Se rechaza la medida cautelar que persigue la suspensión de la resolución que prohíbe el uso de bolsas plásticas pues la cuestión ya ha sido debatida en tal sentido

Partes: APYMEP Asociación Civil y otros c/ GCBA y otros s/ incidente de medida cautelar

Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: 20

Fecha: 15-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102385-AR | MJJ102385 | MJJ102385Sumario:
1.-Corresponde rechazar la medida cautelar iniciada a los fines de suspender los efectos de la Ley 3147 y de la res. Nº 341/2016 , que prohíbe el uso de bolsas no biodegradables livianas, pues las partes fueron convocadas a una audiencia donde expusieron sus argumentos y las cuestiones debatidas ya fueron tratadas por el Tribunal al resolver la medida cautelar previa interpuesta por un organismo similar a las asociaciones actoras.

2.-Si bien los actores atacaron las disposiciones de la Ley 3147 y de la res. Nº 341/2016, lo cierto es que se trata de un cuestionamiento tangencial que no alcanza para modificar la solución arribada en el expediente de objeto similar ( ADOC Envases S.R.L. y otros c/ GCBA y otros s/ medida cautelar autónoma ), por lo que cabe rechazar la medida cautelar intentad.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Ciudad de Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico Asociación Civil -en adelante, APYMEP-, Oxiplast S.R.L., Juan Eligio Amicarella, Jorge Rafael Diotisalvi, Plásticos Lires S.A., Multibag S.A., Gabyplast Americana S.A., la Cooperativa de Trabajo Angelplast Limitada, Flexipack S.R.L., Macioplast S.R.L., Alfaplast S.R.L., Alberto Castelli, Miguel Ángel Valenzano, Pryde S.R.L., Poli-pack S.R.L., V.R.M. Plásticos S.R.L., Jorge Alberto Rotger, Jorge Antonio Guichane, Comparin Hnos. S.R.L., Carlos César Rodríguez, Industrias FT S.R.L., Needford Plast S.A., Debi-Plast S.A. y Envapol Bolsas S.R.L., mediante apoderado, iniciaron el presente incidente de medida cautelar contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -en adelante, GCBA- y la Agencia de Protección Ambiental -en adelante, APRAa los fines de suspender los efectos de la ley 3147 y de la resolución 341/APRA/2016, hasta tanto se resuelva la acción declarativa de inconstitucionalidad que -según señalaron- interpondrán oportunamente (fs. 1/7 y 99). Solicitaron que la medida peticionada alcance a “aquellos clientes destinatarios de los productos prohibidos a facturar por las industrias y/o establecimientos actores de los presentes” (fs. 1 vta.). Manifestaron que requieren el dictado de una medida suspensiva de no innovar, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del CCAyT. Indicaron que “cumplen con el requisito de fabricar y/o comercializar bolsas no biodegradables y/o vinculados al ejercicio comercial de la misma cuyo resultado afecta directa o indirectamente en su giro comercial y existencia de la empresa actora de los presentes” (fs. 2) y que desarrollan dicha actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Relataron que el 27 de agosto de 2009 se sancionó la ley 3147 y que “atento al grado de desprolijidad, inexacta, falta de criterio científico, vulnerando derechos, adquiridos, consensuadamente se crea una comisión multidiscliplinaria que luego de varias reuniones estudios científicos y debates conjuntamente llegan a la conclusión de realizar pruebas de biodegradación con productos que en el anexo 1 se acompaña” (fs. 2 vta.). Agregaron que “[a] pesar del tiempo transcurrido, los análisis realizados en la comisión multidisciplinaria de bolsas biodegradables, conjuntamente con las autoridades gubernamentales de ese momento, jamás se ha llevado a cabo las resoluciones que se han arribado entre las partes y que en la presente se acompaña” (fs. 2 vta.). Continuaron diciendo que, ante el cambio de autoridades de gobierno, se produjo un vuelco intempestivo lo que concluyó en el dictado de la resolución 341/APRA/2016 (fs. 2 vta.). Sostuvieron que la medida cautelar solicitada en los términos del artículo 189 del CCAyT otorgaría el ropaje jurídico adecuado hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, mediante la cual intentarán demostrar que “no afecta el medio ambiente, es absolutamente reciclable los productos prohibidos y que con una buena gestión residual puede ser sumamente útil tanto para la sociedad como para el ambiente” (fs. 2 vta./3). Para fundar la verosimilitud de su derecho, alegaron que el artículo 1 de la resolución 341/APRA/2016 “mal define el término biodegrabilidad”, ya que “indica que es biodegradable y que no lo es, cuando en realidad se intenta enmascarar un[a] prohibición de tamaño pero no un material” (fs. 3). Aseguraron que el plástico o el polietileno “conjuntamente con su reciclaje” propician elementos y artículos de uso sumamente necesarios para la vida humana y que “son utilizados desde el nacimiento de nuestras vidas y desde que ingresamos a una internación por temas de salud nos ponemos inmediatamente en contacto con elementos plásticos desde los estudios con tuberías intercorporales, recipientes de medicamentos, suero, jeringas, catéter, etc.Mal podemos decir entonces que puedan ser perjudiciales para nuestra salud o el ambiente” (fs. 3). Consideraron que la resolución cuestionada dista de ser un sistema que proteja la biodegrabilidad por el hecho de que aquélla “ataca a las medidas de las bolsas es decir que no protege la biodegrabilidad sino que prohíbe tamaños, desvirtuando el espíritu de la ley con las consecuencias que ello arroja” (fs. 3). Añadieron que la regulación bajo análisis afecta la igualdad de trato ante la ley ya que, de prohibir el polietileno, deberían prohibirse también materiales como el vidrio, la madera pintada o el hierro, los cuales superan ampliamente el grado de biodegrabilidad medido en años (fs. 3 vta.). Destacaron, por otro lado, que la normativa que aquí discuten afecta sus derechos adquiridos debido a que arbitrariamente prohíbe la comercialización de las bolsas sin una razón congruente que salvaguarde el medio ambiente y la salud. Los actores afirmaron que la ley 3147 y la resolución 341/APRA/2016 carecen de razones suficientes que permitan respaldar tal regulación, sino que “su reciclado resulta sumamente útil para las razones que a contrario imperio se intentan resguardar. Con una educación ciudadana, sistema de separación residual, es absolutamente valioso para su nueva utilización. Donde la prohibición resulta ambigua para regular la actividad plástica, más siendo indispensable para los insumos de accesorios quirúrgicos entre otros” y añadieron que “[e]s como prohibir lo necesario por su mala utilización, vale decir por ejemplo prohibir la fabricación de una martillo porque se lo utiliza para dañar” (fs. 3 vta.). Luego, entendieron que el peligro en la demora está justificado por “la duración de la acción principal que se interpondrá oportunamente conforme lo configura el código de rito [que] convierte en ilusori[os] los derechos reclamados” (fs. 4). También estimaron que, de no acceder a su pedido, los actores deberán afrontar despidos masivos del personal que trabaja en sus empresas con las graves consecuencias que ello acarrearía.Opinaron que la acción declarativa de inconstitucionalidad requerirá de un análisis mayor, lo que incluiría estudios periciales a fines de determinar el grado de biodegrabilidad de los productos o estudios específicos de impacto ambiental, y que ello también haría ilusorio su derecho puesto que la normativa controvertida es de efecto inmediato, “a principios del próximo año” (fs. 4 vta.). Según relataron, en caso de suspender los efectos de la resolución 341/APRA/2016, no se crearía un grave perjuicio para el interés público y, de no acceder a su pretensión, en cambio, se ocasionaría un riesgo en el “interés público del administrado” (fs. 5). Finalmente, prestaron caución juratoria, ofrecieron prueba e hicieron reserva del caso federal.

II. Que a fs. 100 el Tribunal advirtió que podrían encontrarse involucrados derechos o intereses de incidencia colectiva, razón por la cual se ordenó librar oficio a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del fuero a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Plenario N° 4/2016. Dicho oficio fue contestado a fs. 103 por el Secretario General interino.

III. Que a fs. 198 se convocó a los actores y a la APRA a una audiencia, la que fue celebrada el 5 de diciembre de 2016 (ver copia certificada del acta obrante a fs. 208/212 vta.). En el marco de dicha audiencia las partes expusieron sus argumentos. En síntesis, los actores replicaron los del escrito de fs. 1/7 e ilustraron al Tribunal sobre algunos aspectos técnicos, fácticos y estadísticos; por su parte, la APRA se explayó en torno a los alcances de la resolución 341/APRA/2016 y manifestó que la decisión allí plasmada era una posición ya tomada. A fs. 215 pasaron los autos a resolver la medida cautelar solicitada.

IV. Que toda vez que las cuestiones aquí planteadas han sido debidamente tratadas por el Tribunal al resolver la medida cautelar solicitada en el marco de los autos “ADOC Envases S.R.L.y otros c/ GCBA y otros s/ medida cautelar autónoma” (expte. A35.780-2016/0), corresponde estar a lo allí decidido.

V. Que, a todo evento, sólo resta agregar que, si bien en este caso los actores atacaron las disposiciones de la ley 3147, lo cierto es que se trata de un cuestionamiento tangencial que no alcanza para modificar la solución arribada en el expediente “ADOC” y que encuentra respuesta en los argumentos allí vertidos.

En mérito de lo expuesto, FALLO: 1. Rechazar la medida cautelar solicitada. 2. Ordenar la extracción de copias de la resolución dictada el día de la fecha en los autos “ADOC Envases S.R.L. y otros c/ GCBA y otros s/ medida cautelar autónoma” (expte. A35.7802016/0) para que, luego de su certificación por el Actuario, sean agregadas al presente incidente. 3. Estar a las medidas de publicidad ordenadas en los autos “ADOC”. 4. Designar oficial notificador ad hoc a José Ignacio Limodio (D.N.I. 37.339.765) a fin de efectuar las notificaciones de la presente. Regístrese, notifíquese con copia de la resolución recaída en los autos “ADOC” -en el día con habilitación de día y hora- por cédula y, oportunamente, archívese.