Responsabilidad concurrente a raíz del desprendimiento de partes de un vehículo que colisionaron contra otro

Partes: T. L. A. y otros c/ Altieri Leonardo y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 3-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-102349-AR | MJJ102349 | MJJ102349

Sumario:
1.-Corresponde distribuir la responsabilidad de los demandados en un 80%- camión- y 20%- pick up- a raíz de los daños padecidos por los actores como consecuencia del accidente ocurrido en ocasión en que circulando por una ruta, junto a sus dos hijos, fueron sorprendidos por un golpe en la parte delantera de su camioneta, derramándose un líquido -aceite- que se extendió sobre al parabrisas, logrando dominar el rodado hasta detenerlo en la banquina de la cinta asfáltica, todo ello producto de la colisión previa de los vehículos.

2.-Todos los testigos resultan coincidentes y precisos en sus afirmaciones, sin que se adviertan contradicciones que ameriten su descalificación, pues se trataría de los únicos testigos presenciales ajenos a los partícipes activos o pasivos del hecho investigado.

3.-La mayor responsabilidad corresponde imputársela al camión por su conducción errática, imprudente y en condiciones impropias dado las características de lugar y del móvil a su cargo -camión con acoplado-, en tanto que la incidencia participativa en menor grado de la pick-up obedece a la eventual impericia e inadecuada reacción de su conductor frente a la emergencia con la consiguiente pérdida de dominio de su conducido, conforme las circunstancias imponían.

4.-La decisión del a-quo de aplicar intereses a tasa activa desde la fecha del hecho sobre el valor de las reparaciones por los daños experimentados en el vehículo del actor, aparece arbitraria y desprovista de fundamento, importando como sostienen los apelantes una doble actualización del valor del rubro.

5.-La remisión aludida por los accionantes a lo que en más o en menos resulte de las pruebas a producirse en obrados, solo puede interpretarse referido a los montos de la condena comprensivos de los rubros que constituyeron el objeto de la pretensión accionada, más no a conceptos que no la integran, y se observa claramente que los actores no formularon reclamo indemnizatorio por los conceptos del rubro daño psicológico y tratamiento psicológico.

6.-El simple ofrecimiento de prueba pericial psicológica no suple el vacío pretensivo, pues ello atenta directamente contra el derecho de defensa en juicio de la contraparte; y nótese que ninguno de los demandados ni las citadas en garantía, efectúan oposición o argumentan en relación con el objeto de que se trata; es más, siquiera propusieron pericial o consultores técnicos del rubro.

7.-La impresión que debió generar en los sentimientos de los actores la propia ocurrencia del accidente, que irrumpió de modo repentino e impredecible en sus vidas, generando la incertidumbre propia de circunstancias inesperadas ocurridas durante un plácido viaje de regreso de sus vacaciones, y lejos de sus hogares; permite presumir la magnitud de la conmoción vivenciada en sus espíritus.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 23 días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “T., L. A. y otros c/ Altieri, Leonardo y otros s/ daños y perjuicios”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Patricia Barbieri, Osvaldo Onofre Álvarez y Ana María Brilla de Serrat.

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:

I.- El pronunciamiento La sentencia dictada en primera instancia obrante a fs. 675/686 de estas actuaciones rechazó la demanda interpuesta contra Daniel Eduardo Sotelo y Eduardo Lucas Sotelo, con costas; e hizo lugar a la misma contra Leonardo Altieri, Divina Cota, Juan Carlos Altieri, Marcela Claudia Altieri, Daniel Elio Ceferino Merlo, Juan Carlos Camelis, “Integrity Seguros Argentina S.A.” y “Paraná Sociedad Anónima de Seguros” -éstas últimas en la medida de sus respectivos seguros-, a quienes condenó a abonar a C. K. G. la suma de $ 207.500.-, a L. A. T. la de $ 52.500.-, a N. T. la de $ 155.000.-, y a A. T. la de $ 155.000.-; con más sus intereses y las costas del proceso.

El fallo fue apelado por todas las partes intervinientes y por la defensora pública de menores e incapaces, a fs. 689, 691, 699vta. y 701; siendo concedidos libremente dichos recursos a fs. 690, 692, 700 y 703, respectivamente.

Los agravios se encuentran expresados a fs. 766/773, 756/765, y 789/791; y fueron contestados a fs. 775/784, 785/786, 795 y 798/799.

A fs. 774 se declaró desierto el recurso interpuesto por la parte actora por no haber expresado agravios en el término de ley.

II.- Antecedentes L. A. T. y C. K.G., por sí y en representación de sus hijos menores de edad A. T. y N. T., demandan a Leonardo Altieri, Norberto Altieri, Daniel Sotelo, Eduardo Sotelo, Elio Ceferino Merlo y Juan Carlos Camelis, con la citación en garantía de “Paraná S.A. de Seguros” y “Liberty Cía. de Seguros”, persiguiendo la reparación de los daños y perjuicios derivados del siniestro ocurrido el 27 de marzo de 2005 aproximadamente a las 17,00 hs., a la altura del km. 507,5 de la Ruta Nacional n° 8, en la localidad de Hughes, departamento de Gral. López, provincia de Santa Fé. Según su relato, en la ocasión los actores circulaban por la mencionada ruta en dirección hacia la Capital Federal a bordo de la camioneta Nissan X-Terra patente EHQ 277, conducida por el Sr. T. a velocidad normal por su correspondiente carril, cuando inesperadamente fueron sorprendidos por un fuerte golpe en la parte delantera del rodado y el derrame de un líquido de apariencia oscura y espesa -aceite- que se extendió sobre al parabrisas quitando absolutamente la visibilidad en el mismo, logrando dominar el rodado hasta detenerlo en la banquina de la cinta asfáltica. Continúan diciendo que por causas que desconocen el camión marca Ford F-6000 dominio TVE 984 -de propiedad de Juan Carlos Camelis y conducido por Emilio Ceferino Merlo- que circulaba en sentido contrario, colisionó violentamente con la camioneta Ford F-100 conducida por Norberto Altieri, a raíz de lo cual partes de éste último móvil se desprendieron e impactaron contra la parte frontal de la camioneta Nissan en cuyo interior se encontraban los actores, quienes sufrieron lesiones con las secuelas que describen, además de los daños experimentados por el rodado. Atribuyen a ambos demandados la exclusiva responsabilidad en el suceso de mención. Conforme a la liquidación que practican por los diferentes rubros que la componen, su reclamo asciende estimativamente a la suma de $ 129.840.-, más sus intereses y las costas del proceso (cfrs. fs.95/104).

La pretensión accionada se encuentra resistida por las citadas en garantía, quienes si bien reconocen la ocurrencia del hecho en el lugar y fecha consignados en la demanda con la participación de los involucrados, difieren en cuanto a las circunstancias fácticas y responsabilidad emergente del mismo, que imputan recíprocamente a los asegurados de la contraria (cfr. fs. 122/128 y 144/153). En similar sentido se expresan los herederos de Norberto Leonardo Altieri, conductor de la pick-up Ford F-100 fallecido en el accidente. (cfr. fs. 232/234).

III.- La sentencia Conforme a los argumentos desarrollados en la sentencia el Sr. Juez a-quo determinó la culpa concurrente devenida del accionar de los conductores del camión Ford F-6000 y de la pick-up Ford F-100, a quienes tuvo por culpables en la ocurrencia del siniestro de que se trata, y por ende responsables de sus consecuencias juntamente con los propietarios de ambos rodados y sus respectivas aseguradoras. En tal virtud rechazó la pretensión accionada contra Daniel Sotelo y Eduardo Sotelo por no resultar autores ni coautores de ilícito penal o civil, debido a su condición de pasajeros de uno de los móviles mencionados; e hizo lugar a la demanda estableciendo la pertinente relación causal de los daños acreditados con el hecho investigado, y condenó a Leonardo Altieri, Divina Cota, Juan Carlos Altieri y Marcela Claudia Altieri -todos ellos sucesores de Norberto Leonardo Altieri-, Daniel Elio Ceferino Merlo, Juan Carlos Camelis, “Integrity Seguros Argentina S.A.” -actual denominación social de Liberty Seguros Argentina S.A.- , y “Paraná Sociedad Anónima de Seguros”, a abonar a: 1) C. K. G. la suma de $ 207.500.- por los siguientes conceptos: a) daños materiales $ 50.000.-; b) privación de uso $ 2.500.-; c) incapacidad psicológica $ 100.000.-; d) tratamiento psicológico $ 15.000.-; e) daño moral $ 40.000.-. 2) L. A. T. la suma de $ 52.500.- en concepto de: a) daños materiales $ 50.000.-; b) privación de uso $ 2.500.-. 3) N. T.la suma de $ 155.000.- en concepto de: a) incapacidad psicológica $ 100.000.-; b) tratamiento psicológico $ 15.000.-; c) daño moral $ 40.000.-. 4) A. T. la de $ 155.000.- por: a) incapacidad psicológica $ 100.000.-; b) tratamiento psicológico $ 15.000.-; c) daño moral $ 40.000.-. Dispuso también que los rubros que integran la indemnización devengarán intereses que se computarán desde el evento dañoso hasta su efectivo pago, y se liquidarán como lo dispone la sentencia plenaria del fuero recaída en autos: “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.” ; sin distinguir entre tasa activa y pasiva del Banco Nación, porque aún la mayor de ellas es muy inferior a la inflación real.

Con costas.

IV.- Los agravios a) Se quejan en primer término los codemandados Altieri, Cota y su aseguradora de la culpa concurrente fijada por el magistrado de primera instancia, basándose según ellos, en lo informado únicamente por el perito ingeniero mecánico designado en autos, desatendiendo las declaraciones de los testigos presenciales que expusieron en la causa penal y lo dictaminado por el Fiscal en dichas actuaciones, y reclaman por ende la revocación del fallo con la consiguiente eximición de responsabilidad a su parte. Cuestionan seguidamente la admisión y los montos otorgados para resarcir la totalidad de los rubros que componen la condena, cuya reducción o rechazo según su caso, solicitan. Se agravian finalmente de la tasa de interés dispuesta en el fallo por entender que su aplicación implicaría la configuración de un beneficio impropio para los actores; proponen que se componga la situación estableciendo una tasa pura de interés desde la mora hasta la fecha de la sentencia, y a partir de allí una tasa positiva activa ó pasiva.b) El primer agravio expresado por “Integrity Seguros Argentina S.A.”, se relaciona con la imputación de responsabilidad efectuada por el a-quo al propietario y al conductor del camión por ella asegurado, la cual descarga completamente en cabeza de quien se encontraba a cargo de la Pick-up partícipe en la colisión de la que resultaran afectados los actores, y en tal sentido propugna la modificación del fallo en crisis.

Subsidiariamente expone sus quejas por el otorgamiento de una compensación por ‘daño psicológico’ no solicitada por los actores, endilgando al magistrado haber violado el principio de congruencia al fallar extra petita. Cuestiona a su vez la concesión del rubro ‘daño moral’ y, eventualmente la suma otorgada para su reparación por considerarla excesiva; participando de similar impronta la queja apuntada al concepto de ‘privación de uso’. Extiende sus agravios a la partida asignada en concepto de ‘daño emergente’ y el plazo de inicio del cómputo de intereses sobre dicho rubro. Finalmente, solicita la revocación de la tasa de interés dispuesta en la sentencia, y que en su defecto se aplique la excepción prevista en el plenario del fuero -“Samudio”- y se establezca una distinta e inferior a la activa. c) A su turno la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces de segunda instancia sostiene la apelación interpuesta por su colega del inferior, y expone sus agravios en relación con todos los rubros que componen la indemnización establecida a favor de los menores por ella representados, solicitando su elevación por considerarlos reducidos.

V.- La solución En primer lugar debo señalar que conforme ha sido sostenido reiteradamente, no me encuentro obligada a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.).

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN, Fallos:274:113; 280:320; 144:611).

Ahora bien, por una cuestión exclusivamente metodológica trataré en primer término la queja relativa a la responsabilidad y luego, los parciales indemnizatorios apelados y la tasa de in terés recurrida.- 1) Responsabilidad Teniendo en consideración la naturaleza del hecho de que se trata, y la condición de los involucrados en su desarrollo conforme a los antecedentes ya reseñados, considero que resulta de aplicación lo normado por el artículo 1113 2° párrafo del Código Civil -vigente al momento del evento dañoso y sus equivalentes 1243, 1757, 1758 y concordantes del actual cuerpo legal-. En consecuencia a la parte actora incumbía la prueba del hecho y su relación de causalidad con el daño reclamado, y el daño mismo; mientras que es el imputado, por el contrario, quien debe invocar y acreditar la situación eximente que interrumpa el nexo causal, en virtud de la carga probatoria impuesta por el art.377 del Cód. Procesal.

En el caso, las partes están contestes en la ocurrencia del evento motivo de litis, aunque difieren los demandados en cuanto a la responsabilidad que a cada uno de ellos cupo en su producción, atribuyéndosela recíprocamente. Como se adelantara, tanto aquellos como las empresas citadas en garantía se han agraviado de la imputación de la responsabilidad en forma concurrente que efectuara el “a-quo”.

El acta de inspección ocular labrada por el personal policial interviniente, que se encuentra anejada a fs. 31 de la causa penal, ofrece la descripción del marco ambiental y topográfico de la zona que fuera escenario del hecho y de las posiciones finales de los rodados involucrados; refiriéndose allí entre otros aspectos que “…sobre el sector central de la dirección vehicular Hughes a Venado Tuerto, se observan signos del impacto”. Dicho relevamiento se encuentra reflejado en el croquis de fs. 32 en el que se aprecia marcada con una equis debajo del número cuatro la zona del impacto. Se observa en las fotografías de fs.33 que en el lugar de la referencia la ruta cuenta con un solo carril de circulación por mano.

Los testigos presenciales que declararon en la causa penal, Sres. Carlos Alberto Aguirre (fs. 64), Eduardo Miguel Serra (fs. 65) y Mauricio Román Puerta (fs. 68), sostuvieron en términos similares que el camión marca Ford F-6000 con acoplado se desplazaba erráticamente en forma de zig-zag por el centro de la ruta, invadiendo por momentos la contramano para luego retomar la suya; precisando además los dos primeros que en esas circunstancias la camioneta pick-up Ford. F-100 se pasó al carril contrario para tratar de evitar la colisión, pero que el camión volvió a su mano produciéndose el accidente de frente. Todos ellos resultan coincidentes y precisos en sus afirmaciones, sin que se adviertan contradicciones que ameriten su descalificación, pues se trataría de los únicos testigos presenciales ajenos a los partícipes activos o pasivos del hecho investigado. No pueden soslayarse los testimonios brindados por las personas que viajaban en la pick-up siniestrada, que aún apreciados con el rigorismo que el caso impone por tratarse del hijo del conductor -Leonardo Altieri-, y conocidos -Daniel Eduardo Sotelo y Eduardo Lucas Sotelo-, confirman y refuerzan lo expuesto por los restantes; constituyendo elementos sólidos y determinantes de la requisitoria de elevación a juicio plenario formulada por el Sr. Fiscal, contra el conductor del camión Ford F-6000 por la comisión en grado de autor penalmente responsable de los delitos de homicidio y lesiones culposas (cfr. fs. 186/189).

El experto mecánico designado en autos expresó que todas las versiones brindadas por las partes resultan técnicamente posibles de haber sucedido, no pudiendo acreditar cual fue el rodado embistente y cual el embestido, las velocidades de circulación de ambos móviles, ni cual de ellos invadió la mano contraria o si la invasión fue mutua, por no existir en autos ni en la causa penal elementos técnicos suficientes que hagan posible determinar inequívocamente como ocurrió el accidente (cfr. fs.542/547).

La exploración de los antedichos antecedentes analizados en su conjunto, brindan un panorama que permite atisbar con suficiente grado de convicción las circunstancias fácticas consideradas por el magistrado de primera instancia para establecer que en el caso medió una culpa concurrente de los conductores del camión Ford F-6000 y de la pick-up Ford F-100; más, no en la proporción admitida por aquél, pues a mi entender la mayor responsabilidad corresponde imputársela al primero por su conducción errática, imprudente y en condiciones impropias dado las características de lugar y del móvil a su cargo -camión con acoplado-, en tanto que la incidencia participativa en menor grado de la pick-up obecede a la eventual impericia e inadecuada reacción de su conductor frente a la emergencia con la consiguiente pérdida de dominio de su conducido, conforme las circunstancias imponían.

Sólo a mayor abundamiento no puedo dejar de mencionar lo que se desprende de la informativa producida y agregada a fs. 372, en la que la empresa aseguradora del camión Ford -Liberty Seguros- reconoce haber abonado las sumas de dinero allí consignadas a los ocupantes y/o sus herederos aquí codemandados, en concepto de indemnización por las consecuencias del siniestro objeto de esta litis.

En razón de lo expuesto, propongo a mis colegas modificar la sentencia en lo que atañe al aspecto aquí considerado, distribuyendo la responsabilidad de los referidos involucrados en un 80% y un 20% respectivamente, proporción en la que habrán de responder por las consecuencias dañosas ocasionadas a los reclamantes en tanto tengan relación causal con el siniestro, al igual que las aseguradoras citadas en garantía.

2) Daños materiales Como se adelantara en el considerando IV.- ap.a) y b), los demandados y aseguradoras se agravian según su caso y a su turno de la suma determinada por el juzgador para compensar el rubro correspondiente a los daños experimentados por el vehículo del actor a raíz del siniestro, y del plazo de inicio del cómputo de intereses sobre el rubro.

Las objeciones formuladas por los apelantes se basan fundamentalmente en que el magistrado interviniente fijó arbitrariamente el importe de la indemnización ($ 100.000.-) a la fecha de la sentencia, apartándose de lo determinado por el perito mecánico que estimó el valor de las reparaciones a la fecha de la confección de la pericia, no obstante lo cual mandó aplicar sobre dicho monto intereses a tasa activa desde la fecha del hecho, importando tal circunstancia una doble actualización del valor del rubro.

Del informe pericial obrante a fs. 542/547, se desprende que el experto ha desarrollado la correspondiente planilla de los trabajos a realizar en el rodado siniestrado, que incluye repuestos, chapa, pintura y mano de obra, fijando el costo total de la reparación actualizado a la fecha del informe en la suma de $ 66.900.-; y a su vez procedió a ajustar los valores parciales de los mencionados componentes a la fecha de emisión del presupuesto presentado en autos por los actores, cuya sumatoria arrojó la suma de $ 27.360.-

En razón de ello la decisión del Sr.Juez a-quo sobre el particular aparece arbitraria y desprovista de fundamento, importando como sostienen los apelantes una doble actualización del valor del rubro.

En tal virtud, propongo al acuerdo la admisión de los agravios, y en su consecuencia modificar parcialmente la sentencia estableciendo la compensación del rubro a la fecha de la presentación de la experticia mecánica -abril/2014- en la suma de $ 66.900.-.

Los intereses respecto de dicho importe se computarán a partir de la fecha de su determinación y hasta el efectivo pago, aplicándose al efecto la tasa dispuesta en la sentencia, aludida Infra.

3) Privación de uso Se agravian los apelantes por la suma acordada para compensar el concepto del rubro por considerarla excesiva.

En la sentencia el a-quo dispuso una indemnización de $ 5.000.- para cubrir la privación de uso estimada por el perito en 16 días.

La sola privación del uso de un automotor ha sido reconocida por doctrina y jurisprudencia como productora de daños y en esa condición, fuente de resarcimiento para el usuario del rodado, puesto que- probado el perjuicio- el damnificado se verá obligado a sustituir su uso por otros vehículos similares que exigen la erogación de una suma de dinero.

Sentado lo expuesto, para fijar y cuantificar este daño corresponde, pues, acreditar el tiempo de indisponibilidad del vehículo necesario para efectuar el arreglo de los desperfectos. Pero además, las modalidades laborales del usuario, el emplazamiento del lugar de trabajo y del domicilio u otras circunstancias que individualicen la intensidad de la utilización que se daba al vehículo, tienen relevancia para determinar la medida exacta (más amplia en su caso) del daño resarcible. En defecto de esta prueba, la indemnización debe establecerse suponiendo un uso estándar o medio; es decir previendo un cierto número de traslados mínimos que no deja de llevar a cabo todo usuario. ( cfr. Zavala de González, Resarcimiento de daños, daños a los automotores, T. 1, 3a reimpresión, Ed.Hammurabi, págs 130 y 131).

En el caso, la única prueba concreta ponderable es el tiempo estimado por el perito para efectuar las reparaciones (cfr. fs. 544).

Por ello, deduciendo lo que hubieran tenido que desembolsar los actores para atender a la manutención del rodado, considero que la suma acordada es razonable y debe ser confirmada en tanto cuestionada solamente por excesiva, y así lo dejo propuesto al Acuerdo.

4) Daño psicológico y tratamiento psicológico En la sentencia el a-quo analizó los conceptos del rubro; y cuantificó en las sumas de $ 100.000.-, y 15.000.- respectivamente el daño psíquico y el costo del tratamiento psicológico de los co-actores C. K. G., A. T. y N. T., asignando una compensación equivalente para cada uno de ellos.

Partidas éstas que motivan los agravios de las demandadas apelantes conforme se adelantara en el considerando IV.- A esta Cámara le está vedado tratar cuestiones que no han sido propuestas al primer juzgador porque se violaría el principio de congruencia (disposiciones citadas y arts. 271 y 277 del CPCC).

Cuando un expediente llega a la Cámara para resolver un recurso de apelación, adquiere la plenitud de la jurisdicción y ocupa desde entonces la misma posición que tenía el juez de grado; le corresponden así idénticos deberes y derechos que al juez de la primera instancia (CSJN, 02-11-95, in re “Miguel c Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional)”; ídem, íd., “Sandler, Héctor Raúl c. Estado Nacional”, Rep. E. D, 30-1072, Nº 21). Sin embargo, estas facultades jurisdiccionales no son absolutas y encuentran su límite en el principio de defensa en juicio (art. 18 de la CN) y demás garantías consagradas en nuestra Constitución.

Pero las facultades de los Tribunales de Apelación sufren una doble limitación:la que resulta de la relación procesal – demanda y contestación- y la que el apelante haya querido imponerle en el recurso.

En lo que aquí interesa destaco que la primera limitación del Tribunal radica en que no puede expedirse sobre puntos no propuestos al primer juzgador porque debe respetar el principio de congruencia, que en un pronunciamiento judicial remite a la necesidad de verificar una correspondencia perfecta entre la acción promovida y la sentencia que se dicta. Esta correspondencia se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide y sólo sobre lo que se pide, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias. Dicho en otros términos, no puede pecar por exceso, ni por defecto, con relación a los hechos sometidos a su juzgamiento (Eduardo Molina Quiroga, El denominado principio de congruencia como límite a las facultades del juez, L. L. 2004-B-953).

El artículo 163 inciso 6? del Código Procesal consagra el principio de congruencia al exigir que el pronunciamiento se dicte de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio. El mismo alude a la necesaria correspondencia entre lo reclamado y lo decidido.

La rigurosa adecuación de la pretensión y la oposición está íntimamente relacionada con la garantía constitucional de defensa en juicio. Es que quedaría relativizado o conculcado el derecho de las partes de ejercitar su defensa si el pronunciamiento definitivo se expidiera sobre aspectos que no pudieron aquéllas considerar (cfr. Elena I. Highton, Beatriz Areán, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.”, T. 3, p. 472, ed. Hammurabi, 1?ed.).

En ese orden de cosas debe reconocerse que la remisión aludida por los accionantes a “lo que en más o en menos resulte de las pruebas a producirse en obrados”, solo puede interpretarse referido a los montos de la condena comprensivos de los rubros que constituyeron el objeto de la pretensión accionada, más no a conceptos que no la integran.

A la luz de lo señalado precedentemente se observa claramente como también lo advirtió el inferior, que los actores no formularon reclamo indemnizatorio por los conceptos del rubro de la referencia.

En efecto. No se ha desplegado argumentación alguna que permita inferirlo en el desarrollo de los diferentes aspectos tratados en el capítulo VIII. del libelo introductorio de la instancia (cfr. fs. 98v/101v), ni tampoco se los ha incluido en el detalle de la liquidación final contenida en el capítulo IX. (cfr. fs. 102).

El simple ofrecimiento de prueba pericial psicológica no suple el vacío pretensivo, pues ello atenta directamente contra el derecho de defensa en juicio de la contraparte. Nótese que ninguno de los demandados ni las citadas en garantía, efectúan oposición o argumentan en relación con el objeto de que se trata; es más, siquiera propusieron pericial o consultores técnicos del rubro.

En razón de todo lo expuesto, haciéndome eco de los agravios expresados anteriormente aludidos, considero que corresponde revocar el pronunciamiento del inferior dejando sin efecto la asignación de las partidas que no fueron objeto de reclamo concreto por parte de los actores. Así lo propongo.

5) Daño moral El daño moral es la lesión en los sentimientos, a las afecciones legítimas, y cuya evaluación es tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 del Código Civil.El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Tampoco para establecer su monto se deben correlacionar los daños materiales y morales, puesto que se trata de lesiones de diferente índole, y la existencia o no de daños materiales carece de influencia en la determinación del agravio moral (CNCiv. Sala F, 17/4/95, “Piromalli Jerónimo y otros c/Codesimo Gustavo s/sumario”).- Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido: por lo que más que cualquier otro rubro, queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a una recta ponderación de las diversas características que emanan del proceso. Así también la determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales, pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración, pues se trata de daños que afectan a esferas distintas.

Habré de tener en cuenta -entre otros- la personalidad y edad de los sufrientes, su condición de damnificados directos, la posible incidencia del tiempo como factor coadyuvante para agravar o mitigar el daño y también la entidad de quien generó el perjuicio, cuando pudiere tener influencia sobre la intensidad objetiva del agravio causado a la víctima -conf.Pizarro, Valoración del daño moral, LL 1986-E, 831-.

No puedo perder de vista a su vez la impresión que debió generar en los sentimientos de los actores la propia ocurrencia del accidente, que irrumpió de modo repentino e impredecible en sus vidas, generando la incertidumbre propia de circunstancias inesperadas ocurridas durante un plácido viaje de regreso de sus vacaciones, y lejos de sus hogares; todo lo cual permite presumir la magnitud de la conmoción vivenciada en sus espíritus.

En razón de todo ello, a la luz de las pruebas rendidas en autos, especialmente a modo orientativo lo informado por el perito psicólogo en punto a que los actores vivenciaron una situación traumática generadora de estados de angustia y depresiones reactivas de carácter leve (cfr. fs. 448, 453v. y 465v.), la ausencia de otras lesiones que tengan relación con el accidente padecido, la edad de los actores a la fecha del hecho (Claudia K. G. -33 años-, N. T. -5 años- y A. T. -8 años-), y demás condiciones personales de las víctimas, opino que el monto establecido en concepto de compensación del daño moral de todos ellos resulta adecuado y prudentemente establecido conforme a las facultades emanadas del art. 165 del CPCC; por lo que propicio su confirmación.

6) Intereses Teniendo en cuenta el marco de los agravios formulados, la fecha del accidente de autos en base a los fundamentos vertidos en mi voto, en los autos “MONDINO, Silvana Andrea c/ TETTAMANZI, Hernán Diego y otros s/ daños y perjuicios” (R.524.899) del 14/04/2010, a los que en honor a la brevedad me remito, propongo que los intereses se liquiden a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina desde la fecha dispuesta en la sentencia recurrida hasta el 20/04/09, y a partir de entonces y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal actual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

En cuanto a los artículos del Código Civil mencionados en los considerandos precedentes, considero un deber aclarar que se corresponden con el texto legal -vigente a la fecha del hecho- aprobado por la ley 340 y sus modificatorias.

VI.- Conclusión Por todo lo expuesto, voto proponiendo:

1) Se modifique la sentencia apelada, estableciéndose la culpa concurrente en un 80% del conductor del camión Ford F-6000, y en un 20% del conductor de la pick-up Ford F-100, debiendo responder ellos, los propietarios de ambos rodados y sus respectivas aseguradoras, en esa medida por los montos que componen la condena.

2) Se revoque parcialmente el fallo dejando sin efecto las partidas asignadas en concepto de incapacidad psicológica y tratamiento.

3) Se lo modifique parcialmente estableciéndose en la suma de $ 66.900.- la indemnización correspondiente a los daños materiales al rodado, con más los intereses correspondientes que se liquidarán en la forma dispuesta en el considerando V.- ap.2) ‘in fine’.

4) Se modifique también parcialmente la sentencia disponiéndose que los intereses sobre las indemnizaciones otorgadas se calcularán desde la fecha del hecho (27/03/05) a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina hasta el 20 de abril de 2009 y, desde entonces hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

5) Se confirme la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravio.

6) Se impongan las costas de alzada en el orden causado en atención a los vencimientos parciales y mutuos (art. 71 CPCC).

Así mi voto.

Los señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre Álvarez y Ana María R. Brilla de Serrat, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

PATRICIA BARBIERI- OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ – ANA MARIA BRILLA DE SERRAT.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Bueno s Aires, 23 de noviembre de 2016.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:1) Modificar la sentencia apelada, estableciéndose la culpa concurrente en un 80% del conductor del camión Ford F-6000, y en un 20% del conductor de la pick-up Ford F- 100, debiendo responder ellos, los propietarios de ambos rodados y sus respectivas aseguradoras, en esa medida por los montos que componen la condena; 2) revocar parcialmente el fallo dejando sin efecto las partidas asignadas en concepto de incapacidad psicológica y tratamiento; 3) se lo modifique parcialmente estableciéndose en la suma de sesenta y seis mil novecientos pesos ($ 66.900.-) la indemnización correspondiente a los daños materiales al rodado, con más los intereses correspondientes que se liquidarán en la forma dispuesta en el considerando V.- ap. 2) ‘in fine’; 4) modificar también parcialmente la sentencia disponiéndose que los intereses sobre las indemnizaciones otorgadas se calcularán desde la fecha del hecho (27/03/05) a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina hasta el 20 de abril de 2009 y, desde entonces hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; 5) confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravio; 6) imponer las costas de alzada en el orden causado en atención a los vencimientos parciales y mutuos.

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Patricia Barbieri

Osvaldo Onofre Álvarez

Ana María Brilla de Serrat