Inconstitucionalidad de la Ley 25.413, en su aplicación exclusiva al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires

Partes: Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ PEN s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: II

Fecha: 2-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103883-AR | MJJ103883 | MJJ103883Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la acción de amparo iniciada por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional, ordenando a este último que deje de retener anticipos en concepto de impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operaciones creado por Ley 25.413 , pues los colegios administran recursos para cumplir funciones netamente públicas sin fines de lucro, por lo que gravar las cuentas del actor con el mencionado impuesto interfiere directamente con las funciones encomendadas al Colegio por el estado provincial.

2.-El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires no es una asociación que se integra con la adhesión libre y espontánea de cada componente, sino una entidad destinada a cumplir fines públicos que originalmente pertenecen al Estado, y que éste por delegación, transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los abogados de la jurisdicción, como auxiliares de la administración de justicia.

Fallo:

La Plata, dos de febrero de 2017. AUTOS Y VISTOS: Este expediente N°FLP 22100095/2011/CA1 caratulado “Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ PEN s/amparo ley 16.986”, proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia n° 2 esta ciudad.

Y CONSIDERANDO QUE: EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

1. La sentencia de primera instancia de fs. 342/348 y vta. dispuso hacer lugar a la acción de amparo iniciada por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (en adelante COLPROBA) contra el Estado Nacional, ordenando a este último que deje de retener anticipos en concepto de impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operaciones creado por Ley 25.413. Impuso las costas a la accionada vencida. Para así decidir, el juez de primera instancia entendió que, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, el poder de policía de la profesión de abogado había sido delegado en el Colegio de Abogados cuya naturaleza es la de un ente público no estatal. En este orden de ideas el a quo sostuvo que, en tanto en las cuentas bancarias abiertas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires se recaudan y acreditan los distintos recursos que posibilitan llevar adelante los relevantes fines y funciones del Colegio de Abogados -que son funciones provinciales delegadas-, las retenciones realizadas por el Fisco Nacional en concepto de impuesto a los débitos y créditos constituyen un grave perjuicio y una evidente interferencia a los fines de la institución.

2. Corresponde indicar que las presentes actuaciones se iniciaron mediante una acción de amparo interpuesta por el Dr. Gerardo Rafael Salas en su carácter de presidente del COLPROBA, con el patrocinio del Dr.Mariano Federico Anna, quien solicitó que se dicte la inconstitucionalidad de la Ley 25.413, en su aplicación exclusiva al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto el cobro del impuesto a esta institución contraría el principio de capacidad contributiva e igualdad, consagrados en la Constitución Nacional, y atentaría contra el Régimen de Coparticipación de Impuestos. Asimismo, solicitó se conceda la protección cautelar. Resulta necesario indicar que a fs. 47/51 el juez de primera instancia decretó una medida de no innovar, y en consecuencia, hizo saber a la demandada que debía abstenerse de continuar reteniendo los importes correspondientes al impuesto sobre los créditos y débitos respecto de los fondos cuya recaudación y administración estaban a cargo el COLPROBA sobre determinadas cuentas abiertas en el Banco Provincia de Buenos Aires. La medida fue apelada por la demanda a fs. 78/93 y confirmada por esta Sala a fs. 139/142 y vta. Posteriormente, se presentaron los Colegios de Abogados departamentales de Zárate, Campana, Trenque Lauquen, San Nicolás, San Isidro, Mar del Plata, Junín y Morón (fs. 196/316). Los colegios solicitaron que se les permita la adhesión a la demanda incoada por el COLPROBA se dicte sentencia definitiva y se amplie la medida cautelar. A fs. 317 el Ministerio Público de la Nación entendió que resultaba incompetente territorialmente para hacer lugar a la adhesión de la demanda y extensión de la cautelar que solicitaron los colegios. La demandada interpuso un recurso de revocatoria, a lo que el juez a quo resolvió que no resultaba competente (fs. 335/336 y vta.).

3. Como adelantáramos, la sentencia de grado hizo lugar a la demanda incoada por el COLPROBA, lo que motivó la interposición del presente recurso de apelación ante esta Cámara con simultánea expresión de agravios (fs. 349/355 y vta.), recurso que fue concedido a fs. 356. Asimismo, la parte actora se presentó a contestar el traslado conferido a fs. 359/367.Los agravios de la demandada se circunscriben a que la sentencia de primera instancia efectúa una arbitraria interpretación de la Ley 25.413 y asume facultades legislativas. La demandada sostiene que yerra el sentenciante al interpretar que los Colegios Profesionales se encuentran incluidos en alguno de los casos de eximición previstos por la Ley 25.413, toda vez que se trata de una entidad de derecho público no estatal y no de un organismo del Estado, perteneciente de la Administración Pública. Asimismo, entiende que resulta desacertado el argumento para determinar la exención subjetiva por vía de analogía. Remarca que ni la ley, ni el reglamento, dispensaron a los colegios profesionales del pago total del tributo que nos ocupa siendo ello así porque en nada están impedidos de trasladar, a sus matriculados, el costo de la alícuota preferencial que la reglamentación estableció para ellos.

4. Sentado lo expuesto, corresponde indicar que la Ley 25.413, denominada “Ley de Competencia”, dispuso la creación de un impuesto sobre los créditos y débitos efectuados en cuentas -cualquiera sea su naturalezaabiertas y sobre operatorias que lleven adelante las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras (art. 1). Asimismo dispone que estarán exentos del gravamen “a) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, como así también las operatorias y movimientos de fondos, correspondientes a los Estados nacional, provinciales, las municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, estando excluidos los organismos y entidades mencionados en el artículo 1° de la Ley 22.016.” (art. 2).

Este gravamen recae sobre las cuentas que el COLPROBA tiene en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En tal sentido, y atendiendo a los planteos efectuados, resulta necesario dilucidar si el Colegio se encuentra alcanzado por el mencionado tributo.A tal fin, resulta indispensable apuntalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que en materia de exenciones tributarias, es constante el criterio conforme al cual deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan (Fallos: 277:373; 279:226; 283:61; 284:341; 286:340; 289:508; 292:129; 302:1599) y su interpretación debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan (Fallos: 285:322, entre otros), ya que la primera regla es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973). Siguiendo este orden de ideas, resulta atinado remarcar que la interpretación de una ley debe ser razonable y prudente, cuyo propósito sea que la ley se cumpla en armonía con el ordenamiento jurídico vigente. Por tal motivo, al abordar el alcance de la Ley 25.413, resulta indispensable tener presente la intención de los legisladores nacionales al crear este impuesto y el fin perseguido por los legisladores provinciales al crear el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que “el Gobierno de la Nación carece de facultades para impedir o estorbar a las provincias el ejercicio de aquellos poderes que no han delegado o se han reservado, porque por esa vía podría llegarse a anularlos por completo” (Fallos: 147:239). Incluso, ha señalado que “los instrumentos, medios y operaciones a través de los cuales el Gobierno Nacional ejercita sus poderes están exentos de impuestos por los Estados, y, recíprocamente, los instrumentos, medios y operaciones de que se valen las provincias para ejercitar los poderes que les pertenecen están exentos de impuestos por el gobierno Nacional, en virtud del principio implícito de completa independencia de la Nación y de las provincias dentro de las respectivas esferas de acción” (Fallos:186:170 y 196:3699). En tal sentido, el Máximo Tribunal ha entendido -en relación al Colegio Público de Abogados de Capital Federal- que “el Colegio no es una asociación que se integra con la adhesión libre y espontánea de cada componente, sino una entidad destinada a cumplir fines públicos que originalmente pertenecen al Estado, y que éste por delegación, circunstanciada normativamente, transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los abogados de la Capital Federal, como auxiliares de la administración de justicia” (Fallos: 308:987). Por otro lado, Gordillo ha señalado que “son corporaciones públicas, en general, asociaciones (organizadas en base a la cualidad de miembro o socio de sus integrantes) que han sido compulsivamente creadas por el Estado para cumplir determinados objetivos públicos y sometidas a un régimen de derecho público, particularmente en lo que se refiere al control del Estado y a las atribuciones de la corporación sobre sus asociados. Hay distintos tipos de corporaciones públicas: a) Colegios profesionales: Colegios de abogados, colegios médicos, de veterinarios, ingenieros agrónomos, etc., cuando tienen asociación compulsiva determinada por la ley, control de la matrícula, poder disciplinario sobre sus miembros, etc. Su régimen jurídico tiene muchas influencias del derecho público, en particular en lo que hace a su facultad de dictar actos administrativos.”. (Agustín Gordillo. “Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas”. Tomo I, Parte General). Sumado a esto, Spota sostiene “es del resorte de la autoridad provincial desempeñar policía sobre el ejercicio de las profesiones liberares”, en tal sentido, indica que la ejecución de todo régimen profesional puede ser desplegada por la provincia, por sí y ante sí, o puede ser encomendada a favor de entes públicos para-estatales constituidos a dichos fines y efectos.Por esto, es que afirma que los colegios profesional han sido creados a instancias de la delegación de poder de policía practicada por la autoridad provincial a su favor, en aras de velar por el cumplimiento de los recaudos a los deba ceñirse el ejercicio de determinada actividad profesional. (Alberto Antonio Spota. “Las provincias como sujetos no pasivos ante el Estado Federal.

A propósito de las cajas de previsión y seguridad social para pr ofesionales y el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios” La Ley 2010-B). En este sentido, resulta necesario señalar que la Ley 5.177 (T.O por Decreto 2885/01 con las modificaciones introducidas por la Ley 13419) dispone que “El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público no estatales, para el mejor cumplimiento de sus fines.” (art. 48). Así es que el COLPROBA ha sido creado por el estado provincial para cumplir determinados objetivos públicos y se encuentra sometido a un régimen de derecho público. Asimismo, se le ha encomendado determinados deberes y atribuciones por ley, a saber, centralizar la matrícula de abogados y procuradores, administrar y proyectar el presupuesto, actuar judicial y administrativamente en defensa de los intereses profesionales, etc. (Art. 50). Sentado ello, entiendo -como he señalado al momento de confirmar la medida cautelar- que los Colegios Profesionales tienen a su cargo, por delegación legalmente formulada, el Poder de Policía sobre el ejercicio de la actividad profesional.

En este sentido, los colegios administran recursos para cumplir funciones netamente públicas sin fines de lucro, por lo que gravar las cuentas del COLPROBA con el impuesto descrito interfiere directamente con las funciones encomendadas al Colegio por el estado provincial. Por todo lo expuesto, considero que corresponde confirmar la sentencia apelada. Costas de Alzada a la vencida (art. 68 del CPCCN). Así lo voto.

EL JUEZ SCHIFFRIN DIJO: Que adhiere al voto del Juez Alvarez.

Por ello, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada. Costas de Alzada a la vencida (art. 68 del CPCCN). Regístrese, notifíquese y devuélvase. Se deja constancia que la Jueza Calitri no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).