Validez de la decisión del consorcio de rechazar el cambio de destino para instalar un consultorio odontológico

Partes: Taranco María Fernanda c/ Consorcio Junín 1255 y otros s/ nulidad de acto jurídico

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 16-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102732-AR | MJJ102732 | MJJ102732Sumario:
1.-Corresponde rechazar la demanda de nulidad de asambleas y resolución del Consejo de Administración que negaron autorización al cambio de destino de la vivienda de la actora a apto profesional para instalar un consultorio odontológico, pues cuando adquirió el inmueble sabía que su destino era vivienda, y que si quería instalar allí su consultorio profesional debía respetar el Reglamento, por lo que estaba obligada a pasar por la aprobación del Consejo de Administración, que a su vez tenía un acotado margen de maniobra, en función que no se aceptaban enfermedades infecto-contagiosas.

2.-La resolución del Consejo de Administración que negó la autorización al cambio de destino de la vivienda de la actora a apto profesional para instalar un consultorio odontológico no resulta arbiraria, ya que el desarrollo de esa actividad tiene de por sí muchas consecuencias a todo nivel: ya sea a nivel sonoro -uso de tornos -; por la existencia de desechos médicos-odontológicos; con motivo de la inseguridad frente al ingreso permanente de diferentes y nuevos pacientes desconocidos; por la utilización de cañerías especiales para la aparatología odontológica.

3.-Nadie puede alegar ignorancia del reglamento de copropiedad en tanto está inscripto, e integra el título de propiedad de las titulares de propiedad horizontal tal como establece el art. 2038 CCivCom.

Fallo:

En Buenos Aires, a 16 días del mes de diciembre del año 2016, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Taranco, María Fernanda c/ Consorcio Junín 1255 y otros s/nulidad de acto jurídico” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher dijo:

I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por los demandados contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda de nulidad de asambleas y resolución del Consejo de Administración. Apelan los accionados y piden que se revoque el decisorio de grado, con costas.

Descalifican la sentencia como acto jurisdiccional al decir que se apartó de las disposiciones certeras del Reglamento de Administración en relación al destino de las unidades funcionales y atribuciones del Consejo de Administración. Dijeron que la a quo modificó a su arbitrio las cláusulas del estatuto consorcial, inclusive extendiendo la condena a las integrantes del Consejo, Sras. Riglos y Figuerero, quienes actuaron dentro de las previsiones estatutarias, según lo dispone el art. 3ero.

Sostienen que el Reglamento delega en el Consejo la autorización para el uso profesional de una unidad funcional dentro del marco normativo previsto, en el que se especifica que no pueden ser para el desarrollo profesional de atención de enfermedades infecto-contagiosas.

Indican que la nulidad de la Asamblea del 29/12/2011 es irrelevante, en tanto el Consejo mediante una decisión tomada dentro de sus atribuciones, de fecha 17/4/2012, negó el cambio de destino de la unidad funcional nº 2 de la actora, quien pretendía utilizarlo como consultorio odontológico. Marcan como intrascendente el testimonio de Mihura, martillera, quien se habría encargado de la compraventa de la unidad a favor de la actora el 5/11/2011.Agregan que la decisión tomada dentro de la Asamblea Ordinaria del 5/7/2012 fue dentro de su competencia, y que en definitiva, avaló la actuación del Consejo del mes de abril de ese año.

Entienden que las decisiones asamblearias no necesitaban la unanimidad, por cuanto rechazaron la pretensión actora de cambio de destino vivienda al de apto profesional de odontólogo. En idéntico sentido dicen que el Consejo negó la autorización en uso de las facultades delegadas por el Reglamento, y que la actora sabía al tiempo de la adquisición de la propiedad que su destino era únicamente vivienda, y que en el caso de pretender utilizarlo como profesional ello estaba acotado y sujeto a la aprobación del Consejo.

II-Antecedentes a- Posturas de las partes La actora en su primera presentación, en su carácter de titular dominial de la UF 2 del consorcio accionado, pidió la nulidad de las asambleas extraordinaria del 29/12/2011 en lo referente al punto 3ero; la ordinaria del 5/7/2012 punto 4to., como la decisión del Consejo de Administración del 17/4/2012, que negaron autorización al cambio de destino de su vivienda a apto profesional para instalar un consultorio odontológico, al entenderlas arbitrarias y sin fundamento razonable. Dijo que la adquisición del bien había sido el 5/11/2011 justamente con la idea de utilizarlo con ese propósito.

Pidió que se declararan la nulidad de esos actos, y que se dispusiera la reunión del Consejo que autorizara formalmente la instalación del consultorio odontológico en la unidad 2 de propiedad de Taranco, y su transcripción en el libro de Actas del Consorcio.

Las codemandadas Riglos y Figuerero, integrantes del Consejo de Propietarios, y el Consorcio rechazaron la pretensión, al entenderla válida y legítimamente rechazada la pretensión por una amplia mayoría.Justificaron la decisión en que ese destino era potencialmente peligroso, y podía afectar la tranquilidad y seguridad del edificio.

Indicaron que la actora conocía el destino de la unidad cuando adquirió el departamento y las restricciones a las que estaba sujeto. Dijeron que no puede tenerse como antecedente en contrario la autorización a la UF 1, por cuanto había sido para un estudio de idiomas y traducción, en el año 1994, bajo otras circunstancias totalmente distintas. b- Fundamentos de la sentencia de grado.

La Magistrada hizo lugar a la demanda y declaró la nulidad de la Asamblea Extraordinaria del 29/12/2011; la decisión del Consejo del 17/4/2012 y la Asamblea Ordinaria del 17/4/2012 en su punto 4to.

Dijo que la decisión tomada en la Asamblea Extraordinaria del mes de diciembre no tuvo el quorum necesario para decidir por lo que es nula en lo que se refiere al rechazo de su pretensión de cambio de destino; al igual que la Asamblea Ordinaria del 5/7/2012, en lo que respecta al punto 4, por cuanto no era un tema a tratar en una asamblea ordinaria.

Entendió que lo actuado por el Consejo en el mes de abril de 2012 -después de la Asamblea Extraordinaria de diciembre y antes de la Ordinaria de julio-, en uso de las facultades del Reglamento, fue también arbitrario y por tanto nulo, en tanto había antecedentes de cambio de destino en el edificio.Opinó que tal decisión violó el principio de igualdad ante la ley e implicó un abuso de derecho (conf.art.1198, 1071 CC). Tuvo en cuenta que no se acreditó tampoco que el ejercicio de la actividad profesional del dentista fuera perturbador o transgrediera la normal convivencia, y que toda restricción de derechos debía ser interpretada en forma restrictiva.

Asimismo, consideró nula la Asamblea Ordinaria del mes de julio de 2012 en lo que se refiere al punto 4, por cuanto trató un tema que desbordaba la temática de las asambleas ordinarias.

Por lo tanto, la Magistrado hizo lugar a las nulidades de acto jurídico planteadas, y para que la actora pueda ejercer sus derechos, dispuso que el Consejo se expida respecto de la solicitud efectuada respecto del destino del inmueble, y en caso de que no se encuentre constituido dicho órgano, se deberá adoptar la decisión pertinente a través de una asamblea extraordinaria.

III-Encuadre legal de la cuestión. El estatuto consorcial.

El reglamento de copropiedad y administración es un contrato que regula la vida consorcial de un edificio de propiedad horizontal. Funciona como una ley al que las partes deben sujetar sus conductas.

El estatuto consorcial regula las relaciones de vecindad y los derechos y obligaciones de los copropietarios (conf. ley 13.512). Es, en esencia, un contrato al que los propietarios se adhieren al momento de la formación del Consorcio, o posteriormente, cuando se adquiere una unidad funcional, tal como lo hizo la actora cuando compró el departamento en el mes de septiembre de 2011.

Nadie puede alegar ignorancia del reglamento de copropiedad en tanto está inscripto, e integra el título de propiedad de las titulares de propiedad horizontal. Tal consideración es remarcada en el art.2038 CCC, que si bien no es una norma aplicable al caso (conf. art.7 CCC), sirve como pauta doctrinaria orientativa de la corriente unánime sobre esta cuestión.

IV- Restricciones al derecho de propiedad horizontal El derecho real de propiedad horizontal tiene muchas restricciones y límites, unas derivadas del Reglamento de Propiedad y del Reglamento interno cuando existe, otras de la ley 13.512, e inclusive también alcanzado por las que se hallan en el Código Civil, junto a las restricciones administrativas locales -provinciales y/o municipales-.

La existencia de límites al dominio, en este caso, a la propiedad horizontal, no transforma el contenido del derecho involucrado en anormal; pues son deberes inherentes a la relación consorcial derivada del derecho real (conf.art.1933 CCC), por lo que no generan, en principio, indemnización por daños. Tampoco llevan ínsito en su conformación el carácter de abusivas, salvo que se pruebe lo contrario, dado que en general son dispuestas con miras al interés general, en este caso, el consorcial.

En la escritura pública traslativa de dominio, al momento de adquirir la actora el bien dejó asentado en la cláusula cuarta que “Conoce y acepta el Reglamento de Propiedad y Administración que rige el edificio en la unidad que adquiere por la presente”, y “Que el inmueble que en este acto adquiere es su única propiedad y será destinado a vivienda familiar, única ocupación permanente” (fs.57vta.).

De esta manera, la actora cuando adquirió el inmueble sabía que su destino era vivienda, y que si quería instalar allí su consultorio profesional debía respetar el Reglamento, por lo que estaba obligada a pasar por la aprobación del Consejo de Administración, que a su vez tenía un acotado margen de maniobra, en función que no se aceptaban enfermedades infecto-contagiosas.

V-Destino de la unidad funcional conforme al Reglamento.

Funciones del Consejo. a- El destino de las unidades funcionales dentro de un consorcio se encuentra fijado en su Reglamento.Esa disposición si bien forma parte de las cláusulas estatutarias puede ser modificada por la decisión unánime de los copropietarios.

Sin embargo, el Reglamento en estudio prevé una situación que es atípica frente a los contenidos usuales de esos Estatutos. En este contrato puede autorizarse el cambio de destino bajo ciertas pautas, a partir de la conformidad del Consejo de Propietarios, sin la necesidad de la aprobación unánime de los consorcistas.

Dice el Reglamento en su art.3 que “Los sectores de propiedad exclusiva serán destinados por sus respectivos propietarios para vivienda únicamente, pudiendo además, previa conformidad del Consejo de Administración ser habilitados para estudios de profesionales o consultorios médicos-clínicos, excluyéndose expresamente enfermedades infecto-contagiosas, siendo de incumbencia de los respectivos interesados obtener para estos casos la correspondiente habilitación municipal”.

O sea, este Estatuto prevé que el Consejo asuma una función delegada, y por ende que pueda prestar su autorización, l a que estará condicionada a que sea para “estudios de profesionales o consultorios médicos-clínicos”, con “exclusión de los casos de enfermedades infectocontagiosas”.

b- En este proceso vemos que el Consejo en ejercicio de la facultad prevista en el art.3 del Reglamento denegó la autorización en el mes de abril de 2012 -ver carta documento enviada a la actora-. Esafacultad fue ejercida por el órgano colegiado dentro del marco de las previsiones del Estatuto consorcial, y no se advierte que hubiera sido abusiva o que lesionara la igualdad dentro del régimen; y menos todavía que hubiera sido intempestiva o inconsulta.

Es cierto que existía otra unidad funcional a la que se le había otorgado un cambio de destino casi 20 años antes, permitiendo que funcionara un instituto de idiomas, pero lo que aquí se trata es de la autorización para instalar un consultorio odontológico.

Es una actividad profesional que difiere de la prevista como aceptable, v.gr. “consultorios médicos clínicos”.

El desarrollo de esa actividad tiene de por sí muchas consecuencias a todo nivel:ya sea a nivel sonoro -uso de “tornos”-; por la existencia de desechos médicos-odontológicos; con motivo de la inseguridad frente al ingreso permanente de diferentes y nuevos pacientes desconocidos; por la utilización de cañerías especiales para la aparatología odontológica; etc. Son aspectos que siendo de público y notorio conocimiento me permiten hacer mérito de ellos (conf. art. 163, 386 CPCC).

Al respecto enseña Colombo, que como nota distintiva “uno de los elementos que contribuyen a fijar el concepto de hecho notorio consiste en las particulares circunstancias de que está rodeado su acaecimiento que ab initio lo dotan de trascendencia que habrá de producir natural perdurabilidad en el recuerdo” (Colombo, Carlos J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, t. III, p. 337).

Couture invoca dos altos fines de política procesal como fundamento del concepto de notoriedad: “Por una parte, un ahorro de esfuerzos, relevando a las partes de producir pruebas innecesarias. En este sentido significa un homenaje al principio de economía. Por otra parte, procura prestigiar la justicia evitando que está viva de espaldas al saber común del pueblo y su arte consista, como se ha dicho, en ignorar jurídicamente lo que todo el mundo sabe” (ver Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1951,pág.141).

De este modo, no considero arbitraria la decisión del Consejo, que además se apoyó en la Asamblea Extraordinaria del mes de diciembre de 2011 donde se consultó a los copropietarios “para que quedara clara la voluntad de todos los copropietarios” (ver acta de asamblea de fs.47), y una mayoría de más del 40% dijo que no a su instalación. En esa Asamblea de 2011 se hizo hincapié en el tema seguridad, debido a que el resto de las unidades tienen un destino de vivienda familiar.Aspecto que al día de hoy no es una cuestión menor, dado que preocupa a quienes vivimos en grandes urbes, y no puede compararse con la autorización dada veinte años antes para un laboratorio de idiomas.

Las declaraciones de los testigos María Berro Sacriste, fs.225; Anna Di Flumeri, fs.228; Pedor Díaz, fs.230; Guillermo Briontes, fs.234, Marcela Ginestet, fs.236; Maria Medina, fs.237, son categóricas y coincidentes sobre un aspecto decisivo, como es el hecho de la necesidad de cuidar la seguridad del edificio, la que se vería afectada con la instalación de esa clase de consultorios (conf. art.386, 356 CPCC). Todos señalaron que el portero eléctrico está desconectado para la apertura de la puerta de calle.

A pesar de la decisión previa negativa de la Asamblea del mes de diciembre y la denegatoria del mes de abril en el seno del Consejo, en el mes de julio de 2012 una nueva asamblea trató esa cuestión en el punto 4to., con idéntico resultado con el voto negativo del 84% de los presentes (ver acta de fs.48). c- De lo expuesto se colige que el Consejo ejerció las atribuciones que le fueron conferidas por Reglamento, y delegadas por la Asamblea en el Estatuto Consorcial, de modo que legítimamente se expidió sobre un tema puesto a su consideración en forma respetuosa de la voluntad de una amplia mayoría que había participado de la consulta en la asamblea de diciembre de 2011.

Posteriormente, no conforme la actora con el resultado y frente a su insistencia, se decidió exponer el asunto nuevamente a consideración del pleno, y allí se denegó de nuevo el pedido con una mayoría superior a la anterior.

En tal línea argumental, opino entonces que no solo la decisión del Consejo fue correcta, sino que también la actora consintió la actuación del Consejo, por lo que mal puede entonces plantear su nulidad.

Tampoco fue un camino factible el hecho de tratar de reflotar el caso llevando el tema a una nuevadecisión asamblearia, con el resultado ya conocido.

Considero que ello sella la suerte del litigio, a lo que agregaré los argumentos del considerando siguiente.

VI- Nulidad de Asambleas: improcedencia. a- Bajo la ley 13.512 no existía un plazo especial para plantear la nulidad de asamblea. Ante ello, una parte de la doctrina y de la jurisprudencia entendía que por ser una nulidad de acto jurídico el plazo legal era de dos años.

Conforme el Código Civil y Comercial -no aplicable al caso- se zanjó esa cuestión por lo que el derecho a promover acción judicial de nulidad de la asamblea caduca a los treinta días contados desde la fecha de la asamblea (conf. art. 2060 último párr. CCC). Plazo exiguo pero que resulta coherente con los tiempos modernos, y coadyuvan a la seguridad jurídica dinámica.

Sabemos que la nulidad de asamblea puede basarse en defectos en cualquiera de las tres fases: constitutiva -se refiere a la etapa de notificación de la asamblea-; deliberativa -quorum para sesionar- y resolutiva -mayoría para decidir-; a su vez, puede ser una nulidad parcial o total de la decisión asamblearia -vgr. algún punto del orden del día, o en su caso de todo el temario- (ver Mario Bendersky, Nulidad de asambleas en el régimen de propiedad horizontal, Abeledo-Perrot, 1959).

Invariablemente se entendió que se encuentran legitimados para plantear la nulidad de la asamblea todos los consorcistas que no hayan asistido, o que de haber concurrido no hayan votado favorablemente, siempre que con posterioridad no la hayan confirmado en forma expresa o tácita. Veamos. b- La Asamblea de diciembre de 2011 se celebró en la fecha y a la hora indicada, y a falta de quorum, se tuvo por válida con los presentes en segunda convocatoria, realizada a la media hora (ver art.29º del Reglamento, fs.35). Con los consorcistas presentes en ese acto se tuvo por conformado el quorum, y se decidió por mayoría no aceptar el cambio de destino.Nada dijo en dicha oportunidad la actora sobre una irregularidad en la faz deliberativa, y menos luego respecto de la resolutiva.

Es cierto que es necesaria la unanimidad para el cambio de destino de una unidad funcional, en especial, cuando lo torna más gravoso para el resto, como es el hecho de transformar el destino vivienda en apto profesional; pero en este caso, no se decidió su cambio, sino por el contrario se votó mantenerlo. Visto desde otro punto de vista, la actora no alcanzó mayoría para lograrlo -vgr. unanimidad-; por lo que ello cierra el debate.

Inclusive, mal puede entonces la actora invocar la nulidad del acto, cuando luego el Consejo se reunió en el mes de abril de 2012 para decidir su petición, la que fue también denegatoria.

Cabe remarcar que hasta ese momento la actora no había invocado la nulidad del acto jurídico contenido en la primera asamblea cuestionada, por lo que a todo evento a la luz de los acontecimientos posteriores, me refiero a la actitud de la accionante, considero convalidada por ella la decisión asamblearia en cuestión. Pues, tratándose de la nulidad de una asamblea de copropietarios, quien la pide debe invocar y acreditar un interés serio y legítimo en su declaración; y si median vicios de forma en la constitución, deliberación o decisión en tal asamblea, se trata de nulidades relativas y por lo tanto confirmables (conf. CNCivil Sala I, in re “Baigorri, Alfredo Oscar c/ Consorcio La Pampa 3121; s/ nulidad de asamblea”, del 11/03/2003, ver elDial.com -AE1B5D; Alberto Gabás, Nulidad de la asamblea del consorcio, Hammurabi, 2003, pág.97).

c- Respecto de la nulidad impetrada en relación al punto 4 de la Asamblea Ordinaria del mes de julio de 2012, en el entendimiento que según la actora era un punto ajeno a la temática de esas clases de reuniones conforme las directivas del Reglamento, debo decir que disiento con la solución de la Sra.Juez por cuanto su inclusión en nada afecta su validez y posterior votación.

En las Asambleas Ordinarias pueden tratarse válidamente otros temas específicos además de los “ordinarios”, si antes son puestos a conocimiento de los consorcistas dentro del temario del orden del dia (ver Lilian Gurfinkel de Wendy, Derechos Reales, Abeledo Perrot, 2010, pág.724). Justamente, así se hizo en el presente conflicto; y es evidente que la nulidad impetrada se sustenta en la disconformidad con la solución, más que en el derecho que razonablemente le podía asistir. Ello impone la improcedencia de la nulidad invocada.

Pongo en evidencia que este proceso fue iniciado en el mes de octubre de 2012 por una situación conflictiva que comenzó en diciembre de 2011, y que recién tendrá sentencia definitiva en este año 2016. La nueva legislación sobre esta materia es mucho más expeditiva que las normas del Código Civil derogado y la ley 13.512, en tanto los plazos para plantear la nulidad de asambleas son mucho más acotados, ello en función de la seguridad jurídica y la paz consorcial, para evitar que situaciones como la presente pasen muchos años de indefinición y malogren la cordial convivencia entre los consorcistas (ver mi obra, Derechos Reales. Análisis bajo el Código Civil y Comercial de la Nación, Hammurabi, 20 16, pág. 239; art. 2060 CCC).

VII-Decisión final Por los argumentos precedentes, propongo al Acuerdo de Sala de mis distinguidos colegas que se hagan lugar a los agravios de los demandados, y por ende, se disponga: I-Revocar al decisorio de grado, y rechazar la demanda interpuesta por María Fernanda Taranco contra el Consorcio Junín 1255 y las integrantes del Consejo de Propietarios, María Adela Riglos y Marta Beatriz Francisca Figuerero por nulidad de asambleas extraordinaria del 29/12/2011 y ordinaria del 5/7/2012; y decisión del Consejo de Administración del 17/4/2012.II-Imponer las costas de ambas instancias a la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota, y no encontrar mérito para apartarme del mismo (conf.art.68 CPCC).

El Dr. Fajre y el Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, de diciembre de 2016.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:

I- Revocar al decisorio de grado, y rechazar la demanda interpuesta por María Fernanda Taranco contra el Consorcio Junín 1255 y las integrantes del Consejo de Propietarios, María Adela Riglos y Marta Beatriz Francisca Figuerero por nulidad de asambleas extraordinaria del 29/12/2011 y ordinaria del 5/7/2012; y decisión del Consejo de Administración del 17/4/2012. II- Imponer las costas de ambas instancias a la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota, y no encontrar mérito para apartarme del mismo (conf.art.68 CPCC). III- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de fs. 320/320 vta., y regular los honorarios de los profesionales intervinientes, adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.-

Para ello se tendrá en cuenta que el presente proceso carece de contenido económico, con lo cual a los fines regulatorios corresponde remitirse a lo dispuesto por el art. 6° del Arancel. En esa inteligencia, se tendrá en cuenta el objeto de autos “nulidad de asamblea”, resultado obtenido, etapas cumplidas por cada uno de los profesionales intervinientes, el mérito de la labor desarrollada apreciado por la calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 37, 38 y conc. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432- En consecuencia, regúlanse los honorarios del Dr.Guillermo Eduardo Matta y Trejo letrado apoderado de la parte actora en la suma de ($.), por su actuación en la primera y segunda etapa del proceso. Los del Dr. Gastón Salmain letrado apoderado de la parte actora en la suma de ($.), por su actuación a partir de fs. 282.

Los de la Dra. Laura Dagna letrada apoderada de la parte demandada en la suma de ($.) por su actuación en las tres etapas del proceso. Los del Dr. Norberto H. Cipitria en la suma de ($.).

IV. En cuanto a los honorarios de la mediadora, esta Sala entiende, que a los fines de establecer los honorarios de los mediadores corresponde aplicar la escala arancelaria vigente al momento de la regulación (cfr. autos “Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 25/10/2013, Exp. 6618/2007; en igual sentido, “Olivera, Sabrina Victoria c/ Suárez, Matías Daniel y otro s/daños y perjuicios”, del 1/03/2016, Exp. 9.288/2015, ambos de esta Sala).

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 2536/2015 -modificado por el decreto 767/2016- Anexo I, art. 2°, inc. h), se establecen en la suma de ($.) los honorarios de la Dra. Elba Rosana García.

V. Por las tareas realizadas en esta instancia que culminaron en la presente sentencia, regúlanse los honorarios de la Dra. Laura Dagna en la suma de pesos seis mil trescientos ($ 6.300), (art. 14 del Arancel).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO.

José Benito Fajre

Liliana E. Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.