Le corresponde al juez del lugar donde residen los menores entender en el régimen de contacto iniciado por el progenitor con domicilio en otra provincia

Partes: F. S. M. c/ B. J. D. s/ medidas preventivas urgentes (ley 26.485)

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 27-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103456-AR | MJJ103456 | MJJ103456

Sumario:1.-Aún cuando no se verifica la existencia de una atribución recíproca que configure un conflicto de competencia, razones de economía y celeridad procesal tornan aconsejable dirimir la cuestión relativa a la problemática familiar en la que han intervenido magistrados de distintas provincias, y declarar competente al juez de la Provincia de La Pampa, puesto que es el lugar donde residen establemente los niños, sin que pueda calificarse el traslado de los menores a esa provincia como irregular, ni es éste el ámbito adecuado para esclarecer ese aspecto de la relación familiar (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal al que la Corte remite)

2.-Corresponde señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación, asigna el conocimiento de los procesos referidos a niños, niñas y adolescentes, al juez del lugar en el cual se ubica su centro de vida -art. 716 – (del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal al que la Corte remite)

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

En lo que nos interesa, la Sra. M.F.S. -quien residía en la ciudad de Córdoba, junto a los niños C.D.B. y J.L.B., Y al Sr. J.D.B.-, inició contra este último el expediente n° 11.807.273 por violencia familiar, ante el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Quinta Nominación de la Provincia de Córdoba(v. esp. fs. 3/7).

En dichos autos obtuvo, entre otras medidas, la prohibición de acercamiento y comunicación con respecto a los hijos, dictada d 22/04/14 (fs. 45).

Posteriormente, la Sra. M.F.S. se trasladó con los niños a su provincia de origen, La Pampa, presentándose ante ‘el Juzgado de Primera Instancia de la Familia y del Menor de la ciudad de Santa Rosa, donde dedujo una nueva denuncia por violencia doméstica, puesto que la orden de restricción primigenia había quedado sin efecto (fs. 65, 66/69, 70 Y 77). La petición prosperó, decretándose -con fecha 13/06/14- el impedimento de contacto para con los hijos, hasta tanto el Sr. B. acreditase la realización de terapia psicológica y su resultado (fs. 70).

A su tumo, con fecha 24/06/14, el progenitor promovió un régimen de contacto ante el Juzgado de Familia de la Cuarta Nominación de Córdoba (fs. 89 del agregado). En ese marco, el 22/08/14, tuvo lugar una audiencia con presencia de las partes, homologándose el acuerdo alimentario allí celebrado, y disponiéndose la realización de un diagnóstico vincular en forma previa a la resolución sobre radicación y régimen de contacto filial (fs. 79). Por otro’ lado, dicho juzgado calificó de improcedente la· actuación de la justicia pampeana, por considerar que la propia interesada ha reconocido la competencia del foro cordobés, y que las eventuales resoluciones de aquélla constituirían una injerencia ilícita en la actividad jurisdiccional de otro tribunal (fs.97). Finalmente, el 12/11/15, estableció un esquema para los encuentros paterno-filiales a realizarse en la ciudad de Córdoba (fs. 101/102).

Ante el tenor contrapuesto de las órdenes impartidas, la actora puso de manifiesto la existencia de una cuestión de competencia, por encontrarse conociendo simultáneamente dos diferentes distritos, solicitando que la magistrada de La Pampa pasara a entender en ambas causas (fs. 112/115).

Dicho planteo fue desestimado, con fundamento central en que la incompetencia o cualquier otra objeción, debían canalizarse en sede cordobesa (fs. 1121115,116, punto IV, y 127/129).

Llegado el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, con asiento en Santa Rosa, los jueces razonaron que la pretensión se ha encuadrado en los términos de los artículos 9 a 13 del Código Procesal local (inhibitoria). Sin embargo, adujeron que el juzgado de primera instancia se considera competente respecto de la presente medida autosatisfactiva, mas no en el asunto que se ventila ante los tribunales de la provincia de Córdoba. Observaron, asimismo, que existen desinteligencias entre jueces de distintas provincias respecto de la intervención en la problemática familiar, de manera que la apelación fue mal concedida, puesto que la Cámara no es el superior jerárquico común (fs. 143/144).

Sobre tal base, a fojas 150 se dispuso la elevación de la causa a esa Corte.

-II-

Ante todo, es preciso advertir que, en primera instancia’ en la provincia de La Pampa, se resolvió sin previa audiencia del Ministerio Público, mientras que la Cámara solo dio participación al Fiscal General (fs. 135/141).

En segundo lugar, cabe reiterar que la actora introdujo la cuestión de competencia en sede pampeana, requiriendo que allí se asumiera la dirección de ambos procesos. Empero, a pesar de lo dispuesto en el capítulo II del Código Procesal local citado por la Cámara, los jueces rehusaron pronunciarse sobre la inhibitoria, acotando las opciones legales que asistían a la Sra.M.F.S., a la vía de la declinatoria.

Eludieron, también, ponderar el dató relativo al conocimiento simultáneo de dos foros diversos, extremo que habilitaba un pronunciamiento de oficio.

En esa misma línea, no se verificó la existencia de una atribución recíproca que configurara un conflicto negativo, o de una contienda positiva, en la que distintos tribunales reclamen la radicación del mismo expediente ante sus estrados; con lo cual, no estamos en presencia de una disputa de competencia debidamente trabada.

Por lo mismo, no se han elevado los antecedentes labrados en jurisdicción cordobesa (arts. 10 Y 11 CPCCN).

Sin perjuicio de dichas deficiencias técnicas, no puede soslayarse la índole del problema familiar, que exige una inmediata intervención ordenadora.

Desde tal perspectiva, estimo que razones de celeridad, economía procesal y mejor administración de justicia, toman aconsejable que esa Corte haga uso de la atribución conferida por el arto 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58; pronunciándose sin más dilaciones sobre la radicación definitiva de los procesos en trámite (doctr. de Fallos: 328:3038 ; 329:1348 y 3948; entre muchos otros).

-III-

En esa tarea, corresponde señitl.ar que el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), asigna el conocimiento de los procesos referidos a niños, niñas y adolescentes, al juez del lugar en el cual se ubica su centro de vida (art. 716).

Por otro lado, en varias ocasiones se ha destacado la necesidad de examinar prudencialmente los elementos configurativos de cada supuesto, en la convicción de que así lo exige el mejor interés que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (S.C. Comp. 808,1. XLV; del 20/04110; S.C. Comp. 481, 1. XLVII; del 29111/11; S.C. Comp. 851, 1. XLVII, del 27112112; S.C. Comp. 960, 1. XLIX, del 30/09/14).

Estudiadas las circunstancias del caso, con ajuste a esos parámetros y según surgen en este estado de la causa, observo que C.D.B.y J.1.B. – nacidos, respectivamente, en diciembre de 2009 y agosto de 2012, en la provincia de Córdoba-, vivirían establemente en Santa Rosa desde abril de 2014 (fs. 1/2 y 20).

Además, más allá de la manifestación unilateral de la que da cuenta la copia glosada a fojas 101, no existen bases ciertas que permitan calificar al traslado desde Córdoba como irregular, ni es éste el ámbito adecuado para esclarecer ese aspecto de la relación familiar.

En tales condiciones, considero que el criterio del artículo 716 del Código Civil y Comercial debe compatibilizarse con su artículo 706 en cuanto prescribe, por un lado, que en aquellos problemas en los que estén involucrados niños, niñas o adolescentes, resulta menester valorar su mejor interés; y, por otro, consagra expresamente, entre los principios generales que deben gobernar los procesos de familia, el respeto de la tutela judicial efectiva y la inmediación.

En el sub lite, dicha directiva conduce a una solución coincidente con la consolidada doctrina de esa Corte, en cuanto a la necesidad de priorizar el resguardo del principio de inmediatez, en procura de una eficaz tutela de los derechos implicados (doctr. de Fallos: 327:3987; 329:3839 ; 331:1344; 331:1900, punto III del dictamen al que remitió esa Corte; 332:238; S.C. Comp. 465, L. XLVII, del 23/04/2013; S.C. Comp. 237, L. XLIX, del 10/12/2013; S.C. Comp. 575, L. XLVI, del 23/06/11; S.C. Comp. W 960, L. XLIX, del 30/09/2014; S.C. Comp. 165, L. L, del 27111/14; CSJ 813/2013 (49-A)/CS1, del 24/0212015; S.C. Comp. CIV 87.1l9/2014/CS1, del 16/06/015; y S.C. Comp. CSJ 374/2014 (50-C)/CS1, del 6/10/2015, entre otros).

No ignoro que posteriormente a su reubicación, la Sra. M.F.S. ha comparecido ante el Juzgado de Familia de la Cuarta Nominación, celebrando un convenio con su contrario (fs.79). Empero, en el marco conceptual reseñado precedentemente y conforme a las características específicas del caso, aprecio que ese dato carece aquí de virtualidad definitoria.

Es que, por un lado -dada la distancia que separa a los niños de los tribunales cordobeses-, la intervención de la justicia pampeana ha de contribuir más acabadamente a la realización activa de los objetivos protectorios propios de este tipo de actuaciones, puesto que sus jueces poseen, dentro de su propio ámbito territorial, acceso directo a la persona de los niños afectados.

Por otra parte, las constancias de autos dan cuenta de posibles indicadores de violencia familiar, así como de la existencia de actuaciones específicas en ese plano, en las que se prohibió al Sr. J.D.B. relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta que implique tomar contacto agresivo con los niños y la actora (v. fs. 18/19). En tal sentido, aun cuando no se ha validado un diagnóstico de esa índole, estimo que someter a posibles víctimas a cumplir en el foro del eventual agresor las arduas diligencias personales propias de este tipo de problemática, podría llevar a una re-victimización que la ley repudia (art. 3, ínc. k, de la ley 26.485; S.C. Comp. 465, L.XLVII, del 23/04/13; y CSJ 3609/2015/CSI, deI6/l0/15, entre varios otros).

-IV-

Por lo expuesto, opino que las causas en trámite deben radicarse ante el Juzgado de Primera Instancia de la Familia y del Menor de la ciudad de Santa Rosa, provincia La Pampa, al que habrán de remitirse, a sus efectos.

Buenos Aires, 3 de junio de 2016.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016

Autos y Vistos; Considerando:

Que aun cuando no se verifica la existencia de una atribución recíproca que configure un conflicto negativo o una contienda positiva de competencia, tal como lo advierte la señora Procuradora Fiscal en el acápite 11 de su dictamen y la señora Defensora General de la Nación en el punto 111.b de su informe, evidentes razones de economía y celeridad procesal tornan aconsejable dirimir el conflicto.

Por ello, de conformidad con los referidos dictámenes, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado de la Familia y del Menor de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, al que se le re mitirán. Hágase saber al Juzgado de Familia de la Cuarta Nominación de Córdoba.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – HORACIO ROSATTI – CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ