El alejamiento del principal cliente no configura falta o disminución de trabajo que justifique el pago de una indemnización por despido reducida

Partes: Moran Roberto Ramon c/ Asege S.A. Asesoría de Seguridad de Empresas s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 29-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-102464-AR | MJJ102464 | MJJ102464Sumario:
1.-No corresponde admitir que el despido se hubiera enmarcado en la invocada falta o disminución de trabajo pues tal causal, de por sí, resulta insuficiente para liberar a la patronal de su obligación resarcitoria, en tanto es preciso que quien invoca la circunstancia, demuestre en forma fehaciente que se han tomado todas las medidas necesarias para paliar dichas consecuencias.

2.-Toda vez que la demandada no aportó prueba alguna sobre la inimputabilidad, imprevisibilidad y ajenidad de la falta de trabajo invocada para despedir al actor en los términos del art. 247 LCT., no siendo tal calificación comprensiva de la situación de crisis invocada, se juzga que formó parte de lo que se denomina riesgo empresarial , lo cual torna improcedente el pago de la indemnización reducida prevista en dicha normativa.

3.-El alejamiento del principal cliente, sin otra prueba tendiente a acreditar la crisis empresaria invocada para despedir al trabajador conforme lo dispone el art. 247 LCT., resulta un hecho aislado que es insuficiente para considerar aplicables las previsiones de la norma citada, ya que lo que la demandada debía además acreditar, era haber tomado las medidas adecuadas para que la crisis no recayera sobre los trabajadores.

4.-Toda vez que la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo (art. 247 LCT.) es una excepción que cubre al empresario de una situación particular, para poder acogerse a su amparo especial, debe acreditarse que previo a ello, se han cumplido los requisitos legales en los cuales pretende ampararse para justificar el pago de la indemnización reducida que marca la propia ley.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre de 2016, para dictar sentencia en estos autos caratulados “Moran Roberto Ramon c/ Asege S.A. Asesoría de Seguridad de Empresas s/ Despido”, se procede a votar en el siguiente orden: LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 3/5 se presenta la actora e inicia demanda contra Asege S.A., en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Señala que ingresó a laborar a las órdenes de la demandada el 4 de abril de 2007 desempeñándose como vigilador general.

Denuncia que el día 1 de noviembre de 2012, recibió una C.D. poniendo fin a la relación laboral, invocando falta y disminución de trabajo, causal que ha sido rechazada por la actora.

Viene a reclamar indemnización y demás rubros establecidos en la normativa vigente.

A fs.51/54 Asege S.A. Asesoria de Seguridad de Empresas, contesta demanda niega todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda, salvo los expresamente reconocidos.

La sentencia de primera instancia obra a fs.145/148, en la cual el “aquo”, luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa, decide en sentido favorable a las principales pretensiones de la actora.

Los recursos que analizaré llegan interpuestos por la parte demandada (fs. 149/153).

II- Manifiesta disconformidad con el fallo en cuanto consideró no demostradas la disminución del trabajo invocada para justificar el despido del actor pero, adelanto que el recurso no resulta eficaz para revertir lo decidido.

Como lo he manifestado en reiteradas oportunidades, señalo que, la disminución de trabajo, no constituye, de por sí causal suficiente para liberar a la patronal de su obligación resarcitoria, por lo tanto, es preciso que quien invoca tal circunstancia, demuestre en forma fehaciente que se han tomado todas las medidas necesarias para paliar dichas consecuencias.En efecto señalo que la demandada no aportó ninguna prueba sobre la inimputabilidad, imprevisibilidad y ajenidad de los hechos invocados, no siendo tal calificación comprensiva de las situaciones de crisis invocadas, lo que forma parte de lo que se denomina “riesgo empresarial”.

Otra de las pruebas que estaba a su cargo era la de acreditar que había tomado las medidas necesarias para evitar que tal situación tuviera incidencia sobre los trabajadores, que deben mantenerse al margen de los riesgos anteriormente señalados.

El apelante, en un esfuerzo dialéctico, insiste en que la producción de la pericial contable hubiese cambiado la suerte del pleito, pero debo destacar que el apelante no identifica cuales son los extremos que considera podría haber acreditado con ese medio probatorio.

En efecto, no puedo dejar de destacar la gran orfandad probatoria, tendiente a acreditar las cuestiones alegadas por la demandada, de este modo, de haberse realizado la pericial contable y de haber arrojado un informe satisfactorio en relación a la premisa de la disminución de trabajo existente, por el alejamiento del cliente principal Correo Argentino, lo cierto es que, ello aisladamente, no resulta ser prueba suficiente como para considerar que en el caso cabía aplicar lo establecido en el art. 247 de la LCT, ya que tal como lo indique en los párrafos anteriores, debía también acreditar, haber tomado las medidas adecuadas para que la crisis no lo recayera sobre los trabajadores.

Sin perjuicio de ello, es necesario tener presente que si bien la fuerza mayor o falta de trabajo es una de las causales rescisorias que admite expresamente la legislación Argentina, esto no permite apartarse de la concepción integral del Derecho del Trabajo que está dirigido a la realización de una gestión racionalizadora de la fuerza de trabajo en el mundo de las relaciones económicas, cuyo objeto es justamente el trabajo.

He tenido oportunidades anteriores a éstas, en las que expresé que, el legislador ha previsto en el art. 247 de la L.C.T.una excepción legal al principio general de responsabilidad empresarial que debe guiar también la interpretación de la norma y sus alcances.

Podríamos preguntarnos ¿qué justifica tal excepción? Sólo el hecho de que en la empresa como organización de medios personales, materiales e inmateriales también se encuentran anidados los contratos de trabajo de todos los dependientes. La excepción permite defender cautelosamente la vida de la fuente de esos contratos.

Esta interpretación restrictiva coincide con la propia estrictez de la norma en examen. Así, no se duda, de la necesaria acreditación de los extremos del “casus”, situación que no se ha acreditado en autos. Me refiero a la imprevisibilidad, ajenidad, inevitabilidad, actualidad, imposibilidad y perdurabilidad de la falta de trabajo. A la vez, debe quedar sentada la diligencia del empresario en el manejo de los negocios y el respetado por el orden legal de los despidos.

No escapa a lo dicho, el hecho de que tratándose de una norma de excepción que cubre como un paraguas una situación particularísima, el empleador que quiera acogerse a su amparo especial, debe acreditar que previo a ello, cumplió con los requisitos legales en los cuales pretende ampararse y no puede obviarse el pago puntual de la indemnización reducida que marca la propia ley (en igual sentido esta Sala VII, “Guzzetti, Gustavo Jose c/ San Sebastián S.A. s/ despido”, S.D.N° 37.798 del 23/08/04).

A ello debe agregarse, el hecho de que cuando un empleador se acoge a una norma de excepción como es la que examinamos, debe haber cumplido previamente con la totalidad de los requisitos exigidos por ella; haberse comportado como un buen “hombre de negocios”, demostrar que ha llevado a cabo su función con la diligencia debida y con la responsabilidad empresarial que tales “stands” requiriéndose además, haber efectivizado en tiempo y forma, la indemnización atenuada prevista por la ley; cabe agregar que la falta de pago en el momento del distracto de la indemnización prevista impide el posterior acogimiento a la norma y convierte al despido en incausado,.

En este andarivel de excepcionalidad, se impone, entonces, la prueba contundente por parte del empleador de los recaudos que las circunstancias imponen y una interpretación severa dado el alto grado de excepcionalidad que surge del ordenamiento.

Me he referido más ampliamente al tema en algunas publicaciones, (Ferreirós Estela Milagros; Revista de Derecho Laboral, Extinción del Contrato de Trabajo, ll, Rubinzal Culzoni, pág 85; Colección de Análisis de Jurisprudencia; Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; La Ley, y muchos otros.)

A mayor abundamiento, destaco que no invoca prueba alguna que acredite que habría cumplido con los recaudos previstos en el art. 247 R.C.T. relativos a la antigüedad y categoría de los trabajadores involucrados en la medida.

Por los argumentos expuestos, propicio la confirmación del fallo en este sustancial punto.

III- Agrego finalmente, en cuanto a las restantes consideraciones vertidas en el escrito sobre esta cuestión, que -tal como la Corte Suprema de justicia de la Nación ha sentado criterio- el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf.CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en “Código Procesal.” Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo – Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de esta Sala, ver autos: “Bazaras, Noemí c/ Kolynos”; S.D. 32.313 del 29.6.99).

IV- Respecto del cuestionamiento efectuado sobre los honorarios regulados, señalo que los porcentajes escogidas por el “a quo” para los profesionales intervinientes, resultan equitativos, atendiendo a la importancia y extensión de los trabajos realizados, motivo por el cual propicio la confirmación de los mismos (art. 38 de la Ley 18.345).

Confirmar el fallo en todo lo demás que ha sido materia de agravios.

V- En caso de ser compartido mi voto, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de la demandada vencida, y se regulen honorarios a la representación letrada de la demandada en el 25%, de los determinados para la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR HECTOR CESAR GUISADO: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo en todo lo que ha sido materia de agravios. 2) Declarar las costas de alzada a cargo de la demandada vencida. 3) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada en el 25% (veinticinco por ciento), de los determinados para la instancia anterior. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nª15/2013. Regístrese, notifíquese y devuélvase