Responsabilidad concurrente: el actor no respetó la prioridad de paso y el móvil policial no demostró el uso de sirenas

Partes: S. D. y otro C. G. R. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 21-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103207-AR | MJJ103207 | MJJ103207

Sumario:
1.-Corresponde revocar la sentencia y establecer la responsabilidad concurrente de ambas partes en el accidente de tránsito ocurrido, en ocasión en que el actor y su familia viajaban en un automotor, y fueron embestidos en una encrucijada, por un móvil policial municipal, afectado a la seguridad del municipio demandado que se encontraba en persecución de un vehículo en actitud sospechosa, pues el hecho se produjo por una doble imprudencia; la del demandado que se desplazaba a una velocidad excesiva sin que se haya demostrado la colocación de advertencias para las personas que circulaban por las proximidades, y la de la víctima, quien supuso erróneamente que podría atravesar un cruce sin respetar la prioridad de paso que tenía el otro vehículo al que vio aproximarse desde la derecha, debiendo admitirse la indemnización por daño moral a favor del menor.

2.-Resulta de aplicación al caso la segunda parte, segundo párrafo, del art. 1113 del CCiv. y entonces, aun cuando existía jurisprudencia encontrada en torno a la normativa aplicable en los supuestos de colisión entre rodados, conforme acuerdo plenario in re Valdez Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios , la responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del CCiv.

3.-Por más que se acepte la autenticidad del acta como instrumento público en los términos planteados por las recurrentes, ello no significa un apoyo adicional a la posición asumida por esta parte puesto que solo refleja lo dicho probablemente por quien era su acompañante mientras el demandado conducía el vehículo, de quien incluso pudo provenir la información de modo impersonal.

4.-La responsabilidad como policía dependía de haber puesto o no las sirenas y las luces, y por ello su aseveración en cuanto a que así lo había hecho no debe aceptarse sin más porque su omisión en este sentido podría haber dado lugar a alguna sanción disciplinaria en la fuerza en que por entonces se desempeñaba, lo cual no significa dudar de su credibilidad por esa sola circunstancia.

5.-La infracción de tránsito ha tenido probablemente incidencia sobre las causas del accidente, pues la presencia de la madre con el niño llevado delante del cuerpo de esta configuraba un obstáculo más para una maniobra de características tan peligrosas, esto es, iniciar un cruce de dos arterias de doble mano al haberse advertido la aproximación de otro vehículo que circulaba con preferencia por la derecha.

6.-El conductor del automóvil trasgredió la prioridad de paso a pesar de haber advertido tanto él como su acompañante que se aproximaba otro vehículo a la derecha considerando que habría de poder traspasar el cruce antes que el otro móvil.

7.-Debe confirmarse la partida por gastos de farmacia y asistencia médica, pues no se ha acompañado documentación alguna que sirva para respaldar el aumento que se pretende.

8.-Aceptar que la tasa activa se devengue desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, arrojaría un resultado objetivamente injusto y representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor que la Justicia no puede convalidar.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 21 días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “S.D.Y OTRO C. G.R.Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sentencia corriente a fs. 499/508 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La sentencia apelada ¿es arreglada a derecho? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara Dres. Racimo, Calatayud y Dupuis:

A la cuestión planteada, el Dr. Racimo dijo:

I.- La jueza de primera instancia hizo lugar en el fallo de fs. 499/508 a la demanda promovida por Daniel S. y S.S., por sí y en representación del menor S. I. S., por los daños y perjuicios sufridos por todos ellos cuando viajaban el 7 de enero de 2007 a las 13.30 hs. en un automotor Peugeot 505 familiar dominio TRL 750 que iba por la calle El Maitén, Barrio La Unión de la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y fueron embestidos por el vehículo Nissan X Terra, dominio FWG 538 que circulaba por la calle Los Chañares manejado por R. G. La pretensión prosperó por la suma global de $ 498.600 contra el conductor demandado y contra la Municipalidad de Ezeiza en su carácter de titular de la mencionada camioneta haciéndose extensiva la condena en los términos del art. 118 de la ley 17.418 a Provincia Seguros S.A.

Contra dicho pronunciamiento interponen recurso de apelación la Municipalidad de Ezeiza a fs. 518 y la aseguradora a fs. 516 que fundamentan con las expresiones obrantes a fs. 593/599 y 586/592 respectivamente que fueron contestadas a fs. 602/606 y 608/612 por la actora quien a su vez apeló a fs. 512 y presentó su memorial a fs.579/584 que no fue respondido por la parte contraria. También apeló la Defensora de Menores de primera instancia a fs. 533 fundándose el recurso con el dictamen de fs. 609/611 donde se requirió que se incrementara el monto concedido en concepto de daño psicológico y que se admitiera la indemnización por agravio moral a favor del menor Saúl Israel S.

Toda vez que la demandada y la citada en garantía cuestionan la responsabilidad que les ha sido endilgada por la actividad del conductor de la camioneta Nissan corresponde, por obvias razones de orden metodológico, considerar en primer lugar sus agravios.

No se encuentra controvertido en autos que el hecho se produjo en la citada intersección en la fecha y en el horario indicado.

Tampoco se cuestiona que la camioneta de propiedad de la Municipalidad de Ezeiza era conducida por G. en su carácter de empleado municipal quien era acompañado por N.N. G. de la Policía de la provincia de Buenos Aires en un móvil que en ese momento se encontraba afectado a la seguridad del municipio según convenios firmados entre dicha comuna y el gobierno provincial.

La jueza de primera instancia estableció que se trató de un choque de automóviles en movimiento por lo cual aplicó el criterio sentado en el fallo plenario “Valdez Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios” que imponía a la demandada probar la culpa de la víctima. Y a continuación explicó que la sentencia absolutoria dictada en el fuero penal no produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil con respecto a la culpa del imputado con cita del plenario “Amoruso, Miguel G. y otra c/ Casella, José L.” del 2-4-46 (pub. en L.L. 42-156 ó J.A.1946-I- 803).

A partir de estas consideraciones realizó una detallada trascripción de las declaraciones obrantes tanto en la causa penal y de los peritajes obrantes en dicho proceso y en este expediente civil respecto a la mecánica del hecho.Consideró así lo manifestado por el perito ingeniero mecánico Guido A. Micozzi respecto que es verosímil que la parte delantera del rodado haya embestido al lateral derecho del de la actora, que la velocidad aproximada de la camioneta Nissan era de 78,4 km/h y que al momento del impacto el Peugeot ya había traspuesto más de la mitad del cruce. Agregó a continuación que no se encuentra acreditado que el vehículo policial tuviera, al arribar a la esquina donde ocurrió el hecho, las sirenas y las balizas prendidas. Descartó como aceptables las expresiones del teniente Hugo Horacio Lastra vertidas en el acta de fs. 1/2 puesto que no se advierte que aparezcan los nombres de las personas que dieron la información acerca del suceso. Los testigos Luis Alberto D. y Eduardo Martín L. no se encontraban en el lugar del accidente por lo que nada pudieron aportar respecto a las condiciones en que circulaba el móvil policial y en cuanto a lo dicho por Julio Jorge D. lo descartó porque no se encontraba presente en el lugar del hecho sino detenido en la intersección de la calles Los Chañares y Caminito aproximadamente a cuatrocientos metros del lugar donde se produjo la colisión. Finalmente estimó que la declaración de G. -agente de policía que viajaba como acompañante en el móvil policial- resultaba de “atendibilidad restringida” dado su carácter de dependiente de la accionada y por intervenir personalmente en el siniestro lo que torna sospechables de parcialidad sus dichos.

En lo que se refiere a la prioridad de paso de la camioneta señaló que ello no exime al conductor del vehículo de la obligación de disminuir la velocidad en las bocacalles y en cuanto al eventual empleo de balizas y sirenas encendidas puntualizó que las exenciones y prioridad de paso conferida por el art.61 de la ley 24.449 no otorgan a sus conductores una verdadera inmunidad en cuanto al respeto de las normas que rigen la circulación vehicular.

La crítica formulada en la expresión de agravios por la Municipalidad de Ezeiza se centra en el inadecuado estudio realizado en la sentencia respecto a las constancias obrantes en la causa. Sostiene que la prueba producida evidencia que el móvil circulaba con las balizas y sirenas encendidas como surge del acta policial emanada del teniente Hugo Horacio L. que es un instrumento público. Agrega que se descartó la declaración de D. que fue un testigo contactado por el personal policial y no por el codemandado G. y la de G. como dependiente de la comuna lo cual es erróneo ya que se desempeña como efectivo de la Policía Bonaerense.

También indica que se rechazó atender a la prioridad de paso que tenía G., por una calle de mayor circulación, quien circulaba con su vehículo a una velocidad de entre 40 a 65 kilómetros por hora.

La citada en garantía plantea sus cuestionamientos en similares términos a los de la comuna respecto a la cuestión del tema de las balizas y las sirenas, aunque adiciona un tema importante como es el de la conducta desplegada por S. al momento del accidente. La recurrente trascribe los dichos de este en la causa penal donde dijo que vio venir por la derecha a la camioneta con lo cual la apelante dice que incurrió en una “clara posible imprudencia” al iniciar el cruce sin haber tenido la certeza de que podía hacerlo a lo que se suma que S. viajaba con un bebé en brazos sentada en el asiento del acompañante en violación a las leyes de tránsito lo que demostraría que S. desconocía las normas y carecía de la experiencia necesaria para conducir un vehículo.

Como bien ha señalado la jueza de grado resulta de aplicación al caso la segunda parte, segundo párrafo, del art.1113 del Código Civil y entonces, aun cuando existía jurisprudencia encontrada en torno a la normativa aplicable en los supuestos de colisión entre rodados, lo cierto es que esta Cámara, con fecha 10 de noviembre de 1994, in re “Valdez Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios”, resolvió en acuerdo plenario que la responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Código Civil (conf. L.L. 1995-A, 136, J.A. 1995-I, 280 y E.D. 161-402), doctrina que personalmente comparto y ha sido reiteradamente aplicada por esta Sala.

Queda en pie, por consiguiente, la presunción de responsabilidad que consagra el recordado art. 1113 del Código Civil, por lo que incumbe a cada parte demostrar las eximentes que pudiera invocar, sea acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, por cuanto lo subjetivo -culpa de la víctima o de un tercero ajeno- sólo debe interesar como eximente de responsabilidad y no como factor de atribución (conf. Sagarna, El vicio, los riesgos recíprocos y el factor etiológico en la causación de los perjuicios, en L.L. 1994-C, 365), es decir, la culpa no es relevante para fundar la acción, sino para excluirla (conf. Zavala de González, Personas, casos y cosas en el derecho de daños, págs. 144/45).

Es decir, le corresponde al actor la carga de la prueba de la existencia del daño y la intervención de la cosa con la cual se produjo, es decir, el nexo causal (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5 pág. 460 n° 14 y fallos citados en notas 165 y 166; Llambías, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, t. IV-A pág. 478 n° 2579; Llambías – Posse Saguier, Código Civil Anotado, t.II-B, pág. 823 n° 41 y pág. 824 n° 44; Trigo Represas y Compagnucci de Caso, Responsabilidad civil por accidentes de automotores, t. 2b pág. 353; CNCiv. Sala “G” en L.L. 1992- A, 126; esta Sala, votos del Dr. Calatayud en causas 230.905 del 14-11-97, 259.060 del 17-2-99, 495.908 del 16-4-08 y 604.547 del 8-2-13; CSJN, Fallos 316:902). Dicho en otras palabras, el damnificado tiene la carga de probar el daño sufrido y el contacto con la cosa del cual proviene (ver Llambías, op. cit., t. IV-B, pág. 193 n° 2866).

La principal defensa esbozada por la demandada y la citada en garantía se concentra en torno a la circulación con sirenas y señales lumínicas de la camioneta Nissan que prevenían del acercamiento al cruce a la vez que autorizaban a configurar una excepción a las normas de límite de velocidad que imponía la reglamentación del tránsito por la ley provincial 11.430.

La prueba respecto a este tema se desarrolló, en lo fundamental, en la causa “G.R.O. s/lesiones culposas” que tramitó en la UFI nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires que concluyó con veredicto absolutorio del imputado dictado por la jueza de primera instancia al adherirse a los fundamentos del ministerio público fiscal allí actuante.

Todavía se discute en esta Alzada si se habían colocado o no las sirenas y las luces como defensa por la demandada y por la aseguradora en garantía con lo cual resulta conveniente reexaminar la prueba producida en ese expediente y verificar si a partir de ella se llegó a alguna decisión relevante en la sentencia definitiva que permita tener por probado ese evento.

La causa penal se inició con la intervención del personal policial Hugo Horacio L.quien al elaborar el acta respectiva refirió que “de averiguaciones de los sucesos es que el móvil policial municipal venía con las balizas y sirenas encendidas virtud (sic) que se encontraba en persecución de un vehículo en actitud sospechosa siendo un BMW de color blanco con dos ocupantes masculinos en su interior”. No mencionó concretamente a las personas de las cuales pudo haber obtenido estos datos sobre el modo en que circulaba el móvil policial. Después se informó en la misma acta acerca de la presencia del testigo Eduardo Martín L. de quien no se trascribe declaración alguna en torno a la mecánica del accidente (ver acta de fs. 1/2).

El policía Norberto Néstor G. prestó declaración el 7 de enero en la Seccional Policial Quinta de Ezeiza y dijo que recorría la jurisdicción junto con el chofer contratado municipal G. cuando recibió un llamado al aparato Nextel y que cuando circulaba por la calle Los Chañares vio un BMW de color blanco con dos personas en su interior, que coloca las balizas y las sirenas y lo comienza a perseguir por esa arteria previa comunicación de la novedad por vía radial a los demás móviles policiales.

Agregó que en la intersección con la calle El Maitén se cruza un vehículo marca Peugeot que circulaba de sur a norte, el cual cruza sin ver hacia su derecha, y el chofer del móvil lo colisiona (ver acta de fs. 7/8).

La comparación entre lo aseverado en el acta por L. y la declaración de G. permite inferir, con un alto grado de probabilidad, que la información acerca de las condiciones en que iba el Nissan surgió de G. o de G. en tanto eran las únicas personas que se encontraban en el lugar que pudieron haber suministrado los datos relacionados con la existencia de un vehículo BMW perseguido por el móvil policial de propiedad de la demandada.Por más que se acepte la autenticidad del acta como instrumento público en los términos planteados por las recurrentes no encuentro que esto signifique un apoyo adicional a la posición asumida por esta parte puesto que solo refleja lo dicho probablemente por G. quien era la persona que tenía el Nextel mientras G. conducía el vehículo por la calle Los Chañares. De dos pruebas aparentemente independientes -el relato de L. por las “averiguaciones” efectuadas y la declaración de G.- solo tenemos, en realidad, los dichos de este acompañante de G. en su carácter de personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, y ello en el mejor de los casos puesto que la información pudo haber provenido incluso del conductor demandado en este proceso en comunicación efectuada poco después del evento a L.

Con esta comparación cae la principal defensa de los recurrentes en tanto lo que en la expresión de agravios se presentaba como una asociación de al menos dos declaraciones que concordaban en la circulación del Nissan con sirenas y señales se transforma, en una declaración surgida, con probabilidad de G. o de G, que fue transmitida de modo impersonal por L.

De haber provenido tales dichos de G. ninguna relevancia cabe acordarles en tanto ha sido demandado en este expediente. En el caso de haberse originado en el acompañante G. corresponde examinar ahora si resultan apropiadas las quejas de las apelantes en cuanto al criterio empleado en la sentencia en la cual se consideró de modo restrictivo los dichos de este testigo.

Tiene razón la demandada al señalar que este no se encontraba en relación de dependencia con la Municipalidad de Ezeiza en tanto se desempeñaba como efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires. No obstante lo expuesto, estimo que el juicio estricto adoptado en cuanto a sus dichos se relaciona con un aspecto que ha sido considerado indirectamente en el fallo.En efecto, el punto decisivo sobre el que giró el proceso penal y también este expediente civil consistió en determinar si el móvil circulaba con las sirenas y las luces dando aviso de la persecución. Y es claro que el encargado de colocar las balizas y las sirenas era G. porque él mismo lo dijo en el acta de fs. 7/8 de la causa penal. Véase así que las dudas que suscita su declaración testifical se originan precisamente en este punto que estaba a su cargo como personal de la policía bonaerense. Su responsabilidad como policía dependía de haber puesto o no las sirenas y las luces, y por ello su aseveración en cuanto a que así lo había hecho no debe aceptarse sin más porque su omisión en este sentido podría haber dado lugar a alguna sanción disciplinaria en la fuerza en que por entonces se desempeñaba. Ello no significa dudar de su credibilidad por esa sola circunstancia sino precisar que su situación era mucho más comprometida que la sugerida en la expresión de agravios de la demandada y de la citada en garantía. El problema de fiabilidad de los dichos de G. no se refiere a una relación de dependencia inexistente en el caso, sino a que sus declaraciones podían involucrarlo personalmente en la omisión de cumplimiento de obligaciones atinentes al desempeño de la función policial y eventualmente a la responsabilidad que esa omisión podría originar en el ámbito laboral. A esto se ha referido indudablemente la jueza de grado al mencionar la intervención personal que G. tuvo en el siniestro en un segmento de la sentencia que no ha sido realmente observado por los apelantes en las respectivas expresiones de agravios.

Luis Alberto D. declaró el 9 de enero de 2007 y solo informó sobre los hechos presuntamente delictuosos que habrían originado la persecución de un automóvil marca BMW de color blanco.No observó el accidente con lo cual sus dichos carecen de relevancia a la hora de determinar si el móvil iba con las señales colocadas. Eduardo Martín L. declaró el 18 de abril de 2007 y dijo que se encontraba transitando por la calle Araucarias y que cuando llegó a la esquina con Los Chañares vio un móvil policial porque había ocurrido un accidente a unos 100 metros sin haber visto el choque entre los vehículos (acta de fs.141).

La actora S.S. depuso el 20 de abril de 2007 y manifestó que viajaba con su esposo y con su bebé por la calle El Maitén, que tenía lomos de burro, a bordo de un rodado Peugeot 505 Familiar, modelo viejo, que les había prestado el tío de su esposo, de nombre R. Precisó que manejaba D. y que se encontraba sentada a su lado en el asiento del acompañante y que en sus brazos llevaba a su bebé y que cuando llegó a la intersección con Los Chañares su marido comienza a cruzar la misma y hallándose en el medio del cruce es que imprevistamente ve por Los Chañares que venía una camioneta blanca con recuadro azul y letras blancas de la policía en nuestra dirección impactando el frente de la camioneta con la puerta delantera del acompañante del rodado en el que iba. “Que todo ocurrió muy rápido, es más cuando vi venir la camioneta en nuestra dirección me pareció que estaba lejos a una cuadra aproximadamente, pero de golpe y sin terminar el cruce nos impactó. Por lo que considero que vendría a gran velocidad para darnos alcance antes de cruzar esa esquina” (ver acta de fs. 147/148).

S. declaró en la misma fecha y dijo que su tío R. le prestó el auto, que él iba al volante y que su esposa S. estaba sentada a su lado en el asiento del acompañante con el bebé de ambos en brazos.Que iban a unos 20 km/h y que cuando llegaron a la intersección de Maitén con Los Chañares, disminuyó más la marcha, ya que había una loma de burro, la que pasó comenzando el cruce de la intersección “previo a observar a ambos lados y ver que de lado derecho, por la calle Los Chañares, venía una camioneta de policía a una cuadra aproximadamente de distancia, que considerando que podía cruzar tranquilamente, es que comienzo a hacerlo y de golpe siento un fuerte impacto, despertándome en el suelo, boca arriba a unos metros del auto Peugeot”. Aclaró posteriormente que no escuchó sirenas ni alarma de patrulleros ni ninguna luz de sirenas, Afirmó que la camioneta no tenía encendidas las sirenas y que tampoco se le hizo alguna señal (ver acta de fs. 149).

El acta de debate del Juzgado Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora contiene algunos datos importantes que entiendo pertinente señalar. El ministerio público fiscal se refirió en su alegato a los dichos de S. y S. respecto a que estaban cruzando la intersección y que “ven a cien metros aproximadamente una camioneta pero pensaron que tenían tiempo de pasar, que primero no sabían que era un patrullero, porque no tenían luces ni sirenas” (las comillas me pertenecen).

Acto seguido dijo el Fiscal que “a esta versión se oponen otras pruebas, se observó en el lugar de los hechos que la encrucijada es de difícil observación para el que va por Los Chañares, máxime que es una de las calles principales más transitadas, donde circula una línea de colectivos, no es una calle interna, lo cual obliga a preocuparse y observar un poco más que en cualquier otra calle” (comillas agregadas). En cuanto a los dichos respecto de la baliza, el Fiscal entendió que existía un cuadro de duda al respecto por lo afirmado por D.quien dijo que sí escuchó al pasar por casualidad que venía un patrullero con balizas a lo que se suma lo afirmado por el policía G. y las declaraciones del imputado respecto a la persecución que se corrobora con lo asegurado por D. quien contó que dio aviso a la policía. El Fiscal entendió que ante esta duda debía dictarse veredicto absolutorio a favor de Rubén Omar G. en un criterio que fue compartido en sus argumentos por la jueza interviniente en este caso al liberar de toda responsabilidad penal a G.

La doctrina del mencionado plenario de esta Cámara dictado in re “Amoruso, Miguel G. y otra c/ Casella, José L.” del 2-4-46 expresa que: “el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria del procesado recaída en el juicio criminal, no hace cosa juzgada en el juicio civil, el primero en absoluto y la segunda respecto a la culpa del autor del hecho, en cuanto a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados” (conf. voto del Dr. Dupuis en causa 481.742 del 17-7-07). En este sentido no cabe duda que de la interpretación de ese plenario resulta que la sentencia criminal hace cosa juzgada en cuanto a la inexistencia del hecho (art. 1103 del Código Civil y Alterini, Ameal y López Cabana, Curso de Obligaciones, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 5ª. ed., 1993, n° 572, pág. 248).

Dicho criterio -que el Tribunal comparte a pesar del carácter ya no obligatorio de los plenarios a raíz de la sanción de la ley 26.853- no resulta relevante en este caso a la hora de considerar el tema de la sirena y de las señales lumínicas del Nissan. La noción de hecho principal del art.1103 del Código Civil engloba a las circunstancias que fueron estimadas esenciales para determinar la absolución del imputado de manera que establecido, por ejemplo, que en el juicio criminal las barreras del tren están cerradas no cabe estimar en la causa civil que estaban abiertas (Borda, Obligaciones, 5ª ed., Buenos Aires, Ed. Perrot, 1983, t. II, n° 1618, pág. 464 y esta Sala, mi voto en c. 603.115- del 14-9-12), circunstancia que no es análoga a la que se presenta en este caso. Ocurre que el Fiscal de Cámara en su dictamen que la jueza de grado hizo suyo a la hora de absolver a G. solo indicó la existencia de versiones contrapuestas respecto a este aspecto de la cuestión que había sido alegado como defensa por el imputado sin llegar a la formulación de una aseveración concluyente sobre esta materia.

G. fue sobreseído por el goce constitucional de la presunción de duda en el marco de un proceso penal y no porque se hubiera evidenciado que el Nissan venía circulando con sirena y con luces.

En este sentido ha señalado el Dr. Calatayud en un voto de esta Sala en la c. 420.793 del 11-4-05 que es verdad que cuando una ambulancia se encuentra en emergencia el resto de los vehículos debe ceder el paso (ver art. 61 de la ley 24.449), pero también lo es que dicha prioridad debe ser razonablemente entendida. Es que, la libertad de maniobra de la que gozan este tipo de vehículos no encubre la injustificada temeridad de sus conductores y, aún justificándose, no exime al principal de la responsabilidad civil por los daños que puedan ocasionar a los terceros inculpables (ver CNCiv. Sala “B” en E.D. 14-881; íd., en E.D. 25-525).

Y en el caso ni siquiera se encuentra acreditado de modo fehaciente el uso de señales y sirenas. La declaración de Julio Jorge D.-que sirvió para crear cierto ámbito de duda en el marco del proceso penal respecto al uso de las sirenas y las luces- ha sido examinada en detalle en el fallo apelado. En efecto, se puso allí de resalto que el deponente se encontraba en una intersección ubicada a aproximadamente cuatrocientos metros del lugar en donde se produjo la colisión entre el Nissan y el Peugeot Familiar 505 con lo cual no existe certeza en cuanto a que en oportunidad del contacto G. o G. hubieran colocado esas señales cuando el vehículo era empleado como móvil afectado a la policía bonaerense. El relato de D. obrante a fs. 226 de la causa penal revela, además, que no vio el accidente sobre el cual reseña haber tomado conocimiento por un muchacho desconocido que pasaba en bicicleta quien dio cuenta del hecho a la vez que expone la falta de datos respecto al uso concreto de las señales al momento en que ocurrió la colisión.

Por lo expuesto, estimo que la parte demandada demostró, a mi entender de modo suficiente, que habían sido requeridos sus servicios para la persecución de presuntos delincuentes y no logró, en cambio, acreditar la activación de la señalización visual y sonora del vehículo que lo habilitara a desplazarse a una velocidad excesiva con lo cual resulta, en principio, responsable de los daños derivados del accidente (CNCiv., Sala B, “L’Abate Santa c. Centro Gallego Buenos Aires -Mutualidad Cultura Acción y otros” del 20-3-09, RCyS 2009-VIII, 195).

A lo expresado debe agregarse que el perito ingeniero mecánico estableció que la velocidad aproximada del vehículo Nissan era de 78,4 km/h y la del Peugeot 505 debería estar en el orden de los 20 km/h.

Entendió además que por la posición aproximada del rodado del actor al momento del impacto se podría indicar que ya había traspuesto más de la mitad del cruce cuando se produce el impacto (ver fs. 337, ptos.c y f.). Los Chañares tiene un ancho de 6 metros y El Maitén de 5,6 metros según resulta del croquis elaborado por el experto a fs. 332.

El examen de la prueba producida permite llegar a las siguientes consideraciones provisionales sobre el modo en que ocurrió el accidente. Los móviles se acercaban a la intersección de las calles El Maitén y Los Chañares que son ambas de doble sentido de circulación con un ancho semejante aunque la segunda es un poco más amplia y por ella circulan, al decir del ministerio público fiscal en lo penal, líneas de colectivos. No existe prueba suficiente que permita determinar con certeza -solo hay dudas al respecto- si al momento del choque la camioneta Nissan se desplazaba con las luces y las sirenas encendidas. El vehículo Peugeot 505 fue embestido cuando había atravesado parte de la intersección por el Nissan que se desplazaba a una velocidad de 78,4 km/h que era superior al límite legal permitido en estos cruces. El uso de sirenas y señales lumínicas no ha sido constatado de modo fehaciente en la presente causa y se constituyó, por el estado mismo de duda que ello suscitó, en el punto que sirvió para dictar el veredicto absolutorio en la causa penal donde tal situación no pudo ser en definitiva esclarecida. El criterio seguido por la jueza de grado en base al plenario “Valdez Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T.y otro s/ daños y perjuicios” exige, como ha quedado antes dicho, que exista una prueba indubitable respecto a la culpa de la víctima la cual se habría configurado de haber iniciado el cruce en esos términos respecto de una camioneta que se desplazaba con una velocidad superior a la permitida autorizada por la ley en este caso excepcional.

Hasta aquí no encuentro grandes variantes con lo expresado en la sentencia de grado sin que la demandada y la citada en garantía hayan aportado elementos suficientes para tener por debidamente cuestionado el esquema argumental allí utilizado respecto a la debilidad de la prueba testifical producida que habría acreditado, a entender de las recurrentes, el empleo de sirenas en el móvil perteneciente a la Municipalidad de Ezeiza y destinado al uso de la policía de la provincia de Buenos Aires.

La decisión recaída en el fallo plenario “Valdez Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios” significa que la parte que probó el contacto está relevada de la carga de acreditar la culpa del otro interviniente, siendo éste quien debe demostrar la de su oponente.

Es que, la presunción que emana de dicha norma legal, si bien juris tantum, debe ser destruida por prueba aportada, no por la víctima, sino por aquél sobre quien recae, es decir, el dueño de la cosa riesgosa, y que acredite fehacientemente alguna de las causales eximentes que contempla la citada disposición legal, dado que, incluso un estado de duda, es insuficiente a los fines indicados (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., pág. 393 ap. f y fallos citados en notas 33 a 35; CNCiv. esta Sala, mis votos en causas 119.083 del 13-11-92 y 120.417 del 2-12-92, entre muchas otras).

Existe sin embargo, un aspecto en el que discrepo con la jueza de grado y es el que se relaciona justamente con la temeraria conducta asumida por S.al iniciar el cruce de esa intersección en las condiciones que él mismo describió en la declaración testifical que dio en el acta obrante a fs. 149 de la causa penal. El primer elemento a considerar -y el más importante de todos- se relaciona con el hecho de que S. admitió haber visto la aproximación de la camioneta a una cuadra de distancia y decidió, a pesar de ello, seguir adelante con el cruce para el que no tenía prioridad de paso. Esta percepción fue compartida en las mismas condiciones por su esposa quien en el acta de fs. 147/148 relató haber visto a la camioneta a una cuadra aproximadamente de distancia del cruce. Se trata, pues, de un hecho afirmado por ambos actores y bien resaltado en este punto por la Municipalidad de Ezeiza quien puntualiza la violación de la obligación legal que imponía a quien va por la izquierda según lo dispuesto por el art. 57 inc. 2 de la ley provincial 11.430 vigente al momento en que ocurrió el evento dañoso.

El segundo elemento a tener en cuenta se refiere a la escasa velocidad que desarrollaba el vehículo conducido por S. -que no le pertenecía y que le había sido prestado poco antes por un pariente- después de sobrepasar el lomo de burro que se encuentra en un rango que va de los 17 a los 10 metros del inicio del cruce (ver croquis de fs. 3 de la causa penal y escalas del croquis de fs. 332 de este expediente civil). En esta s condiciones de reinicio de marcha -el perito indica que el Peugeot iba a alrededor de 20 km/h- la capacidad de reacción de un automóvil es limitada y en tales supuestos, como en el caso de encontrarse detenido, correspondía esperar el cruce tanto más cuando se trataba de una encrucijada con dos sentidos de circulación en ambas arterias.Cabe aclarar que al momento del accidente no se relevó la existencia del cartel “Cruce peligroso” para los automóviles que vienen por El Maitén indicado en el croquis de fs. 332 y en la foto inferior de fs. 331 con lo cual corresponde desestimar eventualmente que S. hubiera incumplido con esta advertencia (ver croquis de fs. 3, 163 y 194 y fotografía inferior de fs. 195 de la causa penal).

El tercer elemento a considerar es la presencia de la actora con su bebé en brazos en el asiento delantero derecho interponiéndose justamente entre la perspectiva del conductor S. y la línea de trayectoria de la camioneta de la Municipalidad de Ezeiza. La infracción de tránsito ha tenido probablemente incluso incidencia sobre las causas del accidente mismo. Ocurre que la presencia de la madre con el niño llevado delante del cuerpo de esta configuraba obviamente en conjunto un obstáculo más para una maniobra de características tan peligrosas como la detallada, esto es, iniciar un cruce de dos arterias de doble mano al haberse advertido la aproximación de otro vehículo que circulaba con preferencia por la derecha.

No es este, pues, un caso común en el cual un vehículo es embestido por la aparición de un móvil policial sin uso de sirenas o advertencias lumínicas con una casi inexistente posibilidad de su previa percepción por el embestido. Se trata, en cambio, de una hipótesis en la cual el conductor de un automóvil trasgredió la prioridad de paso a pesar de haber advertido tanto él como su acompañante que se aproximaba otro vehículo a la derecha considerando que habría de poder traspasar el cruce antes que el otro móvil. Tampoco ha existido sorpresa en el conductor S. como se quiso dar a entender en la denuncia radicada en sede penal o en la demanda en este expediente civil.Hubo, en realidad, un error de cálculo del coactor quien no estimó adecuadamente las respectivas velocidades; una excesiva ante la falta de prueba del uso de sirenas y de luces, del Nissan y la otra mínima propia después de haber pasado un lomo de burro previo a la intersección como surge de los croquis referidos. Esto se percibe, asimismo, por lo dicho por S. en relación a su percepción en relación a que la Nissan “vendría a gran velocidad para darnos alcance antes de cruzar la esquina”. El hecho se produjo por una doble imprudencia; la del conductor de un móvil policial que se desplazaba a una velocidad excesiva sin que se haya demostrado la colocación de advertencias para las personas que circulaban por las proximidades y la de S. quien al comando de un automóvil prestado supuso erróneamente que podría atravesar un cruce sin respetar la prioridad de paso que tenía el otro vehículo al que vio aproximarse desde la derecha.

El art. 57 inc. 2 de la ley 11.430 de la Pcia. de Buenos Aires establecía que todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Y además determina que esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, a salvo las excepciones que determina. Se ha admitido la hipótesis adicional en que el otro vehículo hubiera comenzado el cruce con anterioridad, supuesto este en que tal prioridad cesa, toda vez que una interpretación razonable de la norma lleva a sostener que la misma debe aplicarse al caso en que ambos vehículos llegan simultáneamente al cruce (conf. esta Sala c. 395.546 del 6/5/04, c.414.024 y 413.972, acumuladas, del 5/4/05, y c. 43.634 del 12-7-16, votos del Dr. Dupuis).

Ahora bien, el hecho se produce también claramente -además del dato de la velocidad excesiva de la camioneta Nissan- por la maniobra de S.quien pretendió pasar antes del otro móvil que tenía prioridad de paso y al cual vio tanto él como su acompañante introduciéndose innecesariamente en la intersección y colocándose como obstáculo en la trayectoria del otro vehículo cuando debió haber permanecido expectante en ese momento después de haber atravesado la loma de burro ubicada en la calle El Maitén. Dicha conducta ha contribuido inequívocamente en la producción del accidente y por ello también debe ser considerada en tanto el adelantamiento del Peugeot en la intersección fue originada precisamente por esta decisión errónea de S. (ver esta Sala, mi voto en c. 44.050/02 del 7- 3-16).

Ambas conductores son, por consiguientes, responsables del hecho; S. por no haber respetado la prioridad de paso a pesar de percibir la aproximación del otro vehículo y G. por desplazarse a una velocidad excesiva sin haberse demostrado en forma inequívoca el uso de sirenas o de luces por la camioneta adaptada para el uso policial.

Estimo así que la demandada y la aseguradora han demostrado la culpa parcial (art. 512 del Código Civil) del coactor S. y es por este motivo y ante la falta de evidencias respecto a cuál ha de ser considerada la imprudencia mayor es que propongo que se distribuya por mitades la responsabilidad en el caso y que se revoque parcialmente el pronunciamiento con este alcance.

II.- Determinada la responsabilidad que le cabe a la demandada y a la citada en garantía en el caso corresponde examinar las quejas de ambas y las de los actores respecto a la procedencia y a la cuantía de los rubros indemnizatorios estimados en el fallo de primera instancia. a. Incapacidad física Se agravian los actores de los montos indemnizatorios establecidos en lo relativo a la incapacidad física. S. sostiene que ha quedado acreditado con la intervención de la perito médico legista Dra. Canciani que tiene un 28 % de incapacidad que guarda relación de causalidad con el accidente mientras que S.hace referencia a una incapacidad parcial y permanente del 4 %. Aseguran que más de ocho años después del suceso aun persisten y se incrementaron las secuelas derivadas del hecho con lo cual solicitan que sea elevado en forma considerable de conformidad a la gravedad de las lesiones constatadas en autos.

Los actores no impugnan, en definitiva, los grados de incapacidad calculados por el perito médico con lo cual solo sostienen que ha existido una manifiesta disyunción entre los daños demostrados y el cálculo efectuado imputando a la jueza interviniente que -en el lenguaje de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 314:78; 315:119 y 2135, 316:2598; 319:1085 y 320:2230 , entre otros)- no haya concretado en la práctica los patrones señalados en la sentencia respecto al resarcimiento que habría estimado en una suma que no guarda relación con el menoscabo efectivo.

Lo cierto es que no se exponen en concreto en la expresión de agravios argumentos -más allá de la genérica referencia a lo exiguo de los cálculos- que evidencien que la cuantificación realizada por la jueza de grado a partir del estudio realizado por el perito médico interviniente sea inapropiada en el presente caso. En virtud de lo expresado sugiero que se mantenga lo decidido en este aspecto de la sentencia. b. Daño moral.

Señalan los actores que con un escueto párrafo se ha fijado una indemnización del daño moral en las sumas de $ 40.000 para S. y de $ 50.000 para S. que estiman resultan arbitrarias y exiguas ya que ambos han perdido como consecuencia del siniestro la vitalidad y actividad que los caracterizaban, sufriendo modificaciones en su vida diaria, social y familiar.

La citada en garantía se agravia específicamente de este rubro al precisar que es innegable el sufrimiento de los actores pero debiendo tenerse en cuenta que el propio demandante S.tuvo en todo o en parte responsabilidad por el hecho del siniestro.

Los menoscabos que han padecido los actores mayores de edad como consecuencia del siniestro en el orden del recorte de sus actividades previas deben considerarse reparados mediante las indemnizaciones por la incapacidad psicofísica constatada en el sub lite. En lo referente al detrimento que indudablemente ha operado en el orden de lo anímico estimo que el cálculo realizado por la jueza de grado no resulta exiguo en el caso y propongo que sea confirmado sin que los argumentos de la aseguradora deban ser tomados en cuenta en el cálculo de este rubro ya que la imprudencia de S. ha sido examinada al considerar la responsabilidad que le cabía a G. y a la Municipalidad de Ezeiza en lo principal. c. Daño psicológico.

Manifiestan los recurrentes que la licenciada Gras Goyena determinó la presencia para ambos de un síndrome o trastorno reactivo postconmocional estableciendo para S. un 30 % de incapacidad, para S. un 20 % y para el hijo menor de edad un trastorno de la comunicación no especificado compatible con trauma-trastorno estresante. Solicitan que se asigne una partida indemnizatoria adecuada a los antecedentes del caso apreciados según un criterio de razonabilidad.

El cálculo efectuado en la sentencia por incapacidad psicofísica para S. fue de $ 155.600 y para S. de $ 210.400 sin discriminación entre los distintos tipos de menoscabo constatados por el perito médico y por la perita licenciada en psicología. Más allá de lo expuesto ha quedado acreditado que el primero tiene una incapacidad física del 4 % y psíquica del 30 % y la segunda una incapacidad física del 28 % y una psíquica del 20 %. Sumados ambos conceptos y habida cuenta de la inexistencia la posibilidad de reversión parcial del daño psíquico (ver lo dicho por la perito licenciada en psicología a fs. 346/357) y la falta de otros elementos que autoricen a considerar que las indemnizaciones resultan exiguas propongo que se mantenga lo decidido en los rubros de la sentencia apelada.d. Gastos de farmacia, asistencia médica y traslados Se fijó en la sentencia de primera instancia la suma de $ 4.500 para cada uno de los demandantes mayores de edad en concepto de indemnización por gastos de farmacia, asistencia médica y traslado que los actores estiman insuficientes a tenor de las lesiones sufridas y extensión en el tiempo de las mismas.

En tal sentido la Sala tiene dicho que en lo atinente a los gastos de farmacia y asistencia médica, cuyo monto cuestiona la demandada, como bien recuerda la jueza, la jurisprudencia ha prescindido de la exigencia de la prueba concreta y documentada de este tipo de gastos que, como los de farmacia, son necesarios para el tratamiento y recuperación de la víctima, dejando librado a la apreciación judicial la fijación de su monto, siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente comprobada y tengan adecuada relación con la importancia del tratamiento (conf. esta Sala, L. nº 7356 del 29-8-84 y sus citas; L. nº 51.594 del 20-9-86;L. nº 41.431 del 3-3-89; ídem, L.nº 64.814 del 26-4-90; Sala “C”, E.D.-98-508 y sus citas; entre muchos otros).

No obsta a la admisión de la partida la pertenencia de la víctima a una obra social, adhesión a su sistema de salud prepago o su atención en hospital público, pues existe siempre una serie de gastos que se encuentran a cargo de los afiliados o parientes y que aquellos no cubren, sin perjuicio de que, cuando existe total o parcial orfandad de prueba documental, en el monto a fijarse deben ser consideradas tales circunstancias (conf. esta Sala, causas nº107.157 del 30-4-92, 113.652 del 24-8-92 y 127.547 del 19-4-93, nº119.174 del 15-12-92 y 146.808 del 18-5-94, con votos del Dr.Calatayud; causas nº154.150 del 6-10-94 y 164.495 del 23-3-95; Sala “M”, c.61.766 del 27-3-91; Sala “C”, c.129.891 del 2-11-93; etc).

Es también reiterada la jurisprudencia del Tribunal que establece que los gastos de traslado pueden presumirse cuando, de acuerdo a la índole de las lesiones, se infiere que la víctima se ha visto necesitada de recurrir a gastos extraordinarios de movilidad, como puede ser la utilización de vehículos de alquiler, por lo que no se requiere prueba de esas erogaciones (conf. esta Sala, votos del Dr. Dupuis en cc. 135.893 del 24-9-93 y 177.189 del 22-9-95).

Advierto, sin embargo, que no se ha acompañado documentación alguna que sirva para respaldar el aumento que se pretende en esta instancia ni tampoco comprobantes o recibos que den cuenta de los gastos realizados por el tratamiento kinesiológico que hagan admisible la queja instaurada, por lo cual propongo que se la desestime sin más trámite y que se confirme lo decidido en el fallo recurrido. e. Costo tratamiento psicoterapéutico.

La perita licenciada en psicología propuso un tratamiento de corte psicoanalítico y privado, semanal y con una extensión de dos años puntualizando los apelantes que la sesión con cualquier analista representa un costo no inferior a los $ 500 con lo cual debería proceder una indemnización de $ 24.000 para cada uno de los actores.

Sobre este aspecto de la cuestión creo que resulta conveniente considerar que la perita licenciada en psicología estimó un costo del tratamiento para S. en la suma de $ 17.480 y para S. de $ 12.320 (ver fs.351 vta. y 357) calculados a la fecha de presentación del informe el 13 de noviembre de 2012 (ver cargo de fs. 357 vta.). Por estos motivos y ante la importancia del detrimento psicológico determinado por la experta propongo que se eleven los montos indemnizatorios calculados a esa data. f.Daños y perjuicios del menor Saúl Israel S.

En cuanto al niño Saúl Israel S. la perita psicóloga evaluó la existencia de secuelas psíquicas pero con posibilidades de revertirse si es que realiza el tratamiento adecuado para agregar a continuación que dada la edad del niño no se puede evaluar incapacidad (ver fs. 465/vta.). Según estas pautas las secuelas psíquicas serían reversibles mediante el tratamiento admitido por la jueza de grado con lo cual no consta que el menoscabo en esta órbita sea permanente como para justificar un resarcimiento independiente el cual, además, no ha sido acreditado en cuanto al daño respectivo por la perita interviniente.

En cuanto al daño moral reclamado por la Defensora Pública de Menores e Incapaces para su representado, cabe señalar que como lo dijera esta Sala en numerosos precedentes, cualquier hecho ilícito que produce afección a los íntimos sentimientos de la persona, aunque provenga de actuar meramente culposo, es decir, sin intención de agraviar, provoca in re ipsa daño moral resarcible, aún en la responsabilidad objetiva, en que la culpa resulta presumida o bien el riesgo creado genera reprochabilidad (v. Borda, “Tratado-Obligaciones”, T II, 7a. ed., págs.250 y sigts., núms. l341 y l342), y así sostuvo que el daño moral es resarcible aún cuando la responsabilidad provenga de una causal objetiva (conf. c. 41.576 del l6-3- 89, voto del Dr. Mirás y citas que ahí formula de Horacio Guillén, “El daño moral en la responsabilidad por el riesgo de la cosa” y del fallo plenario de la Cámara del Trabajo al que en su nota se refiere: L.L. l983-B-975; ver por todo, voto del Dr. Mirás en la c.l48.l37 del 2/8/94).

También el tribunal ha señalado que a los fines de su fijación deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia de perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y de la víctima, etc, quedando también todos ellos librados al prudente arbitrio judicial (conforme causas nº 43.169 del 18-4-89; 81.134 del 24-12-90 y 81.236 del 25-4-91; Sala “B”, E.D.57-455; Sala “D”, E.D. 43-740; Sala”F”, E.D.46-564; etc).

Por ello y habida cuenta de la constatación de secuelas psíquicas no permanentes en el menor estimo que corresponde admitir este rubro cuya indemnización estimo prudencialmente en la suma de $ 15.000.

Dicho importe indemnizatorio deberá quedar depositado en una cuenta en el Banco de la Nación Argentina hasta tanto sus representantes legales, con intervención del Defensor de Menores, soliciten una inversión redituable (conf. C.S. en L.L. 1988-A-217; CNCiv. esta Sala, causas 91.749 del 22-4-92, 145.411 del 27-5-94 y 337.001 del 13-3-02, entre otras).

III.- Cuestiona la aseguradora que se haya impuesto la tasa activa de interés a partir del plenario “Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” que se encuentra derogado por la ley 26.853 y solicita que se reduzca al 8 % anual como tasa pura dado que resulta suficientemente compensatoria pues se está ante una deuda de valor cuya entidad se fija a valores actuales.

Sobre el punto de la tasa aplicable a estos casos cabe señalar que si bien con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos “Vázquez Claudia Angélica c/ Bilbao Walter y otros s/ daños y perjuicios” del 2-8-93 y “Alaniz Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 S.A.C.I.interno 200 s/ daños y perjuicios” del 23-3-04 -que ratificó el anterior-, estableciendo -en una decisión que ya no resulta obligatoria a raíz de la sanción de la ley 26.853 y consecuente derogación del art. 303 del Código Procesal- como doctrina la aplicabilidad de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (ver autos “Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”), lo cierto es que esta Sala lo ha interpretado de manera distinta a la que lo hiciera el magistrado de primera instancia.

En efecto, considera este Tribunal -incluso después de que perdiera vigencia el plenario “Samudio” con el dictado de la ley 26.853- que aceptar que la tasa activa mencionada se devengue desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, arrojaría un resultado objetivamente injusto y representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, se estaría computando dos veces la misma cosa: la desvalorización monetaria operada entre el hecho y la sentencia, dado que en esta se contemplaron valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda (ver fallos de esta Sala -aunque referidos a la tasa pasiva promedio- en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8a. ed., t.I pág. 338 n° 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L. 151-864, en especial, pág. 873 cap. V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A. 1970-7-332, en especial, cap. V).

Habida cuenta de tales circunstancias esta Sala estimó apropiado en situaciones similares establecer la tasa del 6 % para evitar el enriquecimiento indebido del actor ver, votos del Dr. Calatayud en causas 527.451 del 12-5-09 y 615.823 del 14-8-13, entre otras; Vázquez Ferreyra, La tasa aplicable en los juicios de responsabilidad civil, en L.L. del 10-6- 09, pág. 7). Sin embargo, como la demandada no propone la del 8%, habré de propiciar que se modifique la sentencia apelada con este alcance, a fin de no incurrir en reformatio in peius dejándose expresamente aclarado que a los resarcimientos calculados por tratamiento psicológico deberá ser aplicada desde la fecha de la presentación del informe la tasa activa toda vez que se trata de montos cristalizados a esa data (ver mis votos en c. 627.102 del 28-11-13 y en c. Coria 541.501 del 10-1 2-09).

Por las razones expuestas propongo que se revoque parcialmente la sentencia distribuyendo la responsabilidad por mitades por las consecuencias del accidente descripto y admitiéndose la indemnización por daño moral a favor del menor Saúl Israel S. en la suma de $ 15.000, que se la modifique a los montos por tratamiento psicológico que se elevan a las sumas de $17.480 y $ 12.320 para S. y S. respectivamente y en lo relativo al cálculo de los intereses que deberá ser efectuado en la forma indicada en los párrafos precedentes. Las costas de ambas instancias se imponen a los demandados y a la citada en garantía quienes resultaron ser la parte sustancialmente vencida al haber cuestionado el aspecto central del proceso: la responsabilidad (conf.Orgaz, El daño resarcible [Actos ilícitos], 3a. ed., pág. 158, n? 48 y fallos citados en nota 117; CNCiv. esta Sala, causas 305.369 del 25-10-2000 y 312.050 del 15-5-01, entre muchas otras; ver, en el mismo sentido, CNCiv. Sala “I”, en J.A. 2003-IV-248).

Los señores jueces de Cámara Dres. Calatayud y Dupuis por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto. JUAN CARLOS G. DUPUIS.

FERNANDO M. RACIMO.

MARIO P. CALATAYUD.

Este Acuerdo obra en las páginas N° a N° del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, diciembre 21 de 2016.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede y de conformidad con lo dictaminado por la Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara, se revoca parcialmente la sentencia distribuyendo la responsabilidad por mitades por las consecuencias del accidente descripto y admitiéndose la indemnización por daño moral en la suma de $ 15.000 a favor del menor Saúl Israel S. y se la modifica en cuanto a los resarcimientos por tratamientos psicológicos para Daniel S. y S.S. que se elevan a las sumas de $ 17.480 y $ 12.320 respectivamente y en lo relativo al cálculo de los intereses que deberá ser efectuado en la forma indicada en los párrafos precedentes. Los importes indemnizatorios fijados a favor del menor deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina conforme se propone en el punto II f. Las costas de ambas instancias se imponen a los demandados y a la citada en garantía vencidos. Se difiere la adecuación de los honorarios de los profesionales intervinientes y la fijación de los correspondientes a esta instancia para cuando obre liquidación aprobada. Notifíquese y devuélvase.