La Universidad codemandada es responsable por el despido de la trabajadora registrada como dependiente de la empresa que brindaba el servicio de cafetería en sus instalaciones

Partes: Borel Paola Andrea c/ Pret a Manager S.R.L. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 27-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102334-AR | MJJ102334 | MJJ102334Sumario:
1.-Corresponde confirmar la responsabilidad solidaria decretada puesto que luce acreditado que la actora desempeñaba labores en un inmueble de la universidad codemandada, quien utilizó en beneficio propio el servicio gastronómico que se procuraba a los alumnos y empleados por parte de la empresa que la tenía registrada como empleada.

2.-Toda vez que resulta evidente que la universidad codemandada, para el mejor desenvolvimiento de su actividad principal, necesita de la actividad gastronómica ya que colabora con la consecución de los fines de la universidad, siendo que tales tareas estaban a cargo de la actora, se juzga que se configuró la situación prevista en el art. 30 LCT, pues la actividad que concedió implicó una actividad necesaria para el cumplimiento adecuado del establecimiento educativo.

3.-Corresponde confirmar la procedencia de la extensión de la responsabilidad a la universidad codemandada, en los términos del art. 30 LCT., pues debe entenderse que la norma no solamente comprende la actividad principal del empresario, sino también las actividades secundarias o accesorias, integradas permanentemente al establecimiento, quedando solamente excluidas las actividades extraordinarias o excepcionales.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de 2016, para dictar sentencia en los autos: “BOREL PAOLA ANDREA C/ PRET A MANGER S.R.L. Y OTROS S/ DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I-Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda entablada, recurre la codemandada UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA a tenor del memorial de fs. 245/248. Recibiendo réplica de la contraria a fs. 251/252.

II-La apelante cuestiona la solidaridad que le fuera atribuida en los términos del art. 30 de la LCT, en función de que el Sentenciante consideró que la labor desplegada por la accionante se trataba claramente de una actividad que colaboraba con la consecución de los fines de la universidad.

Adelanto que el recurso no resulta viable, pues el apelante no se hace cargo de los fundamentos vertidos en el fallo de grado, limitándose a reiterar los argumentos desplegados en la contestación de demanda.

Así, se limita a sostener que “la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) es una institución privada dedicada a impartir enseñanza universitaria en distintas carreras de grado y posgrado. Esa es su exclusiva actividad. Y es que el servicio de gastronomía o restaurant o confitería o cafetería, lejos está de conformar actividad normal y específica propia de un establecimiento educativo universitario como UADE, aún cuando tales servicios pudieran ser conceptualizados como de carácter complementario”.

En ese marco, con criterio que comparto, el Magistrado de Grado analizó la prueba testimonial brindada en la causa, así la testigo Ferrer señala que la UADE tenía eventos empresariales a diario, a los cuales luego se les llevaba los “coffes brake” o almuerzos según lo que requería la UADE, que Paola Borel era la que se encargaba de los eventos; que algunos eventos eran de un día para otro y otros eran fijos, mensuales.Expresa que Pret a Manger S.R.L., quien fue su empleador y el de la actora, también le prestaba a la Universidad el servicios de viandas para el personal y alumnos a un precio preferencial. Señala que solo atendían al público que ingresaba a UADE, es decir alumnos y empleados de la Universidad porque no había ingreso de público de la calle al patio de la Universidad (ver fs. 199/201).

En este sentido, se desprende que la actora desempeñó labores en la propiedad de la codemandada UADE quien utilizó en beneficio propio el servicio gastronómico que se procuraba a los alumnos y empleados por parte de Pret a Manger SRL.

De esta manera resulta evidente que UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA para el mejor desenvolvimiento de su actividad principal (prestación del servicio educativo) necesita de la actividad gastronómica ya que colabora con la consecución de los fines de la Universidad, que son precisamente las que cumplió la demandante. Es decir que se configuró la situación prevista en el art. 30 de la LCT toda vez que la actividad que concedió implicó una actividad necesaria para el cumplimiento adecuado del establecimiento educativo.

Como ha expresado Roberto García Martínez en su medular obra “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” (ver, libro citado de la editorial AdHoc, págs. 312/314), el art. 30 de la LCT, trata el caso de una relación de contratación o subcontratación real; y no tiene en cuenta si existe fraude o no. Simplemente se limita a establecer un sistema protector para el trabajador que debe prestar servicios para el cesionario, contratista o subcontratista. Producida la situación objetiva de delegación de actividades, en las condiciones previstas en la norma, ésta establece dos consecuencias tuitivas:

a) El empresario deberá exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.b) Haya cumplido con ese deber de vigilancia o no, en todo los casos serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con tal motivo con los trabajadores y la seguridad social durante el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al respecto hayan concertado.

Se trata de un típico caso de responsabilidad por elección.

Diversas reformas, inspiradas en el propósito de reducir los derechos laborales, a partir de la Regla Estatal conocida como Decreto 390/76, que suprimió o minimizó un centenar de disposiciones de la Ley Nº 20.744 originaria, desembocaron en la ley 25.013 de 1998, acerca de la cual Rubén Omar Kubar expresa: “Respecto de esta última reforma cabe expresar, que su intención fue limitar las condiciones que configuraban la responsabilidad solidaria de la empresa principal, a quienes faltando a su rol de contralor no hayan exigido determinada información y documentación al contratista. Un repaso integral del artículo permite observar que dicha posibilidad queda inhibida, pues no ha sido modificado su primer párrafo que refiere genéricamente al “adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social” y en el segundo párrafo se incorporó el adverbio de cantidad “además”, que denota que las exigencias formales no limitan sino que se agregan a la genérica del párrafo anterior”. (conf. Rubén Omar Kubar: “Tercerización, Monopolios y Distribución del Ingreso”, página 79, Buenos Aires, Noviembre de 2014).

Considero como Justo López, que no solamente comprende la actividad principal del empresario, sino también las actividades secundarias o accesorias, integradas permanentemente al establecimiento, quedando solamente excluidas las actividades extraordinarias o excepcionales. Este es el sentido de los términos “normal y específico”; normal es lo que sirve de norma o regla y que por su naturaleza se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano, y específico es lo que caracteriza y distingue una especie de otra.Quedarán excluidos los servicios o las obras que no tengan conexión con la actividad de la empresa comitente.

Antonio Martín Valverde opinaba sobre este punto que: “Según la doctrina científica mayoritaria las obras o servicios correspondientes a la propia actividad de una empresa son aquellas que pertenecen al ciclo productivo de la misma; y por ciclo productivo ha de entenderse el complejo de operaciones que, en circunstancias normales, son necesarias para alcanzar los objetivos de producción o intercambio de bienes y servicios que constituyen el fin de la empresa. Dentro de estas operaciones necesarias, algunas tienen este carácter por ser inherentes a los objetivos productivos de la empresa, formando parte de las actividades principales de la misma; mientras que otras lo son porque, a pesar de su accesoriedad con ellas hay que contar incluso en circunstancias normales, para el funcionamiento regular de la organización empresarial. No es, por tanto, estrictamente la inherencia el fin de la empresa, sino más ampliamente la indispensabilidad para conseguir lo que debe definir el concepto de “propia actividad”. Como también ha indicado la doctrina, nos encontramos ante una contratación de este tipo, cuando las obras o servicios objetos de la misma, de no haberse concertado ésta, hubieran debido ser efectuadas directamente por el propio comitente, so pena de malograr o perjudicar simplemente el cumplimiento adecuado de su actividad empresarial”.

alverde nos señala algunas pautas para determinar cuándo se da este tipo de contratación: el primer indicio puede ser el lugar de prestación del trabajo; el segundo la frecuencia de las actividades, aunque una subcontratación ocasional no tiene que ser necesariamente ajena al ciclo productivo del empresario; y el tercero sería lo que denomina la sustituibilidad, que se produce cuando el empresario principal hubiera podido conseguir el mismo resultado sin recurrir a terceros.

En los casos que prevé el art.30, es decir, cuando existe una verdadera y real delegación de actividad, el trabajador que se sienta afectado en sus derechos deberá accionar contra el contratista, como su verdadero empleador, y contra el empresario principal, como responsable solidario; aquí la solidaridad no modifica el vínculo laboral que existía con el contratista o subcontratista.

Cuando se habla de contratista o subcontratista, también la ley equipara a estas figuras la cesión total o parcial del establecimiento o explotación. Justo López indica que debe entenderse que la cesión total o parcial a que se refiere el art. 30 no es la cesión a la que se referirán los arts. 225, 227 y 228 de la LCT, pues en este último caso el que transfiere deja de ser titular, aunque sea transitoriamente, del establecimiento; en cambio, en la cesión mencionada en el art. 30 el cedente nunca perdería ni transitoriamente la titularidad.

Por último, en el caso del art. 30 de la LCT existe una limitación temporal: la responsabilidad del empresario principal comprende las obligaciones contraídas durante el plazo de duración de los contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto haya concertado. En cambio, en los casos de fraude, esa limitación no existe, pues el empresario es responsable directo como empleador, respondiendo por todas las obligaciones contraídas en todo momento.

En tales términos no se observan motivos para modificar lo resuelto en la anterior instancia sobre éste punto.

III-De tener adhesión este voto, las costas de alzada se imponen a la demandada vencida (art. 68 del Cód. Procesal) y sugiero regular los honorarios por la actuación en segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25% y los de la demandada en el 25% de lo que en definitiva les correspondiere por la actuación que les cupo en la primera instancia (art. 14 ley del arancel).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede. EL DOCTOR GUISADO HECTOR CESAR: no vota (art . 125 de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada. 3) Regular los honorarios por la actuación en segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) y los de la demandada en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respectivamente, de lo que les corresponde por la actuación que les cupo en la primera instancia. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro. 15/2013. Regístrese, notifíquese y devuélvase.