Multa a una letrada por adulteración de un oficio Ley 22.172

Partes: T. I. M. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía – Ley 23.187 – art. 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 16-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103602-AR | MJJ103602 | MJJ103602Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sanción de multa impuesta por el Tribunal de Disciplina pues es inadmisible que la profesional base su defensa en deslindar su responsabilidad en una empleada del estudio jurídico del que era socia, en tanto era ella quien había decidido confiar en su colaboradora y otorgarle la gestión del expediente, ya que todo abogado es consciente de la importancia de un oficio judicial, por lo que resulta injustificable su adulteración.

2.-Corresponde confirmar la sanción de multa impuesta a la letrada actora por haberse detectado que adulteró un oficio Ley 22.172 , toda vez que dicha infracción es considerada una falta grave, en los términos del art. 28, inc. b. del Código de Ética.

3.-Toda vez que el letrado, como servidor de la justicia y colaborador del juez, cuenta con obligaciones específicas, entre las que se encuentra la del adecuado control de los asuntos que le son encomendados, no corresponde revocar la sanción impuesta atendiendo al argumento intentado relativo a la delegación de ciertas tareas a una empleada del estudio; máxime siendo que la responsabilidad del letrado debe admitirse por los hechos de sus dependientes o por el trabajo realizado en su estudio jurídico con base en la culpa in vigilando.

4.-Puesto que la propia actora tiene por ciertos, y no discutidos, determinados hechos relevantes relacionados con la enmienda de la denominación del juzgado al que el oficio en cuestión estaba dirigido, y siendo que todo abogado es consciente de la importancia de un oficio judicial, y que su adulteración resulta injustificable, se juzga que la multa debe confirmarse por constituir tal accionar una falta grave; más aun siendo que cualquier ligereza o falta de cuidado en los intereses que le son confiados por el juez al ordenarle la confección de un oficio, implicaría una descalificación de los principios de lealtad y probidad.

Fallo:

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017.

VISTO:

El recurso de apelación deducido a fs. 79/83 por la letrada I. M. T. contra la sentencia obrante a fs. 70/72 vta.; y CONSIDERANDO:

1º) Que la presente causa tiene origen en la comunicación dirigida al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por orden de la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9, Secretaría Nº 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando sobre la adulteración de un oficio ley 22.172, en el marco de los autos caratulados “GCBA c Dominguez, Alberto M. s. Ej. Fiscal”, consistente en la enmienda de la denominación del Juzgado al que el oficio iba dirigido. Para ello, se acompañaron copias certificadas de las partes pertinentes, anoticiándose que igual comunicación había sido dirigida a la justicia penal (fs. 1 y 70).

2º) Que, el 3 de agosto de 2016, la Sala I del Tribunal de Disciplina decretó la sentencia número 111 en la que impuso a la abogada I. M. T., matrícula tomo xxx, folio xxx, la sanción de multa por el importe equivalente al 5% de la retribución mensual de un Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil, por haber infringido deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía con probidad, en los términos de los arts. 6º, inc. e, de la ley 23.187 y 10, inc. a, del Código de Ética, que debía hacerse efectiva dentro de los cinco días hábiles de quedar firme (fs. 70/72 vta.). Para resolver de ese modo, el referido tribunal tuvo en cuenta, en sustancia, que:

a) Tiene dicho la doctrina que todo letrado, como servidor de la justicia y colaborador del juez, cuenta con obligaciones específicas, entre las que se encuentra la del adecuado control de los asuntos que le son encomendados, sin que pueda ello excusar su negligencia por el cúmulo de tareas, la escasa importancia de la causa u otra razón.Y, a la vez, no es dudoso que la delegación de la “procuración” de los casos que le son confiados implica un deber de seguimiento de quien delega hacia quien ocupa su lugar. En tal sentido, la jurisprudencia admite la responsabilidad del letrado por los hechos de sus dependientes o por el trabajo realizado en su estudio jurídico con base en la culpa in vigilando. Cabía recordar que el trabajo de abogado consistía en una prestación de servicios personalísima, basada en la fidelidad, la probidad y la buena fe, exigibles, también, en el ámbito del tribunal donde se desempeña.

b) El oficio que daba origen al proceso databa del 19 de febrero de 2014 y, según el expediente judicial tenido a la vista, fue agregado el 21 de agosto de ese mismo año con el escrito titulado “Acredita diligenciamiento.”, cuyo contenido y autenticidad de la firma que lucía al pie fueron reconocidos por la doctora T. Pocos días después, el 29 de ese mismo mes, la juez interviniente advirtió la irregularidad y ordenó la intervención de la justicia penal y del Tribunal de Disciplina del Colegio. Sin embargo, según la defensa de la letrada presentada, recién en enero de 2015 había tomado conocimiento de los hechos subyacentes a la denuncia, cuando su empleada se lo describió.

c) Era inadmisible que la profesional basara su defensa en deslindar su responsabilidad en una empleada del estudio jurídico del que era socia, en tanto era ella quien había decidido confiar en su colaboradora y otorgarle la gestión del expediente. En consecuencia, si la empleada hubiera cometido la irregularidad que la letrada le achacaba, tal inconducta irradiaba sus efectos hacia su principal que fue quien no vigiló adecuadamente la realización de las tareas que le había encomendado.En tal sentido, todo abogado era consciente de la importancia de un oficio judicial y resultaba injustificable su adulteración, cualquier ligereza o falta de cuidado en los intereses que le eran confiados por el juez al ordenarle su confección, en tanto implicaba una descalificación de los principios de lealtad y probidad, en los términos de los arts. 6, inc. e, de la ley 23.187 y 10, inc. a, del Código de Ética.

d) La falta en cuestión se calificaba como grave, según lo dispuesto en el art. 28, inc. b. del Código de Ética, tomando en consideración para la graduación de la multa, la buena conducta procesal de la letrada observada en el proceso y la circunstancia de que no registraba sanción alguna desde su matriculación en 1994.

3º) Que, disconforme, la profesional sancionada dedujo recurso de apelación (fs. 79/83). En particular, consideró que la decisión adoptada le causaba los siguientes agravios:

a) la resolución carecía de la especificidad propia de una decisión disciplinaria, en tanto no precisaba cuál había sido la conducta sancionada;

b) se había prescindido sin razón valedera de la prueba testimonial ofrecida y, en su caso, pericial caligráfica, por lo que se solicitaba su producción en esta sede judicial, con el objeto de demostrar que su única responsabilidad había sido firmar un escrito, de buena fe, sin advertir el enmiendo del oficio en cuestión;

c) en el trámite sumarial se había omitido convocar y celebrar la audiencia de vista de causa y observar el principio de inmediación, exigencias expresas del reglamento aplicable, razón por la cual quedó invalidado el procedimiento en cuestión;

d) la condena impuesta era absolutamente dogmática, en tanto se calificaba a la infracción como falta “grave”, en los términos del art. 28, inc.b, del Código de Ética, sin fundamento alguno, ni razonable ponderación de otros casos de conductas que fueron sancionadas como leves, siendo que resultaban de mayor trascendencia;

e) en subsidio, correspondía calificar la conducta como falta leve y morigerar la sanción encuadrándola en el art. 45, inc. a, de la ley 23.187 (fs. cit.).

4°) Que, en esta alzada, se corrió traslado al Colegio Público (fs. 89), quien, al contestar los agravios, solicitó el rechazo de la apelación deducida (fs. 98/102). 5°) Que, oportunamente, emitió su dictamen el Señor Fiscal General (fs. 104). 6°) Que, ante todo, al expresar sus agravios, la apelante solicita que se produzca en esta sede judicial prueba testimonial y, en su caso, pericial caligráfica, denegada por el Tribunal de Disciplina (fs. 183 vta./184 vta.). Al respecto, cabe recordar que, en materia de recursos directos, esta Sala ha resuelto que, en principio, la apertura a prueba en sede judicial tiene un carácter de excepción; limitación que tiende a evitar la ordinarización del proceso (cfr. “YPF SA c/ Resolución 575/12 -ENARGAS- [Expte 19009/12]”, sent. del 29 de octubre de 2013, y sus citas), sin perjuicio, claro está, de poder ejercer las facultades que autoriza el art. 36 del CPCCN (conf. “Walt Mart Argentina SRL c/ DNCI s/ Lealtad Comercial – Ley 22.802 -Art. 22”, sent. del 30/6/2015, y sus citas, entre otros). En autos, a tenor de los agravios planteados por la recurrente y por las razones que se desarrollarán, se adelanta que la producción de prueba que se solicita resulta inconducente.7º) Que tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la facultad disciplinaria del Colegio, atribuida por la ley 23.187, persigue el objetivo de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional (Fallos 321:2904) y, a tal efecto, le permite juzgar a los abogados inscriptos en la matrícula y aplicar las sanciones correspondientes, previa tramitación de un procedimiento determinado, que debe desarrollarse con absoluto respeto de los principios inherentes al debido proceso legal para preservar los derechos de los citados profesionales (Fallos: 324:2449 ).

8°) Que, asimismo, esta Cámara ha sostenido que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas supuestamente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los títulos del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos (confr. Sala III, “Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF”, del 27 de julio de 2009, entre otros). Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológico profesional, es, como principio, atribución primaria de quien está llamado -porque así lo ha dispuesto la ley- a valorar comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr.Sala V, causa “Alvarez, Teodoro c/ CPACF”, del 16 de agosto de 1995, entre otras).

9°) Que, en el caso, el Tribunal de Disciplina tuvo por verificada la falta por advertir que se encontraban transgredidos los deberes de la ley que regula la profesión, en concreto, el de “[c]omportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional” (art. 6, inc. e), así como los que impone el Código de Ética cuando prevé que el abogado debe “[u]tilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto, fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe” (art. 10, inc. a).

10) Que, la compulsa de las actuaciones permite advertir que la propia recurrente tiene por ciertos, y no discutidos, determinados hechos relevantes relacionados con la enmienda y adulteración de la denominación del juzgado al que el oficio en cuestión estaba dirigido. En particular, la profesional -utilizando palabras suyas- no controvierte en la causa:

a) “la existencia formal de la falta que se me achaca”;

b) “la relación de empleo habida entre el Estudio del que formo parte y la Srta. J. L., persona ésta que realizara de su pu ño y letra la enmienda de fs. 4 y vta.”; y

c) “que el escrito de fs. 5 sí fue firmado por mí, conjeturalmente por las causas detalladas a fs. 34 vta.” (fs. 63). 11) Que, en ese contexto, y tal como se adelantó, el Tribunal de Disciplina reprochó la falta en cuestión afirmando que “.fue la Dra. T. quien decidió confiar en su colaboradora otorgándole la gestión del expediente.[razón por la cual] .si la empleada hubiera cometido la irregularidad que ella le imputa, tal inconducta irradia sus efectos hacia su principal que fue quien no vigió adecuadamente la realización de las tareas que le había encomendado”; para concluir, después, que “.todo abogado es consciente de la importancia de un oficio judicial y resulta injustificable su adulteración, cualquier ligereza o falta de cuidado en los intereses que le son confiados por el juez al ordenarle su confección, en cuanto implicaría una descalificación de los principios de lealtad y probidad.” (fs. 71 vta.). Y, a tenor de los hechos no controvertidos del caso, dicha argumentación no se advierte inadecuada o irrazonable.

12) Que el recurso tampoco reconoce mérito en el agravio de la recurrente sobre la falta de realización de la audiencia de vista de causa, prevista en el art. 10, inc. 5º, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina, para que se reciba la prueba testimonial de la señorita L. o, en su caso, las explicaciones del perito caligráfico en cuestión (art. cit.). No se soslaya que la actora ofreció en su descargo las producción de tales pruebas (fs. 35 vta.). Sin embargo, el Tribunal de Disciplina, tras haber contado con el expediente judicial proveniente del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, sacado las copias pertinentes y pasado la causa a estudio (fs. 55), declaró cerrado el período probatorio consignando que “.las constancias de autos resultan suficientes a los fines de la dilucidación de la presente causa disciplinaria”, invitando a la profesional a formular alegato en el plazo de cinco días (fs. 56); y, pese a que la doctora T. pidió que se reconsiderase dicha decisión (fs. 58), aquél rechazó tal solicitud, aclarando, en lo pertinente, que la decisión adoptada no exteriorizaba una “omisión” referida a la producción de determinada prueba sino que era el corolario del análisis que ese Tribunal había efectuado al respecto (fs.59). Aun cuando en esta sede la letrada planteó agravio expreso por la falta de realización de la mencionada audiencia (fs. 80 vta./81), lo cierto es que no demostró la pertinencia de la producción de las referidas pruebas, cuya producción no fue admitida por el Tribunal de Disciplina, ni invocó las defensas de las cuales se habría visto privado de oponer, resultando insuficiente la alusión a que resultaba de vital importancia haber sido escuchado en forma directa por sus pares. En tales términos, es oportuno recordar que tiene dicho este Tribunal que el litigante que pretende la declaración de nulidad de las actuaciones de conformidad con lo prescripto en los arts. 169 y siguientes del código procesal, debe necesariamente mencionar de un modo expreso el perjuicio que el vicio le causa y el interés jurídico que procura subsanar, pues es insuficiente a tal efecto la invocación genérica de principios o garantías constitucionales o el uso de fórmulas imprecisas (conf. exigencia que emana del artículo 172 del código de rito) (conf., “Impsat S.A. c/Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos”, sentencia del 21-121995 y “Alonso Mario Oscar (TF 9341.-I) c/D.G.I.”, sent. del 15-10-1998, entre muchos otros). Asimismo, se ha sostenido que la adopción de un temperamento diferente significaría contradecir el principio que no admite la declaración de nulidad sin perjuicio, ni la nulidad por la nulidad misma (conf., esta Sala, “Caligiuri Pedro c/ Resolución 29.792/04 -Superintendencia de seg”, sentencia del 9-8-2005, “Canet Lilia Viviana c/ EN – M° Desarrollo Social – DGI”, sent. del 14-2-2006, entre otros; y, doctrina de la CSJN, Fallos: 314:290; 319:119; 320:1611 ; 322:507 ; 324:1564 , entre otros). Por último, es menester señalar que no resulta aplicable al caso la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el caso “Machado” (Fallos:334:1372 ), dado que las circunstancias de hecho tenidas en cuenta para decidir en esa causa son sustancialmente diferentes a las del sub lite. Nótese al respecto, que en aquel pronunciamiento se hizo mérito especialmente en que el pleno del Tribunal de Disciplina del Colegio, al dictar un acto sancionatorio, se había referido expresamente a lo actuado en la audiencia de vista de causa que no había sido realizada, sin dar oportunamente las explicaciones correspondientes a la inclusión de tal referencia en dicho acto, y sin que el órgano judicial hubiera evaluado debidamente el agravio (conf. esta Sala, expte N° 12.183/13 “Armendariz Adrián Bartolomé c/ CPACF (Expte 19829/05)”, resol. del 29/10/13).

13) Que, asimismo, las razones expuestas descartan que resulte pertinente atender al pedido de que fuese producida en esta sede judicial la prueba en cuestión. Nótese que, con ella, la letrada intenta probar, en su caso, la ausencia de mala fe en la actuación judicial por la que resultó sancionada (fs. 81). Sin embargo, el Tribunal, para reprocharle la falta, estimó innecesario tener por demostrado su dolo o mala fe al tiempo en que fue adulterado el respectivo oficio sino que, sobre la base de los deberes específicos de todo letrado, entendió que aquélla no podía excusar su responsabilidad del modo pretendido, por el supuesto accionar inconsulto de una colaboradora suya, encontrándose afectada la confianza que todo juez depositaba en los abogados cuando se ordenaba la confección de un instrumento de esa naturaleza. En ello radicaba el reproche disciplinario, con transgresión de los principios de “lealtad” y “probidad”, reconocidos en las normas afectadas (fs. 71 vta.). En síntesis, la prueba en cuestión, entonces ofrecida por la profesional y denegada por el Tribunal de Disciplina, no guarda relación adecuada con el fundamento del reproche disciplinario que subyace a la sanción.14) Que, no está demás señalar que lo indicado precedentemente únicamente descarta, en el sub lite, el mérito del recurso interpuesto por quien resulta parte interesada en la sanción aplicada, sin que ello implique pronunciamiento alguno de este Tribunal con relación a la conducta de la entonces empleada del estudio jurídico en vinculación con los hechos que dieron lugar a la verificación de la falta, quien no tuvo intervención alguna en el proceso por la índole específica de que se trata.

15) Que, finalmente, no se advierte en autos un supuesto de exceso o arbitrariedad en la determinación de la sanción aplicada, que justifique su anulación o reducción en esta sede judicial. En efecto, tiene dicho el Tribunal que la fijación y graduación de la sanción es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re “Jorge Luis Rebagliati SRL y otro c/ PNA -Disp 76/08 (Expte B-9828/06)”, 2/11/10, “OSBA c/ SSS – Resol 1497/10 (expte 130808/08)”, 7/6/11, entre otras). En el caso, la multa no aparece manifiestamente arbitraria si se tiene en cuenta la entidad de la infracción cometida -que fue calificada como “grave”, sin que aparezca ello irrazonable a tenor de su materialidad- y las circunstancias de hecho comprobadas en la causa -entre las que se tuvo en consideración, también, la buena conducta asumida por la letrada en el proceso y la ausencia de todo antecedente disciplinario (fs. 72)-. De ese modo, no corresponde intervención alguna del Tribunal para anular o modificar la sanción impuesta (cfr. Fallos:313:153, considerando 6°; 321:3103, considerandos 4° y 6°). 16) Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8° -modificado por el artículo 12, inciso e) de la ley 24.432-, 9°, 19 – por analogía lo dispuesto en los artículos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida -la sanción impuesta al profesional denunciado- y la calidad y eficacia de la labor desarrollada ante esta instancia originaria (conf. contestación de traslado de fs. 98/102), corresponde regular en la suma de dos mil pesos ($2.000) los honorarios de la doctora Karina Melano (Tº 99 Fº 933), quien se desempeñó como letrado, apoderado, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Por último, la retribución que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional beneficiario frente al citado tributo.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

1) rechazar la apelación deducida, con costas; y 2) regular en ($.) los honorarios profesionales de la doctora Karina Melano de conformidad con lo dispuesto en el considerando 16. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI