Responsabilidad del conductor de un rodado que colisionó a un ciclista, al haber obrado con impericia conductiva

Partes: Castillo Juana Martina c/ Guzman Mauro Raúl s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 17-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103334-AR | MJJ103334 | MJJ103334

Sumario:
1.-Es procedente considerar responsable al demandado de los daños sufridos por la ciclista actora al estar acreditado que ingresó a una calle y colisionó a la bicicleta, provocando que aquella saliera despedida y lesionara su cabeza, lo cual lleva al convencimiento de una clara responsabilidad y de un nexo de causalidad ininterrumpido entre la maniobra de conducción y la consecuencia dañosa, que en el particular mostró una prístina impericia conductiva, conceptuándose ella en la falta de realización en el caso de que se trate de la maniobra correcta, según las reglas de la experiencia.

2.-En el sistema de responsabilidad por riesgo creado, debido a la inversión del onus probandi, la culpa no es relevante para fundar la acción, sino para excluirla, lo cual implica que no es menester probar la culpa del demandado, sino que es éste, en tanto dueño o guardián comprometido en el riesgo quien, para liberarse de imputación, debe poner de relieve una culpa ajena u otro factor eximitorio que enerve la presunción de causalidad entre su elemento de peligro y el daño del accionante.

Fallo:

En la ciudad de Venado Tuerto, a los 17 días de Febrero de 2017, se reunieron en acuerdo los Sres. Miembros de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, de Venado Tuerto, Doctores Héctor M. López, Juan Ignacio Prola y María de los Milagros Lotti, esta última por vacancia jubilatoria del Dr. Carlos Alberto Chasc, con el fin de dictar sentencia en los caratulados “CASTILLO, JUANA MARTINA c/ GUZMAN, MAURO RAÚL s/ DAÑOS y PERJUICIOS” (Expte. Nro. 110/16), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Nro. 3, en lo Civil y Comercial, de Venado Tuerto, de Primera Nominación, estableciéndose al efecto plantear las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida? Segunda: ¿Es ella justa?

Tercera: ¿Qué resolución corresponde dictar?

Correspondiendo votar en primer término al Sr. Vocal Dr. Héctor M. López., a esta primera cuestión dijo:

El recurso de nulidad interpuesto (fs. 219) no ha sido sustentado en esta instancia. Más allá de las críticas generalizadas que formula a fs. 242 vto./243. Tampoco se advierte la existencia de vicios o irregularidades procesales declarables de oficio y, a todo evento, las quejas de la recurrente son canalizables por el recurso de apelación ya que denuncia la existencia de supuestos errores in iudicando y no in procedendo, sumado a ello que la nulidad es estricta y restrictiva.

Así me expido (art. 360 y 361 del C.P.C.C.)

A la misma cuestión el señor vocal Dr. Juan Ignacio Prola, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que adhiere a los fundamentos expuestos por el Sr. Vocal Dr. Héctor M. López, y vota de la misma manera.

Concedida la palabra a la señora vocal Dra. María de los Milagros Lotti, a quien correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que habiendo tomado conocimiento de la existencia de dos votos concordante, invoca la aplicación del art.26 de la L.O.P.J., absteniéndose de emitir opinión.

A la segunda cuestión el Dr. López dijo:

No hubo cuestionamiento de las partes al relato de los antecedentes de la causa que registra el fallo cuestionado por lo que hago remisión del caso, como parte integrante del acuerdo.

La Sra. Juez de Primera Instancia, mediante la sentencia Nro. 1465, de fecha 23 de Noviembre de 2015, hizo lugar a la demanda, condenando al demandado a abonar al actor, dentro del término de 10 días las sumas que consigna en sus considerandos, con más los intereses a razón de la tasa promedio entre activa y pasiva sumada del B.N.A. . Le impuso las costas a la demandada.

Contra dicho decisorio interpuso recurso de apelación el demandado a fs. 219, expresando agravios a fs. 242/244, los que fueron contestados a fs. 246/253 y vto.

En su memorial recursivo cuestionó la recurrente la sentencia sosteniendo: a) Lo agravia que la a.quo impute responsabilidad objetiva a su parte. Tiene por cierto la existencia de un siniestro sin prueba que lo confirme, por ende la sentencia es arbitraria y pasible de nulidad. Lo agravia la valoración de la prueba que hace la a.quo y la prescindencia de la prueba de la demandada; b) Lo agravia que la a.quo exprese que para eximirse de responsabilidad debió probar que el vehículo fue utilizado contra su voluntad expresa o presunta; c) Lo agravia que la a.quo exprese que la sola acreditación de su titularidad registral genere la responsabilidad del demandado. Pero no se ha probado el nexo causal. Nunca probó el hecho ni el daño. La pericia le dio el 3 % de incapacidad, siendo que el mismo perito dio el 10 % en el aseguramiento de pruebas; d) Lo agravia que haya fundado la responsabilidad en las razones expuestas; e) Lo agravia que haya fijado por incapacidad la suma de $ 10.000, por gastos médicos $ 400 y por daño moral $ 8.000, con más intereses.Reitera su crítica a la atribución de responsabilidad objetiva; f) Que haya hecho lugar a la demanda; g) Que le haya impuesto las costas.

Bien, paso a dar tratamiento al fallo bajo recurso y para un lógico y correcto enfoque de la cuestión se debe, primeramente, analizar la cuestión relativa a la legitimación pasiva de la recurrente, para, de acuerdo a lo que concluya, continuar con el análisis de la distribución de la responsabilidad y, finalmente, las cuestiones accesorias convocadas.

Se ha pronunciado nuestro Máximo Tribunal Provincial sobre la cuestión en los siguientes términos “El Alto Tribunal ha destacado que, si bien el artículo 27 del Régimen de la Propiedad Automotor (según reforma de la ley 22.977) creó un expeditivo procedimiento para que aquéllos se eximan de responsabilidad mediante la denuncia unilateral de haber hecho tradición del vehículo al adquirente, dicho mecanismo no excluye la posibilidad de acreditar en juicio que el titular registral había perdido la guarda del vehículo con anterioridad al hecho dañoso, debiendo tal extremo ser evaluado en orden a decidir si subsistía o no la responsabilidad que le atribuye la primera parte del art. 27 de la ley 22.977, tesis ésta que se sustenta en una interpretación de la ley que atiende al propósito que la inspira y asegura su finalidad, pues si la ley exime de responsabilidad a quien efectúa una denuncia unilateral de venta cuya sinceridad no es objeto de comprobación no cabe privar del mismo efecto a quien demuestra efectivamente que se encuentra en idéntica situación, es decir que no dispone del vehículo por haberlo enajenado y hallarse el automotor en poder del adquirente o de terceros que de éste hubiesen recibido el uso, tenencia o posesión, criterio que se reafirma al reparar en que la ley no establece una praesumptio iuris et de iure de que el propietario que no denunció haber vendido y entregado el automotor conserva su guarda (art.26 del decreto ley 6582/58), por lo que configuraría un exceso ritual privar al titular registral de la posibilidad jurídicamente relevante de demostrar si concurre tal extremo. (CSJS in re Muga, Nidia A. c/ Wilson, Mario A. y Otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad – Indemnización de Daños y Perjuicios – Recurso Directo” (Expte.: C.S.J. Nro. 198 AÑO 2005)

Uno de los medios para acreditar el desprendimiento de la guarda es a través del mecanismo previsto por el art. 27 de la ley 22.977, que habilita la denuncia de venta a la que puede recurrir el vendedor para probar que el adquirente es quien se demostró negligente en la realización de los trámites de transferencia, pero que de hecho, el vendedor se había desprendido de la guarda del rodado con anterioridad al acaecimiento del evento que genera el deber de reparar.

No efectuada la denuncia, la Corte Suprema ha abierto paso a la eximición de responsabilidad de quien acreditó en el proceso de modo fehaciente que perdió la guarda del rodado (arg. CSJN Fallos 310:149; 311:193; además, “Seoane Jorge c/ Entre Ríos Prov. s/ daños” y “Camargo Martina c/ San Luis Prov. s/ daños”), éste último citado por la recurrente.

En el fallo “Seoane”, el titular registral del rodado protagonista del siniestro era la Provincia de Entre Ríos, y no un particular. A su vez, dicho vehículo había sido subastado y adquirido por un tercero a quien se entregó la posesión del automotor tal como se documentara en el acta respectiva, todo ello con anterioridad a que acaeciera el evento generador de la responsabilidad. Para más, la venta en subasta había sido dispuesta por medio de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo provincial y, una vez llevada a cabo, aquélla fue aprobada por un acto administrativo posterior de igual rango.En esa contienda, entonces, el vehículo había sido objeto de una serie de actos de la Administración Pública, cuya autenticidad y regularidad no fueron objetados por el demandante, tal como la propia Corte Federal pusiera de relieve en su decisión (v. consid. VIII ap. 7°)

Respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camargo Martina c/ San Luis Prov. s/ daños””, resulta conveniente destacar que: En el citado antecedente en el cual la Provincia de San Luis arguyó la inexistencia de responsabilidad de su parte por no ser, al tiempo del accidente, propietaria del vehículo que participara en el mismo. Allí el bien cuya titularidad obraba en cabeza del Estado provincial había sido subastado. No obstante, en ese caso, la defensa de falta de legitimación fue desestimada al juzgarse insuficiente la prueba aportada vinculada a la subasta de un lote de vehículos de propiedad del gobierno provincial y que se limitaba a un acta en donde la notaria del gobierno daba cuenta de que se había efectuado la venta del rodado, sin arrimar constancia alguna que acreditara el cumplimiento de la obligación que la Administración provincial se impusiera en el art. 6° del Decreto 545/1989 y la oportunidad en que se había desprendido de la guarda del vehículo.

En el caso la codemandada, por otra parte, no ha ofrecido prueba alguna, lo que me

lleva sin más a rechazar el agravio en este aspecto.

Conviene dejar establecido que un el automóvil Fiat Duna de las características que protagonizó el accidente, participa de un modo especial dentro de la categoría de cosa riesgosa, y consecuentemente, habiendo sido una unidad de tales características, cobra operatividad abinitio, la responsabilidad objetiva prevista en el art. 1113 2do. Párrafo del Código Civil “salvo que se acredite un factor subjetivo de atribución (Kemelmajer de

Carlucci, A. “Temas de Responsabilidad Civil” La Plata. Platense, p.219 y ss).

“Debe admitirse que el riesgo solo, es decir, la sola presencia del riesgo en la cosa, no puede generar daño alguno. El riesgo es posibilidad o, mejor aún, probabilidad de daño.El automóvil guardado en un garaje o depositado en una cochera, no es cosa peligrosa, ni puede provocar daños a terceros, por sí solo. Pero el automóvil puesto es circulación en la ruta o en las calles de una gran ciudad, sí es una cosa riesgosa y puede muy probablemente ocasionar

daños, según lo determinan las estadísticas inequívocamente” (Casiello, Juan J., concurrencia de culpa y riesgo en el accidente automotor, La Ley 1990C509)

El automotor en movimiento, es decir, acorde con su naturaleza y destino normal, que es la circulación, constituye una de las cosas especialmente peligrosas que reconoce la civilización actual. Cuando se acciona contra el dueño, guardián o conductor de un automotor que ha embestido a otro, media una inversión de la carga de la prueba, de manera que pesa sobre el demandado la necesidad de acreditar una causalidad del accidente que sea eximitoria de su responsabilidad. Ello es así, ante todo, en función de lo establecido por el art. 1113 segundo párrafo, segundo supuesto del Código Civil, para los daños derivados del vicio de la cosa, como es el automotor, ya cuyo respecto se consagra un régimen de responsabilidad objetiva. Por tanto, acreditando que un vehículo tuvo intervención en la producción de determinados perjuicios (es decir, estando de manifiesto un nexo de causalidad que justifique aparente que justifique una imputación provisoria de responsabilidad), es su propietario o quien sobre él ejercía un poder de control, el que debió poner de relieve que así ocurrió por intervenir una causa ajena.La inversión de la carga de la prueba sobre la causalidad, y la consecuente necesidad del demandado de acreditar la eximente de la causa ajena, se aplica incluso a la hipótesis del choque entre dos vehículos en movimiento.

En efecto, aún entonces el dueño o guardián de cada uno de los rodados que participaron en la colisión debe responder de manera integral por los daños causados al otro, salvo que medie causal eximitoria debidamente acreditada. (Zavala de González, “Doctrina Judicial Solución de Casos”, Cba. Alveroni. T.1, pág. 166).

En consecuencia, cuando se encuentra en discusión la culpa de los protagonistas en el accidente, no necesita el actor probar la del demandado para fundar la reclamación resarcitoria y éste último sólo se libera, para eximirse de responder, poniendo de relieve la culpa de la víctima u otro factor eximitorio que rompa el nexo causal.

En un accidente como el protagonizado por las partes, siempre los damnificados “participan materialmente” en los sucesos lesivos, pero el problema relevante reside en determinar si esa intervención (condición necesaria o sine qua non) es “causalmente idónea”, lo que requiere protagonismo activo y eficiente de la víctima en el curso perjudicial. A su vez, en el sistema de responsabilidad por riesgo creado, debido a la inversión del onus probandi, la culpa no es relevante para fundar la acción, sino para excluirla: no es menester probar la culpa del demandado, sino que es éste, en tanto dueño o guardián comprometido en el riesgo quien, para liberarse de imputación, debe poner de relieve una culpa ajena u otro factor eximitorio que enerve la presunción de causalidad entre su elemento de peligro y el daño del accionante. Expresado de otro modo, cuando en un caso en concreto se logra advertir la presencia de la culpa, la resolución debe llegar analizando ese factor; cuando de ella no quedan rastros, indudablemente, el riesgo aportará la solución. (Casiello, J.J. “La Culpa en los Accidentes de Tránsito” Revista de Derecho de Daños.Accidentes de Tránsito. Sta. Fe. Rubinzal Culzoni. T II, p. 253 y ss.).

Bien, para finalizar el capítulo conviene recordar que “.la obligación de reparar nace cuando alguien resulta perjudicado como consecuencia de la violación de un deber jurídico preexistente, pues los individuos están sometidos a un orden jurídico, con el doble alcance de observar el deber de cumplir la normas o atenerse a las consecuencias derivadas del incumplimiento que consiste en este caso en la indemnización de los daños y perjuicios.

Si ello es así, como efectivamente es, para que quede comprometida la responsabilidad de algunos de los sujetos que interactúan entre sí en el tránsito, se requiere que el responsable haya violado previamente un deber jurídico que se hallaba a su cargo,sea por acción u omisión.

Los principales deberes de quienes circulan por las calles, sea a pie, o en vehículos, son dos: 1)evitar el daño, es decir, conducirse de tal modo que el accidente no sobrevenga; 2) aminorar o reducir el daño. La mitigación del daño ocurre una vez que el accidente se ha producido. (CAZEAUX – TRIGO REPRESAS, Derecho de las obligaciones, cit., T.IV, p. 485, nro. 2408; LOPEZ MESA, Marcelo, Curso de derecho de las obligaciones, ct., T. III, p. 65. MONTERROSO CASADO, Esther. Responsabilidad civil por accidentes de circulación. La concurrencia de causas, Aranzadi Navarra, 2001, p. 157.)

Siguiendo este lineamiento y en este orden de ideas, de las piezas probatorias, entre otras, arrimadas a la litis (fs. 7/27 de los apiolados por aseguramiento de pruebas, fs. 111) ha quedado acreditado que: a) La mecánica del accidente indica que el conductor del Fiat, Duna, dominio THR589 ingresa a calle Presidente Peron por Eva Peron, colisionando a la bicicleta sobre se conducía la actora haciendo que la actora saliera despedida de su bicicleta sufriendo lesiones en la cabeza, con las secuelas acreditadas.

Que tal plexo probatorio lleva al convencimiento de una clara responsabilidad y de un nexo de causalidad ininterrumpido entre la maniobra de Mauro R.Guzman y la consecuencia dañosa, que en el particular, contrario sensu, mostró una prístina impericia conductiva, conceptuándose la misma “en la falta de realización en el caso de que se trate de la maniobra correcta, según las reglas de la experiencia. Obvio es que la impericia no equivale a desatención. La impericia consiste en una actuación contraria a la diligencia normalmente exigible, según las condiciones de lugar, personas y tiempo.” ( Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. López Mesa Tratado de la Responsabilidad Civil Tomo III p. 772). Debo destacar además, que en el caso de del demandado las consecuencias deben ser aún más gravosas, pues la conducción de vehículos hace a su medio de vida (vide fs. 157 al referirse a su ocupación).

Así las cosas, luego de esta sucinta referencia a las pruebas rendidas en el sublite, conceptúo, que quedó constatado que fácticamente el evento dañoso le es atribuíble al demandado, y que la conducta de la actora no tuvo entidad causal en el acaecimiento del siniestro, quedando dilucidado, a mi juicio, sobre quien pesa la autoría material del accidente.

Conceptúo, con lo expuesto, haber dado una respuesta suficiente al reparo de la apelante en este aspecto.

En cuanto a los agravios referidos a montos, la recurrente no entrega al Tribunal elementos que permitan atender su queja puesto que el agravio de la actora resulta insuficiente para conmover el fallo alzado, desde que no cumple con los requisitos que impone el art. 365 del C.P.C.C., al no concretar una crítica razonada del pronunciamiento y acerca de la valoración fáctica y probatoria y aplicación del derecho objetivo por parte del Juez sentenciante (Vide Acuerdo 1691). En el mismo se dice que toda expresión de agravios impone una pieza procesal mediante la cual se fundamente el recurso de alzada y donde se debe exteriorizar en concreto los errores que a juicio del recurrente ostenta el pronunciamiento recurrido (Zeus T. 14 J.355; Juris 6641), con la debida indicación de los puntos de hecho y de derecho o la defectuosa aplicación de la Ley que se hayan concretado en el fallo y en su caso la demostración de la imputada equivocación del proceso mental y lógico del pensamiento del Juez. Los agravios requieren esa crítica razonada contra el pensamiento del sentenciante (juris 43138; Juris 70122) y que refute todos y cada uno de los pronunciamientos (juris 52132) e indicando concretamente los puntos con los cuales el apelante está disconforme debiendo demostrar y resaltar los errores de hecho y de derecho de la sentencia (Juris 101125; Juris 1171). En este contexto no es suficiente una crítica generalizada a que pretenda concretar remisiones o repeticiones de otros escritos del pleito, pues se requiere que la expresión de agravios sea autosuficiente (Juris 12177; Juris 4433; Juris 70132 y demás jurisprudencia provincial). Para expresar agravios no basta efectuar teorizaciones, afirmaciones o interrogaciones, sino que es menester realizar un enjuiciamiento razonado y fundado de las afirmaciones hechas por el Juez, demostrando en base a argumentaciones o probanzas individualizadas, cual es el error en el que ha incurrido.

De tal modo, el libelo no constituye sino una exposición circular de una protesta. En consecuencia a esta segunda cuestión, voto pues, por la negativa.

A la misma cuestión el Dr. Juan Ignacio Prola dijo : Adhiero al voto precedente.

Concedida la palabra a la Sra. vocal Dra. María de los Milagros Lotti dijo: Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones planteadas, el pronunciamiento que corresponde dictar es: Desestimar el recurso de nulidad. Rechazar el recurso de apelación, interpuesto por la recurrente, confirmando íntegramente la sentencia venida bajo recurso, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente. Se imponen las costas a la recurrente en su totalidad. Los honorarios de la alzada se regulan en el cincuenta por ciento de los que correspondan a la sede de origen.

Así voto.

A la misma cuestión el Dr. Juan Ignacio Prola, dijo: Adhiero al voto precedente.

Concedida la palabra a la Sra. vocal Dra. María de los Milagros Lotti dijo: Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

En mérito a los fundamentos expuestos en el Acuerdo precedente, la Cámara de Apelación, en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto;

RESUELVE: I.) Desestimar el recurso de nulidad.II) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente, confirmando íntegramente la sentencia venida bajo recurso; III ) Se imponen las costas a la recurrente en su totalidad;.IV.) Los honorarios de la alzada se regulan en el cincuenta por ciento de los que correspondan a l a sede de origen.

Insértese, hágase saber y bajen. (Expte. Nro. 110/16)

Dr. Héctor Matías López

Dr. Juan Ignacio Prola

Dra. Maria de los Milagros Lotti art .26 LOPJ

Dra. Andrea Verrone