Revocación de la medida cautelar de suspensión de descuento sobre los salarios de docentes que realizan medidas de fuerza, al ser necesaria una mayor intensidad de debate y prueba

Partes: Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ legajo de apelación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata

Fecha: 21-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103211-AR | MJJ103211 | MJJ103211Sumario:
1.-Debe revocarse la sentencia que hizo lugar a la cautelar peticionada y ordenó el cese de los descuentos en concepto de huelga y la devolución de las sumas pertinentes a los docentes afiliados a la entidad actora, pues la cuestión a elucidar implica adentrarse en la efectiva participación de aquéllos en tales medidas, su alcance y el marco normativo que regula dicho accionar, todo lo cual impone un examen más amplio que excede el marco preliminar de la etapa cautelar, ya que exige mayor intensidad de debate y prueba.

2.-La admisión de las medidas cautelares se encuentra supeditada a la demostración de la verosimilitud del derecho en que se funda el pedido de tutela, del peligro en la demora y en que la medida requerida no afectare gravemente el interés público.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a los veintiún días del mes de Febrero del año 2017, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, con la presencia de los Señores Jueces Dres. Gustavo Juan De Santis, Claudia Angélica Matilde Milanta y Gustavo Daniel Spacarotel, para entender en la causa “CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA AUTONOMA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ LEGAJO DE APELACION (FISCALIA APELA RES. DEL 6/7/16)”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial La Plata (Expte. Nº -35076-QUIN), previa deliberación, se aprueba la siguiente resolución.

La Plata, 21 de Febrero de 2017. VISTO Y CONSIDERANDO: El recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado (fs. 66/74vta.), agraviándose de la decisión adoptada por el juez de grado (fs. 23/26vta.), en el marco de la causa principal “Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de Cesación de Vía de Hecho Administrativa” (expte. Nº 35.076; Receptoría LP N° 14551/16), por la que se resuelve hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora, el Tribunal resuelve plantear la siguiente CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? VOTACIÓN: A la cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:

I. Viene a esta Alzada el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado, contra la decisión del juez de grado por la que hace lugar a la medida cautelar solicitada por la parte accionante, ordenando a la demandada a que se abstenga de aplicar descuento alguno bajo los códigos COULI “D 1173”, Causa Nº 19253 CCALP 2 “D1674” y “D1675” o equivalentes, vinculados con las medidas de fuerza llevadas adelante por los trabajadores en el marco de la paritaria salarial 2016.Consecuentemente, ordena la restitución de las detracciones salariales sufridas por los afiliados de la entidad accionante, según el caso, debiendo adecuar la liquidación de los recibos de haberes del mes a percibir, y en caso de imposible o difícil concreción dispone que deberá, dentro del plazo de cinco días de notificada, abonar el descuento efectuado por recibo o cheque por separado y hasta tanto se dicte sentencia en autos conexos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la CPBA. Para resolver en tal sentido, el iudex consideró que la petición cautelar se sustenta sobre bases “prima facie” verosímiles, en tanto la conducta que habría asumido la Administración demandada al efectuar nuevos descuentos a las personas afiliadas a los gremios disidentes en la paritaria salarial 2016, sin distinción alguna y por el solo hecho de su afiliación, constituiría un acto de discriminación sindical prohibido expresamente por los arts. 14 bis y art. 16 de la Constitución Nacional; por los arts. 11 y 39 incs. 2 y 4 de la Constitución Provincial, y del art. 53 incs. “e”, “f”, “g” y “j” de la Ley 23.551, de Asociaciones Sindicales. Esgrime la inexistencia de acto administrativo que habilite dicho accionar, no apreciando justificadas las razones del accionar estatal, y afirma que el Memorando N° 48 adunado a los autos no puede considerarse como un acto administrativo que respalde tales descuentos, en tanto califica al mismo de mero acto de trámite o preparatorio. Funda el peligro en la demora en el carácter alimentario del salario de los trabajadores, y considera que no surge prima facie que la medida pueda producir una grave afectación al interés público, en tanto la misma sólo tiende a la restitución de haberes del sector público que ya se encontraban previstos en el presupuesto anual de la Provincia, no implicando -por ende- un gasto o derogación adicional al mismo, y no pudiendo -aduna- alegarse válidamente imposibilidades o dificultades en ese aspecto.

II. 1. El recurso resulta admisible (arts. 55, inc.2º, ap. “b”, 56, inc. 1°, segunda parte, 59, inc. 3º y ccs., CPCA; fs. 62/65vta. y cargo electrónico de fs. Causa Nº 19253 CCALP 3 81vta.), razón por la que corresponde atender a sus fundamentos. 2. Los agravios de Fiscalía de Estado giran en torno a los siguientes tópicos: a) Indebida ampliación objetiva y subjetiva del pleito luego de trabada la litis: sostiene que la acción de cese de vía de hecho administrativa que dio origen al pleito, tendiente a evitar el cierre de la paritaria 2016 de los empleados públicos provinciales, se amplió mediante la incorporación de los hechos nuevos denunciados por los actores dados por los descuentos efectuados con motivo de las medidas de fuerza que llevaran adelante los empleados estatales, vulnerando el principio de preclusión procesal y su derecho de defensa (ap. IV, fs. 67/68vta.). Asimismo, critica la consecuente incorporación al pleito de la Dirección General de Cultura y Educación local, siendo que el mismo fue iniciado contra la Gobernación provincial, para evitar el cierre de la paritaria 2016 de los agentes estatales (ap. V, fs. 68vta./69). A tono con ello, postula la incompetencia del a quo para pronunciarse sobre los descuentos salariales motivados en la huelga de aquéllos (ap. VI, fs. 69/70). b) Critica la imposición de abonar haberes a los agentes que no prestan servicios por huelga, alegando la ausencia de verosimilitud en el derecho invocado por la parte actora, con numerosos precedentes que cita en aval de su posición (ap. VII, fs. 70/73vta.). Por último, deja planteado el caso federal y el caso constitucional provincial.

III. 1. Liminarmente, cabe puntualizar que la medida cautelar de marras, ha sido dictada en el marco de la causa principal “Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de Cesación de Vía de Hecho Administrativa” (expte.Nº 35.076; Receptoría LP N° 14551/16), cuyo trámite procesal -de consulta y compulsa a través de la Mesa de Entradas Virtual de la Suprema Corte de Justicia provincial-, indica la existencia de movimientos que denotan una sucesión de medidas cautelares dictadas por idéntica materia (descuentos por huelga) y en el mismo expediente Causa Nº 19253 CCALP 4 principal (de fechas 7/4/16 y 26/4/16, con trámites recursivos en curso), así como de un informe de la Dirección Provincial de Legal y Técnica, y de la Dirección de Coordinación de Actuaciones Judiciales de la DGCyE acompañado por la demandada en fecha 16-8-16, detallando la causa u origen y estado de devolución -en su caso- de los descuentos salariales en cuestión. Dicha circunstancia motivó el requerimiento de remisión de las constancias respectivas, en el marco de la causa N° 18.686 en trámite ante esta Alzada, las que fueron oportunamente recepcionadas en dicho marco procesal. 2. En el contexto expuesto, y a tenor de las constancias reseñadas, anticipo que cabe hacer lugar al recurso de apelación articulado por Fiscalía de Estado que cuestiona la estimación de la medida cautelar requerida por los accionantes, que ordenara el cese de los descuentos en concepto de huelga y la devolución de las sumas pertinentes a los agentes estatales. Ello conforme los fundamentos expuestos por este Tribunal en el precedente “Timko Lorena Elizabeth y otros c/ Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo y otro s/ Legajo de Apelación (CCALP, n° 19.254, res. del 18-10-16, de análoga configuración al presente; conf. asimismo, “Soliz”, CCALP, n° 15.959, res. del 28-08-14, reiterado en la causa n° 15.960, res. del 4-9-14), los que cabe reproducir en la especie, y meritando la actualidad que reviste la cuestión traída a pleito, con motivo de la orden de devolución de las sumas oportunamente descontadas.Ello así, cabe recordar que la admisión de las medidas cautelares se encuentra supeditada a la demostración de la verosimilitud del derecho en que se funda el pedido de tutela, del peligro en la demora y en que la medida requerida no afectare gravemente el interés público (arts. 22, inc. 1º, aps. “a”, “b” y “c” y 25 del C.P.C.A.). a) En ese marco, la requerida y otorgada en la especie, prima facie, no supera el examen favorable de los recaudos que hacen a su admisión (art. 22, inc. 1º, 25 y 77, C.P.C.A.; 230, C.P.C.C.), ello en tanto la cuestión a elucidar – evaluación de las cuestiones referidas a los descuentos de haberes efectuados a los actores, en función de las medidas de fuerza que dan cuenta los presentes actuados, y la devolución ordenada-, implica adentrarse en la efectiva Causa Nº 19253 CCALP 5 participación de aquéllos en tales medidas, su alcance y el marco normativo que regula dicho accionar, todo lo cual impone un examen más amplio, que excede el marco preliminar de esta etapa cautelar, pues exige mayor intensidad de debate y prueba. En estas condiciones, no se advierten acreditados elementos de convicción suficientes para la configuración del “fumus boni iuris” a los fines del otorgamiento de la medida cautelar requerida (conf. CCALP causas N° 5079-M “Asociación Judicial Bonaerense c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Amparo”, res. del 16-08-07; N° 6922 “Leibovich Selma (F.E.B.) s/Amparo-Legajo de Apelación”, res. del 24-06-08; N° 6555 “Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOC-BA) c/Dirección General de Cultura y Educación s/Amparo-Legajo de Apelación”, res. del 05-06-08; N° 8813 “FEB y SUTEBA C/Fisco de la Pcia. de Bs. As. s/Amparo”, res. del 3-02-09; N° 10361 “Unión de Docentes de la Pcia. De Bs. As.c/Dirección General de Cultura y Educación s/Medida Cautelar Autónoma o Anticipada-Empl. Pco”, res. del 23-03-10, conf. SCBA, A. 71.065, “UDOCBA”, res. del 30/3/11; N° 13025 “Asociación Judicial Bonaerense s/Amparo-Legajo de apelación contra rechazo de Medida Cautelar”, res. del 28-06-12; N° 13.779, “Ramona”, res. del 6-02-13; entre otras). Lo expuesto resulta suficiente para concluir, que la pretensión cautelar de la parte actora no queda abastecida, al menos en esta etapa preliminar, de la evidencia necesaria que haga verosímil a su derecho (art. 22, inc. 1º, ap. “a”, CCA). b) Consecuentemente, deviene innecesario referirse a las restantes exigencias (arts. 22, inc. 1º, aps. “b” y “c” y 25, CPCA), puesto que la traba de diligencias cautelares, conforme doctrina de esta Cámara, exige la concurrencia de todos sus requisitos de admisibilidad, aún en el marco del balance de intensidad entre ellos, sin que la falta de uno de ellos pueda ser suplida enteramente por los otros (causas CALP nº 432 “Melga”, res del 29-3-05; nº 1105 “Ferrari”, res. del 24-5-05; nº 1447 “El Timón”, res. del 9-6-05; nº 2332 “Di Martino”, res. del 20-10-05; y cfr. causas análogas CCALP n° 5079-M “Asociación Judicial Bonaerense”, res. del 16-08-07; n° 6922 “Leibovich”, res. del Causa Nº 19253 CCALP 6 24-06-08; n° 6555 “Unión de Docentes”, res. del 05-06-08; y n° 10361 “Unión de Docentes”, res. del 23-03-10; entre otras). c) Que, por las razones expresadas -que devienen suficientes para la estimación del recurso articulado, y tornan inoficioso analizar los restantes argumentos esbozados por la recurrente-, en tanto no resulta ajustada a derecho la resolución de grado, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto ha sido motivo de agravio, dejando sin efecto la medida cautelar otorgada en la instancia de origen (arts. 22, inc. 1°, ap. “a”, 55, inc. 2º, ap.”b”, 56, inc. 1°, segunda parte, 59, inc. 3º, 77 y ccs., C.P.C.A.; 230 y ccs. CPCC).

IV. Por ello, propongo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocar el pronunciamiento de grado, dejando sin efecto la medida cautelar otorgada en la instancia de origen (arts. 22, inc. 1°, ap. “a”, 55, inc. 2º, ap. “b”, 56, inc. 1°, segunda parte, 59, inc. 3º, 77 y ccs., C.P.C.A.; 230 y ccs. CPCC). Así lo voto. A la misma cuestión planteada, la Dra. Milanta adhiere a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. Spacarotel, votando en idéntico sentido. A la cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo: Adhiero al criterio decisorio con el que el primer voto se pronuncia por la revocación de la medida cautelar, con arreglo a la doctrina de este tribunal que menciona esa intervención antecedente (causas CCALP n° 15.959, CCALP n° 15.960 y CCALP n° 19.254). Así lo voto. De conformidad a los votos precedentes la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocar el pronunciamiento de grado, dejando sin efecto la medida cautelar otorgada en la instancia de origen (arts. 22, inc. 1°, ap. “a”, 55, inc. 2º, ap. “b”, 56, inc. 1°, segunda parte, 59, inc. 3º, 77 y ccs., C.P.C.A.; 230 y ccs. CPCC). Causa Nº 19253 CCALP 7 Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen oficiándose por Secretaría.

Fdo. Gustavo Juan De Santis.

Juez.

Claudia A. M. Milanta.

Juez.

Gustavo Daniel Spacarotel.

Juez.

Dra. Mónica M. Dragonetti.

Secretaria.

REGISTRADO BAJO EL Nº 120 (I)