La obra social demandada resulta responsable por la pérdida del embarazo de la actora si se acreditó que hubo fallas de diagnóstico

Partes: S. M. B. c/ Sanatorio Modelo Qilmes S.A. y otros s/ daños y perjuicios – resp. prof. med y aux.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 21-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103094-AR | MJJ103094 | MJJ103094

Sumario:
1.-Corresponde responsabilizar a la obra social demandada por los daños derivados de la pérdida del embarazo de la actora, aun cuando se desconoce la causa de la muerte del feto, pues hubo fallas en el diagnóstico original al no predecir que podría tratarse de una embarazada de alto riesgo por padecer de diabetes gestacional pese a los indicadores y, con posterioridad, al prescribir el alta y no mantener la internación hasta finalizar los estudios de la madre para descartar la existencia de diabetes y también del feto.

2.-Si la tasa activa se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido a favor del acreedor y en desmedro del deudor, que la Justicia no puede convalidar, pues se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de nuestro signo monetario operado entre el hecho y la sentencia.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “S. M. B. C/ SANATORIO MODELO QUILMES S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS –

RESP. PROF. MÉDICOS Y AUX.”, respecto de la sentencia corriente a fs. 751, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. DUPUIS.RACIMO.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

1.- En la exhaustiva sentencia de fs. 751/82, el señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas, al Sanatorio Modelo Quilmes S.A., a la Dra. M. A. A. y a TPC Compañía de Seguros S.A. -esta última en los términos y con el alcance del seguro contratado- a abonar a M. B. S. la suma de $ 94.240 y a R. A. B. la de $ 70.000, con más sus intereses calculados a la tasa activa desde la mora hasta el efectivo pago y las costas del proceso.

Analizó para ello la pericia médica practicada en autos, en la que, si bien el experto no podía aseverar en forma terminante la causa de la muerte del feto por nacer ni asegurar si existió infracción por parte de la médica demandada a la lex artis, concluyó en que discrepaba con su proceder profesional habida cuenta las condiciones que presentaba la madre días anteriores a que falleciera el nasciturus. Es por ello que el magistrado entendió que la pretensión prosperaba por la pérdida de chance de sobrevida y condenó a pagar las sumas referidas.En cuanto a la codemandada Obra Social, pese a que la médica no era dependiente suya, le extendió la condena porque delegó la prestación de salud en determinados sanatorios y profesionales como la clínica también demandada y es responsable por el servicio que ellos presten, tratándose de un deber paralelo de seguridad que consiste en resguardar la indemnidad de sus pacientes.

2.- Ya no se discute en esta instancia la relación jurídica existente entre las partes involucradas, motivo por el cual prescindiré de verter argumentos acerca de la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los profesionales médicos y me adentraré sin más en el examen de las pruebas aportadas a la causa.

Más allá de las inconsistencias que presenta el escrito por medio del cual la Dra. A. pretende fundamentar los agravios que le merece el pronunciamiento en orden a la responsabilidad que se le ha atribuido, que sólo con notable esfuerzo puede considerarse que reúne los recaudos exigidos por el art. 265 del Código Procesal, lo que bastaría para desechar sus argumentos, lo cierto es que, incluso analizando las pericias llevadas a cabo en la causa penal que se sustanciara a raíz del hecho y que derivaran en el archivo de esas actuaciones (ver resolución de fs. 272 de la causa agregada por cuerda), no podrá llegarse a otra conclusión que la alcanzada en la instancia anterior. E idéntico epílogo habrá de arribarse con las críticas formuladas por la aseguradora citada en garantía, con lo que adelanto de esta manera el sentido de este aspecto de mi voto.

En la causa penal, en un primer momento, se pronunciaron facultativos integrantes de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Quilmes, Dres. R. A. P. y R. G. A., con la presencia de los profesionales designados por la querella y la defensa. Después de referirse a los antecedentes de la historia clínica y de la madre embarazada, dictaminan lo siguiente:a) que la internación de ésta en la clínica mencionada entre los días 13 a 16 de febrero de 2005, la dinámica uterina aislada no llegaba a constituir una verdadera amenaza de parto prematuro, en tanto la medicación dispuesta para acelerar la maduración pulmonar fetal (corticoide de depósito) era innecesaria ya que a las 34 semanas de gestación el pulmón fetal está maduro. b) Durante la internación las cifras de glucemia que presentaba la madre eran anormales y también lo era la orina, que tenía sedimento anormal pese a no estar ella en ayunas. c) Lo correcto, hubiera sido esperar un ayuno de 12 horas de duración y practicar un nuevo análisis. Y con respecto a la orina, podría haber repetido el estudio antes de la externación dado que la muestra podría haber sido contaminada. d) No se pudo establecer con certeza la causa de la muerte del feto, ya que se demoró en demasía la autopsia y no se conservó el cuerpo como correspondía (ver fs. 122/24 de dicha causa).

En realidad, estas conclusiones coinciden con el perito designado de oficio por el juzgado civil, Dr. J. C. N. (fs. 383/99 de los presentes obrados), que además de tener títulos destacados (es Profesor Titular de la Cátedra de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la UBA, Jefe del Departamento Materno Infantil del Hospital Durand y Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, además de haber escrito un libro sobre la materia), de cuya objetividad no puede dudarse atento el origen de su nombramiento. Es que, el aludido profesional aseveró que el estudio ecográfico y los análisis prescriptos para realizar ambulatoriamente después de externada debieron ser practicados mientras estaba internada para confirmar el diagnóstico de certeza y estudios de vitalidad fetal.También señaló que la amenaza de parto prematuro era aparente, que los índices de glucemia que presentaba al momento de la internación eran llamativos (139 mg/dl) y orina con residuos de acetona, que son típicos de quien se encuentra deshidratada o con ayuno de muchas horas o quien padece de diabetes. Ello coincide en líneas generales con lo dictaminado por los integrantes de la Asesoría Pericial mencionada.

En la misma causa penal, se procedió a requerir la opinión de la Asesoría Pericial de La Plata, siendo el Dr. J. J. G. F. quien dictaminó (ver fs. 223/36 de ese expediente). Así, concluye: a) que el tratamiento inicial se adecuaba al diagnóstico de parto prematuro. Es decir, si bien el tratamiento era correcto para el diagnóstico, lo cierto es que, pese a las señales que presentaba la actora, ni siquiera sospecharon que se trataba de un parto de “alto riesgo”; b) La presencia de acetona en la orina se observa, principalmente, en personas diabéticas descompensadas, mientras que la de glucosa en orina se advierte habitualmente en embarazadas; c) cuando se le pregunta concretamente si los antecedentes que presentaba la actora de familiar directo (padre) diabético, embarazo previo con un aumento de peso de 30 kgs e inicio de embarazo con obesidad mórbida y cesárea previa podían hacer pensar en un “embarazo de alto riesgo”, responde textualmente: “El alto riesgo se correlacionaría al materno, habida cuenta de las potenciales complicaciones a que se vería expuesta. De la historia clínica prenatal surge la jerarquización de la obesidad materna, considerando su derivación a especialista en Nutrición” (ver fs. 233 vta., n° 46). Ello representa una respuesta, a mi entender, por lo menos evasiva, puesto que no concreta si debió ser tratada al presentar esas características como un parto de alto riesgo y se limita a señalar que fue derivada a un nutricionista por la obesidad mórbida que tenía.Requerido para que conteste si el alta fue correctamente otorgada pese a las características que ostentaba la paciente, también responde evasivamente puesto que señala que superada la amenaza de parto prematuro está dentro de los cánones de la especialidad que se le permita el alta con indicación de estudios ecográficos y curva de glucemia por consultorio externo (fs.

234, n° 50), toda vez que con los indicios y antecedentes que tenía la embarazada, esas prácticas debieron ser realizadas en el sanatorio, tal como indicaron los forenses de Quilmes y el Dr. N. en los presentes autos (fs. 398 vta., n° 14). Finalmente, el Dr. G. F. señala que el cuadro que debe descartar en primer lugar un médico que asiste a una embarazada -como la actora- que tiene padre diabético, obesidad mórbida, aumento de 30 kgs en embarazo anterior, feto macrosómico, glucemia de 139 mg/dl, glucosa en orina y cetonuria, es precisamente la diabetes, que en el caso no pudo ser diagnosticada (ver fs. 235 vta., n° 59).

Y ésta es, precisamente, la falencia que se presentó en la atención de la señora S. al ser internada el 13/2/05 y que destaca el perito médico de oficio en su informe cuando refiere que le llama la atención que el día de la internación aquélla presentaba glucemia de 139 mg/dl y orina con glúcidos y acetona 15 mg/dl, lo que, sumado a sus antecedentes, debió hacer pensar en la existencia de diabetes gestacional, es más, exige descartar la enfermedad, lo que ni siquiera fue sospechado. Lo aconsejable hubiera sido repetir los análisis al día siguiente y con 12 horas de ayuno.

Además, refiere que la actora ya presentaba el día 8/2/05, previo a la internación del día 13, una curva de glucemia patológica según el informe de fs.237 de la causa penal.

Por último, entre las conclusiones más relevantes y que han sido ampliamente mencionadas por el señor juez, cuando el Dr. N. responde a los puntos de pericia ofrecidos por la Dra. A., señala que la demandante tenía contracciones cada 15 a 20 minutos, de 25 segundos de duración, con cuello permeable al dedo (no se informa borramiento), en tanto se define amenaza de parto prematuro a la presencia de contracciones uterinas con una frecuencia de 1 cada 10 minutos, de 30 segundos de duración palpatoria que se mantienen durante un lapso de 60 minutos con borramiento del cervix uterino del 50% o menos y una dilatación igual o menor a 3 cm, entre las 22 y 36,6 semanas de gestación, de manera que el cuadro parece haber sido mal valorado para catalogarlo como amenaza de parto prematur o.

Entonces, no es verdad que todos los peritos que dictaminaron en la causa penal están contestes en decir que la actuación de la demandada fue diligente y perfecta. Hubo fallas en el diagnóstico original al no predecir que podría tratarse de una embarazada de “alto riesgo” por padecer de diabetes gestacional pese a los indicadores -padre diabético, obesidad mórbida, aumento de 30 kgs en embarazo anterior, feto macrosómico, glucemia de 139 mg/dl, glucosa en sangre y orina también con acetonay, con posterioridad, al prescribir el alta y no mantener la internación hasta finalizar los estudios de la madre para descartar la existencia de diabetes y también del feto para concluir en su vitalidad, por lo que resulta indiscutible la responsabilidad de la profesional demandada. Por lo demás, en orden a la falencia del ecógrafo que estaba descalibrado, le es igualmente atribuible al sanatorio, habida cuenta que ello derivó seguramente en el alta prematura que la Dra. A.otorgó, indicándole a la paciente que se sometiera a una ecografía y nuevos análisis en forma ambulatoria.

Por otra parte, bueno es recordar que la pericia médica en este tipo de procesos resulta de extrema importancia. Así lo ha decidido reiteradamente esta Sala cuando ha señalado que, si bien el perito es un auxiliar de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar la convicción del juzgador, razón por la cual el dictamen no tiene, en principio, efecto vinculante para él (art. 477 del Código Procesal; CNCiv. esta Sala, en E.D. 89-495 y sus citas), la circunstancia de que el dictamen no obligue al juez -salvo en los casos en que así lo exige la ley-, no importa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo, en tanto la desestimación de sus conclusiones ha de ser razonable y fundada (conf. fallo citado y votos del Dr. Mirás en causas 34.389 del 9-2-88 y 188.579 del 26-3-96 y, en el mismo sentido, CNCiv. Sala “D” en E.D. 6-300; Colombo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, 4a. ed., t. I pág. 717 y nota 551).

Dicho en otras palabras, si bien es cierto que el dictamen no lo vincula, cuando aparece fundado en principios técnicos innegables y no se dan razones valederas que demuestren fehacientemente que el auxiliar de la justicia, incurriendo en un error, ha hecho un inadecuado uso de su conocimiento científico se debe estar a sus opiniones, pues no es admisible apartarse de ellos en forma antojadiza y arbitraria (ver CNCiv.esta Sala, causa 486.504 del 12-7-07, en autos “Aguilera Juan Miguel c/ Rafart Néstor Alejandro s/ homologación de acuerdo” y sus citas).

En forma congruente, ha adherido a la doctrina según la cual aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando el informe comporta -como en el caso- la apreciación específica en el campo del saber del perito -conocimiento éste ajeno al hombre de derecho-, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado (conf., entre muchas otras, causas 21.064 del 15-8-86, 11.800 del 14-10-85, 32.091 del 18-12-87, 131.829 del 29-7-93 y 169.102 del 6-6-95).

Por consiguiente, para que las observaciones que pudiesen formular las partes puedan tener favorable acogida, es menester aportar al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (conf. arts. 386 y 477 del Cód. Procesal; Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV pág. 720; CNCiv. Sala “C” en L.L. 1992-A, 425; Sala “H” en L.L. 1997-E, 1009 n° 39.780-S), pruebas que, al no haber sido incorporadas al proceso, permiten concluir en que deberá aceptarse el dictamen, máxime si con él han coincidido -como se vierados médicos forenses del Departamento Judicial de Quilmes, sin que se advierta la necesidad de requerir la intervención del Cuerpo Médico Forense.

Lo expuesto, sumado a las extensas consideraciones formuladas por el magistrado de primera instancia, resulta suficiente para propiciar se confirme la sentencia en examen.

3.- Si bien es verdad -como sostiene el representante de la aseguradoraque el Dr. N.en sus conclusiones declara que es imposible saber porqué falleció el feto como también afirmar o no la infracción a la lex artis, pero seguidamente relativiza esta última declaración al afirmar: “.Lo que no se puede negar es que la paciente era una diabetes gestacional, que tuvo el feto muerto de 36 – 37 semanas, de 5 kg.; que presentaba una cesárea anterior, y que en la internación de 15 días antes recibió uteroinhibición parenteral con belamiméticos y 3 dosis de corticoides para tratar una aparente amenaza de parto prematuro de 35 semanas, sin la dinámica adecuada para catalogarla como tal y sin estudios de vitalidad fetal; los cuales según consta se habrían solicitado ambulatoriamente, ya que se otorgó un alta transitoria a los 3 días, cuando debiera haberse quedado internada para su correcto control y tratamiento” (ver fs. 399).

Es mi convicción que con el párrafo transcripto da a entender el error del diagnóstico inicial de “parto prematuro”, habiéndosele prescripto medicamentos que si bien eran adecuados a ese diagnóstico errado no lo eran para una embarazada con diabetes gestacional y características como las antes mencionadas, perdiéndose así la factibilidad de tratarla conforme su estado de salud. Es decir, si bien se desconoce la causa de la muerte del feto, lo cierto es que frente al cuadro que presentaba la paciente debió actuarse de distinta manera a como lo hiciera la Dra. A. Es que, lo que se indemniza a través del pronunciamiento es la chance de sobrevida aun cuando no esté clara la relación de causalidad entre el actuar médico y el deceso del bebé por nacer que falleció días después del alta acordada (ver, al respecto, Calvo Costa, Carlos A., Daños ocasionados por la prestación médico-asistencial, Hammurabi, 2ª ed., parágrafo 9 en págs. 219/220; Trigo Represas, Félix A., Pérdida de la chance de curación y daño cierto, secuela de mal praxis, en L.L.1986-C, 34; Chabas Francois, La pérdida de una chance en el derecho francés, en J.A. 1994-IV, 928).

4.- En el considerando XII el magistrado distribuyó la responsabilidad de las demandadas por partes iguales, de lo que se agravia la citada en garantía en el punto 4 del capítulo III de su memorial, al afirmar que tal estimación carece de base científica pues el perito no la ha establecido. Empero, esta Sala en situaciones análogas -en supuestos de indemnización de los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito- donde resulta imposible delimitar el grado de responsabilidad de cada uno de los protagonistas llegó a similar conclusión que el a quo. En efecto, ha decidido reiteradamente que cuando no consta fehacientemente la incidencia causal de la conducta de los responsables ni la medida del daño atribuible a cada uno, la asignación debe hacerse por partes iguales. Al respecto, es menester destacar que mediando pluralidad de culpas, los agentes tienen que compartir el peso del daño en la medida en que cada cual contribuyó a causarlo; que, si no hay diferencia en la incidencia causal de una y otra culpa, es menester graduar la responsabilidad atendiendo a la gravedad de aquéllas y, si tampoco hubiere en ello diferencia, la discriminación debe ser paritaria (conf. votos del Dr. Mirás, en L.L. 2000-F, 878 y en causas 87.089 del 24-4-91 y 213.008 del 30-4-97 y mis votos en causas 192.224 del 17-5-96 y 337.938 del 5-2-02; ver también Llambías, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 2a. ed., t. III págs.

724 a 728, letras c a f y nota 242; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5 págs.399 y 400, letra e del n° 10 y nos.11 y 12), lo que conduce al rechazo de la endeble crítica ensayada.

5.- Corresponde, pues, abocarse al examen de las quejas formuladas a la cuantía de las partidas indemnizatorias, destacando, desde ya, que las vertidas por la citada en garantía no podrán ser atendidas en esta instancia, puesto que sin lugar a dudas, tales expresiones no reúnen, ni siquiera en mínima medida, los recaudos exigidos por el art. 265 del Código Procesal. Es que, conforme reiterada jurisprudencia, la crítica razonada y concreta que debe contener el memorial de agravios ha de consistir en la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo y, en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la resolución adversa, no hay críticas válidas que atender en la alzada (conf., entre muchas otras, CNCiv. esta Sala, causas 161.621 del 5-12-94, 165.639 del 6-3-95 y 233.079 del 28-10-97).

Se quejan los demandantes en primer lugar por el quántum reconocido en concepto de valor vida. Como ya lo dijera en anteriores oportunidades (ver mis votos en causas 81.244 del 17-5-91, 146.971 del 16-6-94 y 233.785 del 30-3-98), es evidente que la muerte del hijo concebido -al igual que la del nacido y de corta edad- es indemnizable por el responsable del fallecimiento, dentro del concepto de daño material y como frustración de la “chance” de ayuda futura que los padres lógicamente podrían esperar. Y dicha probabilidad no es hipotética o conjetural, dado que resulta verosímil en el curso ordinario de las cosas y la normal estrechez de las relaciones familiares. Así, en doctrina, algún autor ha reconocido el derecho de los padres a ser indemnizados por la pérdida de dicha chance, advirtiendo que la distinción entre hijo concebido y nacido es de grado y no de esencia:cuanto más próximo esté el hijo de llegar a la edad que le permitirá cooperar económicamente con sus progenitores, mayor será la probabilidad d e que así habría ocurrido de no haber fallecido (conf. Zavala de González, Daños a las personas – Pérdida de la vida humana, t. 2b, págs. 285 y ss., cap. VIII), mientras que otros han negado la posibilidad de existencia de un daño patrimonial por el deceso del hijo por nacer, fundándose en que la chance es muy remota (conf. Bustamante Alsina, El valor económico de la vida humana y la reparación del daño patrimonial causado por homicidio, en E.D. 124-656, cap. III).

Es por lo tanto y toda vez que la chance de recibir la hipotética ayuda que pudiera aportar la niña que estaba por nacer en la vejez de sus progenitores era muy lejana y, además, ellos cuentan con otro vástago que podrá colaborar económicamente en el futuro, estimo equitativa la suma acordada en la sentencia, a valores de la fecha de su dictado.

A igual conclusión estimo que cabe llegar en lo referido al daño psicológico, habida cuenta que nos encontramos -reitero una vez más- ante una hipótesis de pérdida de chance y que los importes reconocidos por este concepto y para encarar el tratamiento aparecen como un justo resarcimiento a valores históricos de la época del fallo.

Por daño moral, esta Sala entiende cualquier lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. CNCiv.

Sala “D” en E.D. 61-779; íd., en E.D. 69-377; Sala “F” en E.D. 42-311; íd., en E.D. 53- 350; Sala “G” en E.D.100-300; esta Sala, causas 502 del 26-12-83, 66.984 del 30-5-90 y 77.842 del 7-11-90).

De la misma manera, ha resuelto que para fijar el monto indemnizatorio se hace imprescindible valorar un cúmulo de factores, entre los que merecen ser destacados, a modo de ejemplo, la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia y cuantía de los perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y las de la víctima, etc., factores todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. CNCiv. Sala “B” en E.D. 57-455; Sala “D” en E.D. 43-740; esta Sala, causas 19.073 del 13-3-86 y 124.140 del 16-11-94).

A la luz de tales premisas, sin dejar de reconocer que la expectativa de los padres al verse frustrada por tan nefasto acontecimiento y el consiguiente dolor espiritual que ello representa, condiciones personales de los actores y pese que el magistrado ponderó el porcentaje estimado de la chance perdida, en mi concepto la suma reconocida me parece algo reducida a poco que se advierta la angustia que seguramente ocasiona la pérdida de una niña antes del alumbramiento. Es por ello que propicio se la incremente hasta la cantidad de $ 100.000 para cada uno de los progenitores, más justa y apropiada a las circunstancias que rodean al caso, también a valores de la fecha de la sentencia en examen.

6.- Resta examinar lo atinente a la tasa de interés que fuera establecida en la tasa activa. Es jurisprudencia reiterada de este tribunal que si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido a favor del acreedor y en desmedro del deudor, que la Justicia no puede convalidar.Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de nuestro signo monetario operado entre el hecho y la sentencia, cuando en ésta se contemplan valores a la época de su dictado, en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala interpretando la emanada del plenario “Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, incluso después de que perdiera vigencia con el dictado de la ley 26.853. De la misma manera, es la que cuadra adoptar a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, ley 29.994 (ver mi voto en expediente 80.509-10 del 27-8-15, con cita de Lorenzetti, Código Civil y Comercial comentado, ed. Rubinzal-Culzoni, t. V pág. 158, com. art. 772).

En conclusión, como lo resolvió este tribunal en situaciones similares propicio reducir la tasa establecida entre la fecha de la mora y la del pronunciamiento de primera instancia a la del 6% anual, devengándose con posterioridad y hasta el efectivo pago la activa dispuesta en el pronunciamiento de la anterior instancia (ver mis votos en causas 527.451 del 12-5-09, 579.837 del 31-10-11, 615.823 del 14-8-13, expedientes nos.105.395-10 del 31-8-15 y 85.237-11 del 7-9-15, entre muchas otras).

7.- En definitiva, voto para que se modifique la sentencia de fs. 751/82 en lo concerniente a la cuantía del daño moral, que deberá elevarse a la suma de $ 100.000 para cada uno de los demandantes, así como también en lo que atañe a la tasa de interés, la que deberá devengarse en la forma recién propuesta, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Con costas de Alzada a los demandados vencidos (art.68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Dupuis y Racimo por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto. JUAN CARLOS G. DUPUIS. FERNANDO M. RACIMO. MARIO P.

CALATAYUD.

Este Acuerdo obra en las páginas Nº 1492 a Nº 1497 del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, diciembre veintiuno de 2016.- Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se modifica la sentencia de fs. 751/82 y se eleva la suma por la que prospera el daño moral a la de CIEN MIL PESOS (son $ 100.000.-) para cada uno de los actores, así como también en lo que atañe a la tasa de interés, la que se devengará entre la fecha de la mora y la del citado pronunciamiento a la del 6% anual, haciéndolo con posterioridad y hasta el efectivo pago la allí dispuesta. Costas de alzada a los actores vencidos. Difiérase la consideración de los recursos por honorarios y los de esta instancia para una vez que obre en autos liquidación definitiva aprobada. Not. y dev.-