo «Vergara».

(5) ALTERINI, Atilio A. y otros: Derecho de obligaciones civiles y comerciales. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, pp. 457 y 458.

(6) PIZARRO, Ramón y otros: «Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones», Hammurabi, t. 1, pp. 402 y 403.

(7) CSJN: «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. A. s/ Accidente – Ley 9688» MJJ42008 , 21/9/2004. Id SAIJ: FA04000197.

(8) En el año 2016, la inflación fue de un 40% según las mediciones realizadas por la oposición, http://www.infobae.com/economia/2017/01/10/ipc-congreso-la-inflacion-supero-el-40-en-2016-y-fue-la-mas-alta-e
-14-anos/.

(9) Carácter analizado por la Dra. Celestina Bugni de Basualdo en autos «Díaz c/ Charge», Acuerdo 122, año 2006.

(10) GRISOLÍA, Julio A.: «La tasa de interés aplicable en las sentencias laborales», en LL, 5/5/2014,1, Impuestos, junio de 2014, p. 215. ART/doc/1349/2014.

(11) Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, Sala II, «Gianastacio, Francisco Inocencio c/ Asociart ART S. A. s/ Accidente de trabajo”, 13/12/16; 224; 1468/16.

(12) Criterio sostenido por el Dr. Coppoletta en «Ibarra, Eduardo Andrés c/ Supermercados Mayoristas MAKRO S. A. s/ Cobro de pesos laborales», Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, Sala 2, 28/8/2015, 4894/15.

(13) Por no ser la materia principal de la presente nota, me abstengo de expresar mi opinión respecto de si tales extremos son o no materia de prueba.

(*) Abogado laboralista. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Especialista en Derecho del Trabajo, Universidad Nacional de Rosario (año 2014). Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (tesis en preparación), Universidad Nacional de Tres de Febrero.