La Provincia de La Rioja prorroga la veda para la tala del Quebracho Blanco

Partes: N.N. s/ incidente de incompetencia

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 27-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103457-AR | MJJ103457 | MJJ103457

Sumario:1.-Corresponde declarar la competencia de la justicia provincial para continuar el trámite de la denuncia de estrago seguido de muerte, atribuida a las urbanizaciones cerradas como causante de las inundaciones sucedidas en la cuenca del río Luján, en la que se les imputa responsabilidad a quienes realizaron esas obras, las autorizaron o permitieron, habida cuenta que tales delitos resultan ajenos a la competencia material de la justicia federal, pues habiendo tenido lugar en el territorio de una provincia, no se advierte que hayan afectado directamente la seguridad de la Nación o sus instituciones; y tampoco las personas imputadas se encuentran aforadas a la jurisdicción federal, pues se trata de particulares y funcionarios municipales y provinciales acusados por actos realizados en el ejercicio de competencias eminentemente locales, como lo es la planificación urbana y el ordenamiento territorial dentro de un estado provincial (del dictamen del Procurador Fiscal al que la Corte remite)

2.-La circunstancia de que la denuncia haya considerado la ejecución de las urbanizaciones cerradas desde el punto de vista de su impacto ambiental introduce una perspectiva totalmente distinta y en principio ajena a la cuestión de la competencia criminal, pues no toda conducta de la que resulta un daño al medio ambiente es necesariamente un delito y, cuando lo es, no siempre es de índole federal, y ello sin perjuicio de las acciones de naturaleza preventiva o reparatoria a que pueda haber lugar, ante las autoridades administrativas o judiciales, nacionales o provinciales, según lo que corresponda de acuerdo a las leyes vigentes en la materia (del dictamen del Procurador Fiscal al que la Corte remite)

Fallo:

Procuración General de la Nación

La presente contienda negativa de competencia que se suscitó entre el Juzgado Federal y el Juzgado de Garantías, ambos con asiento en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, reconoce como origen la denuncia presentada por un grupo de vecinos de Luján por los delitos de estrago seguido de muerte, daño agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público. En ella se sostiene que las inundaciones de público conocimiento que sucedieron en la cuenca del río Luján en octubre de 2014 y agosto de 2015, que provocaron graves daños a la propiedad privada y pública, y a las que cabe atribuir la muerte de dos personas, constituyen además un grave daño ambiental causado por el desarrollo de urbanizaciones cerradas construidas sobre la planicie de inundación del río Luján. Esas construcciones, ubicadas río abajo, elevaron la cota de la mencionada planicie y alteraron su capacidad natural de escurrimiento, por lo que ese curso de agua ahora se desborda, ante determinados eventos climáticos, en una sección superior del cauce. Por otra parte, los denunciantes afirman que el desarrollo inmobiliario ha producido un impacto ambiental negativo en términos de biodiversidad, preservación de la flora autóctona y calidad del agua superficial y subterránea y, en general, disminuye la capacidad del sistema hidrológico de prestar servicios ecológicos importantes para el ambiente y la población local.

La denuncia apunta a los desarrolladores de las urbanizaciones cerradas y a los funcionarios municipales y provinciales que, en ejercicio de sus competencias, removieron los obstáculos legales que impedían realizar esos emprendimientos al modificar la normativa relacionada con el ordenamiento urbano, zonificación y destino de las parcelas dentro de la llanura de inundación del río Luján, y emitieron las autorizaciones y aprobaciones requeridas para llevarlos a cabo.Ello sin descartar la eventual responsabilidad de otras autoridades nacionales y provinciales por la omisión de hacer observar el marco regulatorio en materia ambiental en lo que de ellas dependiera.

El juez federal declinó la competencia a favor de la justicia local por considerar que el objeto de la causa era la investigación de delitos comunes, presuntamente cometidos por agentes públicos provinciales que habrían actuado en contradicción con normas de derecho público municipal y provincial (fs. 59/61).

Por su parte, .el juez local rechazó la atribución al entender que la denuncia era más amplia en su objeto, en tanto mencionaba la posible infracción de leyes nacionales en materia de protección del medio ambiente y la eventual responsabilidad que al respecto podría caberle a la autoridad nacional encargada de velar por su correcta aplicación (fs. 77).

Con la insistencia del tribunal de origen quedó trabado el conflicto y el incidente fue elevado a la Corte (fs. 86). El objeto de esta incidencia se limita a establecer a qué tribunal corresponde conocer de los hechos que puedan calificarse como delitos, según la apreciación que de ellos pueda hacerse prima jade a partir de las constancias de la causa. En este sentido, entiendo que el relato de la denuncia es preciso en atribuir a las llamadas urbanizaciones cerradas eficacia causal en la inundación, y por lo tanto es igualmente claro que la imputación se dirige primariamente a quienes realizaron esas obras y a quienes las autorizaron o permitieron, como autores o partícipes de inundación seguida de muerte, daños agravados, y en el caso de los funcionarios públicos, esa conducta revelaría además la omisión de cumplir con su deber.En esos términos, cabe señalar que tales delitos resultan ajenos a la competencia material de la justicia federal, pues habiendo tenido lugar en el territorio de una provincia, no se advierte que hayan afectado directamente la seguridad de la Nación o sus instituciones; y tampoco las personas imputadas se encuentran aforadas a la jurisdicción federal, pues se trata de particulares y funcionarios municipales y provinciales acusados por actos realizados en el ejercicio de competencias eminentemente locales, como lo es la planificación urbana y el ordenamiento territorial dentro de un estado provincial.

La circunstancia de que la denuncia haya considerado la ejecución de las urbanizaciones cerradas desde el punto de vista de su impacto ambiental introduce una perspectiva totalmente distinta y en principio ajena a la cuestión de la competencia criminal, pues no toda conducta de la que resulta un daño al medio ambiente es necesariamente un delito y, cuando lo es, no siempre es de índole federal, y ello sin perjuicio de las acciones de naturaleza preventiva o reparatoria a que pueda haber lugar, ante las autoridades administrativas o judiciales, nacionales o provinciales, según lo que corresponda de acuerdo a las leyes vigentes en la materia.

Es por ello que la invocación genérica a la infracción de leyes nacionales relacionadas a la protección del medio ambiente no alcanza por sí sola para sostener, a esta altura del proceso, la existencia probable de un delito de exclusiva naturaleza federal.

Por lo demás, si acaso tal supuesto se verificase, entiendo que resultaría entonces aplicable la solución que, con antigua base jurisprudencial, recientemente V.E. estableció en la competencia CSJ 4861/20 15/CS 1, “Actuaciones remitidas por Fiscalía Única de Jáchal si con motivo de la denuncia de Saúl Argentino Zeballos y denuncia de Fiscalía de Estado – denuncia Defensoría del Pueblo, resuelta el pasado 5 de mayo, oportunidad en la que recordó que corresponde al fuero de excepción juzgar les delitos cometidos por empleados federales en el desempeño de sus cargos (Fallos:237:288; 307:1692 y 1757; 308:214, 1052, 1272 Y 2467), y que, aun cuando mediare una relación de conexidad entre los hechos cuyo conocimiento se atribuye y los que se investigan en la jurisdicción provincial, no puede justificarse la unificación de les procesos, ya que no corresponde el tratamiento conjunto de delitos de naturaleza federal y de índole común, debido a que las razones de mero orden y economía procesal que inspiran las reglas de acumulación per dicho motivo sólo pueden invocarse en procesos en los que intervienen jueces nacionales (Fallos: 312:2347; 314:374 y 326:2378).

Por ello, opino que corresponde declarar la competencia de la justicia provincial para continuar el trámite de la causa, sin perjuicio de lo que surja ulteriormente de la investigación.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016.

Es copia

Eduardo Ezequiel Casal

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016

Autos y vistos:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, a los que corresponde remitir en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó la presente cuestión de competencia negativa el Juzgado de Garantías n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado Federal de Mercedes, de la provincia de Buenos Aires.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – HORACIO ROSATTI – CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ