Sanción a actora y letrada patrocinante por actitud maliciosa y temerosa, al sostener la validez de firmas falsas

Partes: C. M. C. c/ P. M. A. y otros s/ ejecución de alquileres

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 27-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103216-AR | MJJ103216 | MJJ103216Sumario:
1.-Corresponde confirmar la resolución apelada y admitir el planteo formulado por los fiadores demandados, y decretar la inexistencia de los actos procesales al haberse comprobado pericialmente la falsedad de las rúbricas estampadas en los escritos presentados, configurándose una hipótesis típica de temeridad, habiendo abusado la actora y su letrada patrocinante, de manera deliberada, de las garantías que la ley establece para la defensa de los derechos litigiosos.

2.-No existe impedimento para valorar y, en su caso, sancionar la actuación indebida, obstruccionista o dilatoria, con anterioridad a la sentencia definitiva, puesto que no es necesario considerar ahora si se trata de la parte que perdió el juicio.

3.-Si bien es cierto que el criterio que preside su aplicación debe ser restrictivo, cuando resulta manifiesto el exceso en el ejercicio de un derecho o evidente y manifiesto el propósito obstruccionista, el juez se encuentra plenamente facultado para sancionar la conducta contraria a los deberes de lealtad, probidad y buena fe procesal, para evitar la vulneración de una sana praxis procesal.

4.-La ratificación que formularan con relación a las presentaciones apócrifas que se declaran inexistentes, incluso ante el consentimiento de la labor pericial que sirviera de base para tal decisión, quebrantan los deberes de buena fe, lealtad y probidad, que deben guiar el accionar de las partes en el proceso; circunstancia que habilita e impone la sanción que se recurre y que no puede ser mitigada con la mera manifestación de que tal accionar formó parte del ejercicio regular de sus derechos, que no produjo perjuicio alguno a los demandados.

5.-Resulta sin dudas reprochable la conducta del profesional si se repara, a su vez, en la endeblez de las manifestaciones y en la resistencia que se opuso, en oportunidad de corrérsele traslado del incidente promovido al efecto, cuando volvió a avalar con su firma las afirmaciones de su cliente con respecto a la autenticidad de las rúbricas, que después se comprobó, eran apócrifas.

6.-La responsabilidad de la letrada, importa más que un serio descuido en el ejercicio de su ministerio, pues no puede caracterizarse al escrito en cuestión como una presentación de mero trámite realizada -supuestamente- con la anuencia de las clientes, se trata de una falta de mayor envergadura, que justifica la imposición de una sanción de mayor importancia y gravedad que un simple apercibimiento o correctivo disciplinario.

Fallo:

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Por resolución de fs.78/79, el Sr. Juez “a quo” admite el planteo formulado por los fiadores demandados y decreta la nulidad de todas las providencias y actuaciones cumplidas en las presentes actuaciones como consecuencia de los escritos de fs.4/8 y siguientes, presentados a fs.16/17, 20 y 22; impone las costas de la incidencia a la actora y a su letrada; y en los términos del artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, impone a aquéllas, en forma conjunta, una multa de veintitrés mil pesos ($23.000) a favor de los incidentistas.

Disconformes con la multa procesal que se les impone, se alzan las sancionadas por los agravios que expresan en el memorial que luce a fs. 92/94, que el codemandado C. F. I. replica a fs.96/97.

Reprochan el no haberse ameritado que la parte actora tiene un derecho real y exigible contra la contraria y que no ha actuado en forma ventajosa para entorpecer el funcionamiento judicial o efectuado maniobras dilatorias. Asevera al efecto que, si bien pueden ser considerados inexistentes las presentaciones hechas, no existe la intención de generar un perjuicio a la contraria, puesto que la deuda de alquileres existe, siendo los demandados garantes de su pago. En segundo término, para el caso de entenderse procedente la sanción, se quejan del monto de la multa que se les aplica, pues no corresponde tomar como base para su fijación el monto liquidado a fs.16/17, cuando dicha presentación fue declarada inexistente, importando ello una clara contradicción con lo decidido.

II.En primer lugar, dada la cuestión que motiva los reproches de las apelantes, deviene relevante a los fines de su análisis, tener en cuenta que en autos ha sido pericialmente comprobada la falsedad de las rúbricas estampadas en los escritos presentados a fs.4/8 y siguientes, presentados a fs.16/17, 20 y 22, y que la declarada inexistencia de dicho acto procesal no ha sido motivo de impugnación por parte de las recurrentes.

Sentado ello, es de recordar que, luego de la reforma del artículo 45 del Código Procesal por la Ley 25.488 -que tiene por finalidad sancionar la inmoralidad procesal expuesta en la conducta temeraria o maliciosa- a más de no limitarse el sujeto pasivo de la multa, se ha acentuado el cariz imperativo en la aplicación de estas sanciones, al sustituirse la expresión “podrá imponer” por “impondrá” (Kielmaniovich, Jorge, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, t.I, p.81, Ed. Lexis Nexis, ed. 2003).

De tal forma, se ha entendido que no existe impedimento para valorar y, en su caso, sancionar la actuación indebida, obstruccionista o dilatoria, con anterioridad a la sentencia definitiva, puesto que no es necesario considerar ahora si se trata de la parte que perdió el juicio.

Por ello, ante una actuación que en forma palmaria importe una actitud temeraria o maliciosa, nada impide que, previa sustanciación, se aplique la multa, evitando por lo demás la reiteración de conductas contrarias a los deberes de buena fe y lealtad procesal (conf. Colombo- Kiper, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado”, t.I, pág.383, Ed. La Ley, Bs.As., 2006).

Amplia y prestigiosa doctrina tiene dicho que, la temeridad y la malicia suponen una conducta mañosa, la maniobra desleal, las articulaciones de mala fe y sin apoyo jurídico o fáctico alguno, con mayor razón se configuran cuando son reiteradas y nadie puede tener ninguna duda de que no obedecen a un simple error o a distintas posibilidades que brinda una jurisprudencia divergente sobre el punto, o, a nuevos enfoques susceptibles de hacerla variar, sino que trasuntan claramente dolo procesal. Temeridad es la actuación sin fundamento, razón o motivo, en forma imprudente, y malicia es toda acción ruin que se realiza ocultando la intención que se tiene.

Señala Osvaldo A. Gozaíni (en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado”, Ed. La Ley, ed. 2002, T.I comentario art.45), que “. Existen gradaciones en la conducta. El primer grado es la buena fe, la situación de los que, aún en el error, litigan creyéndose asistidos de alguna razón. El segundo grado lo constituye la ligereza culpable, consistente en la infracción a los deberes de buen padre de familia, prudente, razonable y reflexsivo, no promovería un litigio injusto, sin antes meditar sobre los alcances de su actitud. La ligereza culpable queda signada así, a la irreflexión en calcular las consecuencias de los propios actos. El tercer grado de la responsabilidad lo representa la malicia que merece la nota de temeridad. La demanda es temeraria cuando existe la certeza o una razonable presunción de que se litiga sin razón valedera y se tiene conciencia de la sinrazón, es la facultad de accionar ejercida arbitrariamente.A su vez, la malicia se perfila en la actuación u omisión durante el desarrollo del trámite, es decir cuando cualquiera de las partes obstaculiza, retarda, provoca articulaciones manifiestamente improcedentes, mañosas con el sólo propósito de dilatar la tramitación del proceso . Sin embargo, temeridad y malicia no se agotan en esta comprensión . La temeridad se relaciona con una actitud objetiva que se puede segmentar según la gravedad de la mala fe, de un modo genérico, se comprende con el abuso del derecho (o abuso en el proceso), pero sólo lo integra, puesto que en el abuso existe además una especulación con la ventaja que otorga un derecho atribuido, derecho que no está presente en la acción temeraria . La malicia, por su parte, se ve insistentemente vinculada con la demora intencionada, sea a través de modalidades obstruccionistas o de peticiones retardatarias, de manera que su relación principal se halla referida al comportamiento observado en la ejecución material de los actos procesales. La malicia supone la condición de malo, maldad, malignidad, presupone dolo y mala intención, designios encubiertos, una propensión al mal moral y material.”.

Así, la llamada inconducta procesal genérica, es aquélla conducta contraria a los deberes de lealtad, probidad y buena fe, y lo que la ley intenta es reprimir a quien formula defensas o aseveraciones con cabal conocimiento de su sinrazón -temeridad- o abuso deliberado de los procedimientos implementados por la ley para garantizar los principios de bilateralidad y el de defensa en juicio – malicia- (Kielmaniovich, Jorge, ob.cit., t.I, p.81). Por ello la norma contenida en el artículo 45 no reprime los errores formales, o los planteos jurídicos errados, ni la ignorancia del derecho o la ausencia de habilidad profesional, a menos que se evidencie un caso de inconducta procesal, sino que tutela el principio de moralidad, basamento fundamental de la actuación procesal, la cual debe ser observada por las partes y es deber de los jueces que no se burle.

El artículo 45, en consonancia con la facultad judicial de declarar en la sentencia la temeridad o malicia en que hubieran incurrido los litigantes o profesionales intervinientes (art.34, inc.6°), permite la aplicación de multa a favor de la otra parte en ambas situaciones; malicia -intención de dañar, que en materia de responsabilidad extracontractual caracterizaba al dolo delictual (art.1072 C.Civ.)- o temeridad, que en el ámbito del proceso connota una culpa agravada que se aproxima al dolo aunque no evidencie la mencionada intención de dañar. Se ha propuesto una comprensión amplia de estos presupuestos, sin ceñirse a esquemas rígidos, para dejar librada a la prudente estimación judicial la apreciación de cuándo la parte merece la calificación de “improbus litigator” (Augusto Mario Morello, “La litis temeraria y la conducta maliciosa en el nuevo Código Procesal Civil de la Nación”, JA.1967-VI, sec. doc., págs.901/914; CNCiv. Sala G, 12/03/1993, LL.1993-E, 530).

Las partes mantienen un espacio de actuación enmarcado en la lealtad, probidad y buena fe que, a la luz del artículo 34, inciso 5° d), del Código Procesal, el juez debe vigilar. Nos estamos refiriendo a la necesaria observancia de un comportamiento de fidelidad en el marco del proceso dispositivo basado en la adecuación de la voluntad de las partes al principio que inspira y fundamenta la relación jurídicoprocesal (arg. Díaz Solimine, Omar Luis, en “La buena fe procesal y la conducta de las partes”, LL.2013-B, 851; “Deberes de los Jueces. Temeridad y malicia en el proceso.Art.45 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación”, en “Colección de Análisis Jurisprudencial. Elementos de derecho Procesal Civil”, Dir: Osvaldo A. Gozaíni, La Ley, 2002, 22; Gozaíni, Osvaldo A., “Nuevos límites de la temeridad y malicia en el proceso”, LL.2007-C, 962).

La profundidad y claridad de lo explicitado torna innecesaria cualquier otra apreciación sobre el tema.

III. Luego, si bien es cierto que el criterio que preside su aplicación debe ser restrictivo, pues debe acudirse a cautela o prudencia en la aplicación de sanciones procesales, a fin de que ellas no se conviertan en un elemento que impida a los interesados hacer valer adecuadamente su derecho de defensa en juicio; cuando resulta manifiesto el exceso en dicho ejercicio o evidente y manifiesto el propósito obstruccionista, el juez se encuentra plenamente facultado para sancionar la conducta contraria a los deberes de lealtad, probidad y buena fe procesal, para evitar la vulneración de una sana praxis procesal en la que se preserven los principios ya mencionados y que deben salvaguardados.

Desde ese piso de marcha, cabe concluir que tal límite, dentro del cual deben actuar los litigantes y profesionales, con el adecuado respeto a los deberes de lealtad, probidad y buena fe, ha sido traspasado por las sancionadas, quienes han abusado, de manera deliberada, de las garantías que la ley establece para la defensa de los derechos litigiosos.

A criterio de la Sala, esa es precisamente la hipótesis planteada en el caso sometido a su conocim iento, dada la formulación de afirmaciones temerarias, conociendo su falta de razón, cuando el desconocimiento de la situación real no puede ser admitido, de estarse a las circunstancias que se plasman en el “sub examine”.

Adviértase que la ratificación que aquéllas formularan a fs.31/33 con relación a las presentaciones apócrifas que se declaran inexistentes, incluso ante el consentimiento de la labor pericial que sirviera de base para tal decisión, quebrantan los deberes de buena fe, lealtad y probidad, que deben guiar el accionar de laspartes en el proceso. Ello, de tener en cuenta la naturaleza de los escritos con las firma apócrifas y su incidencia y afectación en la secuela ulterior del proceso; circunstancia que habilita e impone la sanción que se recurre y que no puede ser mitigada con la mera manifestación de que tal accionar formó parte del ejercicio regular de sus derechos, que no produjo perjuicio alguno a los demandados.

En el caso de autos, se ha configurado con toda evidencia una hipótesis típica de temeridad, con el sostenimiento ante los estrados de justicia de la validez de firmas falsas, mediando así un abuso del derecho de defensa, a lo que se agrega la malicia de insistirse en sus agravios en una postura insostenible para intentar que la jurisdicción cohoneste un proceder ilícito e inmoral.

IV. Por otra parte, no puede perderse de vista que, cuando los deberes de lealtad, probidad y buena fe constituyen una carga impuesta no sólo a las partes del proceso, sino también a los abogados que intervienen en su defensa, coincidimos con la valoración que se efectúa en la resolución apelada respecto de la conducta adoptada por la letrada sancionada. Su conducta en el proceso se advierte reñida con elementales deberes de lealtad, probidad y buena fe, por lo que se configura, objetivamente, un supuesto que merece una sanción procesal adecuada.

Como es sabido, la responsabilidad del abogado radica en que antes de exponer en un escrito judicial hechos que le indica su cliente, debe examinar su verosimilitud. Del mismo modo, antes de articular un incidente, debe apreciar su viabilidad, y obviamente, también debe verificar que las firmas atribuidas al cliente en aquellas presentaciones que cuenten con su asistencia letrada, emanen de éste. En definitiva, la actuación judicial que obstaculiza el curso normal del proceso, en cuanto importa litigar sin razón valedera, no puede ser ajena a quien tiene la dirección letrada, lo cual hace pasible al profesional de una sanción, en forma independiente o juntamente con su cliente (conf.Fassi-Yañez, “Código Procesal Comentado”, t.1, p. 326).

En el caso, un letrado no puede alegar desconocimiento de la gravedad de la situación planteada con motivo de la falsificación de las firmas insertas en un escrito en el que también aparece estampada su firma. Ello es así, pues un mínimo de diligencia que hace a la ética profesional y lealtad respecto de la contraria, le imponía verificar, con anterioridad a la presentación del aludido escrito, la autenticidad de las firmas atribuidas a sus clientes. Resulta sin dudas reprochable la conducta del profesional si se repara, a su vez, en la endeblez de las manifestaciones y en la resistencia que se opuso a fs.31/33, en oportunidad de corrérsele traslado del incidente promovido al efecto, cuando volvió a avalar con su firma las afirmaciones de su cliente con respecto a la autenticidad de las rúbricas, que después se comprobó, eran apócrifas. Sin su concurso, no hubiese sido factible a las parte desplegar la conducta que se calificara en la instancia de grado.

Pondérase que la responsabilidad de la letrada, quien presentándose en el ejercicio del patrocinio de la locadora suscribió escritos, en el cual las firmas de su cliente eran falsas, importa más que un serio descuido en el ejercicio de su ministerio, pues no puede caracterizarse al escrito en cuestión como una presentación de mero trámite realizada -supuestamente- con la anuencia de las clientes, se trata de una falta de mayor envergadura, que justifica la imposición de una sanción de mayor importancia y gravedad que un simple apercibimiento o correctivo disciplinario.

V.En lo que concierne al restante objeto de crítica, de mensurar la inobservancia de los principios de lealtad, probidad y buena fe en que incurrieran las sancionadas y tener en cuenta su incidencia en el trámite del proceso, entendemos que la sanción aplicada a aquéllas consulta los principios basales de toda materia sancionatoria, que también contempla el artículo 45 del Código Porcesal Civil y Comercial, cuales son la gradualidad y la proporcionalidad de la pena por imponer. Ello, incluso de tomar como base para su cálculo el monto pretendido al presentarse el pimero de los escritos en cuestión.

En mérito a lo expuesto y a lo considerado, se RESUELVE:

Confirmar la resolución apelada, en todo cuanto decide y fuera materia de agravios. Con costas de alzada a las vencidas (arts.68 y 69, Cód. Procesal).

Regístrese. Comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N°15/13, art.4°) y devuélvase a la instancia de grado.