El contrato de renta vitalicia pactado en dólares debe ser cumplido por la aseguradora en dicha moneda.

Partes: López Norma Elisabeth y otro contra Orígenes Cía. de Seguros de Retiro S.A. s/ amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 7-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-104033-AR | MJJ104033 | MJJ104033

El contrato de renta vitalicia pactado en dólares debe ser cumplido por la aseguradora en dicha moneda.

Sumario:

 

1.-La prescripción procede cuando transcurre el tiempo establecido por la ley para el ejercicio de la acción, sin que ocurran actos de suspensión o interrupción del plazo. Por ende, para que una acción prescriba es necesario que el tiempo de inactividad fijado por la ley comience a correr, lo que normalmente es denominado como el dies a quo.

 

2.-El comienzo de la prescripción no es unívoco, en tanto dependerá de la naturaleza del derecho cuya acción es susceptible de extinguirse por medio de este instituto. Puede señalarse entonces que los principios que rigen el inicio de la prescripción son susceptibles de ser enunciados del siguiente modo: (a) la prescripción comienza desde el día en que nace la acción (a dia natae actioni); (b) la acción que aún no ha nacido, no prescribe (actionis nodum natae, non prescribitur), lo cual quiere decir que, aunque el derecho creditorio exista, la prescripción no corre si no está abierta y expedita la vía para demandarlo por existir un obstáculo legal o convencional; y, (c) la acción puede comenzar a prescribir de inmediato, si su nacimiento hubiera quedado librado a la voluntad del acreedor, cuando éste ha podido actuar desde que la obligación quedó constituida, dando previo aviso al deudor.

 

3.-Una vez anoticiada de que su renta vitalicia había sido pesificada -lo cual le habría producido el perjuicio económico invocado- la beneficiaria estuvo en condiciones de hacer valer sus derechos en forma judicial. Por lo tanto, es a partir de ese momento cuando, en el caso, debe comenzar a correr el plazo de prescripción.

 

4.-Las normas de la ley de seguros n° 17.418 deben ser desplazadas frente a la vigencia de una legislación más específica como es la Ley 24.241 , que determina el régimen especial que regula la relación jurídica en que se basa el presente reclamo. Esta legislación, que instituye el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, establece en su art. 14 inc. e que las prestaciones que se acuerden por el mencionado S.I.J.P. son imprescriptibles. Pero contempla como excepciones las que menciona en su art. 17 , integrando esta norma el título II de aquella ley, regula el llamado régimen previsional público y enumera, entre otros supuestos, a la pensión por fallecimiento , que es la prestación que otorga el contrato de renta vitalicia.

 

5.-A los efectos de la prescripción, la norma del art. 17 de la Ley 24.241 remite al art. 82 de la Ley 18.037 (T.O. de 1976), cuyo párrafo tercero establece que …prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio… , de modo que frente a esta clara disposición legal, al haber sido reconocido que el haber previsional mensual fue pesificado en enero de 2002 y que su beneficiaria continuó su percepción por varios años, cupo admitir la defensa y declarar prescripto todo reclamo anterior a diciembre de 2009 -en tanto esta acción fue incoada el 6.12.11.

 

6.-El hecho de que la accionante hubiese percibido parte de sus haberes pesificados durante cierto tiempo sin efectuar reserva de derechos, no puede perjudicar la suerte de la demanda, pues no cabe considerar que la falta de reserva implicó un sometimiento al régimen que posteriormente se impugnó (conf. C.S.J.N., 13.7.04, Cabrera ). Es que la índole previsional de los derechos en juego importa relevar a la accionante del cumplimiento de la obligación de manifestar su desacuerdo con el importe pagado y de efectuar la correspondiente reserva de reclamar eventuales diferencias; dado que: (*) no se trata de derechos de propiedad privada stricto sensu -esencialmente renunciables- sino de derechos inherentes a la seguridad social, en tanto la renta vitalicia previsional contiene una finalidad específica compatible con la tutela que el art. 14 bis de la CN. otorga a los beneficios de esa naturaleza, de carácter integral e irrenunciable; (**) los derechos en juego son de carácter alimentario y, (***) lo atinente a la materia previsional debe apreciarse conforme a la finalidad que se persigue; ámbito en el cual el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen los fines que la inspiran, que no son otros que la cobertura de riesgos de subsistencia y la protección de la familia.

 

7.-El contrato de renta vitalicia celebrado entre las partes es aleatorio (art. 2051 del CCiv.) pues las ventajas o pérdidas para ambas partes contratantes, o solamente para una de ellas, dependen de un acontecimiento incierto y futuro. El acontecimiento incierto que constituye el alea es la duración de la vida de la persona que se toma en cuenta para determinar la extensión temporal del pago de la renta .

 

8.-Los cambios económicos que puedan darse en un vínculo de larga duración, con finalidad previsional, no constituyen un alea, sino el riesgo propio de la actividad. Al respecto, conviene precisar que un contratante previsor debe identificar los riesgos vinculados al emprendimiento y prever los medios para difundirlos.

 

9.-La contratación de la renta tiene una finalidad de previsión y de cobertura de riesgos. Es la aversión a los riesgos lo que motiva este contrato, y es el elemento decisivo que motiva tanto la existencia del seguro como la de la renta vitalicia. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

 

Fallo:

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.

 

  1. Orígenes Seguros de Retiro S.A. apeló la resolución de fs. 183/189 mediante la cual el juez de primera instancia admitió parcialmente el amparo promovido por la pretensora y la condenó a cumplir, en dólares estadounidenses, el contrato de renta vitalicia que la vincula con ésta.

 

Sus fundamentos vertidos en fs. 192/206 fueron contestados en fs. 209/200.

 

En prieta síntesis, la apelante se agravia porque -a su criterio- el juez de primer grado: (i) admitió sólo parcialmente la excepción de prescripción opuesta en fs. 99/100, (ii) omitió considerar que la pretensora aceptó pagos anteriores en pesos y no efectuó reserva alguna por la diferencia con la cotización del dólar y, (iii) la condenó erróneamente a pagar lo adeudado en dólares sin haber declarado la inconstitucionalidad de las normas de emergencia.

 

  1. La señora Fiscal General ante esta Cámara dictaminó en fs. 241/242.

 

  1. En tanto los jueces no están obligados a seguir a los litigantes en todos y cada uno de sus planteos, sino sólo en aquellos que resulten pertinentes para la correcta composición y resolución del conflicto (conf. C.S.J.N., Fallos, 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, 19.2.13, “Calcupen S.R.L. c/Volkswagen Argentina S.A. s/ordinario” ), únicamente se tratarán los argumentos recursivos que conduzcan a dirimir la litis, prescindiendo de aquellos que se subsuman en otros o que por su entidad obtengan debida respuesta jurisdiccional en la solución final del caso o en los fundamentos del fallo (esta Sala, 9.10.14, “Vázquez Hernández, Claudia María c/Metlife Seguros de Retiro S.A. s/amparo”).

 

  1. En cuanto al primer agravio de la aseguradora, corresponde recordar que la prescripción procede cuando transcurre el tiempo establecido por la ley para el ejercicio de la acción, sin que ocurran actos de suspensión o interrupción del plazo.Por ende, para que una acción prescriba es necesario que el tiempo de inactividad fijado por la ley comience a correr, lo que normalmente es denominado como el dies a quo (López Herrera, Edgardo, Tratado de la prescripción, tomo I, Buenos Aires, 2007, pág. 126).

 

Siendo ello así, cabe recordar que el comienzo de la prescripción no es unívoco, en tanto dependerá de la naturaleza del derecho cuya acción es susceptible de extinguirse por medio de este instituto. Puede señalarse entonces que los principios que rigen el inicio de la prescripción son susceptibles de ser enunciados del siguiente modo: (a) la prescripción comienza desde el día en que nace la acción (a dia natae actioni); (b) la acción que aún no ha nacido, no prescribe (actionis nodum natae, non prescribitur), lo cual quiere decir que, aunque el derecho creditorio exista, la prescripción no corre si no está abierta y expedita la vía para demandarlo por existir un obstáculo legal o convencional; y, (c) la acción puede comenzar a prescribir de inmediato, si su nacimiento hubiera quedado librado a la voluntad del acreedor, cuando éste ha podido actuar desde que la obligación quedó constituida, dando previo aviso al deudor (Argañaras, Manuel J., La prescripción extintiva, Buenos Aires, 1966, págs. 49/50; esta Sala, 16.9.10, “Martínez, Lupe y otros c/Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A. s/ordinario” , voto del juez Vassallo).

 

De lo anterior se infiere que, una vez anoticiada de que su renta vitalicia había sido pesificada -lo cual le habría producido el perjuicio económico invocado- la beneficiaria estuvo en condiciones de hacer valer sus derechos en forma judicial. Por lo tanto, es a partir de ese momento cuando, en el caso, debe comenzar a correr el plazo de prescripción (esta Sala, 16.9.10, “Martínez.”).

 

Definido ello, cabe establecer cuál es el concreto plazo prescriptivo aplicable, y cuál la consecuencia de su aplicación considerando que nos hallamos ante un contrato de larga duración y ejecución continuada.

 

Al respecto, debe precisarse que las invocadas normas de la ley de seguros n° 17.418 deben ser desplazadas frente a la vigencia de una legislación más específica como es la ley 24.241, que determina el régimen especial que regula la relación jurídica en que se basa el presente reclamo.

 

Esta legislación, que instituye el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, establece en su art. 14 inc. “e” que las prestaciones que se acuerden por el mencionado S.I.J.P. son imprescriptibles. Pero contempla como excepciones las que menciona en su art. 17. Esta norma, que integra el título II de aquella ley, regula el llamado “régimen previsional público” y enumera, entre otros supuestos, a la “pensión por fallecimiento”, que es la prestación que otorga el contrato sub examine (v. fs. 59/60).

 

Así, a los efectos de la prescripción, la norma remite al art. 82 de la ley 18.037 (T.O. de 1976), cuyo párrafo tercero establece que “.prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio.” (CNFed.Civ.yCom., Sala I, 6.9.07, “Martínez de Cárdenas, María Virginia y otro c/Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A. s/proceso de conocimiento”; esta Sala, 11.11.08, “Di Benedetto, Francisca c/HSBC New York Life Seguros de Retiro S.A. y otro s/amparo”).

 

Frente a esta clara disposición legal, al haber sido reconocido que el haber previsional mensual fue pesificado en enero de 2002 y que su beneficiaria continuó su percepción por varios años, cupo admitir la defensa y declarar prescripto todo reclamo anterior a diciembre de 2009 -en tanto esta acción fue incoada el 6.12.11- tal como lo refirió el Juez a quo (fs. 185vta.; conf.esta Sala, 16.9.10, “Martínez .”).

 

Se desestima, por lo tanto, la apelación deducida en lo que a este aspecto concierne.

 

  1. Con relación al segundo reproche de “Orígenes”, atinente a la falta de reserva de la actora por el pago en pesos y no en dólares de los haberes adeudados, corresponde señalar que el hecho de que la accionante hubiese percibido parte de sus haberes “pesificados” durante cierto tiempo sin efectuar reserva de derechos, no puede perjudicar la suerte de esta demanda (esta Sala, 9.10.14, “Vázquez Hernández, Claudia María c/Metlife Seguros de Retiro S.A s/amparo”).

 

Ello pues no cabe considerar que la falta de reserva implicó un sometimiento al régimen que posteriormente se impugnó (conf. C.S.J.N., 13.7.04, ’’Cabrera”). Es que la índole previsional de los derechos en juego importa relevar a la accionante del cumplimiento de la obligación de manifestar su desacuerdo con el importe pagado y de efectuar la correspondiente reserva de reclamar eventuales diferencias; dado que: (*) no se trata de derechos de propiedad privada stricto sensu -esencialmente renunciables- sino de derechos inherentes a la seguridad social, en tanto la renta vitalicia previsional contiene una finalidad específica compatible con la tutela que el art. 14 bis de la Constitución Nacional otorga a los beneficios de esa naturaleza, de carácter integral e irrenunciable; (**) los derechos en juego son de carácter alimentario y, (***) lo atinente a la materia previsional debe apreciarse conforme a la finalidad que se persigue; ámbito en el cual el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen los fines que la inspiran, que no son otros que la cobertura de riesgos de subsistencia y la protección de la familia (conf. C.S.J.N, 16.9.08, “Benedetti”; CNCom., esta Sala, 9.10.14, “Vázquez Hernández, Claudia María c/Metlife Seguros de Retiro”, CNCom, Sala E, 2.3.09, “Rognoni, Beatriz c/Siembra Seguros de Retiro S.A.s/ordinario”).

 

Por todo lo anterior, el recurso tampoco puede prosperar en este aspecto.

 

  1. En cuanto a los restantes agravios de la aseguradora, atinentes a la obligación impuesta por el Juez a quo de pagar lo adeudado en dólares estadounidenses (y no en pesos convertidos al tipo de cambio oficial), cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado doctrina aplicable al caso (C.S.J.N., 16.9.08, “Benedetti, Estela Sara c/ P.E.N. ley 25.561 -dtos 1570/01 y 214/02 s/amparo”).

 

En efecto: en “Benedetti” la Corte Nacional concluyó que la solución de emergencia no supera el llamado “test de constitucionalidad”, puesto que -conforme explicó el voto de la mayoría- el contrato de renta vitalicia tiene una finalidad previsional que otorga al beneficiario un derecho de crédito que debe ser integral. En ese contexto estimó irrazonable, para el caso, la solución brindada por la legislación de emergencia, pues la pesificación compulsiva desnaturaliza el contrato en tanto no podría cumplir su finalidad específica, cual es otorgar a los beneficiarios un nivel de vida similar, dentro de una proporcionalidad justa y razonable, al que tenían. La reducción abrupta de sus ingresos, por vía de una conversión arbitraria de la renta originariamente pactada en dólares, importaría entonces desatender la protección prevista por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y afectaría el derecho de propiedad del beneficiario.

 

En tal sentido, debe recordarse -como lo hace el Alto Tribunal- que “.la materia previsional se vincula con personas que, por lo general, han concluido su vida laboral y, en la mayoría de los casos, han supeditado su sustento a la efectiva percepción de los haberes que les corresponden por mandato constitucional, razones que justifican una especial tutela”. De allí que la disminución grosera de sus ingresos, deja a su titular en una situación de completa indefensión en la última etapa de su vida.Y, como fue dicho, la aplicación de la ley de emergencia priva al contrato de su finalidad específica, lo cual constituye una de las consecuencias relevantes para concluir por la irrazonabilidad de la solución legal.

 

En este punto la Corte ha recordado que “.El contrato de renta vitalicia celebrado entre las partes es aleatorio (art. 2051 del Código Civil) pues las ventajas o pérdidas para ambas partes contratantes, o solamente par a una de ellas, dependen de un acontecimiento incierto y futuro. El acontecimiento incierto que constituye el alea es la duración de la vida de la persona que se toma en cuenta para determinar la extensión temporal del pago de la renta”. Agregando que “Los cambios económicos que puedan darse en un vínculo de larga duración, con finalidad previsional, no constituyen un alea, sino el riesgo propio de la actividad. Al respecto, conviene precisar que un contratante previsor debe identificar los riesgos vinculados al emprendimiento y prever los medios para difundirlos”.”La contratación de la renta tiene una finalidad de previsión y de cobertura de riesgos.Es la aversión a los riesgos lo que motiva este contrato, y es el elemento decisivo que motiva tanto la existencia del seguro como la de la renta vitalicia”.

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, la decisión de primer grado debe confirmarse, no sin antes dejar aclarado que, si bien esta Sala no desconoce que la jurisprudencia de la Corte Nacional no posee carácter vinculante para los demás Tribunales, no parece razonable ignorar la relevancia de sus conclusiones, en particular, por ser emanadas del Tribunal que se encuentra en el lugar más elevado de la organización judicial del país y a quien en definitiva le cabe emitir la decisión final en cualquier conflicto que la ley le atribuye.

 

Para finalizar, y con relación al planteo de la aseguradora alusivo a la improcedencia de abonar lo adeudado en dólares al no haberse declarado la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia, se deja sentado que la Sala comparte las argumentaciones y conclusiones vertidas por la Representante del Ministerio Público Fiscal en fs. 241/242, pues aquellas se ajustan a las circunstancias de la causa y propician una adecuada solución del conflicto.

 

De allí que, atendiendo a elementales razones de brevedad discursiva, haciendo propios esos fundamentos y dando por reproducidas sus conclusiones, habrá de decidirse la cuestión del modo propuesto.

 

  1. Las costas de Alzada, tal como ha sido decidido en similares pronunciamientos, en atención a la naturaleza de la materia en estudio y la razonabilidad argumental de las posturas asumidas por las partes, habrán de distribuirse en el orden causado (art. 68:2°, Cpr.; esta Sala, 8.10.08, “Cacace, María Virginia c/Consolidar Cia. de Seguros de Retiro S.A. “; entre otros).

 

  1. Por los fundamentos que anteceden, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Fiscal General, se RESUELVE:

 

Rechazar el recurso interpuesto, con costas de segunda instancia en el orden causado.

 

  1. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13). Fecho, notifíquese a la Fiscal en su despacho y devuélvase la causa, confiándose al juez de primer grado las diligencias ulteriores (art. 36:1°, Cpr.) y las restantes notificaciones.

 

EL Juez Gerardo G. Vassallo no interviene por hallarse en uso de licencia (RJN 109).

 

Juan R. Garibotto

 

Pablo D. Heredia

 

Pablo D. Frick

 

Prosecretario de Cámara