La Corte revocó el fallo que declaró inconstitucional la prohibición de indexar los honorarios de abogados

Partes: Bedino Mónica Noemí c/ Telecom Argentina S.A. y otro s/ parto accionariado obrero

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 14-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103815-AR | MJJ103815 | MJJ103815

Sumario:1.-Corresponde revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 61 de la Ley 24.432 -modificatoria de la Ley 21.389 – en cuanto dispone la aplicación de la tasa de interés pasiva al honorario en mora de pago, toda vez que dicha decisión implica desconocer una norma federal como la 25.561 que establece una prohibición indexatoria, la que, si bien deroga el régimen de convertibilidad impuesto por la Ley 23.928 , no modifica en lo sustancial los arts. 7 y 10 de esta última, que mantiene la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa (del lo dicho en el precedente ‘Gargano’ al que remite)

2.-El planteo de inconstitucionalidad no puede ser atendido si se ha introducido tardíamente, pues la cuestión constitucional debe deducirse en la primer oportunidad posible en el curso del proceso, situación que -dada la naturaleza de la normativa impugnada-, en el caso, se presentó con el inicio de su actuación profesional en este juicio, ya que desde ese momento constituyó una contingencia previsible que se aplicase el texto legal impugnado, vigente a la época de promoción de la demanda (del voto de la Dra. HIGHTON de NOLASCO)

3.-La determinación de la tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del CCiv., por entonces vigente- no constituye una cuestión federal susceptible de habilitar la instancia extraordinaria, sino que queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dicho ordenamiento en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión (del voto de la Dra. HIGHTON de NOLASCO)

4.-Tampoco cabría admitir la revisión de la tasa de interés moratorio determinada por las leyes especiales, ya que de lo contrario, se conduciría a la paradoja de que la razonable discreción del legislador en la elección de la tasa sería pasible de contralor en esta instancia en tanto la determinada por los jueces de la causa no sería susceptible de una análoga intervención jurisdiccional (del voto de la Dra. HIGHTON de NOLASCO)

5.-Los jueces no puedan arrogarse el papel de legisladores, invadiendo la esfera de atribuciones de los otros poderes del gobierno federal, modificando a su arbitrio la tasa de interés fijada en normas legales, -evaluando en cada caso la suficiencia de su supuesta aptitud retributiva-, máxime cuando, como es notorio, sus niveles dependen de la cambiante coyuntura económico financiera (del voto de la Dra. HIGHTON de NOLASCO)

Fallo:

Procuración General de la Nación

– I –

A fs. 70/74, la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Paraná confirmó la resolución de la instancia anterior y, en consecuencia, rechazó el planteamiento de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 24.432 modificatoria de la ley 21.389 en cuanto dispone la aplicación de la tasa de interés pasiva al honorario en mora de pago, que formuló el actor. Para decidir de este modo, el tribunal sostuvo que la tasa legalmente proscripta aparece como suficientemente razonable, no habiendo demostrado él actor la repugnancia de la solución establecida por el legislador con el derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional, sobre todo porque tal previsión legal no refiere a la base de cálculo sino a los honorarios mismos y no actúa como fórmula para mantener el valor del capital.

-II-

Disconforme con tal pronunciamiento, el actor interpuso el recurso extraordinario de fs. 77/86, que fue concedido con base en la existencia de cuestión federal (v. fs. 93/94). En lo sustancial, aduce que la sentencia es arbitraria toda vez que la cámara rechazó el planteo de inconstitucionalidad sin fundar su decisión “económicamente y, con datos fácticos” y se limitó a citar jurisprudencia inaplicable al caso. Añade, que la tasa pasiva no es satisfactoria para cubrir la depreciación económica y además castigar al deudor moroso, y que su aplicación implica una severa afectación al derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional. Por último, se agravia de la imposición de costas que deben ser soportadas en un 30% por su parte.

-III-

A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible pues, si bien es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida en el art. 14 de la ley 48, ello admite excepciones cuando lo decidido pone fin a la discusión y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos:323:3909 y sus citas). Dicho extremo, en mi concepto, se verifica en autos, toda vez que el pronunciamiento recurrido puede asimilarse a esa categoría en cuanto rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21.839 (Fallos: 331:2271 ), por lo que no podría ser revisado con posterioridad. A ello cabe añadir, que se ha puesto en tela de juicio la validez constitucional de una norma y la decisión ha sido en contra de ella (art. 14, inc. 1 de la ley 48).

-IV-

En primer lugar estimo oportuno recordar aquí que la declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 311:394; 328:4282 , entre muchos otros); por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca-el derecho o la garantía constitucional invocados (conf. doctrina de fallos: 315:923, entre otros). Asimismo, debe tenerse en cuenta que una declaración de ese tenor debe surgir de la ley misma y no de una aplicación irrazonable que de ella se haga o de sus consecuencias. En tal sentido advierto que el planteamiento de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21.839 que efectúa el autor aparece fundado tan solo en su genérica alegación. Además, considero que es correcto el análisis efectuado por el a quo respecto de la constitucionalidad de dicha norma, siendo concordante con la doctrina de V.E., en cuanto a la tasa aplicable (328:4507 ; 327:3721 , entre muchos otros). Ello establecido, creo oportuno poner de manifiesto que el interés moratorio encuentra justificación en la mora del deudor, que retiene en forma indebida una suma de dinero que corresponde al acreedor.Es decir, no tiene como función compensar la depreciación económica, la inflación ni la devaluación de la moneda, tal como lo sostiene el actor, sino fundamentalmente sancionar la actitud del deudor, funcionando como indemnización en favor del acreedor a causa de tal comportamiento. Con tal comprensión, considero que la tasa pasiva resulta suficiente para cumplir tal recaudo respecto de los intereses de ese tipo aplicables a deudas de honorarios en mora. Además, cabe destacar que la ley 25.561 si bien deroga el régimen de convertibilidad impuesto por la ley 23.928, no modifica en lo sustancial los artículos 7° y 10 de esta última (ver art. 4° de la ley 25.561), por lo que se mantiene la prohibición de actualización monetaria, indexación por ; precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa., A su vez respecto del art. 4° de la ley 25.561, este ‘ Ministerio Público -en el dictamen del 18 de noviembre de 2004 en autos .S.96.XL Y S.1771.XXXIX (recurso de hecho) “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/ Poder Ejecutivo Nacional- Ministerio de Economía s/ amparo” expresó que es “necesario recordar que, con sustento en idéntico precepto constitucional, art. 75, inc. 11 de la Constitución Nacional, V.E. ratificó la competencia del Congreso Nacional para dictar la ley 23.928 y aclaró que, a partir de tal acto legislativo, no sólo habían quedado derogadas disposiciones legales sino que, además, debían ser revisadas – las soluciones de origen pretoriano que admitían el ajuste por depreciación, en cuanto, precisamente, se fundaron en la falta de decisiones legislativas destinadas a enfrentar el fenómeno de la inflación (Fallos:315:158, 993). Desde esa perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma dé repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación de valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas)”, opinión que fue compartida por el Tribunal con fecha 30 de junio de 2005 por sentencia registrada en Fallos: 328:2567. Por lo tanto, declarar la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley arancelaria implicaría desconocer una norma federal como la 25.561 que establece una prohibición indexatoria. En cuanto al agravio referido a la imposición de costas, es sabido que constituye una materia procesal y accesoria que no da lugar, como regla, al remedio del art. 14 de la ley 48 y en el sub lite considero que las razones vertidas en el recurso no permiten hacer una excepción a dicha regla.

-V-

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar admisible la apelación extraordinaria y confirmar la sentencia impugnada en cuanto fue materia (Je recurso. Buenos Aires, de junio de 2010.

ES COPIA LAURA M.MONTI

Procuración General de la Nación

-I-

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del artículo 61 de la ley 21.839 -sustituido por el art. 12 inc. q de la ley 24.432- y dispuso la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina a los créditos por honorarios (fs. 532/535).

Para así decidir, el tribunal expuso que la norma provoca una notoria desvalorización de tales créditos y ponderó que mantener la tasa de interés pasiva en las condiciones económicas actuales atenta contra el derecho de propiedad.Además, consideró que era un deber de la justicia desalentar las prácticas evasivas y dilatorias.

-II-

Contra esa decisión el Estado Nacional -codemandado interpuso recurso extraordinario (fs. 543/550), que fue contestado (fs. 554/568) y concedido (fs. 561).

Sostiene que la decisión es equiparable a definitiva pues pone fin al pleito e impide el replanteo de la cuestión en otro juicio, causando un gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior. Ello, en el marco en el que se discute sobre la constitucionalidad de una norma de carácter federal.

A su vez, expone que la decisión es arbitraria. En este aspecto, arguye que no contiene una exposición suficiente y clara de las razones que le dan sustento y que no constituye una derivación razonada del derecho vigente. Agrega que la decisión recepta un planteo inoportuno en tanto la norma se encontraba vigente al inicio del proceso. Manifiesta que el Tribunal se apartó de la doctrina de la Corte que considera adecuada la tasa pasiva aun para las causas con prestaciones de carácter alimentario.

Finalmente, alega gravedad institucional pues la proyección del caso producirá una indebida disminución del erario público.

-III-

La cuestión materia de debate guarda en lo sustancial analogía con lo resuelto por la Corte en los autos S.C. G 196 1. XLVI “Gargano , Diego c/ Banco de la Nación Argentina s/ ejecución de honorarios”, sentencia del 26 de abril de 2011, a cuyos términos y consideraciones corresponde remitir, en lo pertinente, por razones de brevedad.

En dicho precedente, compartiendo el criterio de este Ministerio Público Fiscal, esa Corte admitió el caso y confirmó la sentencia apelada que rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la norma en cuanto dispone la aplicación de la tasa de interés pasiva a!honorario en mora de pago.

-IV-

Por lo expuesto, opino que cabe admitir el recurso extraordinario interpuesto, dejar sin efecto la sentencia apelada y remitir los autos al tribunal de origen para que dicte una nueva con arreglo a derecho.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2014.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017

Vistos los autos: “Bedino, Mónica Noemí c/ Telecom Argentina S.A. y otro s/ parto accionariado obrero”.

Considerando:

Que los agravios del apelante suscitan una cuestión sustancialmente análoga a la resuelta por esta Corte en la causa CSJ 196/2010 (46-G) ICS1 “Gargano, Diego c/ Banco de la Nación I

Argentina si ejecución de honor arios” fallada con fecha 26 de abril de 2011, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir, en lo pertinente, por razones de brevedad.

Por ello, y concordemente con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto. Notifíquese y devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ .

VOTO SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA l. HIGHTON NOLASCO

Considerando:

1°) Que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21. 839 -texto según el arto 12, inc. q, de la ley 24.432- y dispuso la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina a los créditos por honorarios de los letrados de la parte actora.

Para decidir de esa manera, el tribunal sostuvo que la norma provocaba una notoria desvalorización de los citados créditos; que mantener la tasa pasiva en las condiciones económicas actuales atentaba contra el derecho de propiedad y que era un deber de la justicia desalentar las prácticas evasivas y dilatorias.

2°) Que contra dicho pronunciamiento, el Estado Nacional dedujo el recurso extraordinario de fs.543/550, que fue concedido a fs. 561.

El recurrente señala que la decisión adoptada, además de vulnerar el .derecho de propiedad al obligar al Estado Nacional a pagar una suma de dinero que resulta improcedente; resulta arbitraria pues carece de fundamentación en el derecho aplicable; y que el planteo de inconstitucionalidad del arto 61 de la ley 21.839 deviene inoportuno pues el letrado conocía o debía conocer su contenido al deducir la demanda.

Sostiene que el a quo, al declarar la inconstitucionalidad de la citada norma, se ha apartado de la jurisprudencia reinante en la materia y de los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema que han considerado que la tasa pasiva resulta ser la adecuada, incluso en casos en los que se encuentran en juego prestaciones de carácter alimentario.

Añade que la tasa activa está integrada no solo por la renta y la depreciación de la moneda sino también, y en gran medida, por el costo generado por la intermediación financiera, circunstancia que no debe ser soportada por el deudor, siendo que la tasa pasiva resulta suficientemente compensatoria; que ambas son positivas, es decir, están por encima de la inflación operada en cada período mensual, y que pretender, con carácter de compensatorias, tasas que solo están justificadas bancariamente, implica un enriquecimiento injustificado para el acreedor a costa del deudor, que no encuentra fundamento económico, moral o legal.

3°) Que aun cuando es un principio asentado que las decisiones adoptadas en la etapa de ejecución no configuran la sentencia definitiva requerida en el art. 14 de la ley 48, ello admite excepciones cuando lo decidido pone fin a la discusión y causa un gravamen de imposible reparación ulterior (Fallos:323:3909 y sus citas).

Dicho extremo se verifica en autos, toda vez que el pronunciamiento recurrido puede asimilarse a esa categoría en cuanto admite el planteo de inconstitucionalidad de la norma citada lo que se deriva en un gravamen de imposible reparación ulterior para el obligado al pago.

4°) Que, asimismo, el recurso extraordinario es formalmente admisible pues se halla en tela de juicio la validez constitucional de una norma -art. 61 de la ley 21.839- y la decisión ha sido contraria a ella (art. 14, inc. 3°, de la ley 48). Los agravios vinculados con la alegada arbitrariedad de la sentencia guardan estrecha relación con la cuestión federal, motivo por el cual ambos temas serán tratados en conjunto.

5°) Que, en primer lugar, corresponde poner de relieve que -como lo señala el recurrente- el planteo de inconstitucionalidad del mentado art. 61 de la ley 21.839 no puede ser atendido en la medida en que se ha introducido tardíamente. Ello es así, pues la cuestión constitucional debe deducirse en la primer oportunidad posible en el curso del proceso (Fallos: 297:

285; 298:368; 302:346, entre otros), situación que -dada la naturaleza de la normativa impugnada-, en el caso, se presentó con el inicio de su actuación profesional en este juicio, ya que desde ese momento constituyó una contingencia previsible que se aplicase el texto legal impugnado, vigente a la época de promoción de la demanda (arg. causas CSJ 1959/2004 (40-L) /CS1 “Loustau Bidaut, Juan Carlos c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad -sellos-” y CSJ 1326/2008 (44-A)/CS1 “Asociación de Fotógrafos y Operadores de Video Profesionales de Parque Iguazú c/ Misiones, Provincia de y otros s/ acción declarativa de certeza”, sentencias del 11 de febrero y del 6 mayo de 2014, respectivamente).

6°) Que, aun soslayando -por hipótesis- el óbice antes señalado, tampoco tendría andamiento el planteo de inconstitucionalidad sub examen.En efecto, este Tribunal tiene reiteradamente dicho que la determinación de la tasa de interés a aplicar -en los términos del arto 622 del código civil, por entonces vigente- no constituye una cuestión federal susceptible de habilitar la instancia extraordinaria, sino que queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dicho ordenamiento, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión (cfr. Fallos: 317:1809; 323:2122 ; 325:2652 ; 326:244 ; 329:5467 ), a lo que cabría agregar el carácter eminentemente contingente y variable de los niveles que alcanzan dichas tasas en función de los períodos temporales en que se comparan. Sentado ello, con mayor razón tampoco cabría admitir la revisión de la tasa de interés moratorio determinada por las leyes especiales (cf. art. 768, inc. b, Código Civil y Comercial), ya que -de lo contrario- se conduciría a la paradoja de que la razonable discreción del legislador en la elección de la tasa sería pasible de contralor en esta instancia en tanto la determinada por los jueces de la causa no sería susceptible de una análoga intervención jurisdiccional.

Por lo demás, las distinciones que pudiesen derivarse de la aplicación de la pauta legal con respecto a lo determinado en materia de tasas de interés por los distintos órganos jurisdiccionales, no evidencian per se arbitrariedad ni una afectación de la garantía de igualdad del art. 16 de la Constitución Nacional, pues la norma en cuestión resulta de aplicación a los honorarios de la totalidad de los abogados y procuradores alcanzados por el arto 1° de la ley 21.839.Según ha expresado esta Corte, nada impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, de ahí que se atribuya a la prudencia del legislador una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de su reglamentación, en la medida en que dichas distinciones no se basen en un propósito de hostilidad contra un determinado individuo o grupo de personas, pues nada obsta a que se trate de modo diferente a aquellos que se encuentran en situaciones distintas por sus actividades específicas (Fallos: 329: 304 y jurisprudencia allí citada).

Finalmente, cabe poner de relieve en este punto que el principio de separación de los poderes y el necesario respeto por parte de los tribunales de los límites constitucionales y legales que su competencia les impone, determina que los jueces no puedan arrogarse el papel de legisladores, invadiendo la esfera de atribuciones de los otros poderes del gobierno federal, modificando a su arbitrio la tasa de interés fijada en normas legales, -evaluando en cada caso la suficiencia de su supuesta aptitud retributiva-, máxime cuando -como es notorio~ sus niveles dependen de la cambiante coyuntura económico financiera.

7°) Que, en lo medular, no puede perderse de vista -a los fines de evaluar la constitucionalidad de la norma traída a consideración- que la tasa que aquí se cuestiona es la adoptada por este Tribunal para las causas que tramitan en su instancia originaria (cf. CSJ 457/1998 (34-S) ICS1 “Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de si daños y perjuicios” , del 19 de agosto de 2004), a la que se consideró adecuadamente satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por el acreedor de créditos previsionales de naturaleza alimentaria (Fallos: 327:3721 ; 328:2824 , 3041, 4044, 329:6064 , 6076; 330:4862 y 331:1329, 2538), habiéndose aplicado también para las deudas en concepto de retención de cuota sindical (Fallos:329:5157 ).

8°) Que, por último, cabe señalar que este Tribunal, tras recordar que la declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico, ya tuvo oportunidad de pronunciarse por la validez del art. 61 de la ley 21.839, expresando que su inconstitucionalidad importaría desconocer una norma federal como la ley 25.561, que establece una’ prohibición indexatoria (causa CSJ 196/2010 (46-G) /CS1 “Gargano, Diego c/ Banco de la Nación Argentina s/ ejecución de honorarios”, sentencia del 26 de abril de 2011). Tal aserto se ve ratificado, en tanto los cuestionamientos que se formulan a la ley continúan sustentándose en la comparación de los porcentuales de la tasa de interés cuestionada con respecto a la variación de los índices inflacionarios, cuyos niveles -supuestamente- debería mínimamente compensar.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto. Notifíquese y remítase.

ELENA I.HIGHTON de NOLASCO –