Expulsión de un extranjero condenado a la pena de prisión en suspenso por el delito de destrucción de pruebas

Partes: V. F. R. D. c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior DNM s/ recurso directo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 28-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103820-AR | MJJ103820 | MJJ103820Sumario:
1.-Corresponde confirmar la resolución que declaró como irregular la permanencia del actor en el país y se ordenó su expulsión, en tanto que el art. 29 de la Ley 25.781 dispone expresamente que el estar condenado o cumpliendo condena es una causal de ingreso o permanencia al territorio nacional, y teniendo en cuenta la finalidad de la ley y que los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió, la postura del apelante no puede prosperar por cuanto su redacción es precisa al establecer las causas impedientes de ingreso y permanencia.

2.-La declaración de irregular permanencia del país y la consecuente expulsión de un extranjero condenado por un delito no viola el principio de igualdad, pues, si bien los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles y garantías que los nacionales, ello no importa que aquéllos sobre los cuales se dicte una sentencia condenatoria por alguno de los delitos reconocidos por nuestro ordenamiento, que comprometan el orden público o la seguridad nacional, sean pasibles de una expulsión; a lo que se suma que el recurrente fue penado con juicio previo y se respetó su derecho de defensa en juicio.

3.-La declaración de irregular permanencia del país y la consecuente expulsión de un extranjero condenado por un delito no viola el principio non bis in ídem, ya que dicha regla no excluye la aplicación de sanciones de diversa naturaleza respecto a un mismo hecho.

Fallo:

En Buenos Aires, a 28 de marzo de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer del recurso interpuesto en autos caratulados: “V. F., R. D. c/ EN – Mº INTERIOR – DNM s/ Recurso Directo”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán, dijo:

1º) Que, por sentencia de fs. 187/192vta., la señora jueza de la instancia anterior rechazó la demanda tendiente a que se revocara la resolución 1776/13 emitida por el Ministro del Interior y Transporte, confirmatoria de la disposición 91543 de la Dirección Nacional de Migraciones por la que se declaró irregular la permanencia del actor en el país y se ordenó su expulsión luego de que cumpliera la pena o hubiese cesado el interés judicial en que permaneciera en el territorio nacional, todo ello, en función de lo dispuesto en el inc. c, art.29 de la ley 25.871.

Impuso las costas al vencido.

Para así decidir, indicó que la sanción discutida había sido motivada por la condena del actor a la pena de seis meses de prisión en suspenso por ser autor del delito de destrucción de medios de prueba.

Sostuvo que la nueva ley migratoria determinó las condiciones de admisión en el ingreso y permanencia en el país y que la Dirección Nacional de Migraciones sólo se limitó a considerar la ocurrencia de un supuesto objetivo previsto como causa impediente que la autorizan, como autoridad de aplicación, a denegar la solicitud de residencia.

Manifestó que el inciso en cuestión regula dos supuestos diferenciados uno es “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior.” y el otro “tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años”. Agregó que la primera es una causal independiente y objetiva que impide al extranjero permanecer en el país.En cambio, por la segunda el legislador previó que el migrante se encontraría condicionado por tener antecedentes penales que configuraren alguna de las figuras delictivas mencionadas o cuya pena privativa de la libertad superase el mínimo previsto.

En virtud de ello, concluyó que el órgano administrativo no hizo más que aplicar la norma migratoria, sin que se apreciara rasgo alguno de arbitrariedad o ilegalidad en la decisión adoptada.

Finalmente, desestimó el agravio relativo a la violación del principio non bis in ídem dado que la condena penal y la sanción de expulsión responden a dos ordenamientos distintos y que, según la CSJN, la duplicidad de sanciones resulta totalmente admisible en tanto se trate de penas de diferente naturaleza, porque no existe disposición constitucional que se oponga a que por una misma infracción se impongan sanciones de diverso carácter.

2º) Que, contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación el Ministerio Público de la Defensa (fs. 193), el que fue libremente concedido (fs. 194). A fs. 199/206vta. expresó sus agravios, los que no fueron replicados por su contraria (v. fs. 219).

El recurrente se agravia de que resulta arbitraria y discriminatoria la interpretación que la a quo realizó del inc. c, art. 29 de la ley 25.871 en función de que resulta contraria al principio de razonabilidad del art. 28 de la Constitución Nacional.

Explica que resulta ilegítima la pena de expulsión dado que diferencia entre un individuo nacional y un extranjero que fueron condenados penalmente, postura que se contradice con el principio de igualdad reconocido en el preámbulo y en los arts. 14, 16 y 20 de la CN, de los cuales gozan todos aquellos que quieran habitar en la Argentina.Insiste en que “la razón fundante del trato distintivo apuntado radica meramente en la condición personal de mi representado y su nacionalidad, es decir sobre su propio ser y no sobre pautas objetivas que en el caso concreto ameritan una distinción legítima”.

Afirma que el alcance de la norma en cuestión se supedita al parámetro objetivo de que el delito merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años y no dos supuestos diferenciados como lo afirma la magistrada.

En base a ello, entiende que: a) si se considerase como causal independiente ser condenado judicialmente, perdería sentido la inclusión, como supuesto especial de expulsión, de la condena por uso de documentación falsa del inc. g, que quedaría incluida en el inc. c, e importaría aceptar la inconsecuencia del legislador; b) según el principio pro homine debe realizarse una interpretación extensiva cuando se trata de reconocer derechos e, inversamente, más restringida cuando se establecen restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión; c) admitir esta solución, llevaría al absurdo de permitir la expulsión de extranjeros por delitos culposos o a los reprimidos con la pena de multa o inhabilitación y d) que la nueva ley de Migraciones “tuvo como mira superar viejas políticas migratorias de recortes de derechos y persecución de migrantes”, por lo que “no puede sostenerse una interpretación que claramente consagra una causal de expulsión muchísimo más amplia que aquella que, justamente consagraba una ley del gobierno de facto como la ley 22.439”.

Cita el precedente “Granados Poma” (CSJN, G. 206. XLVII, sentencia de 28/08/14) e indica que allí el Máximo Tribunal, haciendo remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal, entendió que el impedimento de la permanencia en el país debe sustentarse en la condena por un delito cuya pena privativa de la libertad hubiese sido de tres o más años.El objetivo que se persigue es garantizar el orden internacional y la justicia, extremo que no puede verse afectado por hechos de escasa relevancia, como son los delitos con una pena menor a los tres años. Agrega que el legislador estableció ese piso con la finalidad de evitar situaciones de inequidad manifiesta.

Reitera la violación de la garantía del ne bis in ídem, dado que existió una primera condena con pena privativa de libertad y, por otro, “una segunda pena o sanción que es justamente la expulsión del país basada en esa condena judicial”.

Por último, se queja de que la magistrada omitió considerar el fin resocializador de la pena que no se condice con la sanción de expulsión.

3º) Que, a fs. 223/227 dictaminó el Fiscal General ante esta Cámara, en lo que aquí interesa, consideró que la jueza de grado realizó una interpretación literal de la norma pero que, sin embargo, ponderó en forma aislada el inciso invocado por la autoridad migratoria como fundamento de sus actos.

En función de ello, explicó que el párrafo en cuestión integra un artículo que contempla otras causales de impedimento de ingreso y permanencia que, de ser viable la postura de la magistrada, carecerían de sentido ya que, por el solo hecho de contar con una condena en el país, la situación del migrante se encontraría contemplada en el inciso c, y lo haría susceptible de expulsión cualquiera fuere el delito cometido.

En virtud de esas consideraciones, concluyó que la situación del actor -condenado en la Argentina a una pena privativa de la libertad de seis meses en suspenso por considerarlo autor del delito de destrucción de pruebas- no se encontraba alcanzada por la causal de impedimento de permanencia dispuesta en el inc. c, del art. 29 de la ley 25.871.

4º) Que, en primer lugar, resulta necesario hacer un breve reseña de los hechos relevantes del caso.

El 2 de noviembre de 2007, mediante disp. DNM 6609, se le otorgó a R. D. V. F.una residencia temporaria en los términos del inc. i, del art. 23 de la ley 25.871.

El 17 de marzo de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal nº 7 de la Capital Federal condenó al nombrado a la pena de seis meses de prisión, cuyo cumplimiento dejó en suspenso, como autor del delito de destrucción de los medios de prueba (fs. 88).

El 6 de julio de 2010, por disp. DNM 91543, el Director de Control de Permanencia declaró irregular su permanencia en el país en función de lo dispuesto en el inc. c, del art. 29 de la ley 25.871 y ordenó su expulsión del país por el término de cinco años.

5º) Que, debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos 258:308, 262:222, 265:301, 272:225; 278:271; 291:390; 297:140: 301:970; entre muchos otros).

6º) Que, resulta conveniente expedirse sobre la interpretación que debe dársele al inc. c, art. 29 de la ley 25.871.

Respecto a ello, ha dicho la Corte Federal “que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma” (Fallos 323:620 ). Asimismo, no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos:306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484). No obstante ello, la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) impone un límite dentro del examen semántico de la norma en cuestión, el cual debe armonizarse con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al migrante.

Por su parte, los objetivos de la ley son, entre otros, asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios bilaterales vigentes y las leyes; promover su inserción laboral; promover el intercambio de información en el ámbito internacional, asistencia técnica y capacitación de los recursos humanos y promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación (v. art. 3 de la ley cit.).

En este orden de ideas, el inc. c, art. 29 de la ley de Migraciones establece “serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al Territorio Nacional: (.) c) Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más”.

En estos términos, de la lectura de la norma resulta claro que se establecen dos supuestos diferentes:i) haber sido condenado o estar cumpliendo condena en la Argentina o en el exterior; “o” ii) tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más.

Alcance que se confirma con el vocablo disyuntivo “o” utilizado por el legislador para distinguir los presupuestos, situación que hubiese sido distinta si se hubiera empleado la conjunción copulativa “y”. A tal efecto, el Diccionario de la Real Academia define a la conjunción disyuntiva citada explicando que denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas (http://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu).

Por otro lado, no se advierte la inconsecuencia del legislador -tal como señala la actora- ya que por ello se infiere que cuando la ley emplea determinados términos y omite otros, la regla más segura de interpretación es que esos términos no son superfluos, sino que su inclusión se ha realizado con algún propósito, por lo que, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 331:866; 338:488; entre otros).

Por lo demás, debe tenerse presente que la nueva ley migraciones en su art. 29 determinó pautas objetivas y concretas respecto de las condiciones de permanencia y expulsión de los extranjeros en el país, supliendo la discrecionalidad que le concedía la ley 22.439 a la autoridad de migración.

En este entendimiento, teniendo en cuenta la finalidad de la ley y que los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700), la postura del apelante no puede prosperar por cuanto la redacción del inciso es precisa al establecer las causas impedientes de ingreso y permanencia.En otras palabras, no resulta necesaria una cuantificación de la pena a efectos de establecer la sanción dado que el supuesto bajo análisis requiere que el particular fuera condenado -como sucedió en el caso- a seis meses de prisión en suspenso por el delito de destrucción de medios de pruebas.

7º) Que, respecto a la alegada violación al principio constitucional de igualdad corresponde realizar una serie de precisiones para lo que se debe aclarar que de ninguno de los artículos citados (arts. 14, 16 y 20 de la CN) surge que la sanción de expulsión resulte contraria a los derechos que por ellos se reconoce. En efecto, si bien los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles y garantías que los nacionales, ello no importa que aquéllos sobre los cuales se dicte una sentencia condenatoria por alguno de los delitos reconocidos por nuestro ordenamiento, que comprometan el orden público o la seguridad nacional, sean pasibles de una expulsión. Lo que la Constitución Nacional establece es que el extranjero, como cualquier ciudadano, no pueda ser penado sin juicio previo, ni sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, que es inviolable la defensa en juicio y que deben reconocerse todos los demás derechos, de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias.

En el caso el actor pudo ejercer efectivamente su derecho de defensa tanto en el proceso penal como en autos, contando con un defensor oficial, ofreciendo y produciendo prueba y presentando los recursos que consideró pertinentes.Tampoco puede obviarse que la sanción de expulsión le fue notificada luego de que quedara firme la condena a seis meses de prisión por la destrucción de los medios de prueba, siendo este el fundamento de la medida adoptada, no advirtiéndose arbitrariedad o ilegitimidad en la aplicación de la norma.

No debe perderse de vista que, como lo expresó la Sala I de esta Cámara en un caso sustancialmente análogo al presente, haciendo remisión a precedentes del Máximo Tribunal, “en el derecho internacional, es un principio aceptado que toda nación soberana tiene como poder inherente a su soberanía “la facultad de prohibir la entrada de extranjeros a su territorio o de admitirlos en los casos y bajo las condiciones que ella juzgue libremente prescribir” (Fallos: 164:344).

Asimismo, ha expresado -como bien dijo el juez de primera instancia- que el incuestionable derecho del Estado Nacional a regular y condicionar la admisión de extranjeros en la forma y medida en que, con arreglo a los preceptos constitucionales, lo requiera el bien común en cada circunstancia, no es incompatible con las garantías de los derechos individuales consagrados por la Ley Suprema (Fallos:171:310; 183:373; 188:326; 200:99; 313:101).

También indicó que a partir del principio de soberanía, la Constitución Nacional “ha señalado las reglas dentro de las cuales el Gobierno Federal, encargado de las relaciones internacionales, tanto en la paz como en la guerra, debe desenvolver la política inmigratoria del país subordinando el contenido de la legislación que se dicte a aquellas normas fundamentales”. Añadió que es exacto que cuando el artículo 14 de la Ley Fundamental “se refiere a los habitantes para definir sus derechos personales comprende tanto a los nacionales como a los extranjeros, pero no es menos exacto que según la letra del precepto el goce de tales derechos tiene la limitación derivada de que ello ha de ser de conformidad con las leyes que reglamenten su ejercicio”. Remarcó que ésa es una “condición fundamental del ejercicio del derecho del extranjero para permanecer en la República nacida de un pacto tácito entre él y la soberanía y que como es lógico debe cumplirse dentro del territorio de país”. Y concluyó en que la igualdad que preconiza el artículo 16 de la Ley Fundamental “se realiza respecto de todos los habitantes nacionales y extranjeros pero siempre que estos últimos observen las condiciones en que fueron admitidos” (Fallos: 164:344).

Más recientemente, ponderó la variación sustancial de los objetivos a tener en cuenta para la admisión de extranjeros que contempla la ley 25.871, y al recordar que la ley “determina una serie de impedimentos al ingreso y permanencia de extranjeros” destacó “la necesidad en todos los casos, de la existencia de una condena penal (confr. incs. c, f, g y h, del artículo citado), requisito esencial a la luz del principio de presunción de inocencia y del resguardo del debido proceso” (Fallos: 330:4554)” (v. cons. XII, expte.”Velito Castillo, Luis Antonio c/ EN- DNM-Ley 25.871- DISP 1491/10 s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 13 de noviembre de 2014).

8º) Que, en cuanto al agravio referido a la afectación del principio non bis in ídem, cabe destacar que dicho precepto de raigambre penal y reconocido como parte integrante de los derechos y garantías fundamentales por la Constitución Nacional ha surgido como una consecuencia de los efectos de la cosa juzgada, es decir el accionado tiene la posibilidad de hacer respetar ante un tribunal una sentencia definitiva y así evitar un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. Expresado de otra manera, nadie puede ser penado ni sometido a juicio más de una vez por el mismo delito.

Sobre tal base, su cercenamiento -tal como lo expresó la magistrada- se da cuando concurren los siguientes tres elementos: i) identidad de persona perseguida, ii) tratarse del mismo hecho y iii) ser idéntica la fuente de la persecución (cfr. esta Sala, in re, “Hernández Julio César y otro c/ EN – Mº interior resol. 341/11 – DNM disp. 24407/08 (218247/03) s/ Recurso Directo para Juzgados”, sent. del 9/06/15; Sala II, in re, “Ferreira Olivera, Alcides c/ EN- Mº Interior-DNM-disp. 112794/13 y otro s/ recurso directo DNM”, sent. del 26/02/15; y -en sentido concordante-D’ Albora, Francisco, “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado, Comentado y Concordado”, Tomo I, Lexis-Nexis, 2009, pág. 9).

Sentado lo expuesto, cabe decir que el derecho en cuestión no tiene el alcance pretendido por el recurrente, ya que no excluye la aplicación de sanciones de diversa naturaleza respecto a un mismo hecho.Es decir, en el caso de autos no hay coincidencia en la identidad de las sanciones ya que una corresponde al proceso penal y la otra al administrativo.

En este sentido, recuérdese que, a entender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la duplicidad de sanciones resulta totalmente admisible, en tanto se trate -como se dijo- de penas de diferente especie, ya que ninguna disposición constitucional se opone a que por una misma infracción se impongan sanciones d e diverso carácter. Es una forma de complementar las penas y de adaptar la penalidad a las circunstancias del caso y a su naturaleza y gravedad del caso (Fallos: 191:233 y causa: “Jacobo Ajmechet y otros”, pronunciamiento del 19/11/1941).

9º) Que, por último, por el fallo “Granados Poma”, la Corte Federal confirmó la sentencia dictada por la Sala III de este fuero en la que se dispuso que en función de que el actor había sido condenado a la pena única de cinco (5) años de prisión por los delitos de robo en grado de tentativa, lesiones graves y coacción reiterada, correspondía su expulsión porque el delito merecía una pena privativa de libertad mayor a tres años. Supuesto que no resulta semejante al de esta causa, dado que difiere en los hechos y, por ende, en el encuadre normativo. Sin perjuicio de ello, la doctrina que puede extraerse por el citado precedente es que por el art. 29 de la Ley de Migraciones se establecieron condiciones objetivas impedientes para el ingreso y permanencia de los extranjeros en el país.

10) Que a mayor abundamiento, resulta conveniente citar los precedentes de la Sala II, caratulado “Apaza, León Roberto c/EN -DNM – Disp 2560/11 – Exp 39845/09 s/ resurso directo para juzgados”, sentencia del 2 de julio de 2015 y Sala I “Velito Castillo” (cit.anteriormente) de esta Cámara en los que se discutió y resolvió -de manera similar- cuestiones análogas a la presente.

11) Que, en función de lo expuesto, no puede sustentarse válidamente que la Administración haya actuado de forma ilegítima o arbitraria, sino que por el contrario aplicó la norma migratoria usando las potestades legales reconocidas en ella y su decisión fue el resultado de las actuaciones llevadas a cabo en el proceso penal por el que se probó el obrar delictuoso del actor.

A mayor abundamiento, no debe perderse de vista que medidas como la recurrida constituyen el ejercicio de un poder propio de la Administración y dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano estatal altamente especializado (creado al efecto) cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad, sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo por el suyo propio, salvo que se demuestre que ha mediado error (de hecho o de derecho), omisión, o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto dictado (cfr. Sala II, “Lin Yu c/ EN – DNM – Disp. 69130/08 s/recurso directo DNM”, sentencia del 13/11/14), supuestos que en la especie no se advierten configurados en base a las cuestiones que plantea el recurrente.

Por todo lo expuesto, voto por rechazar el recurso intentado por la actora y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; sin costas costas en la alzada (cfr. art. 22, inciso d, de la ley 27.149).

El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy adhiere al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia apelada; sin costas costas en la alzada (cfr. art. 22, inciso d, de la ley 27.149).

Se deja constancia que el señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI