Conclusión de la quiebra por inexistencia de acreedores concurrentes. Gerbaudo, Germán E.

Autor: Gerbaudo, Germán E. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 10-mar-2017

Cita: MJ-DOC-10644-AR | MJD10644

Sumario:

I. Introducción. II. Conclusión de la quiebra. III. Análisis del régimen legal (art. 229, párr. 2.°, de la LCQ).Doctrina:

Por Germán E. Gerbaudo (*)

I. INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es analizar el instituto de la conclusión de la quiebra por inexistencia de acreedores concurrentes y su régimen regulatorio contemplado en el art. 229, última parte , de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ).

Realizaremos un análisis exegético de la norma implicada, estudiando además la doctrina y la jurisprudencia que se desarrolló en relación con la aplicación práctica del precepto.

El artículo que estudiamos dispone que «también se aplica cuando, a la época en que el juez debe decidir sobre la verificación o admisibilidad de los créditos, no exista presentación de ningún acreedor, y se satisfagan los gastos íntegros del concurso».

II. CONCLUSIÓN DE LA QUIEBRA

La inexistencia de acreedores concurrentes a la época de la verificación de los créditos determina que el juez deba disponer la conclusión de la quiebra. Por ello, de manera preliminar debemos delimitar conceptualmente qué es la conclusión de la quiebra.

En primer término debemos distinguir la «conclusión de la quiebra» de la «clausura del procedimiento de la quiebra».

La conclusión de la quiebra «importa que ella termina, es decir que el sujeto deja de estar en quiebra levantándose la inhibición a la que estaba sujeto y quedando sin efecto el desapoderamiento» (1). Asimismo, se sostiene que «trae por efecto dar terminación al proceso, colocando al deudor fallido en un nuevo status y que, ante una nueva manifestación de insolvencia, viene a quedar sujeto a una nueva declaración de quiebra» (2). Igualmente se indica que es «la finalización definitiva del proceso de quiebra.Tan definitiva es que el juez deja de entender en el proceso y que cualquier situación que se generara sobre bienes, derechos y demás, no sería y ventilada en este proceso ni por ante este juez, que -por haber alcanzado el agotamiento conforme a las previsiones legales- deja de tener consecuencia alguna» (3). Agregándose que «la conclusión implica el cese del estado de fallido; por ende, cesan los efectos personales y patrimoniales que produce la quiebra. El procedimiento queda agotado y no continúa. Es una resolución definitiva de carácter absoluto, pues pone fin al proceso sin posibilidad de que pueda volver a reabrirse» (4). También se expresa que «la conclusión de la quiebra acarrea la cesación del estado de fallido y la cesación definitiva (sin posibilidad de reapertura) de todo procedimiento liquidatorio. En todos sus aspectos, efectos y sentidos, la quiebra termina (sin perjuicio de la eventual continuación de algunas inhabilitaciones en ciertos supuestos, p. ej., arts. 236 y 237 de la LCQ)» (5).

En la LC, se prevén ocho supuestos que implican la conclusión de la quiebra, a saber (6):

1. Admisión del recurso de reposición contra la sentencia de quiebra (art. 98 de la LCQ).

2. Conversión de la quiebra en concurso preventivo (art. 90 de la LCQ).

3. Desistimiento de la propia quiebra (arts. 82 y 87 de la LCQ).

4. Avenimiento (arts. 225 a 227 de la LCQ).

5. Pago total (arts. 228 y 229 de la LCQ).

6. Carta de pago otorgada por todos los acreedores (art. 229 de la LCQ).

7. Inexistencia de acreedores concurrentes (art. 229 de la LCQ).

8. Transcurso de dos años desde la clausura del procedimiento (art. 231 de la LCQ).

Por el contrario, en la clausura, la quiebra no termina. Se clausura el proceso, pero se mantendrá el estado de quiebra.Es decir, se produce el cese de la actividad procesal, pero ello no impide los efectos del concurso (7). Se trata de una alternativa meramente procesal (8), que se comporta como una instancia o estadio previo a la conclusión (9) y que produce la suspensión del procedimiento (10).

En tal sentido, Jorge Daniel Grispo señala que «la clausura del procedimiento falencial -no de la quiebra, sino solo del proceso de quiebra- lleva implícita la paralización del mismo, sin que ello sea obstativo de los efectos propios del status de deudor fallido» (11).

La clausura del procedimiento puede darse por dos supuestos: distribución final o por falta de activo (arts. 230 a 232 de la LCQ) (12). En este caso, el estado de quiebra subsiste durante al menos dos años desde la resolución que dispuso la clausura. Si transcurre ese lapso temporal sin que se produzca la apertura la quiebra concluirá (art. 231 de la LCQ).

La clausura por distribución final se presenta cuando «se ha realizado totalmente el activo, y se ha practicado la distribución final, no pudiendo reabrirse el procedimiento si no se conoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de desapoderamiento» (13). Asimismo, se indica que este supuesto «se produce cuando se ha liquidado todo el activo y distribuido su producido sin alcanzar a cubrir todas las acreencias» (14).

En lo que respecta a la clausura por falta de activo, se señala que se trata de una medida excepcional (15) y que constituye «una situación eminentemente fáctica: el juez determinará la utilidad -o no- de continuar la ejecución colectiva, emitiendo un juicio de oportunidad o conveniencia» (16).

En este caso, el juez luego de cumplida la etapa verificatoria, si advierte que los bienes desapoderados resultan insuficientes para cubrir los gastos de juicio, debe ordenar la clausura del procedimiento. Esta alternativa supone que el síndico ha realizado la incautación de los bienes y las averiguaciones necesarias para comprobar si existe o no un activo realizable.En la presente colaboración, limitaremos nuestro análisis a la figura prevista en el art. 229 «in fine» de la LCQ que refiere a la conclusión de la quiebra por inexistencia de acreedores concurrentes.

III. ANÁLISIS DEL RÉGIMEN LEGAL (ART. 229, PÁRR. 2.°, DE LA LCQ)

1. Importancia de la verificación de créditos

La inexistencia de pasivo determina la conclusión de la quiebra. Su comprobación debe realizarse con posterioridad a la verificación de créditos dado que ello acontecerá si nadie se presenta a insinuar una acreencia o si, insinuada la pretensión verificatoria, no es admitida.

En consecuencia, ello permite advertir la importancia que tiene la verificación de créditos como etapa del proceso concursal. La finalidad de ella «es reconstruir la masa pasiva y determinar quiénes pueden participar del concurso» (17). En tal sentido, se señala que «junto a la masa patrimonial a repartir entre los acreedores, resulta necesario determinar qué acreedores tienen derecho a cobrar y en qué orden» (18). Asimismo, se expresa que el proceso de verificación de créditos «tiene por finalidad decidir cuáles de los créditos que se presentan al concurso pasan el examen para determinar su existencia, legalidad y oponibilidad» (19). Se presenta así como «una etapa necesaria e insoslayable dentro del proceso concursal» (20).

En definitiva, vinculando la verificación de créditos al instituto que aquí analizamos, bien señala Marcelo Gebhardt que «la trascendencia que cabe asignarle a este proceso de verificación es tal que incluso permite determinar si el juicio concursal debe proseguir, dado que cabe advertir que este concluye cuando no se insinúa ningún acreedor en el pasivo» (21).

Por lo tanto, el instituto que estudiamos se conecta con la verificación de créditos y con su importancia para la determinación del pasivo. En consecuencia, si acaecida dicha instancia se registra la inexistencia de pasivo, el magistrado deberá dar por concluida la quiebra siempre que se satisfagan los gastos íntegros del concurso.

2.Fundamento

El fundamento de este supuesto de conclusión obedece a que, sin que se configure la masa pasiva, resulta innecesario, antifuncional y costoso mantener abierto un proceso concursal sin que existan acreedores.

Así se sostiene que «el legislador no quiere mantener abierto un procedimiento al cual los interesados directos no se muestran con intención de concurrir» (22). También se señala que «es lógico que sea así si la finalidad del proceso falimentario es la de liquidar el patrimonio del deudor para distribuirlo entre sus acreedores. Si no hay acreedores, puede haber “qué” distribuir, pero no habrá “a quién” distribuir. Falta el llamado presupuesto subjetivo activo: los acreedores» (23).

3. Oportunidad

La decisión debe ser tomada por el juez de la quiebra con posterioridad a la etapa de la verificación de créditos. El precepto alude «a la época en que el juez debe decidir sobre la verificación o admisibilidad de los créditos».

El artículo se refiere a la falta de presentación de acreedores en la etapa de verificación tempestiva; no obstante, el fundamento de la conclusión está dado por la inexistencia de pasivo admitido o incorporado al concurso. En consecuencia, deberá incluirse el caso de que, habiéndose insinuado acreedores, los mismos no fueron admitidos al concurso al dictarse la resolución del art. 36 de la LCQ (24).

Solo interesa la verificación tempestiva y no la tardía. Al respecto se señala que «y es claro que solo debe importar la verificación tempestiva, pues, en caso de que exista algún acreedor no concurrente, concluida la quiebra por inexistencia de acreedores no deberá iniciar el incidente de verificación tardía, sino que deberá ejercer la acción individual que le corresponda» (25).

Cabe aclarar que nos referimos al supuesto de que se pretenda incoar una verificación tardía con una quiebra concluida, lo que sería inadmisible.Distinta sería la situación si vencido el plazo para la verificación tempestiva, nadie se insinuara y antes de que se dicte la resolución de conclusión se promueve una verificación tardía. En ese caso, entendemos que estando pendiente de resolución el incidente de verificación tardía no podrá darse por concluida la quiebra. Así se expresa que «es dable destacar que si existieren pedidos de verificación tardía en trámite, no es proced ente este tipo de conclusión de la quiebra» (26).

Se presenta alguna duda cuando existen créditos que fueron declarados como «no presentados», por ejemplo por falta de pago del arancel o por no acreditarse la representación. Francisco Junyent Bas y Carlos Molina Sandoval expresan que «en estos casos ha existido presentación. Defectuosa, incompleta, pero presentación al fin» (27). Agregando que «ello así, pues esta modalidad de tener por no presentado un crédito no está contemplado expresamente en la LCQ. Además, ella solo exige que exista presentación, y no que se haya declarado el crédito “presentado”» (28).

Diferente es la situación de acreedores que, no siendo admitidos en el pasivo concursal, hayan promovido el incidente de revisión (art. 37 de la LCQ). En este caso, habrá que aguardar la resolución del incidente de revisión. En tal sentido, se indica que «si hay acreedores presentados pero no admitidos, deberá aguardarse a que la resolución que los desestima quede firme y en caso [de] que se incoe incidente de revisión, no podrá concluirse la quiebra» (29). También se señala que «la existencia de incidentes de revisión en trámite obstaría la conclusión de la quiebra, pues fueron acreedores que hicieron sus presentaciones tempestivamente, pero que se encuentran revisando la decisión judicial de inadmisibilidad de sus créditos, lo que constituye una potencial existencia de interesados en el proceso liquidativo» (30).

4.Satisfacción de los gastos íntegros del concurso.

El precepto que analizamos condiciona la conclusión del concurso a que se satisfagan los gastos íntegros del concurso (conf. art. 229, ultima parte del último párrafo, de la LCQ).

5. Resolución de conclusión

La decisión la adopta el magistrado interviniente, quien puede disponer la conclusión de oficio o bien a pedido del síndico o del propio deudor. En la práctica, es habitual que sea el síndico quien solicite la conclusión de la quiebra por inexistencia de acreedores verificados. Sin embargo, -como señalamos- ello no es obstáculo para que sea el juez quien de oficio decida disponer la conclusión o que el propio deudor sea quien inste el dictado de la resolución.

6. Costas

La temática que analizamos en este capítulo es un tema ampliamente debatido, con posiciones encontradas en la doctrina y en la jurisprudencia.

En este punto, se registra un fallo Plenario de la Cámara Nacional de Comercio que en los autos «Datamedical S. R. L.» sentó la siguiente doctrina: «. en una quiebra declarada a pedido de acreedor y concluida por inexistencia de acreedores verificados, las costas causídicas deben ser impuestas al exfallido» (31).

El mismo criterio fue sostenido por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario en los autos «Más, Marcelo Enrique s/ pedido de quiebra» (32). En este caso, la posición mayoritaria -conformada por los votos de los vocales Rodil y Baracat- sostuvo -citando el pleno «Datamédical S. R. L.» e importante doctrina- que «deben ser soportadas por el fallido las costas derivadas de la conclusión de la quiebra por inexistencia de acreedores, dado que el peticionante completó adecuadamente todas las exigencias previstas para su declaración». En el decisorio, se registró el voto en disidencia del vocal Peyrano quien expresó lo siguiente:«Deben imponerse al promotor de la quiebra las costas derivadas de su conclusión por inexistencia de acreedores, pues su conducta procesal relativa a la promoción de un juicio sobre la base de un papel de comercio cuyo tenor le quitaba sustento a la posibilidad de progreso no es merecedora de un tratamiento más benévolo que para otros supuestos».

Esta sentencia recibió una nota aprobatoria de Fernando Dimase quien expresó que «luce acertada la resolución del fallo comentado en el cual la mayoría reafirma la regla -no obligatoria por cierto- de que en una quiebra declarada a pedido de acreedor y concluida por inexistencia de acreedores verificados, las costas causídicas deban ser impuestas al exfallido. Lo contrario implicaría desconocer que antes existió una sentencia que declaró la quiebra» (33). Y agregó que sostenía «además que una decisión judicial basada en la posición contraria lesionaría algunos principios y derechos civiles constitucionalmente tutelados, tales como el derecho de peticionar a las autoridades (art. 14 de la CN) traducido en una privación al acceso a la justicia, pues quizás un deudor no exteriorizaría su pretensión de pago por temor a sufrir un revés judicial en lo atinente a las costas del proceso. Indirectamente habría una agresión al derecho de propiedad (arts. 14 y 17 de la CN). Por otro lado, sin desconocer la finalidad colectiva que posee el ordenamiento concursal, estimo que también el principio de reserva (art. 19 de la CN) se encontraría afectado con una decisión diferente, dado que en ninguna parte de sus normas ni de otras procesales o de fondo se exige para decidir la suerte de la imposición de costas la doble conexión: declaración de quiebra – existencia de acreedores verificados» (34).

La doctrina presenta posiciones encontradas en este tema.

Existe doctrina que comparte el criterio jurisprudencial mayoritario y que fue plasmado en «Datamedical S. R. L.». En este sentido, se manifiestan Alejandro Dagnino (35); Roberto Baravalle y Ernesto Granados (36); Eduardo M.Moccero y Martín E. Paolantonio (37); Sebastián Borthwick (38); por su parte Claudio Casadío Martínez sostiene el mismo criterio, pero con la salvedad de que si el acreedor peticionante de la quiebra no concurre a verificar, deberán cargársele las costas (39).

En una posición opuesta, Juan Farina y Guillermo Farina expresan que «no compartimos este criterio, pues los hechos demuestran que no ha existido un pasivo concursal que justifique el pedido de quiebra. Las costas deberían imponerse al peticionante» (40).

Darío J. Graziabile refiriéndose al cobro de los honorarios del síndico sostiene lo siguiente: «Por nuestra parte y especialmente para el caso de cobro de los honorarios del síndico, propusimos que más allá de que las costas sean impuestas al fallido, el funcionario concursal podrá reclamar sus emolumentos al peticionante de la quiebra, sin perjuicio del derecho que le pueda asistir a este para repetir del deudor» (41).

Por nuestra parte, consideramos que -en principio- las costas deben ser soportadas por el exfallido. A la hora de analizar este tema, no debemos olvidar que lo que motivó el proceso fue el estado de insolvencia o cesación de pagos del ahora exfallido. Por lo tanto, si se hizo lugar a la sentencia de quiebra es porque se comprobó judicialmente el estado de cesación. Asimismo, la admisión de la demanda de quiebra con la correspondiente sentencia determina que quien sea vencido es el fallido y no el acreedor que peticionó la quiebra.

No obstante, entendemos que el principio que expusimos cede en el supuesto de que el acreedor peticionante de la quiebra con posterioridad -una vez abierto el proceso concursal liquidativo- no haya incoado su pedido de verificación.

En consecuencia, sostenemos que, en principio, las costas deben imponerse al exfallido, salvo que el acreedor peticionante de la quiebra no concurra a verificar, en cuyo caso, las costas deberán ser soportadas por este último.

7. Regulación de honorarios

La oportunidad de regular los honorarios la determina el inc. 5 del art.265 de la LCQ que refiere a la conclusión de la quiebra. Por lo tanto, al dictarse la resolución de la quiebra, el juez debe regular los honorarios.

En este caso, el magistrado encargado de la regulación debe evaluar concretamente la labor particular de cada uno de los profesionales, pues seguramente resultará muy diferente de la llevada a cabo en la quiebra normalmente tramitada. Debe ponderar principalmente si la inexistencia de acreedores se produce por no haberse insinuado o porque, insinuándose, no han sido admitidos en el pasivo concursal (42).

8. El caso del acreedor único

El tópico de la pluralidad de los acreedores es ampliamente debatido en la doctrina y en la jurisprudencia. Se trata de un debate que, a pesar del tiempo transcurrido, «sigue presente» (43).

La cuestión aquí no gira alrededor de la inexistencia de acreedores, sino frente a la existencia de un único acreedor. Es decir, la problemática que se suscita es determinar si la pluralidad de acreedores es una condición indispensable para la continuación de la quiebra.

Debemos partir de lo dispuesto por el art. 78 de la LCQ que, en su parte final, bajo el acápite de «Pluralidad de acreedores» indica que «no es necesaria la pluralidad de acreedores».

El precepto transcripto se ubica dentro del Título III, «Quiebra», Capítulo I «Declaración», Sección 1, «Casos y presupuestos». Por lo tanto, entendemos que no caben dudas de que la LCQ excluye la exigencia de pluralidad de acreedores para la declaración de la quiebra.

Ahora bien, el interrogante que analizamos en este acápite, radica en determinar si una vez abierta la quiebra -dictada la sentencia del art. 88 de la LCQ- y concluida la etapa de verificación de créditos, habiéndose registrado un único acreedor, si el proceso debe continuar. Ahí la cuestión gira en torno a discernir si la quiebra debe concluir o proseguir.Por nuestra parte, entendemos que la pluralidad de acreedores no solo no es necesaria para la declaración de la quiebra, sino también para la continuación. En consecuencia, concurriendo un único acreedor, el proceso concursal liquidativo deberá proseguir su curso. La LCQ es clara en el art. 229 en cuanto dispone que la conclusión opera frente a la inexistencia de acreedores verificados. Por lo tanto, si existe un único acreedor, no se registra el presupuesto de la inexistencia de acreedores concurrentes al que refiere la norma que estudiamos y, por lo tanto, la quiebra debe proseguir.

El c riterio que exponemos es el que prevalece en la doctrina.

En tal sentido, se sostiene que «entendemos que sin perjuicio del principio de concursalidad, no es necesaria la pluralidad de acreedores, pues dicha pluralidad es un elemento natural y no esencial de los concursos. Es decir que puede existir concurso con un solo acreedor, sin importar que ello lo exija únicamente para la determinación del estado de insolvencia, pues este es presupuesto necesario del concurso como proceso. Abierto el concurso, debe proseguir hasta su culminación, aunque exista o aparezca un solo acreedor. La ley es clara, no exige pluralidad de acreedores para abrir el concurso y tampoco dispone que se concluya por la existencia de un solo acreedor, sino que la conclusión se produce por inexistencia total de acreedores» (44).

También se expresa que «no existe dispositivo legal alguno que autorice su conclusión. Y si bien con un solo acreedor desaparecería la colectividad de acreedores, no es menos cierto que, con tal contingencia, no se pone fin a la cesación de pagos. Para la configuración de esta, no resulta menester la pluralidad de acreedores (art. 78 “in fine” de la LCQ), y tanto merece la tutela de la ley uno como varios acreedores.De lo contrario, resulta paradójico que -por un lado- se declare la quiebra en mérito a la petición formulada por un acreedor y se repute acreditada la cesación de pagos, y que

-por el otro- se decida que ese estado de impotencia patrimonial no afecta a ese único acreedor» (45).

Asimismo, se expresa que «si existe aunque sea un solo acreedor verificado, la quiebra no puede concluir y debe seguirse adelante con los procedimientos pertinentes. El vocablo «concurso» atiende también a la universalidad del patrimonio; es decir, importa la ocurrencia de los bienes que lo integran, y ello no obsta a que exista un solo acreedor.

Además, no debe perderse de vista que el proceso falencial, como juicio universal de ejecución colectiva, convoca a todos los acreedores de título o causa anterior a la declaración de quiebra, lo cual permitiría a nuevos acreedores reclamar tardíamente sus créditos, atraídos quizá por acciones de recomposición patrimonial exitosas que hubieran podido engrosar el activo falencial y así detentar alguna expectativa de dividendo concursal distribuible» (46).

La posición contraria es sustentada por Saúl Argeri que entiende que la pluralidad de acreedores es una condición necesaria para la prosecución del proceso colectivo dado que, de lo contrario, se desnaturalizaría el proceso, quedando desvirtuadas la estructura y finalidades del concurso (47).

9. Los acreedores omisos, ¿pueden instar una nueva quiebra?

En este acápite, abordamos un tema de una enorme implicancia práctica.

Los acreedores que no han concurrido a verificar una vez declarada la conclusión no podrán solicitar la reapertura. Ahora bien, se suscita la duda sobre si pueden pedir una nueva quiebra.Por la tesis afirmativa se pronuncia Oscar Galíndez quien sostiene que «no vemos reparo legal para que puedan instar la apertura de un nuevo proceso colectivo, o introducirse en el proceso colectivo abierto a pedido de los acreedores posteriores a la conclusión de la quiebra anterior» (48).

Marcelo Gebhardt señala que «el acreedor de causa anterior a otra quiebra concluida por inexistencia de acreedores verificados está habilitado para pedir la declaración de quiebra, pues de esa conclusión del procedimiento falencial no se sigue la caducidad del derecho ni de las facultades procesales del acreedor, sino que este, cesada la falencia, recobra aptitud para ejercer su derecho con relación a la exfallida» (49).

Ernesto E. Martorell expresa que «la conclusión de la quiebra por falta de acreedores presentados no libera en modo alguno al exfallido por las obligaciones que él contrajera en su momento» (50).

También se dice que «la conclusión de la quiebra por esta causal no produce la extinción de las obligaciones del deudor anteriores a la declaración de falencia, pues tal supuesto no ha sido previsto por nuestro ordenamiento legal. Así, los acreedores no concurrentes recuperan el ejercicio de sus acciones individuales, pudiendo exigir al exfallido la satisfacción de sus créditos en las mismas condiciones en que podían haberlo hecho de no haber existido ella» (51).

Compartimos la doctrina precedentemente citada dado que la conclusión de la quiebra por la no concurrencia de acreedores no libera al deudor -ex fallido- de las obligaciones contraídas.

10. El caso de la extensión de quiebra automática del art. 160 de la LCQ

El art. 160 de la LCQ regula el instituto que se conoce bajo la denominación de «quiebra social» o «quiebra automática» o «quiebra al socio ilimitadamente responsable» (52).

La extensión de la quiebra no solo requiere una quiebra preexistente -que es la que se extiende o propaga sus efectos-, sino también subsistente. Si desaparece la quiebra principal también cesa la quiebra refleja.En la jurisprudencia, se expresó que «la declaración de quiebra del socio ilimitadamente responsable supone una quiebra subsistente, por lo que si la quiebra social concluye por algunas de las causales estatuidas por la ley falencial, el estado de quiebra del socio debe cesar» (53). Agregándose que «al no haber quiebra principal, desaparece el soporte externo de la falencia del socio, esto es la cesación de pagos que motivó la declaración de la falencia de la sociedad y que es la determinante de la extensión, por lo que, ante la inexistencia de la causa que posibilitaría mantener la quiebra del socio, esta debe ser clausurada debido a este corte del cordón umbilical» (54). Asimismo, se dijo que «si bien se trata de quiebra independiente, en cuanto tienen masas activas y pasiva distintas, las quiebras de los socios ilimitadamente responsables, son reflejadas en el sentido de que son consecuencia de la quiebra de la sociedad colectiva, que les sirve de presupuesto, por lo que, desaparecida la quiebra de la sociedad, deben tenerse por resueltas también las quiebras de los socios colectivos» (55).

Por lo tanto, si concluye la quiebra principal por inexistencia de acreedores concurrentes igualmente concluirán las quiebras declaradas por extensión en virtud de lo dispuesto por el art. 160 de la LCQ.

No ocurre a lo mismo en sentido inverso. Es decir, si no se registran acreedores concurrentes en la quiebra del extendido, ello no provocará el levantamiento de la quiebra extendida y, mucho menos, de la principal. Así se indica que «si la quiebra ha sido declarada por extensión de la quiebra de otro sujeto, no procede el levantamiento de la quiebra por extensión en la cual no se verificaron acreedores, pues el extendido responde por sus bienes por las obligaciones del fallido a partir de la cual se extendió la quiebra» (56).

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(1) RIVERA, Julio C.: Instituciones de derecho concursal, 1.ª ed. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, t. 2, 1996, p. 255.

Idéntico concepto puede verse en: RIVERA, Julio C., CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio; DI TULLIO, José; GRAZIABILE, Darío, y RIBERA, Carlos:Derecho concursal, 2.ª ed. Buenos Aires, La Ley, t. 3, pp. 555 y 556.

(2) ARGERI, Saúl A.: Manual de concursos. Buenos Aires, Astrea, 1983, p. 213.

(3) RASPALL, Miguel Ángel; y RASPALL, María Laura: «Derecho concursal de la empresa. Buenos Aires, Astrea, t. 2, 2014, p. 340.

(4) RASPALL, Miguel Ángel; y RASPALL, María Laura: op. cit., t. 2, p. 340.

(5) ROUILLON, Adolfo A. N.: Régimen de Concursos y Quiebras. Ley 24.522, 17.a ed. Buenos Aires, Astrea, 2015, p. 368.

(6) Respecto de las distintas formas de conclusión de la quiebra, véanse los siguientes textos: CONIL PAZ, Alberto A.: Conclusión de la quiebra. Buenos Aires, Depalma, 1996. GRAZIABILE, Darío J.: «Modos conclusivos falenciales», en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones. Buenos Aires, LexisNexis, 2007-B, p. 799.

(7) BONFANTI, Mario Alberto, y GARRONE, José Alberto: Concursos y quiebras, 5.a ed. Buenos Aires, Abeledo Perrot, p. 571.

(8) JUNYENT BAS, Francisco, y MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: Ley de concursos y quiebras comentada, 1.ª ed. Buenos Aires, t. , 2003, p. 454.

(9) GRAZIABILE, D.: «Modos…», op. cit., p. 799.

(10) SAJÓN, Jaime V.: «La conclusión de la quiebra», en E.D. 71-601; FORASTIERI, Jorge A.: «La clausura del procedimiento de la quiebra y sus efectos con relación al proceso, a los acreedores y al deudor», en JA 1983-III-812; ARGERI, Saúl: «El avenimiento en la quiebra», en LL 1981-B, p. 1103.

(11) GRISPO, Jorge Daniel: Clausura del procedimiento de quiebra en la Ley 24.522», en ED 193-676.

(12) Nos ocupamos de la clausura de la quiebra por falta de activo en un trabajo anterior. Puede consultarse: GERBAUDO, Germán E., «Clausura por falta de activo», en Doctrina Societaria y Concursal, Errepar, Buenos Aires, N.º 320, julio de 2014, p. 726 y en «Compendio Jurídico. Erreius, Errepar, Buenos Aires, N.º 87, agosto 2014, p. 67.

(13) VÍTOLO, Daniel R.: Derecho concursal. Buenos Aires, Ad Hoc, 2011, p. 324.

(14) GRAZIABILE, D.: «Modos…», op. cit., p. 799.

(15) VÍTOLO, D.: «Derecho…», op. cit., p. 325.(16) GARRONE, José A., y LÓPEZ, Gastón F.: Derecho comercial, 2.a ed. Buenos Aires, t. II, 2008, p. 520.

(17) DE CÉSARIS, M. Cristina: La verificación de créditos en el proceso concursal. Rosario, Nova Tesis, 2011, p. 15.

(18) VILATA MENADAS, Salvador: Elementos de derecho concursal. Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 52 y 53.

(19) FERRARRIO, Carlos Á.; ÁLVAREZ, Javier; GALLI, Claudio; MOZZI, Germán; PERRILLO, Fernando; SÍCOLI, Jorge; SILBERT, Mariano, y TETTAMANZI, Eduardo: Ley de concursos y quiebras. Comentada y anotada, 1.ª ed. Buenos Aires, Errepar, 2008, p. 102.

(20) RASPALL, Miguel A.: «Comentario al art. 32 de la LC», en Héctor O. Chomer (dir.) y Pablo Frick (coord.): Concursos y quiebras. Ley 24.522. Buenos Aires, Astrea, t. 1, 2016, p. 559.

(21) GEBHARDT, Marcelo C.: Ley de concursos y quiebras. Buenos Aires, Astrea, t. 1, 2008, p. 156.

(22) GRAZIABILE, Darío J., y LOIZA, Fabián: «Comentario al art. 229 de la LC», en Régimen concursal. Ley 24.522. Actualizada y comentada. Buenos Aires, Abeledo Perrot, t. 4, 2014, p. 330.

(23) JUNYENT BAS, F., y MOLINA SANDOVAL, C.: op. cit., t. 2, p. 471.

(24) GRAZIABILE, Darío J.: Manual de concursos. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015, (e-book).

(25) GRAZIABILE, Darío J., y LOIZA, Fabián: «Comentario al art. 229 de la LC.», op. cit., p. 329.

En sentido similar: GRAZIABILE, D.: «Manual…», op. cit.

(26) FERRARIO, C.; ÁLVAREZ, J.; GALLI, C.; MOZZI, G.; PERRILLO, F.; SÍCOLI, J.; SILBERT, M., y TETTAMANZI, E.: op. cit., p. 428.

De manera similar: GRISPO, Jorge D.: Concursos y quiebras. Ley 24.522. Buenos Aires, Ad Hoc, 2003, p. 1026.

(27) JUNYENT BAS, F., y MOLINA SANDOVAL, C.: op. cit., t. 2, p. 473.

(28) JUNYENT BAS, F., y MOLINA SANDOVAL, C.: op. cit., t. 2, p. 473.

(29) GRAZIABILE, Darío J. y LOIZA, Fabián: «Comentario al art. 229 de la LC.», op. cit., p. 329.

(30) BORTHWICK, Sebastián: «Comentario al art. 229 de la LC», en CHOMER, Héctor O. (dir.), y FRICK, Pablo (coord.): Concursos y quiebras. Ley 24.522.Buenos Aires, Astrea, t. 3, 2016, p. 412.

(31) CNCom., en pleno, «Datamedical S.R.L.», 18/12/1992, en JA 1993-II-612; L.L. 1993-B-38.

(32) C. Civ. y Com.: Sala IV, Rosario, «Mas, Marceo Enrique s/ pedido de quiebra», 8/4/2013, en La Ley on line, cita en línea Ar/Jur/50527/2013.

(33) DIMASE, Fernando: «Quiebra concluida por inexistencia de acreedores ¿Quién paga las costas? Comentario al fallo «Mas, Marcelo E. s/ pedido de quiebra», en Revista de Derecho Concursal. Buenos Aires, IJ Editores, Facultad de Derecho, Universidad Austral, N.º 5, agosto de 2013, 26/8/2013, cita en línea IJ-LXIX-105.

(34) DIMASE, F.: op. cit.

(35) DAGNINO, Alejandro J.: «Costas en la conclusión de la quiebra por inexistencia de acreedores», en ED 137-298.

(36) BARAVALLE, Roberto, y GRANADOS, Ernesto: Ley de concursos y quiebras. 24.522. Rosario, Liber, t. 2, 1996, pp. 341 y 342.

(37) MOCCERO, Eduardo M., y PAOLANTONIO, Martín E.: «Las costas en la quiebra sin acreedores», en LL, 1990-E, p. 349.

(38) BORTHWICK, S.: «Comentario al art. 229 de la LC.», op. cit., p. 414.

(39) CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio: «Imposición de costas en la quiebra concluida por falta de activo», en Doctrina Societaria y Concursal Errepar. Buenos Aires, Errepar, en Errepar on line.

(40) FARINA, Juan M., y FARINA, Guillermo V.: Concursos y quiebras, Buenos Aires, Astrea, t. 2, 2008, p. 539.

(41) GRAZIABILE, D.: «Manual…», op. cit.

(42) GRAZIABILE, D.: «Ley de Concursos comentada», 1.ª ed., Buenos Aires, Errepar, 2008, p. 475; GRAZIABILE, Darío J., GRANADOS, Ernesto I. J. y GERBAUDO, Germán E.: «Comentario al art. 269 de la LC», en Régimen concursal. Ley 24.522. Actualizada y comentada. Buenos Aires, Abeledo Perrot, t. IV, 2014, p. 729.

(43) JUNYENT BAS, F., y MOLINA SANDOVAL, C.: op. cit., t. 2, p. 15.

(44) GRAZIABILE, Darío J., y LOIZA, Fabián: «Comentario al art. 229 de la LC.», op. cit., pp. 331 y 332; GRAZIABILE, D.: «Manual…», op. cit.

(45) GALÍNDEZ, Oscar: «Verificación de créditos», 3.ª ed.Buenos Aires, Astrea, 2001, pp. 285 y 286.

(46) BORTHWICK, S.: «Comentario al art. 229 de la LC.», op. cit., p. 414.

(47) ARGERI, Saúl A.: «Problemática del acreedor único», en LL 1979-A, p. 847; ARGERI, Saúl A.: «La voz “Ejecución concursal”», en Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa. Buenos Aires, Astrea, 1982, p. 194; ARGERI, Saúl A.: «Manual de concursos». Buenos Aires, Astrea, 1983, p. 31.

(48) GALÍNDEZ, O.: op. cit., p. 281.

(49) FASSI, Santiago C., y GEBHARDT, Marcelo C.: Concursos y quiebras, 8.ª ed. Buenos Aires, Astrea, 2005, p. 276; GEBHARDT, M.: op. cit., t. 2, p. 20.

(50) MARTORELL, Ernesto E.: «Tratado de concursos y quiebras», Buenos Aires, Lexis Nexis, t. 3 «De la quiebra», 2004, p. 571.

(51) BORTHWICK, S.: «Comentario al art. 229 de la LC…», op. cit., p. 413.

(52) Analizamos esta figura en un trabajo anterior, véase: GERBAUDO, Germán E.: «Extensión de quiebra al socio ilimitadamente responsable», en Microjuris MJ-DOC-6551-AR, MJD6551 , 10 de julio de 2013.

(53) C. Apel. Civ. y Com., Mar del Plata: Sala 3, «Márquez, Alberto Rubén s/ quiebra (pequeña)», 9/12/2010, en Microjuris, MJ-JU-M-60767-AR, MJJ60767 .

(54) C. Apel. Civ. y Com., Mar del Plata: Sala 3, «Márquez, Alberto Rubén s/ quiebra (pequeña)», 9/12/2010, en Microjuris, MJ-JU-M-60767-AR.

(55) C. Apel. Civ. y Com., Mar del Plata: Sala 3, «Márquez, Alberto Rubén s/ quiebra (pequeña)», 9/12/2010, en Microjuris, MJ-JU-M-60767-AR.

(56) RIVERA, J.; CASADÍO MARTÍNEZ, C.; DI TULLIO, J.; GRAZIABILE, D., y RIBERA, C.: op. cit., t. 3, pp. 580 y 581.

(*) Abogado (UNR); Doctor en Derecho (UNR). Magíster en Derecho Privado (UNR). Especialista en Derecho de Daños (UCA). Profesor adjunto de Derecho de la Insolvencia, Facultad de Derecho (UNR). Secretario Académico, Facultad de Derecho (UNR).