El trabajador varón tiene derecho a percibir la indemnización agravada por despido por causa de matrimonio

Partes: Pulen Gabriel Alejandro y otro c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. Y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 22-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103918-AR | MJJ103918 | MJJ103918Sumario:
1.-Debe revocarse el fallo apelado en cuanto rechazó la reparación agravada prevista en el art. 182 LCT. respecto del trabajador varón, pues la configuración de las irregulares circunstancias que rodearon el distracto y la insistencia de la empleadora en desconocer la ocurrencia del matrimonio -cuando de hecho abonó la licencia correspondiente- denotan que aquel no le resultó indiferente, siendo que el despido se produjo dentro del período de protección amparado por el art. 177 del ordenamiento referido.

2.-La exclusión de la aplicación de la presunción consagrada en el art. 181 LCT. al caso del despido del trabajador varón es discriminatoria, pues la diferencia de trato respecto de la mujer no está justificada con criterios razonables y objetivos, delineados a la luz de una interpretación dinámica y evolutiva.

3.-En el contexto socio-cultural actual no se advierte cuál sería la finalidad legítima del mantenimiento de la exclusión del trabajador varón de la tutela del art. 181 LCT., ni cuál sería la relación de proporcionalidad entre esa marginación y aquella supuesta finalidad.

4.-Si el actor estuvo vinculado con la demandada mediante la suscripción de sendos contratos a plazo fijo que implicaron la utilización de una figura jurídica habilitada legalmente en forma excepcional, que encubrió una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, ello generó la legítima expectativa de permanencia laboral que merece el amparo que el art. 14 bis de la CN. otorga contra el despido arbitrario.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 22 días del mes de diciembre de 2016 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA GRACIELA ELENA MARINO dijo:

I – Contra la sentencia de fs. 296/300 que hizo lugar a la demanda en lo principal, apela la parte actora a mérito del recurso interpuesto a fs. 301/305 que mereció la réplica de su contraria a fs. 317/320 y Correo Oficial de la República Argentina SA a tenor del memorial de fs. 306/313. Asimismo se registran las apelaciones por los honorarios regulados a su favor, interpuestas por el perito contador y por la representación letrada de la parte actora, por considerarlos reducidos, a fs. 256 punto 3 y fs. 258, respectivamente.

II – La magistrada de la instancia anterior admitió la demanda por despido al decidir que el modo de contratación del actor por tiempo determinado no se ajustó a los parámetros establecidos por el art. 90 LCT, pues no se acreditaron las circunstancias extraordinarias que justificaron la adopción de ese tipo contractual. La demandada cuestiona la sentencia de grado en su totalidad, especialmente en cuanto admitió la indemnización por despido en los términos del art. 245 LCT, alegando que la sentenciante valoró deficientemente los elementos de prueba aportados a la causa, que a su entender acreditan y justifican las circunstancias en virtud de las cuales el actor se vinculó con el Correo Oficial a través de la suscripción de los contratos a plazo fijos que lucen a fs.149/152, con vigencia el primero desde el 01/11/2011 al 30/11/2011; el segundo desde 01/12/2012 al 28/02/2013; el tercero vigentes desde el 01/03/2013 al 31/05/2013 y el cuarto y último, desde el 01/06/2013 al 31/08/2013, circunstancias extraordinarias que resulta demostradas además, mediante los testimonios brindados por Della Villa, Montes, Giacobbo y La Greca. Ahora bien, la cuestión central de la controversia en el acotado marco del recurso bajo estudio, consiste en establecer qué tipo de relación existió entre Correo Oficial de la República Argentina SA y el actor, para lo cual resulta prioritario y concluyente deslindar qué tipo de tareas realizó así como el objetivo concreto en el que ellas se desarrollaron para considerar cumplimentado el recaudo de excepcionalidad contemplado en el art. 90 LCT, circunstancias que deben ser merituadas con criterio restrictivo por su carácter de excepción ante la protección constitucionalmente reconocida a toda forma de trabajo dependiente. Cabe destacar que en materia laboral rige el principio de primacía de la realidad que consagra el art. 14 de la LCT, que confiere al sentenciante la potestad para evaluar el contexto fáctico en que se desarrolla la litis, para merituar las pruebas obrantes en autos y dilucidar lo acontecido en la realidad, más allá de la calificación jurídica que las partes intervinientes hayan otorgado al vínculo habido entre ellas (arts. 62 y 63 de la LCT). El maestro Mario de la Cueva enseña que “la existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado y es que, como dice Scelle, la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento.De donde resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, ya que, si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecerán de todo valor. En atención a lo dicho es por lo que se ha denominado al contrato de trabajo, contrato-realidad, puesto que existe no en el acuerdo de voluntades, sino en la realidad de la prestación del servicio y que es ésta y no aquel acuerdo lo que determina su existencia” (Derecho mexicano del trabajo, cit. por Plá Rodríguez en “Los principios del derecho del trabajo”, p. 244). El contexto doctrinario aludido impone a la demandada la carga procesal de acreditar las razones y los objetivos que justificaron la contratación del actor a través de los contratos a plazo fijo, siempre y en todo caso, sin vocación de permanencia, extremo que no fue acreditado en autos. En efecto, la prueba testimonial resultó adversa a lo pretendido por el recurrente, pues claramente demuestra que las tareas desempeñadas por el actor eran las propias del personal permanente de la entidad y las necesarias para cumplir con los fines habituales de la Institución. En ese sentido La Greca (fs. 212) relató que conoció al actor cuando lo enviaron desde la gerencia para aprendizaje de las tareas de supervisión a realizar en los centros de distribución y para que sea puesto donde haga falta; por su parte Giacobbo (a fs. 213), quien fue el superior directo de Pulen, afirmó que el actor cumplió las funciones de supervisar que los carteros saquen las cartas, supervisaba a los auxiliares, a la gente que ingresa y controlaba a los carteros en la calle; finalmente resulta concordante e ilustrativa la declaración rendida por Montes (fs. 215), quien ratificó que el actor cumplió la función de supervisor así como las tareas desarrolladas y agregó el actor que realizaba todo lo inherente a las operaciones que determinaba su jefe, el Sr Giacobbo, desvirtuando la excepcionalidad de las tareas invocada en la contestación de demanda.Desde esta perspectiva, no deja de sorprender la insuficiencia y contradicción jurídica advertida en la cláusula primera de los contratos a plazo fijo celebrados entre las partes, que obran a en la causa a fs. 149 y 150, – únicos que fueron suscriptos por el actor, pues la firma atribuida al actor en los restantes instrumentos no le pertenece, tal como como concluyó el perito calígrafo a través del dictamen de fs. 266/269, – al establecer genérica y explícitamente que su contratación obedeció a la necesidad de realizar tareas de Supervisor CDD y otras conexas a las ya descriptas (…). función que implica un nivel de jerarquía dentro de la organización y que además, resulta notoriamente inmersa en la actividad habitual de la institución, resultando la prueba testimonial y documental reseñadas adversas al sentido pretendido por el recurrente, pues las constancias de autos revelan que el trabajador prestó servicios en una organización ajena a su persona y que cumplió funciones de supervisor dentro del marco impuesto por la empleadora, sin advertirse la excepcionalidad de las tareas que le fueron asignadas, ni su ajenidad a la actividad regular del Correo Oficial. Obsérvese que no se han invocado programas de trabajo o proyectos a los que Pulen eventualmente fue destinado, ni siquiera algún objetivo a alcanzar, o el cronograma de trabajo y los plazos estimados para su ejecución, extremos que, reitero, no fueron determinados contractualmente, incumpliendo absolutamente los recaudos que impone el art. 93 LCT. Lo cierto es que Pulen estuvo vinculado con la Institución demandada mediante la suscripción de sendos contratos a plazo fijo, que implicaron la utilización de una figura jurídica habilitada legalmente en forma excepcional, que encubrió una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, y que generó lógicamente en el actor la legítima expectativa de permanencia laboral que merece como tal el amparo que el art.14 bis, Constitución Nacional otorga al trabajador contra el “despido arbitrario”. Por los fundamentos expuestos, de prosperar mi voto, sugiero confirmar en este segmento el decisorio cuestionado en cuanto admitió la acción por despido. III – La parte demandada también cuestiona la inclusión en la base remuneratoria de las sumas denominadas “no remunerativas” de acuerdo al CCT 80/1993E. En lo atinente a estas sumas, manifiesta que tales montos no remunerativos nacieron de procesos de negociación, del cual surge un acuerdo, que luego se homologa por la autoridad de aplicación (Res. ST 706/06 y ST 1023/06 del 14/09/06 y 07/11/06, respectivamente y Res. Nº 2021/10), quedando legitimado el resultado obtenido. Sin embargo, no obstante el esfuerzo argumental del apelante, adelanto que debe confirmarse lo decidido al respecto.

La cuestión encuentra solución en la aplicación analógica de la doctrina que emana del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el referido caso “Pérez, Aníbal c/ Disco S.A.” del 1-9-2009 -en el cual se analizó puntualmente el tópico de los vales alimentarios y el art. 103 bis inc. c) de la L.C.T.-, la sentada en “González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A.” y en el caso “Díaz, Paulo Vicente c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.” del 4-6-2013, cuyos fundamentos se comparten y doy por reproducidos en homenaje a la brevedad. Sin perjuicio de lo expuesto, he sostenido reiteradamente que todas las sumas abonadas al trabajador en virtud de los servicios prestados, constituyen su remuneración, sin que ese carácter se desnaturalice por la calificación errada, en mi opinión, de “no remunerativa”. En consecuencia, propiciaré confirmar también este aspecto del decisorio de grado en cuanto estableció la base salarial a los fines indemnizatorios en la suma de $ 11.247. IV – El tercer agravio articulado por la demandada cuestiona una manifestación de la sentenciante que no conlleva sanciones ni consecuencias indemnizatorias, por lo que su tratamiento deviene abstracto.V – La actora se agravia por la desestimación de las diferencias salariales reclamadas con fundamento en la errónea categorización del actor en los términos del CCT 80/1993 E, aplicable a los trabajadores de empresas de correos. Y si bien la demandada atribuyó explícitamente al actor la categoría de supervisor, lo cierto es que el planteo inicial resulta insuficiente para admitir ese reclamo, pues no se individualizaron las condiciones inherentes a cada una de las categorías involucradas en la comparación salarial, esto es categorías IA y IC, ni se efectuó el cotejo respecto de las diferencias entre el salario de una u otra. Nada explicó la actora respecto de la categoría y función concretamente pretendida, pues la norma colectiva detalla funciones tales como la de analista SCD mayor, Operador mayor de computadora, supervisor mayor SCD, supervisor I, supervisor mayor o jefe de sección principal, entre otras, sin especificarse el reclamo en alguna de ellas. Tampoco detalló los cálculos por medio de los cuales arribó a la suma de $ 110.000, inserta en la liquidación practicada a fs. 14 y vta., ni solicitó entre los puntos de pericia contable propuestos a fs. 16 y vta., la comparación de los salarios percibidos con los básicos y adicionales pactados para las categorías indicadas precedentemente. Se advierte, además, que la accionante no ha explicitado con claridad los motivos por los que considera que la demandada la categorizó en forma errónea, máxime cuando el convenio colectivo aplicable contempla explícitamente la polivalencia funcional al establecer que las categorías profesionales enunciadas en esta convención colectiva o las funciones que se incorporen a ella posteriormente, no deberán interpretarse como estrictamente restringidas, en lo funcional, a las definiciones que en cada caso se expresen. Las mismas deberán complementarse con los principios de polivalencia y flexibilidad funcional para el logro de una mejor productividad, imprecisiones que no pueden ser superadas tras la lectura de las declaraciones testimoniales producidas en autos. Por las razones expuestas, incumplidos los recaudos que impone el art.65 LO, propicio confirmar en este segmento el decisorio apelado.

VI- Similares reparos merece el reclamo articulado en concepto de horas extras adeudadas, pues si bien dicho rubro integra la liquidación practicada a fs. 14 y vta., la petición no cumplimenta los recaudos que impone el artículo 65 de la L.O. En el caso, el actor no precisó las circunstancias de tiempo y lugar en que hubiere cumplido jornadas extraordinarias, su frecuencia y extensión, ni los cálculos en virtud de los cuales reclama el pago de la suma de $ 8400, en tanto que, tampoco en este aspecto, se ha desarrollado un relato detallado de todos los antecedentes fácticos que sustentan la petición. En definitiva, la insuficiencia del reclamo formulado, conlleva el rechazo del agravio y la confirmación en este punto del fallo cuestionado.

VII – En cuanto a la asignación por desempleo, considero que debe admitirse el reclamo del actor, pues las certificación negativa emitida por ANSES (fs. 90), demuestra que si bien el trabajador efectuó el trámite de petición del beneficio, éste no fue concluido, pues la ANSES verificó a través del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que los aportes efectuados resultaron insuficientes para permitir el acceso al beneficio, falencia fiscal que fue verificada además en esta instancia y que implica la inejecución de los deberes del empleador de actuar como contribuyente directo tornando procedente el reclamo por indemnización sustitutiva del fondo de desempleo, todo ello de conformidad a el artículo 3 inciso c) del decreto 2726/91 En consecuencia, de prosperar mi voto, sugiero incluir como rubro de condena la suma de $ 30.000 por dicho concepto. VIII – En este marco, no advierto los motivos para apartarme de lo resuelto por la sentenciante en relación a la procedencia de la multa contemplada por el art. 80 LCT, pues la puesta a disposición por parte de la demandada respecto de los certificados de trabajo previstos en el art.80, LCT resultó simplemente una formalidad, pues entre los instrumentos ofrecidos no se encuentra la certificación de ingreso de los aportes correspondientes a la seguridad social exigidos expresamente por aquella norma, circunstancia que torna viable la sanción que prevé el art. 45, Ley 25345.

IX – Asimismo, respecto al agravio formulado por las astreintes, debo señalar que la queja deviene prematura por cuanto lo decidido en materia de sanciones conminatorias es provisional, no causa estado y puede ser dejado sin efecto o reajustado en su momento, si mediare cumplimiento o razones atendibles a juicio de quien las ordenara (conf. art. 666 bis del Código Civil y art. 37 del C.P.C.C.N.); ello así, porque no se sabe a esta altura si el incumplimiento tendrá lugar o no. Propongo, pues, desestimar la queja en estos aspectos cuestionados.

X – Varias son las razones que me inclinan a admitir el reclamo sustentado en la indemnización especial del art. 182 LCT, que fue rechazada por la sentenciante de grado con fundamento en el la doctrina emanada del fallo plenario 262, ante la ausencia de pruebas que acrediten que la demandada estuvo en conocimiento del matrimonio del actor. Ahora bien, el estudio de las constancias documentales obrantes en la causa me persuade que, por el contrario, la demandada conoció fehacientemente que el actor contrajo nupcias, al punto que, en efecto, abonó la licencia por matrimonio, conforme surge del recibo de haberes adjuntando a fs.60, no obstante lo cual decidió desconocer esa circunstancia, tanto en la contestación de demanda, como en la réplica a los agravios articulada a fs. 318 y vta.En tal ilación, la posición adoptada por la accionada resultó contradictoria con su conducta precedente, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, que habilita aplicar la llamada teoría de los actos propios que ha sido sostenida en diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver, entre otros, Fallos 294:220; 305:1304), en tanto -reitero- es la propia empleadora quien en los hechos decidió abonar la licencia por matrimonio y luego desconocer explícitamente esa circunstancia Desde esta perspectiva, la configuración de las irregulares circunstancias que rodearon el distracto y la insistencia de la empleadora en desconocer la ocurrencia del matrimonio, denotan que ciertamente, el casamiento del actor no le resultó indiferente, irregularidades de hecho que eventualmente, cumplimentarían los recaudos probatorios que impone la doctrina emanada del fallo plenario dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo en autos Drewes Luis c. Coselec SAC, pero lo verdaderamente relevante de la cuestión es que el despido se produjo dentro del período de protección amparado por el art. 177 LCT., cuya presunción resulta aplicable al sub lite, tal como fuera resuelto oportunamente a través de la posición asumida por los Dres. Zas y Arias Gibert por la mayoría, en autos Piñeyro Ruben Alberto c/ Telefónica de Argentina S.A., a cuyos términos adhiero, al decidir con fundamento en una minuciosa exposición de las normas constitucionales y supra legales aplicables al tema, que “Una hermenéutica progresiva y tutelar de los principios y reglas del Derecho Universal de los Derechos Humanos Laborales consagrados en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en las normas de jerarquía constitucional y supralegal entradas en vigencia con posterioridad al plenario 272 de la C.N.A.T., corroborada por el estado actual de la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional, sustenta una respuesta afirmativa al interrogante planteado en el párrafo que antecede (.) La jerarquía constitucional precitada ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente “en las condiciones de su vigencia” (art. 75, inc. 22, párr.2º de la Constitución Nacional), esto es, tal como la mencionada Convención rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación (…) Desde la perspectiva delineada precedentemente, la exclusión de la aplicación de la presunción consagrada en el art. 181 de la L.C.T. (t.o.) al caso del despido del trabajador varón es discriminatoria, pues la diferencia de trato respecto de la mujer no está justificada con criterios razonables y objetivos, delineados a la luz de una interpretación dinámica y evolutiva (…) En el contexto socio-cultural actual no se advierte cuál sería la finalidad legítima del mantenimiento de la exclusión del trabajador varón de la tutela pretendida, ni cuál sería la relación de proporcionalidad entre esa marginación y aquella supuesta finalidad. La solución propuesta en este voto se ajusta a los criterios actuales en materia de distribución de la carga probatoria en casos de despidos discriminatorios (conf. los argumentos expuestos en mis votos emitidos como integrante de la Sala V de la C.N.A.T. en las causas: “Parra Vera, Máxima c/San Timoteo S.A.” , sent. def. nº 68.536, del 14/06/2006, “Arecco, Maximiliano c/Praxair Argentina S.A.” , sent. def. nº 69.131, del 21/12/2006, “Quispe Quispe, Néctar c/Compañía Argentina de la Indumentaria S.A.” , sent. def. nº 70.349, del 20/12/2007, “Belen, Rodrigo Hernán c/Jumbo Retail Argentina S.A.” sent. def. nº 70.913, del 20/08/2008 y sent. def. nº 73.068, 20/04/2011, “Galimany, Gastón Andrés c/Citytech S.A.” y como integrante de la Sala IV en la causa: “Lescano, Víctor César c/Ingeplam S.A.” , sent. def.nº 94.267, del 31/08/2009, entre otros, corroborados en lo sustancial por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el 15/11/2011 en la causa “Pellicori, Liliana Silvia c/Colegio Público de Abogados de la Capital Federal” . En consecuencia, toda vez que el despido se configuró en el marco de las condiciones apuntadas y dentro del período de protección establecido por el artículo 177 LCT, de prosperar mi voto, sugiero revocar en este punto el fallo apelado admitiéndose la reparación agravada prevista en el art. 182, LCT que, conforme los parámetros salariales determinados en autos, alcanza a la suma de $ 146.211 (11247×13).

XI – La demandada también cuestiona la tasa de interés dispuesta en la instancia anterior (conf. Acta 2601, CNAT) en tanto entienden que resulta violatoria de derechos de raigambre constitucional, quejas que no considero atendibles.

En efecto, en el marco de lo establecido mediante las Actas 2600 -del 7/5/14- y 2601 -del 21/5/14- esta CNAT resolvió modificar lo dispuesto por el Acta 2357 del 7/5/02 y que la tasa de interés aplicable sea la Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, que debe comenzar a regir desde que cada suma es debida, respecto de las causas que se encuentren sin sentencia, y con relación a los créditos del trabajador. En el contexto descripto sólo se realiza una disidencia dogmática que no controvierte lo decidido por el judicante con las exigencias impuestas por el art. 116 L.O. ya mencionado motivos por los cuales propicio confirmar el decisorio de grado. Por otro lado, y en la actualidad, gobierna el tema lo acordado en el Acta 2630 del 27-4-16 que, reitera, en lo numérico, la tasa anterior, es decir el 36% anual. Por dicha razón, propicio la confirmación de la sentencia de grado en este tópico, dando respuesta a al cuarto y quinto agravio formulado por la demandada.XII – Por consiguiente, en caso de prosperar mi voto, el capital de condena debe elevarse y alcanzar a la suma de $ 272.682 ($ 96471+ $ 30.000 + $ 146211), suma que devengará intereses a la tasa establecida en origen desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago.

XIII – El cuestionamiento por la imposición de las costas tampoco tendrá recepción favorable, toda vez que la apelante ha resultado vencida en la contienda, sin advertirse razones que importen apartarse del principio objetivo de la derrota plasmado en el art. 68, C.P.C.C.N., por lo que deben confirmarse a cargo de la demandada.

XIV – En cambio, en atención a la modificación del capital de condena, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios (conf. art. 279 CPCCN) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos en ese sentido. Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de la tarea realizada, y el valor económico del litigio, corresponde regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora, demandada y perito calígrafo, por sus actuaciones en origen, en el 15%, 12% y 6%, respectivamente, porcentuales a calcular sobre el capital de condena más intereses (cfr. art. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; arts. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57).

XV – En virtud del resultado obtenido en esta instancia, corresponde declarar las costas de alzada a cargo de la demandada (conf. art. 68 CPCCN) y regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora y la demandada, por su actuación en la alzada, el 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por la labor desplegada en primera instancia (conf. art. 14 ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la señora Juez de Cámara preopinante. En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:1) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma de $ 272.682 con más los intereses dispuestos en origen, 2) Mantener la imposición de costas establecida en primera instancia; 3) Dejar sin efecto los honorarios regulados en primera instancia; 4) Regular los honorarios correspondientes al patrocinio y representación letrada de la parte actora, de la demandada y del perito calígrafo, por su actuación en origen, en el 15%, 12% y 6%, respectivamente, porcentuales a calcular sobre el capital de condena más intereses; 5) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el apartado XV del primer voto de este acuerdo. Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.). Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

Graciela Elena

Juez de Cámara

Marino Enrique

Juez de Cámara

Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara