El deceso de un miembro de la Prefectura Naval Argentina como consecuencia de un infarto masivo mientras cambiaba una cubierta del vehículo que conducía como chofer, debe ser considerado como acaecido “en actos de servicio”.

Partes: Cocco María Isabel c/ Prefectura Naval Argentina s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 21-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103911-AR | MJJ103911 | MJJ103911

El deceso de un miembro de la Prefectura Naval Argentina como consecuencia de un infarto masivo mientras cambiaba una cubierta del vehículo que conducía como chofer, debe ser considerado como acaecido “en actos de servicio”.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda iniciada por la viuda de un miembro de la Prefectura Naval Argentina y disponer que la pensión que le corresponde se actualice de modo sexenal de acuerdo al art. 2  de la Ley 26.578, ya que el hecho es encuadrable en las previsiones de la Ley 16.443  por cuanto ocurrió en actos de servicio , siendo que aquel sufrió un infarto masivo mientras cambiaba una cubierta del auto que conducía como chofer de la fuerza.

2.-Es procedente extender a la actora los beneficios otorgados por la Ley 26.578, en razón de que el fallecimiento de su esposo ocurrió en actos de servicio al haber sufrido un infarto masivo mientras cambiaba una cubierta del auto que conducía como chofer de la fuerza y en cuanto la medida representa un acto de justicia, tendiente a paliar las erogaciones que genera su muerte conforme lo expuesto en el mensaje del Poder Ejecutivo y las razones de equidad por las que se extiende al personal de Prefectura Naval Argentina, abonándosele las diferencias retroactivas, con más sus intereses (del voto del Dr. Toledo).

3.-Del texto de la Ley 26.578 no se infiere tan claramente que se deba distinguir la incapacidad como producida en y por actos de servicio , tratándolos como dos supuestos distintos que han de concurrir, por lo que no se debe distinguir donde la ley no lo hace (del voto del Dr. Toledo).

4.-La tasa de interés aplicable a la diferencia de haberes de pensión que debe percibir la actora al haberse admitido la actualización sexenal prevista en el art. 2 de la Ley 26.578, ea la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco de la Nación para un plazo de 49 a 60 meses, desde que cada suma era debida (del voto en disidencia parcial del Dr. Barbará)

Fallo:

Rosario, 21 de febrero de 2017.- Visto, en acuerdo de la Sala “A” – integrada- el expediente Nro. FRO 22011591/2011, caratulado: “COCCO, María Isabel c/ Prefectura Naval Argentina s/ Cobro de Pesos”, proveniente del Juzgado Federal Nro. 2 de esta ciudad, del que resulta, El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:

1.- Vienen los autos para resolver el recurso de apelación que interpuso la actora (fs. 51) contra la sentencia del 16 de abril de 2014 (fs. 46), que rechazó la demanda que había interpuesto contra Prefectura Naval Argentina.- Concedido el recurso y elevado el expediente, la actora expresó agravios a fs. 62, quedando la causa en estado de resolver.- 2.- La recurrente destaca que de la resolución en crisis surge que el punto a dilucidar es si el actor se encuentra dentro del presupuesto de hecho contemplado en la ley 26.578, que establece el beneficio previsional de dos grados jerárquicos para aquellos agentes incapacitados en forma permanente “en y por acto de servicio”.

Afirma que la jueza realizó una interpretación errónea de la dolencia de Francisco Brazza (esposo de la actora) y concluye que su incapacidad se corresponde en forma directa con la situación a la que se encontró expuesto.- Recuerda que su incapacidad se produjo como consecuencia de la ejecución de una tarea propia de la función de seguridad, aunque indirecta, como ser el cambio de una rueda en un vehículo oficial.- Observa que según la interpretación que se hizo en la sentencia pareciera que sólo serán beneficiarios de la ley aquellos fallecidos o heridos en guerra, tiroteos o situaciones de violencia manifiesta, cuando la norma jamás prevé tal supuesto.

Recuerda que el requisito normativo para el otorgamiento del beneficio radica en la relación directa del servicio en la fuerza con la incapacidad permanente.Destaca que si Brazza no hubiera sido integrante de la PNA no se habría incapacitado.- En segundo lugar, sostiene que la resolución de primera instancia contradice doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia previsional.- de costas a su parte.- puntualización que se Por último cuestiona la imposición Y Considerando que:

1.- Sin perjuicio de la hará más adelante sobre el reclamo concreto que el actor hace en este expediente, cabe señalar liminarmente que el tema a analizar en esta oportunidad es sustancialmente análogo al tratado por esta Sala en los autos “Massari”, Acuerdo de fecha 4 de marzo de 2015 y “Pasetto” (24/09/15), “Abasto” y “Cicconi” (15/10/15) (ver http://www.cij.gov.ar/sentencias). En tales pronunciamientos sostuve que el debate versa sobre la trascendente problemática atinente a la interpretación de la ley. Al respecto también dije que ya en la primera materia de nuestra carrera, cuanto menos en la “Facultad de Derecho de Rosario”, aprendimos que el tema concernido forma parte de otro mayor que es el del “funcionamiento de la norma”, del cual aquélla, la interpretación, resulta ser el primer paso (así Werner Goldschmidt en: “Introducción al Derecho”, Depalma, Buenos Aires, 1967, tercera edición, página 231 y siguientes).

Sobre el particular sostengo desde antaño que “El que considera desde luego claro e inteligible un precepto legal, sin admitir debate sobre él, comete una petición de principio” (Reichel, Hans en: “La ley y la sentencia”, Reus, Madrid, 1921, página 64).

1.1.- Ahora bien. La apelante propugna una interpretación de la ley 26.578 según la cual, el caso de autos encontraría amparo en ella, de modo que la sentencia que rechazó al reclamo debería ser revocada.

A esta altura cuadra señalar que si bien el mensaje con el cual el P.E.acompañó al Congreso de la Nación su proyecto de ley contiene menciones sobre la limitación de los beneficios conferidos sólo para los casos de víctimas de delitos violentos, también es cierto que ese mismo elemento refiere tanto a la ley 20.774 como a la 16.443, tal como a la postre lo reguló la ley 26.578. Por ello cabe tener en cuenta que el artículo 1 de la ley 16.443 refiere a incapacidades generadas “en acto de servicio”, previendo para hipótesis de actos heroicos o de arrojo en el cumplimiento del deber, es decir, “en y por un acto de servicio”, un plus de concesión facultativa, al tiempo que el artículo 7, al referir al personal civil de las fuerzas de modo genérico, utiliza la expresión “.causal de incapacidad o inutilización por acto de servicio.”, de tal suerte que la diferenciación entre discapacidad con origen “en acto de servicio”, por una parte y “en y por acto de servicio” por la otra, no surge con nitidez de la norma bajo análisis. Más bien su texto pareciera indicar que su autor o autores no efectuaron tal disquisición.y si se quiere complementó la precedente 16.443, tornando operativo ministerio legis el ascenso de dos grados que esta última preveía como facultativo, introduciendo así una mejora a la situación de discapacidades que hubieren tenido su origen “en y por actos de servicio”, más sin exigir ya heroísmo ni arrojo.

De tal suerte entonces que la aplicación de las normas cuyo análisis nos viene ocupando, habrá de establecer siempre una diferenciación entre quien se incapacite “en acto de servicio” y quien sufra tal menoscabo “en y por acto de servicio”, desde que este último ostentará a partir del momento de su fatalidad, dos grados más en su jerarquía escalafonaria, con el consiguiente incremento remuneratorio.

1.2.- Es de recordar que la confección de las leyes en una República democrática no plasma voluntad individual alguna, sino la colectiva del cuerpo legislativo, integrado tanto por diputados como por senadores, de manera que si la formula restrictiva (“en y por acto de servicio”) a la que se aferrara la sentenciante, no fue la sancionada por el órgano legiferante, lo que cabe inferir es que se habría debido a que no quiso hacerlo y no por olvido, indolencia, ni ninguna otra razón disvaliosa.Porque como lo afirma el tribunal cimero “No cabe presumir en el legislador inconsecuencia, falta de previsión ni el desconocimiento de otras leyes vigentes” (278-62, 289:200, 297:142, 300:1680, 308:283 y muchos otros).

Desde una óptica constitucional es de tener presente que el PEN además de contar con la posibilidad de asumir la iniciativa en la formación de las leyes, como lo hizo en este caso, luego del tránsito de éstas por ambas Cámaras del Congreso y de la sanción, . De manera entonces que el órgano administrador no sólo fue el autor del proyecto de la ley 26.578 que no incluyó en su texto la disquisición restrictiva, sino que antes de la promulgación y publicación de la norma la analizó y aprobó.

La situación trae a cuento el brocárdico conforme al cual Ubi lex voluit, dixit, ubi voluit, tacuit (“Donde la ley quiere, habla; donde no quiere, calla” (Q. Mucius Scævola en: “Código Civil comentado.”, segundo tomo apéndice, Madrid, imprenta de Ricardo Rojas, 1896, página 150).

1.3.- Nuestro máximo tribunal tiene afirmado que “La primera fuente de interpretación de la ley son sus palabras, que deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, partiendo de la base de que no son superfluas sino que han sido empleadas con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir conceptos” (Fallos 200:175).

También se ha sostenido entre nosotros la siguiente idea que comparto y por ello la cito: “.resulta errónea la disputa de si el intérprete tiene que ser fiel a la voluntas legislatoris o a la voluntas legis, porque la fidelidad que se le pide al intérprete jurídico es a la justicia prudencialmente definida aquí y ahora.” (Vigo, Rodolfo L. en:”Interpretación jurídica”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe-Buenos Aires, 1999, página 101, la cursivas son de autor citado).

Mucho antes de ahora otro insigne jurista nuestro sostuvo ideas similares a la precedente al sostener que toda norma, una vez sancionada, contiene una voluntad autónoma, agregando que “En la vida social y política es dado ver con frecuencia al inventor de un sistema empeñado en la vana tarea de poner diques improvisados para detener el curso de los pensamientos que él mismo puso en circulación” (Soler, Sebastián en: “La interpretación de la ley”, Ariel, Barcelona, 1962, página 117).

2.- En la demanda, el representante de la Sra. María Isabel Cocco sostiene que el fallecimiento de su esposo se produjo “en actos de servicio” y “por actos de servicio” y por tal motivo solicita que su haber se adecue a las disposiciones de la ley 26.578, es decir, la actualización sexenal equiparándolo al del grado superior, hasta alcanzar una remuneración equivalente a la correspondiente al máximo grado de cada categoría de personal o escalafón, según corresponda.- Para dilucidar ese aspecto debemos tener en cuenta cuáles son las situaciones que contempla la normativa, para de ese modo concluir si el caso en análisis encuadra en alguna de ellas.- La ley 16.443 del año 1962 reconoció al personal de las fuerzas de seguridad de la Nación -entre las cuales se encontraba la Prefectura Nacional Marítima- “incapacitado en acto de servicio, el grado inmediato superior para el caso que deba acogerse o se haya acogido al retiro”.- Posteriormente, la ley 20.774 del año 1974 amplió el beneficio para el personal de determinadas fuerzas nacionales -entre las cuales, esta vez, no se encontraba PNA- que se incapaciten “en forma permanente, total o parcialmente, en y por actos de servicio, en el caso que deba acogerse o se haya acogido a los beneficios de la ley 16.443”. El beneficio consistía en promover a dos grados jerárquicos más (a diferencia de la anterior que lo promovía auno) a los agentes que se incapaciten y deban por ello pasar a retiro.- En otras palabras, esta ley extendió la previsión de la ley 16.443 para el caso que el infortunio tenga lugar “en y por actos de servicio”, de ahí la mayor cobertura que le otorga a los agentes de las fuerzas que menciona.- Finalmente, en el año 2009 se sancionó la ley 26.578 (publicada en el Boletín Oficial el 30/12/20 09) cuyo propósito fue extender los beneficios otorgados por las Leyes No 16.443 y No 20.774 al personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria y establecer su actualización sexenal.- Sucintamente tenemos entonces que las leyes 16.443 y 20.774 contemplan situaciones distintas; la primera refiere, preponderantemente, a la incapacitación “en actos de servicio”, mientras que la segunda a similares infortunios acaecidos “en y por actos de servicios”-.- La situación de Francisco Alberto Brazza (quien fuera esposo de la actora) encuadró en el primer supuesto y por esa razón María Isabel Cocco tiene derecho al primer beneficio, ya que según surge de la resolución que acompañó la accionada a fs. 13, Brazza falleció como consecuencia de un infarto masivo mientras cambiaba una cubierta de un auto que conducía como chofer de la fuerza.- Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ortega, Arturo Indolfo c/ Estado Nacional Ministerio del Interior -Policía Federal y otro s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.” del 7 de julio de 2015) deslindó cuál es la diferencia entre las incapacidades adquiridas “en y por acto de servicio” y “en servicio”, aunque refiriéndose a personal de la Policía Federal, sin perjuicio de lo cual sus conceptos resultan útiles para este caso.- En esa oportunidad, el máximo tribunal dijo:”Que el artículo 696, incisos a) y c) del decreto reglamentario 1866/83 de la ley 21.965 establece la diferencia entre las incapacidades adquiridas “en y por acto de servicio”, calificadas como “la consecuencia directa o inmediata del ejercicio de la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma, o con motivo de su condición de policía, aunque no estuviere cumpliendo servicio o actos relativos a sus funciones, esto es que no hubieran podido producirse en otras circunstancias de la vida ciudadana”, y la minusvalía ocasionada “en servicio” según resulta de los cinco supuestos enunciados por la reglamentación:

“1. Que se haya producido durante el horario de trabajo y no encuadre en los supuestos de los incisos a) y b).

2. Cuando fueren consecuencia de prácticas en adiestramiento especial cuando se estuvieren cumpliendo órdenes superiores, salvo que mediare grave negligencia o imprudencia por parte del causante.

3. Cuando el hecho haya acaecido durante el trayecto ordinario, entre el lugar de su trabajo y su domicilio o viceversa, siempre que el recorrido no hubiera sido interrumpido por su interés particular.

4. Cuando el hecho se produjera fuera del horario de trabajo, pero en cumplimiento de una orden del servicio, y prácticas deportivas, equitación, gimnasia, esgrima o tiro, 5. Cuando fuere consecuencia de en cumplimiento de órdenes de servicio”.- A modo de síntesis, podemos concluir entonces que el concepto “en y por actos del servicio” se reserva para aquéllos supuestos en los cuales el infortunio ocurra mientras el agente se encuentra ejerciendo la función policial.- 3.- En función de lo hasta aquí expuesto, pese a que la actora afirma que el fallecimiento de su esposo se produjo “en y por actos de servicio” y por ello reclama los dos grados de ascenso instituidos por la ley 20.774 (ver fs.3 vta y 62 vta.) corresponde tenerlo por acaecido “en actos de servicio” y hacer lugar a la actualización sexenal que contempla el artículo 2 de la ley 26.578.-

Consecuentemente, debe ser interpretada con ese límite, sin perjuicio de la eventual aplicación de lo previsto por los artículos 3 y 4 de tal norma.

Por todo lo expuesto entiendo corresponde receptar parcialmente los agravios de la impugnante y revocar la sentencia venida en crisis, hacer lugar también parcialmente a la demanda y ordenar a la accionada abonarle a la reclamante el beneficio de pensión con la actualización sexenal instituida por la ley 26.578. Asimismo deberá cancelar las diferencias existentes desde el día 01 de enero de 2010 (artículo 4) como resultado del cambio ascendente de grados que corresponda desde la fecha del infortunio hasta el mencionado día 01 de enero de 2010, hasta el mes anterior a aquel en que se comience a pagar del modo aquí ordenado.

4.- Con relación a los intereses, coincidiendo con el criterio sentado en la materia mediante Acta No 2601 dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (en pleno) el 21 de mayo del 2015, propongo que la tasa de interés aplicable sea la “Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco de la Nación para un plazo de 49 a 60 meses, desde que cada suma era debida” 5.- En cuanto al porcentual de honorarios por la presente instancia considero que, en función de lo previsto por el artículo 14 de la ley 21.839, los honorarios del abogado de la apelante deberían fijarse en el treinta por ciento (30%) de lo que le fuere regulado por su actuación en el primer grado de conocimiento, y los de su contraria en el 25%, que es lo que propongo al acuerdo.

6.- Con relación a las costas de la presente instancia dado que -cuanto menos según mi voto- estaríamos ante un vencimiento parcial y mutuo, propugno cargarlas en setenta por ciento (70%) a la demandaday en el treinta por ciento (30%) restante a la actora (artículo 71 del CPCCN). Es mi voto.

El Dr. Gallino dijo:

Adhiero al voto del Dr. Fernando Lorenzo Barbará porque comparto en lo sustancial sus fundamentos, en lo relativo al fondo de la cuestión y distribución de costas.

Disiento únicamente en la tasa de interés que propone adoptar, ya que considero que debe aplicarse la Tasa pasiva promedio mensual capitalizada que publica el B.C.R.A. Así voto.

El Dr. Toledo dijo:

1°) Propongo al Acuerdo hacer lugar a la demanda y extender a la actora María Isabel Cocco los beneficios otorgados por la Ley 26.578, por los fundamento que expondré a continuación.

2o) María Isabel Cocco, viuda de Francisco Alberto Brazza, ex personal de la Prefectura Naval Argentina, promovió la presente acción con el objeto de que se le otorguen los beneficios establecidos por la ley 26.578, en concordancia con las leyes 16443 y 20744, con los alcances y retroactividades allí dispuestos, con intereses y costas.

Expresa que actualmente no es beneficiaria de la ley 26.578, aunque se encuentra incluida en sus disposiciones (fs.3/4).

Relata la actora que su esposo falleció “en actos de servicios”, desarrollando tareas propias de la función, y “por acto de servicio”, en tanto su deceso fue consecuencia directa y necesaria del cumplimiento de su deber en el marco de la fuerza de seguridad que integraba.

Por su parte, los representantes de la Prefectura Naval Argentina reconocen que Braza falleció en actos de servicio (Fs., 15vta.), pero sostienen que la conjunción “y” es determinante y que no se exige solamente como requisito que el retiro por incapacidad o fallecimiento se haya producido por enfermedad o accidente en actos de servicio, sino también por actos del servicio. Citan la exposición de motivos de la Ley 26.578, e infieren que para que una enfermedad, lesión o accidente sea reputado “en y por actos del servicio” debe provenir de un acto específico de funciones policiales, en defensa propia o de terceros (fs.16 y vta.) Concluyen que el fallecimiento de Braza se produjo a consecuencia de un infarto masivo de miocardio ventricular, por fibrilación ventricular, producido en acto de servicio, pero que el hecho en el que se produjo el mismo, (esfuerzo al cambiar una rueda de automóvil como chofer de guardia en servicio), no reúne las condiciones de “en y por acto de servicio” que prevé la manda legal para el otorgamiento del beneficio, el que obedece a supuestos acaecidos en el cumplimiento del deber como policía en defensa propia o de terceros (fs. 16 vta).

La jueza de primera instancia no hizo lugar a la demanda interpuesta por María Isabel Cocco, en tanto consideró -luego de citar la normativa aplicable-, que para obtener tal beneficio se requiere la verificación de dos circunstancias concurrentes, que la incapacidad haya sido en el servicio y por el servicio, es decir, además de producirse cuando se prestan servicios, debe ser consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las funciones policiales, como un riesgo específico de la profesión, y que en el caso, no se encuentra acreditado, por lo que no puede quedar incluido dentro de las previsiones de la ley 26.578 (46/49).

3°) Al expresar agravios, la actora sostiene que el fallecimiento de Brazza se produjo en y por acto de servicios, por los motivos que expone y que existió una errónea interpretación de los fallos de la CSJN en materia previsional. de costas.

Se agravia también de la imposición 4o) Se impone en primer lugar reproducir -en lo pertinente- los términos de la Ley 26.578, en orden a considerar si resulta aplicable al reclamo presentado por el actor en la demanda.

“El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: Artículo 1o- Extiéndense los beneficios otorgados por las Leyes 16.443 y 20.774 al personal de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.Artículo 2o – Al personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, beneficiario de las previsiones contenidas por las Leyes 16.443 y 20.774, incapacitado total o parcialmente, se le actualizaran sexenalmente sus haberes equiparándolos a los del grado inmediato superior, hasta alcanzar la percepción de una remuneración equivalente a la correspondiente al máximo grado de cada categoría de personal o escalafón, según corresponda. Artículo 3o -Para el caso que dicho personal hubiere accedido en actividad al máximo grado de cada categoría de personal o escalafón, tendrá derecho a percibir el suplemento por “tiempo mínimo en el grado” en la forma y proporciones previstas por las leyes respectivas. Artículo 4o – Los haberes de los beneficiarios comprendidos en la presente ley se reajustarán de acuerdo con los términos señalados precedentemente, y comenzarán a regir desde el primer día del mes siguiente al de su promulgación, debiendo computarse a dichos efectos los períodos de tiempo transcurridos desde la ocurrencia del infortunio. Los referidos beneficiarios no tendrán derecho a percibir retroactividad bajo ningún concepto, rigiendo en lo demás las distintas leyes que amparan la situación previsional del personal comprendido en la presente ley.” Cabe destacar al respecto que el título de la ley mencionada, sancionada el 2 de diciembre de 2009, reza “FUERZAS DE SEGURIDAD. Ley 26.578.Extiéndense los beneficios otorgados por las Leyes N° 16.443 y N° 20.774 relacionadas a la Promoción de personal incapacitado en y por acto de servicio” (el resaltado me pertenece)+.

Por su parte la Ley 16.443 (sancionada el 25 de enero de 1962) en su artículo 1° fuerzas de seguridad de la Nación -Policía Federal, Prefectura Nacional Marítima, Institutos Penales, Policía del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ex Policía de la Capital, ex Policía de los territorios nacionales, ex Prefectura General Marítima, ex Cuerpo de Guardiacárceles- y de todo otro organismo de seguridad que revista carácter análogo, incapacitado en acto de servicio, el grado inmediato superior para el caso que deba acogerse o se haya acogido al retiro. El mismo grado inmediato superior se reconocerá a los muertos en acto de servicio cuyos causahabientes disfruten de pensión o tengan derecho a ella.

El grado inmediato superior reconocido implica para los incapacitados todas las obligaciones y derechos de la pasividad, correspondiendo computar el sueldo y la totalidad de los suplementos y bonificaciones de esa jerarquía, con carácter de móvil, para su haber de retiro, jubilación o pensión.” Y la Ley 20.774 (sancionada el 26 de septiembre de 1974) dispone que se promueva a dos grados jerárquicos más, en situación de retiro, al personal de las Fuerzas de Seguridad de la Nación – Policía Federal, Ex Policía de la Capital, Servicio Penitenciario Federal, Ex Cuerpo de Guardiacárceles, Policía del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y Ex Policía de los Territorios Nacionales – incapacitado en forma permanente, total o parcialmente, en y por actos de servicio, en el caso que deba acogerse o se haya acogido a los beneficios de la ley 16.443, sin otra exigencia y con los derechos que ella determina.

Surge entonces de la lectura de la normativa citada que se otorgan dichos beneficios al personal incapacitado en y poractos de servicio.

La propia accionada reconoce que la muerte de Brazza fue producida en actos de servicio (fs.

15vta.).

Entiendo entonces que corresponde hacer lugar a lo reclamado en la demanda y extender a la actora los beneficios otorgados por la Ley 26.578, ya que se trata de una persona (retirado de la P.N.A.) que falleció en actos de servicio, lo que no cabe duda porque así fue reconocido por la accionada, dándose el supuesto previsto por la norma y por no encontrar suficientes ni equitativos los fundamentos dados para excluirlo de los mismos.

Sin perjuicio de lo expuesto, respecto de la alegación referida por los representantes de la Prefectura Naval Argentina en cuanto consideran que la conjunción “y” es determinante en la interpretación de la norma, ya que no es lo mismo decir “en o por actos del servicio” que comprende de manera alternativa dos supuestos distintos, a señalar que la incapacidad para el otorgamiento del pretendido beneficio debe ser considerada necesariamente como producida “en actos de servicio” y “por actos del servicio”, que obedece exclusivamente a supuestos acaecidos en cumplimiento del deber como policía en defensa propia o de terceros, y asimismo considerada por el a quo en la sentencia recurrida, me remito a lo expuesto mediante Acuerdo N° 46/14Civil/Def., en autos “Escalante, Hipólito c/ Prefectura Naval Argentina s/ Reclamos Varios -Laboral”, de fecha 25/03/2014.

Considero al respecto que del texto de la Ley 26.578 no se infiere tan claramente que se deba distinguir la incapacidad como producida “en y por actos de servicio”, tratándolos como dos supuestos distintos que han de concurrir por lo que no se debe distinguir donde la ley no distingue.

Conviene recordar por otra parte, la aplicación del criterio amplio en la consideración de las circunstancias admitidas por el Alto Tribunal, al contemplar como válida la interpretación que la incapacidad haya tenido por causa o concausa a los actos de servicio, sin necesidad de que la afección se manifieste a consecuencia de condiciones no comunes o más rigurosas que las delos actos de servicio corrientes (confr. Fallo 310:409, causa “Burgueño”).

5°) En el mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación del 5 de febrero de 2009 -citado por la accionada- con el objeto de someter a su consideración el proyecto de ley a través del cual propicia extender los beneficios otorgados por leyes 16.443 y 20.774 a la Prefectura Naval Argentina y actualizar en forma sexenal los haberes del personal de la entidad precitada, beneficiario de las previsiones contenidas en dichas normas, incapacitado en forma permanente, total o parcialmente, se expresa que: “El flagelo del delito como amenaza para la preservación del orden público ha venido desarrollando inusitadas formas de violencia despojadas de toda consideración no sólo hacia la vida sino, además, hacia la propiedad. En este contexto, ha sido y es decisiva la actuación de los miembros de la Policía Federal Argentina que, con un alto sentido de la función, realizan actos de arrojo dejando de lado su propia seguridad, exponiendo su integridad física y aun su vida en pos de la preservación del orden público. Nuestro esquema normativo contiene disposiciones que permiten determinar el haber de retiro, jubilación o pensión del personal que resultare incapacitado o muerto en actos de servicio; que otorgan subsidios a los deudos del personal fallecido en dichos actos, y que conceden en ciertos casos ascensos post mortem a los mismos. Por ello se estima que quienes vean interrumpidas abruptamente sus expectativas de carrera y su proyección de vida como consecuencia de delitos violentos merecen gozar de un reconocimiento económico que compense, en parte, la merma de ingresos que resulta cristalizada a futuro por el pase a la situación de retiro. Los actuales haberes de retiro no suelen ser suficientes para la digna subsistencia familiar, circunstancia ésta que no es satisfactoriamente atendida por los beneficios previstos por las leyes que acuerdan el pago de subsidios, ascensos extraordinarios y cómputos de haberes.Por tanto, se ha diagramado un beneficio adicional para quienes resultaren incapacitados por hechos ocurridos en servicio, proyectándose una equiparación salarial periódica para los mismos, llevando sus haberes de retiro a niveles asimilables a los que percibiría de continuar en actividad.”.

En ese contexto estimo que no hay razón para excluir a la actora de los beneficios acordados en tanto, su cónyuge también vio interrumpida su expectativa de carrera y proyección de vida como consecuencia de su fallecimiento.

Ello así además, teniendo en cuenta que como se ha destacado en el mensaje del Poder Ejecutivo “La presente medida representa un acto de justicia, tendiendo a paliar las erogaciones que genera la propia incapacidad, en gastos de rehabilitación, medicamentos, atención psicológica y otros, y por otra parte busca disminuir el agobio que suele sufrir el personal incapacitado como consecuencia de la situación económica sobreviniente de un infortunio de este tipo.Se agrega asimismo que “Dadas las circunstancias expuestas y por razones de equidad, se propicia también la extensión de los alcances de las leyes 16.443 y 20.774 al personal de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina que se encuentre en situaciones análogas.”.

6o) Por último para la resolución del caso corresponde mencionar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido que es deber de los jueces guiarse con la máxima prudencia en la interpretación de las leyes previsionales, especialmente cuando el ejercicio de esa función pueda conducir a la pérdida de algún derecho (Fallos 272:139), por donde se sigue que en tal materia no debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con extrema cautela (Fallos 272:258; 285:440).

Respecto a la materia específica de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, también se ha dicho que tal normativa busca consolidar la situación personal de quien, prestando servicios en sus fuerzas, deba pasar a retiro por la inutilización sufrida en actos del servicio, frustrando de tal modo la culminación de su carrera militar y sufriendo también las derivaciones patrimoniales consiguientes (Fallos 298:376; 302:1639).

En ese orden de ideas, la prueba debe ser valorada bajo el prisma de los fines tuitivos propios de la materia, que se verían desdibujados si no se siguiera un criterio amplio en su valoración. Por ello, ante la duda, deberá resolverse en favor de quien resulte damnificado en cumplimiento del deber (cfr.Fallos 306:1277 y 1559; 310:409) (fallos citados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala I, en autos “Villafañe, Bautista L c/ Gendarmería Nacional”, 29/05/2003, La Ley On line).

Se concluye de este modo que, conforme lo sostenido precedentemente y el criterio expuesto en Acuerdo N° 46/14 de fecha 25/03/14 en autos caratulados “ESCALANTE, Hipólito c/ Prefectura Naval Argentina s/ Reclamos varios – Laboral”, no FRO 930009031/2013, corresponde hacer lugar a la apelación interpuesta y en consecuencia extender a la actora María Isabel Cocco los beneficios otorgados por la Ley 26.578, en razón de que el fallecimi ento de su esposo, Francisco Alberto Brazza fue producida en actos de servicio, y en cuanto la medida representa un acto de justicia, tendiente a paliar las erogaciones que genera su muerte conforme lo expuesto en el mensaje del Poder Ejecutivo y las razones de equidad por las que se extiende al personal de Prefectura Naval Argentina, abonándosele las diferencias retroactivas, con más sus intereses.

7°) Adhiero al Dr. Gallino respecto de que corresponde calcular los intereses a la tasa pasiva promedio mensual capitalizada que publica el BCRA, conforme Fallo de la C.S.J.N en autos “Spitale, Josefa Elida c/ Anses” de fecha 14/09/2004.

8°) En cuanto a las costas, corresponde imponerlas en ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68 del C.P.C.C.N.) 9°) En relación a los honorarios, entiendo corresponde regularse al apoderado de la actora, el 35 % de lo que se le regule en primera instancia. Así voto. Por tanto, en mérito al Acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:

1.- Revocar la sentencia del 16 de abril de 2014 (fs. 46).

2.- Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por María Isabel Cocco, ordenando a la Prefectura Naval Argentina que le abone la actualización sexenal que establece la ley 26.578 desde que es debida (enero 2010) con más sus intereses, calculados a la tasa pasiva promedio mensual capitalizada que publica el BCRA. 3.- Imponer las costas de ambas instancias según el considerando sexto del voto de la mayoría (Art. 71 CPCCN). 4.- Regular los honorarios de los profesionales actuantes ante la Alzada en los términos del considerando 5o. 5.- Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada no 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. e.c-t.p FERNANDO LORENZO BARBARA

JUEZ DE CAMARA

Ante mi

Eleonora Pelozzi

Secretaria de Cámara

JORGE SEBASTIAN GALLINO

JUEZ DE CAMARA Subrogante

JOSE GUILLERMO TOLEDO

JUEZ DE CAMARA