Responsabilidad concurrente en un siniestro que se produce entre un camión recolector de residuos que intenta sobrepasar a un vehículo detenido en la autopista, cuando la conductora abrió la puerta izquierda lesionando a un tercero que intentaba remolcar su vehículo y finalmente resultó embestido

Partes: Gisbert Pedro Alejandro c/ Ruzo Marcela Beatriz del y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 5-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103064-AR | MJJ103064 | MJJ103064

Sumario:
1.- Cabe confirmar la atribución de un 60% de responsabilidad a la demandada, pues dada la poca distancia que existía entre su rodado y el vehículo de gran porte que intentaba sobrepasarla, resultaba a toda luces imprudente abrir la puerta, sin cerciorarse que el camión hubiera culminado la maniobra, generando el enganche de su rodado y el arrastre que culminó en el embestimiento del actor.

2.- Vulnera el deber objetivo de cuidado el conductor que, al tiempo de abrir la puerta izquierda de su automóvil estacionado, lo hace sin asegurarse de que nadie transitaba en el mismo sentido y muy próximo al costado del vehículo, lo que claramente demuestra un menosprecio no sólo por las normas de conducción y estacionamiento, sino por la integridad física de terceros.

3.- Corresponde mantener la atribución de un 20% de responsabilidad al codemandado, pues comenzó el adelantamiento sin respetar una distancia prudencial respecto del vehículo que estaba detenido y a punto de ser remolcado, emprendiendo en un lugar de gran flujo vehicular una maniobra por demás imprudente, la cual resultó en el arrastre del rodado de la accionada, el cual tuvo una incidencia causal indiscutible en los daños esgrimidos por el damnificado.

4.- Cabe atribuir 20% de responsabilidad al actor, pues omitió ponderar que el rodado detenido implicaba un obstáculo prácticamente insalvable, por su posición, el horario y el flujo que presentaba la Colectora en oportunidad de la avería, pero sobre todo, no tomó en cuenta que colocarse entre los dos vehículos en tales circunstancias implicaba un enorme peligro para su integridad.

5.- Cuando el siniestro se generó por un objeto inerte que interrumpió la circulación, la concesionaria responde sólo en la medida en que el daño pueda atribuirse al incumplimiento de su deber de vigilancia y control, por la permanencia del obstáculo sobre el pavimento durante un lapso que exceda al suficiente como para que su presencia hubiera podido ser advertida y retirada, nada de lo cual ocurrió en la especie.

Fallo:

En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los5 días del mes de Diciembre de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, doctores JORGE LUIS ZUNINO y MARÍA IRUPÉ SOLÁNS, para dictar sentencia en el juicio: “GISBERT PEDRO ALEJANDRO C/ RUZO MARCELA BEATRIZ DEL Y OTS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” causa nº 44363-8; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Zunino y Soláns, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

C U E S T I O N

¿Corresponde modificar la sentencia apelada?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada el señor Juez doctor Zunino, dijo:

1. La sentencia de fs. 1337/1347 vta. admitió la demanda resarcitoria promovida por Pedro Alejando Gisbert contra Marcela Beatriz del Carmen Ruzo, Santiago Álvarez, Transportes Olivos SACIF y José Alberto Falgares condenando a abonar al primero la suma total de $377.600. Asimismo rechazó la acción promovida contra Autopistas del Sol S.A. Atribuyó la responsabilidad por el evento dañoso a la señora Ruzo y al señor Álvarez en un 60%, a Transportes Olivos SACIF y José Alberto Falgares en un 20% y a la víctima en un 20%. Impuso las costas conforme la responsabilidad imputada a cada parte e hizo extensiva la condena a Federación Patronal Seguros S.A. y Provincia Seguros S.A., en los términos de sus respectivos contratos (cf. art. 118, L.S.).

Para así decidir, la Sra.Juez de Primera Instancia tomó en consideración que los daños y perjuicios reclamados se produjeron a raíz del accidente ocurrido el 2 de junio de 2008, cuando el señor Gisbert, quien circulaba por Colectora Panamericana, sentido hacia Capital Federal, auxilió a la señora Ruzo cuyo vehículo (Fiat Palio) presentaba un desperfecto, encontrándose detenido en la proximidad de la intersección con Camino del Buen Ayre.

Puso de relieve que el mencionado automotor se hallaba con las balizas puestas y el capot levantado a la espera del auxilio mecánico. Transcurridos varios minutos sin que arribara la asistencia, el señor Gisbert ofreció su colaboración, intentando remolcar el rodado averiado hacia un lugar seguro.

En dicha circunstancia, un camión recolector de residuos -propiedad de la empresa demandada- se colocó pegado al lateral izquierdo del Fiat Palio, cuando al intentar sobrepasar al mismo, enganchó con su lateral trasero al rodado menor y lo arrastró, aprisionando al señor Gisbert, quien se encontraba intentando amarrar ambos vehículos.

El siniestro generó diversas lesiones al incoante.

Afirmó el decisorio que la controversia debía encuadrarse en lo previsto en el art. 1113 del Código Civil y Comercial (v. fs. 1342 ss.).

Tras analizar las constancias que surgen de la causa (pruebas documental, informativa, testimonial y pericial), tuvo por acreditado el hecho, la relación de causalidad entre el riesgo de la cosa y el daño esgrimido, entendió probada la culpa -aunque parcial (20%)- del damnificado, quien -aseveró- infringió las normas de tránsito al intentar remolcar el vehículo detenido, asumiendo una conducta por demás riesgosa. Desestimó la responsabilidad imputada a Autopistas del Sol S.A. y consideró que el camión recolector de residuos participó causalmente en la generación del siniestro (20%), como así también la codemandada Ruzo a quien atribuyó un porcentaje de responsabilidad mayor, por ser quien al intentar abrir su puerta, generó el enganche de su rodado y el arrastre que culminó en el embestimiento del actor 60%).

Dicho pronunciamiento fue apelado por el incoante (v. fs.1358), por los codemandados Ruzo, Álvarez y su aseguradora (v. fs. 1362) y por Transportes Olivos SACIF y José Alberto Falgares (v. fs. 1350). A fs. 1429/1441 expresó agravios el demandante, haciendo lo propio los accionados Ruzo y Álvarez a fs. 1421/1424. A fs. 1445 se declaró el recurso articulado por el resto de los demandados. Corrido el pertinente traslado, el mismo fue evacuado a fs. 1447/1453 y fs. 1454/1459.

2. Los agravios.

2.a. Agravios de la parte actora.

Esencialmente disconforma al reclamante, la responsabilidad que se le atribuye en la causación del siniestro (20%).

Pone de relieve que Autopistas del Sol S.A. no respondió oportunamente frente a la emergencia, generando ello, las condiciones necesarias para la ocurrencia del evento dañoso.

Destaca que los testigos Quintela y Rochietto (empleados de la mencionada empresa) no precisaron el tiempo transcurrido desde que tomaron conocimiento de la existencia de un vehículo detenido hasta el envío de la asistencia mecánica requerida, cuando -asevera- pesaba sobre la firma demandada la carga de acreditar su diligencia frente al riesgo creado.

Aduce que la situación de fuerza mayor generada por el desperfecto del rodado propiedad de la señora Ruzo, justificaba intentar remolcarlo contrariando la prohibición contenida en la Ley de Tránsito (cf. art. 59, inc. 24, Ley 11.430), ello por la peligrosidad del lugar de detención, como por la presencia de una niña de muy corta edad en el mencionado vehículo.

Seguidamente califica de injustificadamente bajas las sumas acordadas por incapacidad sobreviniente, daño psicológico, pérdida de chance y daño moral.

Finalmente cuestiona la tasa de interés fijada en primera instancia, requiriendo la aplicación de la tasa pasiva que abona el banco provincial en su modalidad digital (tasa BIP).

2.b.Agravios de los co-demandados Ruzo, Alvarez y su aseguradora.

Los co-demandados por su parte, entienden que no existen elementos en la causa que acrediten que la señora Ruzo fuera responsable de la generación del accidente y aseveran que el actor debe responder por las consecuencias negativas del siniestro, en tanto asumió una conducta por demás temeraria.

Niegan que la mencionada hubiera intentado abrir la puerta de su rodado y destacan que el accionar desplegado por el conductor del camión debe ser ponderado en el marco de la culpa profesional.

Los disconforman asimismo, los importes que fueran establecidos en concepto de incapacidad sobreviniente, daño psicológico, lucro cesante y daño moral, pues los consideran excesivos.

3. Ley aplicable.

Conviene anticipar -a fin de evitar la afectación de derechos amparados por garantías constitucionales, conforme lo dispuesto por el actual art. 7 del Código Civil y Comercial- que como los hechos debatidos, de acuerdo a las características del caso, se consumaron bajo el régimen normativo por entonces vigente, corresponde que la materia de la responsabilidad sea juzgada por dicha legislación, dado que la ley nueva, en principio, carece de efecto retroactivo (conf. en similar sentido SCBA C. 107.423 del 2.3.2011; C. 104.168 del 11.5.2011).

4. Planteo de deserción.

Al contestar el traslado que le fuera corrido, la parte actora solicitó que se declare desierta la apelación deducida por los codemandados Ruzo, Álvarez y Federación Patronal Seguros S.A., por no reunir aquel escrito los requisitos mínimos exigidos por el art. 260 del C.P.C.C. (v. fs. 395/398).

He de puntualizar que en salvaguarda de la garantía de defensa en juicio (cf. arts. 18 y 28, C.N.), únicamente cabe utilizar la facultad que acuerda el art.261 del mismo Código en caso de insuficiencia de fundamentación en forma restrictiva y cuando el incumplimiento resulte flagrante (causas 95.193 y 42.415/08 de la Sala 2). La facultad del Tribunal de Alzada, que en definitiva depende de la apreciación subjetiva de los Magistrados, debe ser ejercida con suma prudencia, ya que en tales supuestos siempre se corre el riesgo de caer en arbitrariedad (Causas de esta Sala 2 nº D 2.141-0 y D 3288-6, y de la anterior Sala 1 de este Tribunal nº 80.831, 89.891, entre otras muchas).

La inconsistencia de los agravios derivará, en su caso, en el rechazo del recurso pero no es suficiente para declarar su deserción (Causas de esta Sala n° 108.001, 79-2009, entre muchas otras y causa 85.559 de la anterior Sala 1 de esta Cámara).

En este caso, entiendo que los accionados han expuesto los argumentos en base a los cuales postulan como errada la atribución de responsabilidad en el hecho dañoso, así como arbitraria, la cuantificación de los rubros impugnados.

En consecuencia, no considero que en la especie pueda declararse desierto su recurso, sin desmedro del ejercicio del derecho de defensa (cf. arts. 18, C.N.; 10 y 15, Const. provincial.

Por los fundamentos expuestos, propongo denegar el planteo en estudio.

5. Fundamentos de la responsabilidad objetiva.

El caso encuentra solución por aplicación de la doctrina del riesgo creado que establece el art. 1113, párrafo segundo, segunda parte, del Código Civil. La norma determina que, en casos de daños causados con intervención de una cosa peligrosa o que presenta un vicio, su dueño o guardián sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder. En este orden, la ley presume, ante hechos ilícitos en el que participaron cosas riesgosas, que ese riesgo fue la causa determinante del daño.Para desvirtuar esa presunción legal es necesario el aporte de prueba acabada de una causalidad ajena (doct. art. 1113 citado; art. 375 del C.P.C.C.; causas de esta Sala, n° 103.800, 107.985 y 1447-6, entre muchas otras).

En los presentes liminarmente corresponde determinar, si efectivamente se demostró que el daño tuvo su origen en la culpa del propio damnificado o de un tercero.

Al apreciar la prueba deberá contemplarse que a quien demanda le basta acreditar el perjuicio sufrido a raíz del hecho en el que participó una cosa riesgosa de propiedad o guarda de aquel a quien pretende obligar (causa de esta Sala 8.884-2010, reg. 40/2013).

Es carga del demandado que intenta deslindar su responsabilidad objetiva, probar de manera rotunda que el dañ o tuvo una causa ajena (causa nº 1.447-6 de esta Sala 2).

Tratándose de una circunstancia excepcional que impide la aplicación de la norma general, eliminando o disminuyendo los efectos de la responsabilidad objetiva basada en el riesgo creado, se impone una interpretación rigurosa de las circunstancias eximentes. La falta de prueba acerca de los pormenores del hecho hace que cobre relevancia jurídica la responsabilidad objetiva basada en el riesgo propio del vehículo en movimiento (doct. arts. 1113 del Código Civil y 375 del C.P.C.C.; causas de esta Sala 2, n° 106.920, 106.661, 96.345, 107.493, 107.343, entre otras).

En el caso, donde han convergido conductas con atingencia causal en el hecho que dio lugar al litigio, cobran relevancia las transgresiones a las reglas de tránsito, pues si dichas conductas aparecen vinculadas causalmente con el resultado dañoso, existirá culpa del transgresor por producirse un daño que no habría acaecido si no hubiese omitido las diligencias debidas (doc. arts. 512 y 902 del Cód. Civ., en igual sentido, arts.1724 y 1725 del CCCN).

En efecto, si el hecho del damnificado o víctima es concurrente con el riesgo creado por la contraparte, o en su caso la producción del daño se debe a la culpa de la última, corresponde disminuir adecuada y proporcionalmente la indemnización. Ello, puesto que el resultado dañoso -total o parcialmente- ha sido causado por el propio hecho de la víctima. En este supuesto, la incidencia de la conducta del damnificado es solamente parcial, por lo que se debe considerar que el daño es el resultado o interferencia de dos corrientes causales distintas, existiendo entonces lo que se denomina concurrencia de causas o concausas (Cf.: Brebbia, Roberto H., “Problemática jurídica de los automotores”, Astrea, Bs. As. 1982, Tº I, pág. 262, nº 9).

En la especie, mientras los accionados aseveran que no se ha acreditado que la señora Ruzo hubiera intentado abrir la puerta de su rodado generando el enganche del camión y posterior embestimiento del actor, éste niega su participación causal en el siniestro, afirmando que la magistrada de grado no merituó adecuadamente que fue él quien brindó asistencia a la accionada en la emergencia.

La pericia mecánica describió detalladamente la mecánica del hecho. Así expuso”… el Sr. Gisbert ofrece su ayuda a la conductora del Fiat Palio, de sacarla de tal situación, la cual obstruía parte de la calzada. Consecuentemente, para remolcar a dicho vehículo, coloca su propio rodado Chrysler con su parte trasera, delante del frente del Fiat Palio, para tal operación instala una soga entre los vehículos. En momentos en que el Sr.Gisbert se encuentra entre ambos rodados instalando la mencionada soga, el semáforo habilita la circulación (cambia a verde); instante en que el camión Fiat Iveco … que circulaba por detrás del automóvil Fiat Palio (detenido), advierte el estado anormal de dicho automóvil, maniobra así hacia la izquierda para su sobrepaso; se infiere que el lateral derecho del camión pasa muy próximo al lateral izquierdo del Fiat Palio Weekend, … casi finalizando [el sobrepaso] … el borde trasero del guardabarro trasero derecho del camión (segundo eje trasero) colisiona con el borde trasero de la puerta delantera izquierda del automóvil Fiat Palio. A resultas de dicha colisión, el automóvil Fiat Palio se desplaza hacia adelante, colisionando al actor que se encontraba instalando la soga de remolque…” (v. fs. 1132 vta.).

Dicha reseña no ha sido refutada por ningún otro elemento probatorio. Veamos.

De las actuaciones policiales glosadas en el expediente surgen fotografías que corroboran que la puerta delantera izquierda del vehículo de la señora Ruzo resultó con serios daños, permaneciendo parcialmente abierta, fuera de línea y deformada en el borde trasero de su parte media baja (v. fs. 1018).

Respecto de la imagen incorporada a fs. 1018 vta. el Ingeniero Valente señaló: “… se observa puerta DI semiabierta, la misma presenta deformación en parte delantera y fuera de línea, colapsada por colisión de dirección longitudinal y sentido de atrás hacia delante (v. fs. 1132).

Cabe consignar que dada “…la especificidad técnica sobre la que versa la prueba pericial, el rechazo por el juez del dictamen de los expertos … debe basarse en razones serias con sustento en un análisis crítico, tanto de los fundamentos como de las conclusiones de la tarea desempeñada por el auxiliar y de su conjugación con las demás pruebas colectadas sobre los mismos hechos.Este accionar debe formar en el tribunal el convencimiento de que, o bien aquellos estudios técnicos no aparecen suficientemente fundados o son contradictorios entre sí, o bien no existe la relación lógica indispensable entre los fundamentos y sus conclusiones o éstas contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios y otras pruebas más convincentes o resultan absurdas o increíbles o dudosas por otros motivos. (conf. C. 118.280, sent. del 04-III-2015; C. 99.934, sent. del 9-VI-2010; C. 115.771, sent. del 2-V-2013; entre muchas).

Dichas circunstancias no se materializan en los presentes, no correspondiendo entonces apartarse de las conclusiones arribadas por el Ingeniero Valente, quien conforme se ha reseñado, infiere de los daños que presentaron los rodados involucrados, que la señora Ruzo entreabrió la puerta de su vehículo, generando ello el arrastre del camión y ello, el embestimiento del actor (cf. arts. 384, 457, 462, 474 C.P.C.C.).

Se observa a fs. 1033 vista delantera del sector medio derecho -parte baja- del Fiat Palio, donde cuelga una soga (doble cabo), también rotura de óptica derecha y deformación leve del capot en el sector delantero derecho (v. asimismo fs. 1131 vta.).

En las fotografías de fs. 481 se distingue deformación del guardabarros trasero derecho del camión Fiat Iveco, en su parte externa, a la altura del tercer eje (v. tb. Fs. 432, 1034).

De las manifestaciones espontáneas efectuadas por la señora Ruzo a los agentes policiales que arribaron al lugar momentos después del accidente se desprende que aquella estaba siendo remolcada por el incoante y que “… en un momento dado constató que la soga se había cortado y al querer descender del vehículo para avisarle al hombre lo de la rotura de la soga, es que abre la puerta, siendo colisionada por el vehículo recolector de residuos…” (v. fs.994 vta.).

Ponderados los elementos rendidos en la causa, no cabe más que concluir que la conducta desplegada por la señora Ruzo ha contribuido en la causación del accidente, siendo aquella la que en mayor medida lo hizo, pues, dada la poca distancia que existía entre su rodado y el vehículo de gran porte que intentaba sobrepasarla, resultaba a toda luces imprudente abrir la puerta, sin cerciorarse que el camión hubiera culminado la maniobra (cf. art. 1113, 509, C.C.; cf. en similar sentido Cám. C.C., Sala M, sent. del 30/12/2008 “González Héctor Pablo c. Cañiza, José Gregorio”, La Ley Online AR/JUR/22178/2008).

El Decreto 40/70, define en el art. 9 al “conductor” como toda “persona que dirige, maniobra o está a cargo del manejo directo de un vehículo durante su utilización en la vía pública” ello implica no sólo la adopción de resguardos propios de circulación vehicular sino también todas aquellas acciones que resultando precedentes o consecuentes, integran las obligaciones de cuidado inherentes a quien se sirve de la cosa riesgosa (cf. similar sentido conf. Sala Segunda, Tribunal de Casación Penal, causa 2331 caratulada “Donato Godoy.”, sentencia del 19/07/01 Reg. N° 667, asimismo causa n° 20.741, sent. del 12/06/07).

En dicha tesitura se ha expresado que vulnera el deber objetivo de cuidado el conductor que, al tiempo de abrir la puerta izquierda de su automóvil estacionado, lo hace sin asegurarse de que nadie transitaba en el mismo sentido y muy próximo al costado del vehículo, lo que claramente demuestra un menosprecio no sólo por las normas de conducción y estacionamiento, sino por la integridad física de terceros (cf. en similar sentido Cám. C.C. de Pergamino in re “Barrera Carlos Andrés c/ Tiverón Gustavo y otros s/ daños y perjuicios autom.”; Cám. C.C. de san Nicolás, Sala I, “Sayago …2 sent. del 11/06/96, Rev. Derechos de daños, 2002-1, pág. 316, Ed.Rubinzal culzoni 2002).

Ello así, entiendo que no corresponde acoger las críticas que en relación al punto plantea la accionada, debiendo en relación al punto, mantener lo resuelto por la señora jueza de grado, disponiendo que Marcela Ruzo y Santiago Álvarez, han contribuido en un 60% en la causación del accidente de marras(cf. art. 1113 C.C., art. 9, decreto 40/70).

En cuanto a la actitud asumida por el señor Falgares (conductor del rodado mayor), de lo expuesto por el perito ingeniero surge su condición de embistente (v. fs. 1133) y la imprudencia de intentar el adelantamiento, encontrándose a escasos centímetros del Fiat Palio que se encontraba detenido averiado y a instantes de ser remolcado (cf. art. 902, C.C.).

En este punto es dable señalar la ley de tránsito provincial, en su artículo 51 inc. 3, establece que en la vía pública, los conductores deben circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (cf. art. cit. ley 11.430, S.C.B.A., C. 112.337, sent. del 10-X-2012).

De acuerdo a lo descripto por el Ingeniero Valente, el señor Falgares comenzó el adelantamiento sin respetar una distancia prudencial respecto del vehículo que estaba detenido (cf. pericia cit.), emprendiendo en un lugar de gran flujo vehicular -Colectora- una maniobra por demás imprudente, la cual resultó en el arrastre del rodado de la señora Ruzo, el cual tuvo una incidencia causal indiscutible en los daños esgrimidos por el damnificado Gisbert.

En función de lo expuesto, corresponde mantener el porcentaje de responsabilidad (20%) que le fuera atribuido en la instancia inferior a José Al berto Falgares y Transportes Olivos SACIF (cf. art. 51, inc. 3, LT, art. 902, 1113 C.C.).

En otro orden encuentro que no existió controversia respecto a que el actor intentó auxiliar a la señora Ruzo en la emergencia.

Resulta imprescindible destacar que, el art. 82 inc.ñ, de decreto 40/07 (vigente al momento del hecho) prohibía “…remolcar automotores, salvo para los vehículos destinados a tal fin. Los demás vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos de acople y con la debida precaución”.

El art. 87 por su parte establecía: “El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la marcha.”

Conforme se ha expresado, la fotografía de fs. 1033 corrobora que el señor Gisbert intentó retirar el vehículo de la señora Ruzo de la calzada donde obstruía el tránsito, soslayando la previsión legal.

Cabe puntualizar que la norma autoriza la maniobra ante una emergencia, pero bajo ciertas condiciones, que tras valorar los elementos rendidos en este caso, encuentro que aquí no se han cumplido.

En efecto, del acta policial glosada a fs. 994 ss. y de las fotografías antes reseñadas, se desprende que el señor Gisbert no utilizó elementos rígidos de acople entre los vehículo, ni mantuvo la debida precaución en oportunidad de su auxilio. No advirtió que a escasa distancia se encontraba el peaje (v. croquis fs. 996) y que el personal de la autopista debía intervenir en la remoción del vehículo de Ruzo, pudiendo tomar el incoante otras acciones de asistencia a la mencionada y a su pequeña niña, sin asumir mayores riesgos.

Claramente omitió ponderar el señor Gisbert que el rodado detenido implicaba un obstáculo prácticamente insalvable, por su posición, el horario y el flujo que presentaba la Colectora en oportunidad de la avería, pero sobre todo, no tomo en cuenta que colocarse entre los dos vehículos en tales circunstancias, implicaba un enorme peligro para su integridad (cf. art.1109, C.C; art. 1724 C.C.C.).

Aquella imprevisión, que constituyó un exceso de confianza de alguien que no estaba entrenado, ni contaba con las señales adecuadas para advertir al resto de los conductores la maniobra que estaba realizando, ha interrumpido -aunque parcialmente- el nexo de causalidad entre el embestimiento y los perjuicios invocados, en los términos que impone el art. 1113 del Código Civil, correspondiendo en consecuencia, mantener en relación al mencionado, la solución arribada en la instancia inferior (cf. art. 1113 C.C.; arts. 82 inc. ñ y 87, de decreto 40/07).

Finalmente he de abordar el tema de la responsabilidad atribuida a Autopistas del Sol S.A., planteado por los impugnantes.

Ya sea que se analice como eximente de la responsabilidad objetiva o como prueba del incumplimiento de la obligación de medios, lo cierto es que en el caso, la accionada -Autopistas del Sol S.A., logró probar la concurrencia de una causal de eximición de su responsabilidad objetiva (cf. art. 40 de la ley 24.240 de Defensa del consumidor, texto según ley 24.999, art. 1113, C.C.).

Según surge del informe policial citado (v. fs. 992 ss.) y la demás prueba aportada, llegó al lugar minutos después del accidente, no habiendo transcurrido largo lapso desde la emergencia suscitada a la señora Ruzo.

Los testigos Rocchietti y Quintela, empleados de la firma, se manifestaron respecto de la actuación de la empresa, no pudiendo inferirse de sus testimonios falta de cuidado o diligencia luego de ocurrir la obstrucción -parcial- de la colectora por la presencia del vehículo averiado.

Lo informado por el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) se refiere a la situación general y no al caso concreto, por lo que carece de relevancia probatoria a los fines que se analizan. (v. fs.423/425).

Las peculiares circunstancias que rodearon la detención del vehículo de la señora Ruzo en la colectora imponen insistir respecto de su condición de cosa riesgosa, pues indudablemente afectaba la fluidez del tránsito y generaba un peligro, que fue en mayor medida, causa adecuada del accidente (cf. art. 512, 1113, C.C., causa 102.106 RSD 114/07 de Sala 1).

Se ha consignado que la detención de un rodado en el carril de circulación de una autopista o ruta por un hecho ajeno a la voluntad del conductor, supone inexorablemente que éste, en la medida en que el desperfecto mecánico se lo permita, realice aquellas maniobras y medidas de señalización tendientes a mitigar el riesgo propio en estas contingencias para no obstruir la circulación y dar aviso a los demás conductores, actuación que debe realizar en forma inmediata para reducir el riesgo propio y ajeno (cf. causa “Monteserin, Adrián C/ Olivera, Luciano”, Cámara Nacional en lo Civil, Sala L, 30.06.2003, Argentina Jurídica, Suplemento Nº 30, 25.08.03).

En casos como el presente, donde el siniestro se generó por un objeto inerte que interrumpió la circulación, la concesionaria responde sólo en la medida en que el daño pueda atribuirse al incumplimiento de su deber de vigilancia y control, por la permanencia del obstáculo sobre el pavimento durante un lapso que exceda al suficiente como para que su presencia hubiera podido ser advertida y retirada (causas de la ex Sala 1 nº 83.478, reg. 2, del 2/2/00; n° 91631, reg. 754, del 22/10/03; n° 92.597, reg. 399, del 5/6/03; 98341, 11/10/05, reg.476, entre otras).

En la especie, juzgo que la forma en que se desarrollaron los hechos -detención del vehículo de la señora Ruzo, auxilio de parte del actor, embestimiento del rodado mayor que generó lesiones en el incoante- permite inferir, sin elementos que lo contradigan, que existieron conductas de la víctima y terceros, que interrumpieron el nexo de causalidad adecuada entre la conducta desplegada por la Autopistas del Sol S.A. y la generación de los perjuicios reclamados (cf. art. 40 de la ley 24.240 de Defensa del consumidor, texto según ley 24.999).

En efecto, en los presentes no es factible sostener que la concesionaria soslayó las exigencias que le imponía el contrato, pues una vez que fue advertida de la detención del rodado y de la ocurrencia del accidente, en breves minutos se apersonó al lugar (v. acta policial cit.), no correspondiendo en consecuencia, atribuirle responsabilidad en la causación del hecho dañoso.

Se ha demostrado que no fueron las falencias en las tareas de despeje de la traza o advertencia a los usuarios, lo que ha provocado el siniestro sino una combinación de conductas imprudentes de parte de la propietaria del vehículo y del actor en su afán de superar la emergencia, las que aportaron las condiciones para el embestimiento (v. pericia mecánica cit.).

En consecuencia, entiendo que corresponde desestimar las críticas planteadas por los recurrentes y consecuentemente, en relación al punto, mantener la decisión adoptada en la instancia de grado (arts. 375, 384 del CPCC; 901/904, 1102, 1109, 1111 y 1113 del Cód. Civil, y Ley de Defensa al Consumidor nº 24.240, con su modif. y art. 42 de la Constitución Nacional).

6. El resarcimiento.

6.a. Incapacidad sobreviniente.

El fallo fijó el resarcimiento por incapacidad sobreviniente en $200.000 a favor del señor Gisbert; importe que es apelado por ambos recurrentes.

Luego del accidente, el actor fue trasladado al Sanatorio La Florida, donde recibió su primera atención, ingresando al mismo con traumatismo de pelvis (v. fs.534). Seguidamente fue trasladado al Sanatorio Anchorena, donde continuó el tratamiento de las lesiones recibidas (v. fs. 528/532).

A criterio del experto interviniente en la causa, el damnificado presenta diversas secuelas del traumatismo pelviano sufrido, entre ellas diastasis pubiana, lumbalgia y depresión, las que considera vinculadas al hecho de marras. Atribuyó a dichas dolencias una incapacidad total y permanente del 17% (v. fs. 807/812).

Al expresar sus agravios los recurrentes aducen que la magistrada de inferior instancia valoró equivocadamente las conclusiones arribadas en la experticia y el resto de los elementos acreditantes del rubro bajo examen.

Pues bien, el art. 473 del Código procesal establece que a instancia de cualquiera de las partes, o de oficio, el Juez podrá ordenar que los peritos den las explicaciones que se considere conveniente, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso.

De las constancias de autos surge que las partes tuvieron oportunidad de ejercer la facultad que les confiere el art. 473 (v. fs. 836, 856, 860/861 y 864/867).

Luego, no es factible afirmar en esta causa que la sentencia haya incurrido en arbitrariedad o yerro al analizar la pericia bajo análisis, no siendo suficiente sustento para la revisión de lo decidido, la disconformidad que pudieran evidenciar los impugnantes respecto de las explicaciones oportunamente vertidas por el perito médico.

En relación al tema se ha consignado que “…sin perjuicio del derecho que tienen las partes de solicitar explicaciones al perito, una vez que se ejerció la misma, el principio de preclusión excluye que se pueda continuar desplegando el pedido de sucesivas explicaciones. Con la respuesta que suministró el experto, se estará en condiciones de evaluar, en la ocasión de pronunciar la sentencia de mérito, cuál es la atendibilidad de la experticia (arts. l55, l63 inc. 6º, 473, 474 y 487, Código Procesal), pues si las explicaciones son insuficientes o inatendibles, basta con que la parte interesada exteriorice esa situación a los fines de que el magistrado, al dictar la sentencia, valore la crítica formulada a la labor pericial…” (cf. Cám.2 C.C. de La Plata, Sala 2, in re “Insaugarat, Guillermo Jesús y ot. c/ Jauregui, Rafael Abelardo y ot. s/Daños y perjuicios, Inter. del 07/10/2008, sumario JUBA B256938; Cám. 2 C .C. de La Plata, Sala 1, in re “Farinelli, Alfredo c/ Leruga, Juan s/Cobro de honorarios”, Inter. 03/05/1999, sumario JUBA B253389; esta Sala causa SI-20155, sent. del 31/03/2016; RDS 30/16)).

A la luz de lo expuesto, he de otorgar plena eficacia probatoria al dictamen médico, pues cuenta con el conocimiento del profesional en la materia que es de su incumbencia específica y no fue desvirtuado con otra prueba de parejo tenor (cf. arts. 374, 384, C.P.C.C.).

Asimismo entiendo que la señora Jueza de grado ha ponderado la experticia conforme las previsiones impuestas por la norma procesal (cf. art. 384, C.P.C.C).

En definitiva, las manifestaciones vertidas por los recurrentes evidencian su discrepancia con las conclusiones arribadas por la magistrada, más no aportan elementos técnicos que autoricen revisar lo decidido en la inferior instancia (doct. arts. 384, 462, 474 del C.P.C.C.).

Consecuentemente, he de tener por acreditadas las secuelas físicas remanentes que padece el damnificado en la zona pelviana y el porcentaje de incapacidad dictaminado por el experto (cf. arts. 901, 1068 y ccs. del Código Civil).

En el plano patrimonial, que es el que aquí se analiza, lo que se indemniza a título de “incapacidad” no es la lesión considerada en sí misma, sino el daño económico ocasionado como consecuencia de las secuelas que ella dejó, una vez completado el plazo de recuperación o restablecimiento, que se traduce en una merma de la capacidad de la víctima en el sentido amplio, no sólo en su aptitud laboral, también en la relacionada con la actividad social, cultural, deportiva (S.C.B.A., Ac. 79.922, sent. del 29-X-2003; C. 97.143, sent. del 17-IX-2008; esta Sala, causa D-3308-6; art.1086, Código Civil). Ella actúa como hecho indiciario, haciendo inferir una consecuente repercusión desfavorable en el nivel de ingresos del agraviado, ya que verosímilmente dificultará su desempeño en todos los aspectos de la vida plena (arts. 901, 1068, 1083 y ccs. del Código Civil; arts. 1740, 1746 C.C.C.; arts. 163, inc. 5° del C.P.C.C.; causa de esta Sala nº 15.416/09).

Es dable puntualizar que la tutela de la dignidad humana en su dimensión constitucional, exige en casos como el presente, la reparación integral de los daños injustamente sufridos por el damnificado (cf. arg. arts. 14, 17, 19, 28, 33, C.N. y arts. 15 y 36, C. prov.).

Dicho precepto fue emplazado por la Corte federal, en numerosos fallos, como derecho constitucional, se trató de un proceso evolutivo que alcanzó un punto culminante en la trascendente causa “Aquino” (cf. C.S.J.N., causas “Santa Coloma”, “Gunther” y “Luján”, v. Pizarro, Ramón, “La Corte consolida la jerarquía constitucional del derecho a la reparación (primeras reflexiones en torno a un fallo trascendente y a sus posibles proyecciones futuras”, pub. LL- 2004, Supl. Especial, “Responsabilidad Civil. Doctrinas Esenciales, Tomo I, pág. 529, asimismo arts. 39, L.C.T. y arts. 1738 y 1740 C.C.C.).

A la luz de los mencionados paradigmas he de tomar en consideración las condiciones personales del actor (hombre que tenía 40 años al momento del siniestro, con cargas de familia, que se desempeñaba como profesor de gimnasia (v. testimonios señoras Pagola y Rey -fs. 595 y 619- y señores Van Kregten y Scudan -fs. 596 y 598-), las características de la disfunción física remanente (secuelas pelvianas; v. pericia cit.), el tiempo que presuntivamente insumió su recuperación, la necesidad de efectuar tratamiento fisio-kinésico, (v. pericia cit.), el tiempo que debió utilizar silla de ruedas.Es decir evaluaré aquellas circunstancias que repercutieron desfavorablemente en diversos aspectos de la vida del damnificado (social, familiar y laboral). Todo ello hace a la medida del daño por el que debe responder el accionado (doct. arts. 1068, 1069, 1071, 1083, 1086 y ccs. C.C., arts. 1740, 1746 C.C.C.).

Cabe señalar que las secuelas psíquicas evaluadas por el perito, serán motivo de tratamiento al abordar el rubro daño psicológico.

Tras ponderar cuidadosamente los elementos rendidos en la causa, considero que corresponde acoger los planteos elevados por la accionada y en consecuencia, reducir la indemnización fijada a favor del señor Pedro Alejandro Gisbert en concepto de incapacidad física, de la suma de doscientos mil pesos ($200.000) a la cantidad de ciento veinte mil pesos ($120.000) la que considero justo resarcimiento de los menoscabos físicos acreditados (arts. 901, 1068, 1069, 1083, 1086 y ccs. C.C.; arts. 1727, 1737 a 1741, 1740, 1746 C.C.C.; arts. 165, 384, 462, 474 y ccs. del C.P.C.C.).

6. b. Daño moral.

Se fijó la suma de $150.000 en concepto de daño moral a favor del incoante, importe que descalifican ambos recurrentes.

Si bien el daño moral no siempre guarda una relación directa con la gravedad de las lesiones padecidas, sí deben tenerse en cuenta para su determinación, los sufrimientos y sensación de pérdida y angustia que su curación debió ocasionar en la víctima del hecho dañoso, las contingencias posteriores que debió atravesar a partir del suceso, las secuelas irreversibles y toda otra circunstancia que permita dimensionar la real extensión del agravio que afecta el plano no patrimonial de la requirente (doct. art. 1078 C.C., art. 1741 C.C.C.; causas de esta Sala 2 n° 98.078, 106.026, 108.266, 15.416/09, entre otras, y de la anterior Sala 1, nº 77.926).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado manifestando que:”Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (…). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extra patrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (CSJN, 12/4/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).

Específicamente, contemplo las condiciones personales del incoante, las características del siniestro, la importancia de sus lesiones (cf. art. 401 del C.P.C.C.). En definitiva, todo detrimento no patrimonial imputable al hecho generador de los daños y que verosímilmente afectaron el goce de su vida plena (cf. arg. art. 1740, C.C.C.).

Evaluando la verdadera extensión del daño no patrimonial en consideración, propongo acoger en este punto la apelación deducida por el accionado y consecuentemente, reducir la condena en relación al presente rubro, de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) a la cantidad de sesenta mil pesos ($60.000) por entender que dicho importe guarda adecuada proporcionalidad con la realidad del caso y los padecimientos morales acreditados en autos (cf. art. 1740, C.C.C.; art. 384, C.P.C.C.).

6.c.Daño psicológico.

El mencionado ítem se estableció en $15.600, fue cuestionado por ambos apelantes.

Se ha consignado que el daño psicológico debe ser tratado como incapacidad sólo si se probara su carácter irreversible. De no ser así, habrá que tenérselo en cuenta al considerar el daño moral, sin perjuicio del tratamiento de recuperación que se imponga (causa de la Sala 1 de esta Cámara, nº 107.733, “Stroczuk, Vladimir c/ Jockey Club S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios”, sent. 28/9/09 y causa 31.695-2009 de esta Sala 2). Tal es el caso de autos. Veamos.

El perito suministró al paciente las técnicas de psico-diagnóstico que cita (v. fs. 810 ss.).

Conforme el art. 474 del Código Procesal Civil y Comercial la fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca (conf. doctrina B. 59.895, “M., J.R.”, sent. del 27-VI-2007, entre muchas).

La Suprema Corte provincial ha sostenido que no es dable acordar fuerza de convicción a la opinión del perito que carece de racionalidad y no explicita el detalle del cual deriva la incapacidad determinada (conf. doctrina causas B. 58.326, “Ikelar”, sent. del 3-IX-2008; B. 52.861, “Conyco S.A.”, sent. del 30-IX-2009; B. 52.821, “Conyco S.A.”, sent. del 1-VI-2011).

En el caso, la experto claramente desarrolló con rigor su labor diagnóstica y expresó los fundamentos de las conclusiones (v. fs. 809 vta. ss.), luego, he de otorgar plena eficacia probatoria a la labor emprendida, pues no se han aportado en el caso razones de peso científico para apartarse de las conclusiones expuestas por aquella (cf. arts.384, 457, 462, 474 C.P.C.C.).

Con los resultados obtenidos, afirmó que el señor Gisbert sufre estado anímico depresivo, que atribuye causalmente al hecho de autos. Indicó sesiones de tratamiento psicológico con frecuencia semanal, durante dos años, a efectos de resolver el cuadro descripto (v. fs. 810).

Ponderando el diagnóstico detallado por el profesional, que las secuelas no fueron ponderadas como irreversibles, considero que no luce atingente la crítica expuesta por la parte accionada.

Por lo demás propongo conforme los costos de la terapia indicada -y en los límites del recurso examinado- elevar el resarcimiento otorgado en la instancia inferior en concepto de tratamiento psicológico al importe de treinta y tres mil seiscientos pesos ($33.600) el que luce acorde a lo s elementos acreditativos incorporados al proceso (cf. arts. 1068, 1069, 1071, 1083, 1086 y ccs. C.C.; art. 1738, 1740, 1746 C.C.C.; arts. 163, inc. 5º, 165, 384, 474 del C.P.C.C.).

6. d. Lucro cesante.

El mencionado item se fijó en la suma de $6000. La parte demandada cuestiona su procedencia, mientras que el actor critica -por bajo- el monto otorgado.

Resulta indispensable advertir que la suma estipulada por la señora Jueza a quo responde a la actividad que el actor desarrollara como profesor de gimnasia. Dicho resarcimiento, fue fijado de manera prudencial, pues en los actuados no se incorporó prueba documental o contable que precisara la gravitancia de los ingresos que dicha labor generara al damnificado.

Así, basándose en los testimonios vertidos por las señoras Pagola y Rey -fs. 595 y 619- y los señores Van Kregten y Scudan -fs.596 y 598-), quienes coincidieron en afirmar que el señor Gisbert daba clases particulares de gimnasia, la magistrada adquirió suficiente convicción respecto del detrimento patrimonial que generó el siniestro, pues las lesiones padecidas por el señor Gisbert en la zona pelviana, obstaron al ejercicio regular de dicha actividad lucrativa.

Ahora bien, en el escrito introductorio de sus pretensiones, el señor Gisbert manifestó que desarrollaba una segunda actividad, en cuyo marco constituía sociedades comerciales a efectos de alquilar y acondicionar locales destinados a instalar autoservicios o minimercados.

Como dijera Pedro N. Cazeaux, “Entre lo actual y lo futuro, lo cierto y lo incierto, lo hipotético y lo seguro, hay zonas limítrofes o zonas grises, como las llama la doctrina. Tal el caso de la “chance” u oportunidad. Es decir, se trata de una noción fronteriza con el daño eventual o hipotético que nunca son indemnizables (doctr. arts. 1067 y 1068 Cód. Civ; autor citado, “Daño actual. Daño futuro. Daño eventual o hipotético. Perdida de Chance”, en “Temas de Responsabilidad Civil en honor al Dr. Augusto M. Morello”, ed. Platense, pág. 23).

Se ha dicho al respecto, que la “chance” como mera expectativa no es indemnizable. Requiere un grado de certeza acerca de que, conforme el orden natural u ordinario de las cosas, las previsiones tenidas en mira ofrecen posibilidades serias de concretarse, pues de lo contrario se convierten en un daño eventual no alcanzado por la obligación de reparar (C.Civ. arts. 901, 903, 904, 1067, 1068; Cam.CyC. San Martín, Sala II, causa 37.640 del 18/5/95).

En el daño por pérdida de chance, debe existir la certeza de que, de no mediar el evento dañoso, el damnificado habría mantenido la esperanza normal y razonable de obtener en el futuro una ganancia, o evitar una pérdida patrimonial. Ello significa que dicha ganancia habría debido suceder según el curso natural y ordinario de las cosas.Cuando la posibilidad de obtener una ganancia o de evitar una pérdida es bastante fundada, o sea, cuando más que una posibilidad es una probabilidad suficiente, la frustración de ella debe indemnizarse; pero esta indemnización es con respecto a la chance que el juez apreciará en concreto, y no de la ganancia o pérdida que era objeto de aquélla, ya que la frustración es propiamente de la chance, la cual, por su naturaleza, es siempre problemática en su realización (Cazeaux-Trigo Represas, “Compendio de derechos de las obligaciones”, 2ª Ed. actualizada, T° I, pág.149).

Por lo dicho, en caso de pérdida de chance, la probabilidad debe superar el terreno de la conjetura o hipótesis, y el requisito de la certidumbre del daño -actual o futuro- se configura en base al acontecer regular de los hechos -el llamado “principio de regularidad”- es decir lo que sucede “según el curso natural y ordinario de las cosas”, como expresó Vélez Sarsfield en el art. 901 del Código Civil (cf. Causa nº 110.368 rsd. 39/11 del 5.4.11 “Shinya c/VW SA”).

En los presentes, surge de la informativa glosada a fs. 954 que el incoante resultaba socio gerente de diversas Sociedades de Responsabilidad Limitada cuyo objeto era la explotación de autoservicios, las cuales operaban en localidades del interior de la provincia de Buenos Aires (General Castelli, Los Toldos, Alberdi, Pérez Millán, entre otras).

En relación a la sociedad Lujusan S.R.L., La Municipalidad de Lisandro N. Alem informó (v. fs. 708/719) que el señor Gisbert solicitó su habilitación, que la obtuvo el 12/03/2008, que el comercio nunca fue abierto al público y luego fue dado de baja.

Aún cuando el accionante esgrime que por la venta de aquel fondo de comercio esperaba una ganancia de $100.000, adjuntando a los fines acreditativos un aviso de venta por US$55.000 publicado en el diario “Info Mundo” de la comunidad china (v. fs. 146/149, fs.830), cierto es que no existe certeza respecto al beneficio frustrado, pues pese a que el señor Gisbert esgrime haber estado en tratativas, no encuentro en los actuados elementos que corroboren tal afirmación ni el precio ofrecido por el valor llave o por la venta del fondo de comercio.

En efecto, de la informativa rendida por la Inspección General de Justicia surge su calidad de gerente de diversas sociedades, infiriendo de ello que la constitución de aquellas se efectuaba en el marco de una operatoria habitual, mas no surge de la causa prueba documental, fiscal o contable que permitan establecer con algún grado de certeza la trascendencia económica del giro comercial del señor Gisbert o, en este caso, la pérdida de chance que reclama (cf. art. 375, C.C.).

Ello así, no cabe más que desestimar los agravios bajo examen, manteniendo lo decidido en primera instancia en relación al tema (cf. doc. arts. 901, 903, 904, 1067, 1068 C.C., art. 375, C.P.C.C.).

7. Tasa de interés aplicable.

La señora Jueza de grado estableció que al monto de condena correspondía aplicar la tasa que paga el Banco provincial en sus depósitos a treinta días, vigente en los distinto períodos de aplicación, desde la fecha del ilícito y hasta el efectivo pago. Pues bien, en materia de daños y perjuicios, el Máximo Tribunal ha ratificado su doctrina en un fallo relativamente reciente, al decidir que desde la fecha del hecho ilícito hasta el efectivo pago, debe aplicarse la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente en los distintos períodos de aplicación (Ac.SCBA causa 101.774, L 94.446 del 26.10.09; causa 102.410 en autos “Núñez, Enrique Agustín c/Ivancich, Raúl Leopoldo s/daños y perjuicios”, del 4/4/2012; causa 107.097 en autos “Lescano, Gustavo Ariel c/Cepeda, Edgardo Omar s/daños y perjuicios, del 27/6/2012; causa 105.187 en autos “Spadaro, María Lorena c/Salezzi, Claudia y otros s/daños y perjuicios”, del 15/8/2012).

Entiendo que las decisiones que emanan del Superior Tribunal deben ser aplicadas por los jueces y Tribunales de la instancia ordinaria, ya que el acatamiento que hagan a la doctrina legal de la Corte, tiene como objetivo procurar mantener la unidad de la jurisprudencia, propósito que se frustraría si los Tribunales insistieran en propugnar soluciones que irremediablemente serían casadas, con el consiguiente dispendio de actividad judicial (causas nº 49207/08, sent. del 21/8/12; 79-2009, sent del 18/10/12, 2476/2008, entre otras).

Sin embargo, dada la variedad de tasas pasivas a 30 días ofrecidas por el Banco Provincia, no encuentro obstáculo para utilizar una que a mi juicio, resulta más equitativa, como la aplicada en la sentencia.

El Superior Tribunal provincial, en la causa 118.615 del 11/3/2015 (autos “Zocaro, Tomás Alberto c/ Provincia ART S.A. y/o s/ Daños y Perjuicios”), interpretó que su aplicación no habilita la instancia extraordinaria, ya que no vulnera la doctrina legal de la Corte elaborada en torno a la tasa de interés (art. 622 del Cód. Civil).

Ratificó esta doctrina en un fallo dictado el 18 de mayo del corriente año, en la causa 62.488. En ese precedente se dispuso, por mayoría, la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, vigente durante los distintos períodos de aplicación (SCBA., B. 62.488, “Ubertalli Carbonino, Silvia contra Municipalidad de Esteban Echeverría.Demanda contencioso administrativa”). Recientemente aplicó idéntico criterio en la causa C. 119.176, “Cabrera, Pablo David contra Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios” (sent. del 15-VI-2016).

En consecuencia, siguiendo dicha doctrina, que comparto plenamente, propongo admitir el recurso del actor y consecuentemente disponer que desde la fecha en que ocurrió el siniestro (2/06/2008) y hasta el 18 de agosto de 2008, al monto de condena deberá adicionarse la tasa que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días vigente en los distintos períodos de aplicación y desde el 19 de agosto de 2008 y hasta el efectivo pago, aquella que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días respecto a fondos captados en forma digital, es decir a través del sistema “home banking” de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, por ser la más alta al momento del dictado de la presente.

8. Las costas.

Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado atento el resultado de las respectivas impugnaciones (cf. arts. 68 y 69 C.P.C.C).

La condena se hace extensiva a la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A. y Provincia Seguros S.A. en los términos del respectivo contrato (cf. art.118, L.S.).

Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.

Por los mismos fundamentos, la Señora Jueza doctora Soláns, votó también por la AFIRMATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se modifica el pronunciamiento apelado, estableciendo que el resarcimiento reconocido a favor del actor, se reduce de trescientos setenta y siete mil seiscientos pesos ($377.600) a doscientos veinticinco mil seiscientos pesos ($225.600).

Se establece que al monto de condena corresponde aplicarle desde la fecha en que ocurrió el siniestro (2/06/2008) y hasta el 18 de agosto de 2008, la tasa que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días vigente en los distintos períodos de aplicación y desde el 19 de agosto de 2008 y hasta el efectivo pago, aquella que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días respecto a fondos captados en forma digital, es decir a través del sistema “home banking” de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional, por ser la más alta al momento del dictado de la presente.

Se confirma el fallo en lo demás que fuera materia de agravios.

Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado atento el resultado de las respectivas impugnaciones (cf. arts. 68 y 69 C.P.C.C).

La condena se hace extensiva a Federación Patronal Seguros S.A. y Provincia Seguros S.A., en los términos de sus respectivos contratos (cf. art. 118, L.S.).

Se difiere la regulación de los honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Irupé Soláns

Juez

Jorge Luis Zunino

Juez

Guillermo Daniel Ottaviano

Secretario