Problemática del acceso al aborto no punible: Actualidad de la cuestión en la Argentina

Título: Problemática del acceso al aborto no punible: Actualidad de la cuestión en la Argentina

Autor: Canet, Julia – Mazzeo, Carina – Ver más Artículos del autor

Fecha: 27-mar-2017

Cita: MJ-DOC-10657-AR | MJD10657

 

Sumario:

  1. Introducción. II. Diferentes posiciones. III. La cuestión en la Argentina: El Código Penal. IV. Código Civil. V. Jurisprudencia. VI. Conclusión. VII. Bibliografía.

 

Doctrina:

 

Por Julia Canet (*) y Carina Mazzeo (**)

 

  1. INTRODUCCIÓN

 

El presente trabajo se propone reseñar el estado actual de la cuestión del acceso al aborto no punible en la Argentina, en particular desde el punto de vista de la normativa vigente (o cuanto menos en la interpretación que de las normas vigentes se hace) y de la jurisprudencia, y el modo en que las mismas repercuten en la realidad social.

 

Mediante su análisis, intentaremos determinar si los mismos se orientan hacia el reconocimiento de una protección jurídica absoluta al embrión; y si dicha postura provoca una obstrucción a derechos fundamentales de las personas: el derecho a formar una familia, el acceso a la conformación y planificación familiar; el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos -el derecho a intentar procrear-, como así también el derecho a beneficiarse de los avances científicos y a no ser discriminado en su acceso, todos ellos reconocidos en la Constitución Nacional de la República Argentina y en tratados de Derechos Humanos de jerarquía constitucional.

 

El análisis de la cuestión implica necesariamente el previo reconocimiento de la máxima que establece que ningún derecho es absoluto, y que su ejercicio y su eventual reconocimiento legislativo o judicial dependerán de la adecuada ponderación de los intereses en juego. En palabras de la CSJN, «ningún derecho es absoluto y que todos están subordinados a las leyes que reglamentan su ejercicio» (Fallos: 136:161; 142:80; 191:197; 253:133; 253:154; 254:56 y sus citas; 255:293) (1).

 

Dicho esto, cabe aclarar que no analizaremos la cuestión desde el punto de vista de la biología; es decir, que no buscaremos aquí determinar cuándo comienza a existir vida humana; en primer lugar, porque este es un tema que claramente escapa a lo que como juristas podemos definir, y porque además el concepto de «vida» puede aplicarse tanto a células individuales como al conjunto de células que forman un embrión o un adulto.Por consiguiente, la gameta femenina (óvulo), la masculina (espermatozoide), y el cigoto que se forma por la unión de ambas, están vivos (2) de modo que de poca o de ninguna utilidad sería para nuestros fines trabajar sobre este particular.

 

Más bien, intentaremos centrarnos en determinar cuál es o cuál debe ser la protección jurídica que debe reconocerse al embrión, o dicho de otro modo desde qué momento comienza y con qué intensidad se reconoce protección a la vida humana. Este tema es de absoluta vigencia y recobra permanentemente actualidad, dado que está relacionado con la manera en que los avances de la ciencia médica conmueven la estructura del derecho e introducen constantemente nuevos cuestionamientos bioéticos. Es de destacar asimismo que la posición que asumamos frente al tema, repercutirá en diversas áreas, no solo en la ya mencionada del aborto no punible, sino también en la referida a las técnicas de reproducción asistida, o la de la investigación con células embrionarias totipotenciales.

 

En todos los casos, el interrogante por resolver, que toca aristas no solo jurídicas, sino también filosóficas y morales, es el mismo: la determinación del momento en que habrá de comenzar aquella protección jurídica. En todos estos casos, se deberá responder a los mismos interrogantes: ¿Cuál es la naturaleza jurídica del embrión? ¿Es susceptible de protección jurídica? En caso afirmativo: ¿Cuándo debe tener comienzo dicha protección? ¿De qué manera se llevará a la práctica y con qué tipo de leyes? ¿Atentan las leyes y las sentencias judiciales que reconocen al embrión protección absoluta contra derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente?

 

  1. DIFERENTES POSICIONES

 

Nos encontramos con dos frentes perfectamente definidos: de un lado están quienes defienden la protección absoluta de todo embrión humano, proyectando todos los derechos de las personas en los embriones, incluso en cualquier célula totipotente capaz de convertirse mediante división celular en un ser humano.Por otro lado, están los que entienden que el embrión humano debe ser protegido en función del grado de su desarrollo.

 

Quienes defienden la postura de la protección absoluta del embrión humano abogan por un concepto sin grados y, por ello, propician la prohibición absoluta desde el derecho de cualquier intervención en células pluri- y totipotentes, que deberían ser indefectiblemente protegidas por la ley desde el momento de la fecundación, ya que, según su criterio, incluso el embrión más primario posee la calidad moral de persona humana, circunstancia que determina que el embrión deba gozar de la misma dignidad que cualquier otra persona y no puede admitirse como legítimo el derecho a destruirlo (aborto), utilizarlo con fines médicos (investigación) ni manipularlo o seleccionarlo (técnicas de reproducción humana asistida; diagnóstico genético preimplantacional), ni, en definitiva, ser utilizado de cualquier otra forma que le haga perder su cualidad de ser humano.

 

El segundo grupo entiende que el embrión debe ser protegido por las leyes, pero que dicha protección no necesariamente debe ser de carácter absoluto, sino que estará determinada por el grado de desarrollo del mismo, como asimismo por las circunstancias de persona, de tiempo y de lugar. No considera que un blastocito deba ser objeto de la misma protección jurídica que debe garantizarse a la persona ya nacida. Señala que debería haber una graduación en la intensidad de la protección que se brinda al embrión.

 

III. LA CUESTIÓN EN LA ARGENTINA: EL CÓDIGO PENAL

 

El propio Código Penal consagra estos diversos grados de protección:el homicidio (matar a otro que ya ha nacido) tiene una pena de 8 a 25 años de prisión mientras que el aborto (matar al feto en el vientre materno o a través de su expulsión violenta) tiene una pena de 1 a 4 años de prisión cuando se actúa con el consentimiento de la mujer y de 3 a 10 años de prisión cuando se carece de tal consentimiento.

 

Esto implica que no se reconoce -ni aún en el derecho penal- el mismo nivel de protección jurídica al embrión que al nacido. Es decir que la legislación penal protege con menor intensidad al embrión que al ya nacido, con fundamento en que: «el poder reproductivo de la mujer no puede ser usado en contra de su voluntad y su propio proyecto de vida. Que el embarazo y la maternidad no pueden ser impuestos por la fuerza y el sometimiento, y que no puede significar una amenaza para la salud o un riesgo de muerte para la mujer» (3).

 

La inclusión a través del art. 86 de dicho cuerpo legal de determinadas permisiones (casos de aborto no punible) se sustenta en el mismo criterio. Esta despenalización del aborto en los casos de violación se sustenta en principios constitucionales, ya que admitir lo contrario, implicaría depositar una carga supererogatoria a la mujer a la que se le ha impuesto violentamente el embarazo, lo que contraría un ordenamiento que no impone jamás deberes heroicos; siendo la posición que mejor se compatibiliza con el valor constitucional de la igualdad entre varones y mujeres.

 

  1. CÓDIGO CIVIL

 

El Código Civil y Comercial argentino entró en vigencia hace poco más de un año. La redacción originaria del art. 19 del CCivCom rezaba: «La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno.En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado». Sin embargo, este fue uno de los puntos más arduamente discutidos con anterioridad a la sanción del Código, y terminó siendo aprobado como sigue: «La existencia de la persona humana comienza con la concepción». Podría pensarse, entonces, que esta redacción implicaría la exclusión de las técnicas de reproducción humana asistida como asimismo la de la posibilidad de acceder a un aborto no punible.

 

A nuestro criterio, el art. 19 es parte de un Código, por lo que corresponde efectuar una interpretación sistémica. Es que el art. 20 , el siguiente, dice que por concepción se entiende el lapso entre el mínimo y máximo del embarazo, y esto sucede cuando el embrión está dentro de una persona y se implanta, solo allí puede haber embarazo. A su vez, el art. 21 dice que todos los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la persona quedan irrevocablemente adquiridos cuando la persona nace con vida, aludiéndose expresamente a la implantación.

 

A esto se suma el art. 561 que sostiene lo siguiente: «El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión», de lo que se desprende sin dudas que el embrión no es persona, porque de serlo, la revocación del consentimiento se permitiría hasta la fecundación, y no hasta el implante.Sin perjuicio de lo dicho, y lo que es más elocuente aún, es que la disposición transitoria segunda dice que la protección del embrión no implantado se reserva para una ley especial, lo que implica que el mismo no es persona, ya que de lo contrario, estaría regulado en el propio texto del Código Civil y no en una ley distinta y separada de este.

 

Esto se condice con lo dispuesto por la Ley 26.862 , que permite la crioconservación de embriones, la donación de embriones y la revocación del consentimiento hasta el momento del implante. Precisamente, si esta ley considerara persona al embrión no permitiría ninguno de estos supuestos. Todo esto genera un sistema cuya conclusión no puede ser otra que la no personalidad del embrión in vitro. Y este arco interpretativo lógico, coherente y sistémico se cierra con el resonado fallo «Artavia Murillo y otros contra Costa Rica» del 28/11/2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

  1. JURISPRUDENCIA

 

En el año 2012, nuestro superior tribunal en el emblemático fallo «F. A. L. s/ medida autosatisfactiva»(RE F:MJJ70884), sentó jurisprudencia en consonancia con normas constitucionales y convencionales, al resolver: «Por imperio del art. 19 “in fine” de la CN, que consagra el principio de reserva como complemento de la legalidad penal, debe entenderse que el art. 86, inc.2 del CPen, en cuanto establece la no punibilidad del aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la madre, cuando el embarazo ha sido producto de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, “comprende todos los casos de abuso sexual, y no tan solo los perpetrados respecto de una incapaz mental, sin que la víctima pueda ni deba ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo exige, así como tampoco puede ni debe ser privada del derecho a la interrupción del mismo, ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible”. Habiendo el legislador despenalizado los abortos producto de violaciones -art. 86, inc. 2, CPen- y, en esa medida, autorizado su práctica, corresponde al Estado argentino, como garante de la administración de la salud pública, la obligación -siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible- de poner a disposición de quien solicita la práctica las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura».

 

Esto permitió que, en diversos efectores de salud se promoviera la utilización de protocolos para la atención de abortos no punibles, que garantizaran a las mujeres el acceso a estas prácticas de forma segura y temporánea. Cabe señalar que este fallo fue dictado luego de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se expidió a favor de la permisión del aborto en caso de embarazo producto de una violación de cualquier mujer (capaz o incapaz), y pusiera de manifiesto su preocupación respecto de la interpretación restrictiva del art.86 del CPen, más arriba reseñado, manifiesta a través de las resoluciones de diversos tribunales que limitaban el alcance de dicha norma al caso de la mujer abusada «idiota o demente» (4). Ello sin mencionar que el Estado argentino ya fue considerado internacionalmente responsable por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por no garantizar el acceso efectivo al aborto no punible (5) , o que, entre el año 2010 y 2011, cuatro organismos de monitoreo de instrumentos de derechos humanos que gozan de rango constitucional manifestaron su preocupación por las dificultades que existen en el país para obtener la interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley. Estos órganos internacionales son el Comité de Derechos Humanos, el Comité sobre los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (6).

 

Tales recomendaciones fueron tenidas en cuenta en el fallo F. A. L. reseñado, que inclusive fue citado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo «Artavia Murillo vs./ Costa Rica» como uno de los precedentes en que se había respetado la normativa convencional. Recordemos que, en Artavia Murillo, la Corte consideró que el término «concepción», contenido en el art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos es asimilable a «anidación». Si bien reconoció que un óvulo fecundado da paso a una célula diferente, con la consecuente información genética suficiente para el posible desarrollo de un «ser humano»; señaló que en tanto ese embrión no se implante en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas, pues no recibirá los nutrientes necesarios, ni se encontrará en el ambiente adecuado para su desarrollo. Concepción presupone, pues, de acuerdo con este criterio, existencia dentro del cuerpo de una mujer.Esta afirmación es importante no solo en el campo de la reproducción humana asistida, sino también en el de los derechos sexuales y reproductivos, ya que legitima los métodos anticonceptivos, en especial, los hormonales de emergencia, tales como la pastilla del día después. La sentencia permite afirmar que tales métodos no atentan contra el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos ni son abortivos, debido a que no hay embarazo mientras no hay anidación, proceso que esos métodos impiden (7). Asimismo la Corte señaló que las tendencias en el derecho internacional y comparado no conducen a considerar que el embrión deba ser tratado de igual manera que una persona nacida, ni que titularice un derecho a la vida. El embrión y el feto gozan de una protección gradual e incremental, no absoluta.

 

Es decir, la protección del derecho a la vida «desde la concepción», mencionado en el art. 4 de la Convención, se vincula al mayor o menor desarrollo de ese embrión. Así la CIDH concluyó que prohibir la fertilización in vitro viola el derecho a la privacidad, a la libertad, a la integridad personal, a la no discriminación y el derecho a formar una familia. Esto es crucial, atento a que, al reconocer las características de condicionalidad, relatividad y gradualidad a la protección del embrión y del feto, las leyes que regulan la interrupción del embarazo deberían ser coherentes con la regla de que el embrión no tiene derechos absolutos. Esta interpretación permite afirmar que una prohibición total y absoluta de la interrupción del embarazo violaría la Convención. Al resolver, la Corte destaca lo resuelto por la CSJN Argentina, en el citado caso F. A. L.por sostener que ni de la Declaración Americana ni de la Convención Americana se deriva algún mandato por el que corresponda interpretar, de modo restrictivo, el alcance de las normas penales que permiten el aborto en ciertas circunstancias (8) . Por lo tanto, la Corte Interamericana, concluye que el objeto y fin de la cláusula «en general» del art. 4.1 de la Convención es la de permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. Esta afirmación también es de suma relevancia en tanto pone énfasis en el respeto y la consideración de los derechos de la mujer, que también son privilegiados.

 

En suma, una prohibición del aborto que no respete los derechos de las mujeres violaría la Convención. Por primera vez, la Corte Interamericana se ha expedido sobre la naturaleza jurídica del embrión y su clara incidencia en dos temas que hacen a los derechos sexuales y reproductivos: el derecho a procrear y a no procrear; más precisamente, el derecho a la reproducción humana asistida in vitro y la interrupción del embarazo. Y, claramente, la Corte legitima a través de este fallo la reproducción humana asistida, y avanza en una ampliación del derecho de acceso a métodos de anticoncepción y al aborto.

 

Así las cosas, parecía que luego de las llamadas de atención de los organismos internacionales, de lo resuelto por la CSJN en el caso F. A. L. y por la CIDH en Artavia Murillo las políticas públicas se encaminaban a garantizar el acceso al aborto no punible en los casos previstos por la ley. Sin embargo, aparecen signos de alarma en nuestro horizonte jurídico que creemos es nuestro deber poner de resalto. Citaremos dos ejemplos: El 1.° de septiembre de 2015 en la causa «L. E. H.y otros c/ OSEP» la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó una sentencia de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza que había rechazado una demanda que solicitaba que una obra social cubra el diagnóstico genético preimplantatorio (DGP). Para así resolver la CSJN entendió que el DGP no está incluido en la Ley 26.862 de cobertura de las llamadas «técnicas de reproducción humana médicamente asistida» (TRHA). Señala que los derechos a la salud y a la salud reproductiva no son absolutos, sino que deben ser ejercidos con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Sostiene además el alto tribunal que el legislador le confiere al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de esa ley la responsabilidad «de autorizar los nuevos procedimientos y técnicas reproductivas que sean producto de los avances tecnológicos y que, por ende, no han sido definidos por la ley» (consid. 9). Agrega que deviene inadmisible que sean los jueces o tribunales quienes determinen la incorporación al catálogo de procedimientos y técnicas de reproducción humana autorizados, una práctica médica cuya ejecución ha sido resistida. Si bien la sentencia de la CSJN aclara que no va a abordar «todos los temas propuestos», de acuerdo con facultades que le son propias, no puede obviarse el hecho de que la sentencia de la corte mendocina confirmada resultó protectoria del derecho absoluto a la vida del embrión y contraria el DGP y por tanto la CSJN al confirmar ese «decidendo», aunque no lo diga expresamente, estaría orientándose hacia la protección absoluta del embrión no implantado. Para así resolver, se apartó del dictamen de la Procuración General de la Nación que se había pronunciado a favor de la cobertura del DGP invocando el precedente interamericano sentado en Artavia Murillo. Sobre la base de ello, podría pensarse que la CSJN no considera que el mismo posea carácter vinculante para los estados que firmaron y ratificaron la Convención.Por otra parte, un verdadero despropósito lo constituye el proyecto de ley ingresado el 31/8/2016 para su tratamiento parlamentario sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y de las Niñas y Niños por Nacer. Dicha propuesta normativa desconoce flagrantemente el marco normativo nacional e internacional, así como la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conculca la dignidad y el derecho a decidir libremente de la mujer, obligándola a continuar con un embarazo que puede poner en riesgo su vida o su salud, o que proviene de un abuso sexual. Prevé el otorgamiento de una asignación especial a la mujer víctima de violación que lleva a término su e mbarazo. Resulta increíble que se pretenda poner precio a la cosificación de la mujer, haciendo primar los presuntos derechos del «nasciturus» por sobre los derechos de la persona que está viva, obligándola a ser un vehículo, una especie de incubadora ambulante que lleva a término un embarazo que le ha sido impuesto por otros. Así la mujer resulta doblemente vejada: en primer término porque no ha querido ni consentido la violación, y nuevamente al obligársele a continuar con el embarazo producto de aquella. En palabras de la Dra. Susana Ciruzzi: «Ser madre es un derecho, no un destino fatal anudado a nuestra condición femenina. El proyecto de ley es intencionado y claramente direccionado: no pretende dotar de protección a la mujer embarazada con riesgo de vida o víctima de un abuso sexual, de manera de empoderarla, garantizando su autonomía y la toma de decisiones libre, voluntaria y auténtica, sino que intenta encorsetarla para que «conozca» los medios y alternativas para continuar con su embarazo. Es decir, nuevamente desconoce el ordenamiento jurídico y el marco bioético de la toma de decisiones en cuestiones dilemáticas, imponiendo una única opción: continuar con el embarazo aun contra la decisión autónoma de la mujer y dentro del marco legal de referencia que lo garantiza» (9).

 

VI.CONCLUSIÓN

 

Según nuestro criterio, el fallo de la CSJN reseñado, como asimismo la aparición de proyectos de la índole del expuesto, resultan violatorios de derechos constitucional y convencionalmente protegidos. A la salud reproductiva y a la protección integral de la familia y de los derivados de aquellos, como el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, a exigir un mínimo de prestaciones sanitarias y a no ser discriminado en su acceso (este último determina que los estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos).

 

Asimismo dan cuenta de un retroceso en lo que se había logrado en orden a garantizar el acceso de las mujeres al aborto seguro y gratuito en los casos previstos por la ley, a través de la implementación de protocolos hospitalarios, ya que, de aprobarse, por ejemplo, una norma como la propuesta, aparecerán seguramente los agentes de salud dispuestos a convencer a la mujer de continuar con un embarazo que pone en riesgo su vida y su salud, o que ha sido producto de una violación, y contarán además con permiso legal para hacerlo.

 

Esto resulta con toda obviedad violatorio de los principios de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y deja a un lado mecanismos básicos de toma de decisiones en situaciones dilemáticas, en los cuales lo único que puede hacerse es analizar opciones, no exentas ninguna de ellas de eventuales consecuencias disvaliosas, y optar por una de ellas priorizando la protección de uno de los bienes jurídicos en juego, conculcando la decisión autónoma de la embarazada.

 

Ello es así, en tanto la colisión de bienes jurídicos no resulta susceptible de ninguna solución, mucho menos de un enfoque ideal de abstracción apriorística de consecuencias perjudiciales, no deseadas ni procuradas, que necesariamente lleva a la imposibilidad de proteger -al mismo tiempo- todos los derechos e intereses en conflicto.

 

VII. BIBLIOGRAFÍA

 

– HERRERA, Marisa:«La lógica del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de familia. Reformar para transformar», en Infojus, Sistema Argentino de Información Jurídica, disponible en http://www.infojus.gov.ar, Infojus, 29/12/2014.

 

– COOK, R.; DICKENS, B., y FATHALLA, M.: Salud reproductiva y derechos humanos. Bogotá, Profamilia, Oxford, p. 74. 2003.

 

– CHILLIK C.: ¿Por qué no podemos tener un hijo? Buenos Aires, Atlántida, p. 19, 2000.

 

– Report of a meeting on «Medical, Ethical and Social Aspects of Assisted Reproduction», held at WHO headquarters at Geneva, Switzerland, 17-21 September 2001, edited by Effy Vayena, Patrick J. Rowe and P. David Griffin. WHO Publications, 2002.

 

– SEROUR G., y Dickens B.: «Assisted Reproduction Developments in the Islamic World», International Journal of Gynecology and Obstetrics 74: 187-193, p. 188, 2001.

 

– BASSO, Domingo M.: Nacer y morir con dignidad. Bioética, 3.ª ed. Buenos Aires, 1993, p. 263.

 

– PREGNO, Elián: «Algunas meditaciones para la construcción de una noción de persona», en SLAVIN, Pablo E. (comp.): «V Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Polític», Mar del Plata, Suárez, 2005, t. 1.

 

– Noticia disponible en http://www.rpp.com, publicada el 28 de noviembre de 2009. «Lesbianas acceden a tratamiento de fertilización en Argentina; se trató de una fertilización “in vitro” con ovodonación».

 

– SIVERINO BAVIO, P.: «¿Quién llamó a la cigüeña? Maternidad impugnada e identidad genética, reflexiones a propósito de dos sentencias peruanas», en Revista Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, t. 141. Lima, 2010, pp. 140-160.

 

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(1) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallos: 136:161; 142:80; 191:197; 253:133; 253:154; 254:56 y sus citas; 255:293.

 

(2) HERRERA, Marisa: «La lógica del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de familia. Reformar para transformar», en Infojus, Sistema Argentino de Información Jurídica, http://www.infojus.gov.ar. Infojus, 29/12/2014; última compulsa 18/2/2015.

 

(3) Proyecto de Código Penal Argentino, 1921.

 

(4) Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.Observaciones Finales del Comité Argentina, CCPR/C/ARG/CO/4, 22/3/10.

 

(5) Comité de Derechos Humanos, Caso «L. M. R. vs. Argentina», CCPR/C/101/D/1608/2007, del 29/3/11.

 

(6) Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales. Argentina, CCPR/C/ARG/CO/4, del 22/3/2010; Comité sobre los Derechos del Niño, Observaciones finales. Argentina. CRC/C/ARG/CO/3-4, del 21/6/2010; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales. Argentina, 12 al 30/7/2010; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales. Argentina, E/C. 12/ARG/CO/3, del 14/12/2011.

 

(7) Dras. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa y LAMM, Eleonora: Breve análisis de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28/11/2012 Cita: MJ-MJN-68565-AR .

 

(8) Corte Suprema de Justicia de Argentina: «F. A. L. s/ medida autosatisfactiva», 13 de marzo de 2012, F. 259. XLVI, consid. 10.

 

(9) CIRUZZI, Susana: MJ-DOC-10008-AR | MJD10008 .

 

(*) Abogada. Especialista en Derecho de la Salud, Bioética y Discapacidad. Miembro de la Comisión a la Protección Sanitaria del Colegio de Abogados de Rosario. Cofundadora y miembro del Centro de Investigación de Derecho de la Salud, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Graduada por la Universidad ISalud. Graduada, por la Unesco, en Bioética en Investigación en Seres Humanos y Bioética Clínica y Social.

 

(**) Abogada. Especialista en Derecho de la Salud, Bioética y Discapacidad. Miembro de la Comisión a la Protección Sanitaria del Colegio de Abogados de Rosario. Cofundadora y miembro del Centro de Investigación de Derecho de la Salud, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Graduada por la Universidad ISalud. Graduada, por la Unesco, en Bioética en Investigación en Seres Humanos y Bioética Clínica y Social.

 

  1. de la R.: Ponencia presentada en el VI Congreso Internacional de la Red Bioética de la Unesco “10 años de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos” celebrado en Costa Rica del 16 al 18 de noviembre de 2016.

 

Voces: ABORTOS NO PUNIBLES – COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS – EMBRIÓN HUMANO – CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – FERTILIZACIÓN ASISTIDA – FECUNDACIÓN IN VITRO – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN