El PAMI debe otorgar cobertura integral de la prótesis de cadera requerida por una afiliada

Partes: G. M. G. c/ PAMI s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: B

Fecha: 15-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103854-AR | MJJ103854 | MJJ103854

Sumario:1-Corresponde revocar la sentencia que rechazó la medida cautelar y hacer lugar al amparo interpuesto contra el PAMI a fin de obtener la cobertura integral de una prótesis para revisión de cadera, toda vez que se encuentra acreditado el peligro en la demora en tanto la actora refiere padecer terribles dolores a causa del aflojamiento -y consecuente remoción- de la prótesis que tenía colocada en su cadera hace 2 años, lo que afecta seriamente su calidad de vida y lesiona su derecho a la salud, garantizado por nuestra Carta Magna.

Fallo:

Cordoba, quince de febrero de 2017.

Y VISTOS:

Los autos “G.M.G. c/ PAMI s/ AMPARO LEY 16.986” (Exp. N° 39059/2016), en los que el Defensor Público Coadyuvante por ante el Juzgado Federal de Villa María, el día 21 de noviembre de 2016 y en nombre y representación de la parte actora, dedujo y fundó recurso de apelación (fs. 52/60vta.) en contra del proveído de fecha 17 de noviembre de 2016, dictado por el señor Juez del Juzgado Federal de Villa María a fs. 50/51, por el que no hace lugar a la medida cautelar solicitada por la señora G. M. G., en ocasión de interponer la demanda (fs. 30/47vta.). Con fecha 2 de diciembre de 2016, el señor Fiscal General evacua la vista corrida (fs. 69vta.), quedando la causa en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

I- Que el señor Defensor Público Coadyuvante ha interpuesto -y fundadorecurso de apelación en contra del proveído del 17 de noviembre de 2016, donde el juez a quo entendió que no correspondía hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora, por no encontrarse acreditados los requisitos estipulados en el art. 230 del código de rito para su procedencia.

Asegura la recurrente que sí se verifican en la especie los extremos requeridos por dicha norma legal, motivo por el cual insiste que se debió hacer lugar a la precautoria de que se trata. Sostiene que el problema de salud que aqueja a la señora G. M. G.es muy grave, le produce intolerables dolores que afectan seriamente su calidad de vida y sólo puede ser solucionado quirúrgicamente, reemplazando la prótesis que tiene colocada en su cadera derecha hace 2 años.

II- Previo a todo, corresponde poner de relieve que en relación a las medidas cautelares en las que es parte el Estado Nacional, el día 24 de abril de 2013 se sancionó la Ley 26.854, la que fue publicada en el Boletín Oficial el día 30 del mismo mes y año y entró en vigencia a partir del 8 de mayo siguiente (art. 2 C.C.). Así el artículo 1 expresamente establece: “Las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos, se rigen por las disposiciones de la presente ley”.

La accionada en este pleito es, conforme lo establece su ley de creación (Ley 19.302), una persona jurídica de derecho público no estatal, cuyo objeto se endereza a prestaciones inherentes a la seguridad social de jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Asimismo se considera a dichas prestaciones como servicios de interés público (art. 2 de al Ley 19.302 modificada por la Ley 25.615), por lo que el nuevo sistema de medidas cautelares en las que el Estado Nacional es parte o interviene aludido precedentemente, no resulta aplicable en la especie.

III- Ahora bien, en primera instancia no se admitió la medida cautelar por entenderse que no se encontraba verificada la existencia de los requisitos previstos en el art. 230 del C.P.C.N. y porque, a criterio del a quo, coincidían el objeto de la precautoria y el de la cuestión de fondo.

La verosimilitud del derecho, constituye uno de los requisitos comunes a todas las cautelares y concierne a la apariencia que presenta el derecho invocado por el pretensor de la medida.Es decir, se halla estrechamente ligado con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado, de modo que sea factible apreciar superficialmente la existencia del derecho en discusión.

El art. 230 inc. 1° del CPCCN que prevé este recaudo, no exige una probanza concluyente que sólo puede lograrse en forma plena en la etapa del proceso pertinente, pero sí requiere que el peticionante acredite su derecho, aún someramente.

Esta acreditación del derecho que se exige, es una condición que no puede obviarse y constituye el elemento principal justificante del progreso de una medida cautelar.

En el caso de autos, el Inferior entendió que según se desprende de la documentación agregada a la causa, sí se había probado suficientemente la existencia de este requisito, por lo que no ha sido motivo de agravio.

IV- Distinto es el caso del peligro en la demora, ya que el a quo no lo tuvo por acreditado en la causa. Tenemos que la actora refiere padecer terribles dolores a causa del aflojamiento -y consecuente remoción- de la prótesis que tenía colocada en su cadera hace 2 años, lo que afecta seriamente su calidad de vida y lesiona su derecho a la salud, garantizado por nuestra Carta Magna y diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, términos a los que nos remitimos por razones de brevedad. Además, ha demostrado la demora en que ha incurrido el PAMI en proveerle la prótesis que indicó su médico tratante para reemplazarle la que tiene puesta, operación que ha debido posponerse en más de una oportunidad por el incumplimiento de la demandada. No debe olvidarse que desde que la señora G. M. G. presentó por primera vez la solicitud de provisión del insumo en cuestión, han transcurrido más de ocho meses sin obtener una solución a su grave problema (ver documentación agregada a fs. 4/13, 22/23vta., fs.25/28).

V- Por todo lo señalado precedentemente, consideramos que sí se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el art. 230 del C.P.C.N. para la procedencia de la cautelar solicitada. En lo atinente a la contracautela pertinente, entendemos justo fijarla en la fianza personal de dos abogados inscriptos en la matrícula federal, la que deberá ser prestada y ratificada en forma.

VI- En relación a que, según el Inferior, existiría identidad entre el objeto de la precautoria y el de la demanda, tenemos que la circunstancia de que exista coincidencia entre el objeto de la cautela y el del pleito, no sólo no comporta de por sí un obstáculo para el dictado de una medida como la solicitada, sino que, como tal, se traduce en un anticipo de jurisdicción expresamente admitido en aquellos casos en los que, frente a la imposibilidad práctica de lograr de un modo inmediato la decisión sobre el fondo mismo de la controversia, existe fundado motivo para temer que los derechos que puedan reconocerse en una posterior sentencia, se tornen ilusorios o de imposible cumplimiento, con la consecuente producción de perjuicios de muy dificultosa o imposible reparación. Es decir que la posibilidad de que pudiera llegar a existir la mentada identidad, no implica per se un obstáculo insalvable a los fines perseguidos, en particular cuando, como en este caso, está en juego la salud, la calidad de vida y la integridad física y espiritual de una persona de 64 años.

VII- Así y sin que lo antes expuesto en modo alguno implique adelanto de opinión sobre la cuestión de fondo planteada en la causa, corresponde revocar parcialmente el proveído recurrido en cuanto rechaza la medida cautelar de que se trata y, en consecuencia, hacer lugar a la precautoria solicitada por la señora G. M. G.y ordenar a la demandada que en el término de cinco días preste la cobertura integral solicitada por la actora en la demanda, “… de PROTESIS PARA REVISIÓN DE CADERA SIN CEMENTO TALLO LARGO COTILO ATORNILLADO, FEMUR SIN CEMENTO, CABEZA INTERCAMBIABLE N° 28, STERI DRAPE, HEMOSUCTOR, U DRAPE, TALLO FEMORAL DE FIJACION DISTAL,.” de conformidad a lo indicado por su médico tratante con fecha 22 de julio de 2016, Dr. Guillermo Díaz (fs. 11). Sin costas por no existir contradictorio.

Por ello; SE RESUELVE:

1) Revocar parcialmente el proveído de fecha 17 de noviembre de 2016, dictado por el señor Juez del Juzgado Federal de Villa María en cuanto no hace lugar a la medida cautelar solicitada por la señora G. M. G. y, en consecuencia, hacer lugar a la misma y ordenar a la demandada PAMI que en el término de 5 días le preste la cobertura integral solicitada por la actora en la demanda (fs. 11), con fecha 22 de julio de 2016,. Sin costas.

2) Fijar la contracautela pertinente en la fianza personal de dos abogados inscriptos en la matrícula federal, la que deberá ser prestada y ratificada en forma.

3) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

LUIS ROBERTO RUEDA LILIANA NAVARRO

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA

Cordoba, quince de febrero de 2017.

Y VISTOS:

Los autos “G.M.G. c/ PAMI s/ AMPARO LEY 16.986″ (Exp. N° 39059/2016), en los que el Defensor Público Coadyuvante por ante el Juzgado Federal de Villa María, el día 21 de noviembre de 2016 y en nombre y representación de la parte actora, dedujo y fundó recurso de apelación (fs. 52/60vta.) en contra del proveído de fecha 17 de noviembre de 2016, dictado por el señor Juez del Juzgado Federal de Villa María a fs. 50/51, por el que no hace lugar a la medida cautelar solicitada por la señora G. M. G., en ocasión de interponer la demanda (fs.30/47vta.). Con fecha 2 de diciembre de 2016, el señor Fiscal General evacua la vista corrida (fs. 69vta.), quedando la causa en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

I- Que el señor Defensor Público Coadyuvante ha interpuesto -y fundadorecurso de apelación en contra del proveído del 17 de noviembre de 2016, donde el juez a quo entendió que no correspondía hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora, por no encontrarse acreditados los requisitos estipulados en el art. 230 del código de rito para su procedencia.

Asegura la recurrente que sí se verifican en la especie los extremos requeridos por dicha norma legal, motivo por el cual insiste que se debió hacer lugar a la precautoria de que se trata. Sostiene que el problema de salud que aqueja a la señora G. M. G. es muy grave, le produce intolerables dolores que afectan seriamente su calidad de vida y sólo puede ser solucionado quirúrgicamente, reemplazando la prótesis que tiene colocada en su cadera derecha hace 2 años.

II- Previo a todo, corresponde poner de relieve que en relación a las medidas cautelares en las que es parte el Estado Nacional, el día 24 de abril de 2013 se sancionó la Ley 26.854, la que fue publicada en el Boletín Oficial el día 30 del mismo mes y año y entró en vigencia a partir del 8 de mayo siguiente (art. 2 C.C.). Así el artículo 1 expresamente establece:”Las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos, se rigen por las disposiciones de la presente ley”.

La accionada en este pleito es, conforme lo establece su ley de creación (Ley 19.302), una persona jurídica de derecho público no estatal, cuyo objeto se endereza a prestaciones inherentes a la seguridad social de jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Asimismo se considera a dichas prestaciones como servicios de interés público (art. 2 de al Ley 19.302 modificada por la Ley 25.615), por lo que el nuevo sistema de medidas cautelares en las que el Estado Nacional es parte o interviene aludido precedentemente, no resulta aplicable en la especie.

III- Ahora bien, en primera instancia no se admitió la medida cautelar por entenderse que no se encontraba verificada la existencia de los requisitos previstos en el art. 230 del C.P.C.N. y porque, a criterio del a quo, coincidían el objeto de la precautoria y el de la cuestión de fondo.

La verosimilitud del derecho, constituye uno de los requisitos comunes a todas las cautelares y concierne a la apariencia que presenta el derecho invocado por el pretensor de la medida. Es decir, se halla estrechamente ligado con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado, de modo que sea factible apreciar superficialmente la existencia del derecho en discusión.

El art. 230 inc.1° del CPCCN que prevé este recaudo, no exige una probanza concluyente que sólo puede lograrse en forma plena en la etapa del proceso pertinente, pero sí requiere que el peticionante acredite su derecho, aún someramente.

Esta acreditación del derecho que se exige, es una condición que no puede obviarse y constituye el elemento principal justificante del progreso de una medida cautelar.

En el caso de autos, el Inferior entendió que según se desprende de la documentación agregada a la causa, sí se había probado suficientemente la existencia de este requisito, por lo que no ha sido motivo de agravio.

IV- Distinto es el caso del peligro en la demora, ya que el a quo no lo tuvo por acreditado en la causa. Tenemos que la actora refiere padecer terribles dolores a causa del aflojamiento -y consecuente remoción- de la prótesis que tenía colocada en su cadera hace 2 años, lo que afecta seriamente su calidad de vida y lesiona su derecho a la salud, garantizado por nuestra Carta Magna y diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, términos a los que nos remitimos por razones de brevedad. Además, ha demostrado la demora en que ha incurrido el PAMI en proveerle la prótesis que indicó su médico tratante para reemplazarle la que tiene puesta, operación que ha debido posponerse en más de una oportunidad por el incumplimiento de la demandada. No debe olvidarse que desde que la señora G. M. G. presentó por primera vez la solicitud de provisión del insumo en cuestión, han transcurrido más de ocho meses sin obtener una solución a su grave problema (ver documentación agregada a fs. 4/13, 22/23vta., fs. 25/28).

V- Por todo lo señalado precedentemente, consideramos que sí se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el art. 230 del C.P.C.N.para la procedencia de la cautelar solicitada. En lo atinente a la contracautela pertinente, entendemos justo fijarla en la fianza personal de dos abogados inscriptos en la matrícula federal, la que deberá ser prestada y ratificada en forma.

VI- En relación a que, según el Inferior, existiría identidad entre el objeto de la precautoria y el de la demanda, tenemos que la circunstancia de que exista coincidencia entre el objeto de la cautela y el del pleito, no sólo no comporta de por sí un obstáculo para el dictado de una medida como la solicitada, sino que, como tal, se traduce en un anticipo de jurisdicción expresamente admitido en aquellos casos en los que, frente a la imposibilidad práctica de lograr de un modo inmediato la decisión sobre el fondo mismo de la controversia, existe fundado motivo para temer que los derechos que puedan reconocerse en una posterior sentencia, se tornen ilusorios o de imposible cumplimiento, con la consecuente producción de perjuicios de muy dificultosa o imposible reparación. Es decir que la posibilidad de que pudiera llegar a existir la mentada identidad, no implica per se un obstáculo insalvable a los fines perseguidos, en particular cuando, como en este caso, está en juego la salud, la calidad de vida y la integridad física y espiritual de una persona de 64 años.

VII- Así y sin que lo antes expuesto en modo alguno implique adelanto de opinión sobre la cuestión de fondo planteada en la causa, corresponde revocar parcialmente el proveído recurrido en cuanto rechaza la medida cautelar de que se trata y, en consecuencia, hacer lugar a la precautoria solicitada por la señora G. M. G.y ordenar a la demandada que en el término de cinco días preste la cobertura integral solicitada por la actora en la demanda, “… de PROTESIS PARA REVISIÓN DE CADERA SIN CEMENTO TALLO LARGO COTILO ATORNILLADO, FEMUR SIN CEMENTO, CABEZA INTERCAMBIABLE N° 28, STERI DRAPE, HEMOSUCTOR, U DRAPE, TALLO FEMORAL DE FIJACION DISTAL,.” de conformidad a lo indicado por su médico tratante con fecha 22 de julio de 2016, Dr. Guillermo Díaz (fs. 11). Sin costas por no existir contradictorio.

Por ello; SE RESUELVE:

1) Revocar parcialmente el proveído de fecha 17 de noviembre de 2016, dictado por el señor Juez del Juzgado Federal de Villa María en cuanto no hace lugar a la medida cautelar solicitada por la señora G. M. G. y, en consecuencia, hacer lugar a la misma y ordenar a la demandada PAMI que en el término de 5 días le preste la cobertura integral solicitada por la actora en la demanda (fs. 11), con fecha 22 de julio de 2016,. Sin costas.

2) Fijar la contracautela pertinente en la fianza personal de dos abogados inscriptos en la matrícula federal, la que deberá ser prestada y ratificada en forma.

3) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

LUIS ROBERTO RUEDA LILIANA NAVARRO

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA