Imposición de condena a la aseguradora en forma solidaria al no haber acreditado los términos de la cobertura del seguro

Partes: García Alfredo Guillermo c/ Pérez Néstor Hipólito; Pérez Gloria Gisela y Aseguradora Federal Argentina S.A. s/

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

Sala/Juzgado: I Civil, Comercial y de Familia

Fecha: 12-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102286-AR | MJJ102286 | MJJ102286Sumario:
1.-Corresponde revocar parcialmente la sentencia cuestionada en cuanto extendió la condena indemnizatoria a la aseguradora en la medida del seguro y condenarla en forma solidaria e ilimitada ya que, no habiéndose acreditado los términos de la cobertura del seguro en debido tiempo y forma, lo resuelto luce arbitrario pues, mediando oposición del actor a tal límite, pesaba sobre la aseguradora la carga de la prueba de sus términos y alcances y su omisión sólo a ella perjudica.

Fallo:

San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis , la Sala I -Civil y Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, integrada por los Dres. Sergio Marcelo Jenefes, Beatriz Elizabeth Altamirano y Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº CF-12.147/15, caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en B-22.3107/2009 (Cámara en lo Civil y Comercial- Sala III- Vocalía 8) Ordinario por Daños y Perjuicios: García Alfredo Guillermo c / Pérez, Néstor Hipólito; Pérez Gloria Gisela y Aseguradora Federal Argentina S.A.”

El Dr. Jenefes dijo:

La Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial, en sentencia de fecha 18 de agosto del 2015 resolvió hacer lugar a la demanda promovida por Alfredo Guillermo García y, en su mérito, condenar a Néstor Hipólito Pérez y a Gloria Gisela Pérez a pagarle, en el término de diez días, la suma total y única de $1.525.368, comprensiva del capital e intereses calculados a la fecha de la sentencia. Impuso costas y reguló honorarios profesionales.

Asimismo hizo extensiva la condena a la aseguradora Federal Argentina S.A. en los límites del seguro.

En cuanto a los hechos, la Sala Sentenciante consideró que las partes estaban de acuerdo en que el 1º de octubre de 2009, aproximadamente a las 12:30 horas, el actor se desplazaba a pie por el badén que cruza el Río Xibi Xibi como prolongación de la Av. Alte.Brown; que lo hacía de sur a norte, es decir, hacia el Cementerio por la orilla derecha de esa vía; que por el mismo lugar y en idéntico sentido, circulaba el automóvil Fiat Uno, dominio VST 825, de propiedad de Gloria Gisela Pérez, conducido en la ocasión por Néstor Hipólito Pérez y que el actor, cayó desde la vía de circulación por la que transitaba hasta impactar con una plataforma de cemento construida debajo de ella. Pero mientras en la demanda se afirmó que ello ocurrió porque el actor fue embestido por el referido vehículo, los accionados y la Compañía Aseguradora sostuvieron que cayó porque tropezó o trastabilló, sin que el vehículo lo tocara.

Concluyó el sentenciante sin duda alguna, a partir del análisis de la prueba reunida, absoluciones de posiciones, prueba incorporada al expediente penal (testimonio e informe donde consta que a ocho metros delante del punto en el que cayó el actor aparecieran restos de baquelita color anaranjado, coincidentes con el faltante de la óptica lateral derecha anterior del vehículo en cuestión), en que el actor fue embestido por el vehículo del demandado, que cayó por el impulso de esa colisión y fue el impacto del auto con el actor lo que rompió la óptica delantera derecha, cuyas piezas se desprendieron y fueron a dar cerca de donde cayó la víctima.

Siendo así, determinó resultaba irrefutable la responsabilidad de los demandados por aplicación del art. 1113, 2º párrafo y art. 1109 del Código Civil puesto que el conductor no adoptó las medidas necesarias para evitar embestir a la víctima.

Entendió que el conductor accionado incumplió el elemental deber de circular a velocidad prudente, el de mantener constante atención al conducir, y el de conservar, en todo momento, el pleno dominio del rodado, al punto de estar en condiciones de detenerlo siempre que fuera necesario frente a contingencias u obstáculos previsibles (art. 39 inc. b, 50 y ctes.de la ley 24.449).

Resolvió que no se configuró el eximente de responsabilidad de los demandados por el hecho de la víctima a pesar de no caminar por un lugar permitido. Ponderó que atento que sobre la orilla derecha por la que transitaba el actor no existía vereda a la fecha del accidente, era altamente frecuente el tránsito peatonal por esa orilla, circunstancia que no podía desconocer Néstor Hipólito Pérez por su trabajo como inspector de tránsito municipal y porque era su recorrido habitual para trasladarse desde las oficinas de la Dirección de Tránsito municipal ubicada en el Barrio San Pedrito hasta el centro de la ciudad.

Concluyó atribuyendo responsabilidad total por los daños que fueron consecuencia del accidente a los demandados, en forma solidaria.

Al determinar el daño material consideró las lesiones físicas e incapacidad ponderando la historia clínica y la pericia médica señalando que el experto diagnosticó en el actor “traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y hemorragia subaracnoidea de la región frontal y fronto basal izquierda con secuelas clínicas e imagenológicas, lo que provoca desorden mental orgánico post traumático grado 4 con una incapacidad permanente y definitiva del 70%.

Evaluó que si bien la aseguradora observó la pericia por resultar parcial y contradictoria, basada en las manifestaciones del propio paciente y, por tanto, teñidas de subjetivismo y simulación; el perito al contestar las observaciones y brindar las explicaciones que se le requirieron en la audiencia de vista de causa, aportó precisiones que dieron sustento a su dictamen.Considerando, la patología detallada, la edad del actor a la fecha del accidente (59 años), su condición socieconómica, el grado de incapacidad definitiva que le deparó para desempeñarse en cualquier actividad rentable o no, fijó el rubro en la suma de $500.000.

En cuanto los gastos asistenciales y de farmacia los determinó en la suma de $40.000 calculados a la fecha de la sentencia desestimando la pérdida de chance por no haber prueba alguna que demostrara que las tenía antes del accidente.

A continuación determinó el daño moral en la suma de $500.000 calculada a valores actuales. Asimismo fijó los intereses desde la fecha del accidente y hasta la sentencia (conforme art. 622 del C.Civil) en tanto los montos indemnizatorios estaban cuantificados a valores actuales, en el 8% anual, ascendiendo a la suma de $485.368. Por ello condenó a los demandados a pagar la suma total y única de $1.525.368, comprensiva del capital e intereses.

Por último determinó que la condena se haría extensiva a Federal Argentina S.A. en los límites del seguro (art. 118 de la Ley 17418).

En contra de este pronunciamiento, a fs. 9/14 vta. de autos se presenta el Dr. Raúl Ángel Delgado en representación del Sr. Alfredo Guillermo García deduciendo recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Se agravia en tanto en la sentencia se extiende la condena a la Aseguradora Federal Argentina S.A. en los límites del seguro cuando no probó cuál es el límite de cobertura. Entiende que la aseguradora no sólo debía invocar el supuesto límite de cobertura, sino también probarlo y esta prueba, si bien fue ofrecida por la demandada y la aseguradora, aquella medida no fue producida.

Agrega que su parte solicitó que la responsabilidad de la aseguradora fuera plena y solidaria, lo que obligaba a la entidad aseguradora a probar el extremo invocado, lo que debió ser considerado en la sentencia.Asimismo que en el auto de apertura a prueba se ordenó que se libre oficio a fin de que se remitiera la póliza de seguros a efectos de determinar los límites y condiciones del contrato asegurativo y dicha prueba no fue producida.

Señala el apartamiento grosero del derecho que realizó el tribunal en cuanto hace extensiva la condena a la aseguradora en los límites del seguro cuando ese límite nunca fue probado, debiendo condenarla por el monto total de condena. Formula reserva del caso federal y solicita eximición de costas.

A fs. 29/38 vta. de autos el Dr. Jorge A. Ripoll en representación de Aseguradora Federal Argentina S.A. deduce recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Se agravia por la absurda valoración de la prueba. Señala que el perito médico es traumatólogo y no neurólogo por lo que debió realizar interconsultas; que para determinar la incapacidad del 70% el perito se basó sólo en los dichos del actor y en el examen clínico; que la historia clínica no aportó nada al médico; que la falta de estudios neurológicos actualizados le impide al perito establecer disfunciones menos aún cuando presentados con años de antigüedad no son interpretados por un médico especialista.

Señala que existe una tiranía pericial insoportable y la sentencia comete el absurdo manifiesto de valorar incorrectamente la insuficiente e inidónea prueba producida.

Se agravia también por el exceso en los importes de condena. Refiere se fijan los gastos de asistencia y farmacia en la suma de $40.000 sin ningún elemento de juicio que lo justifique.

Agrega que se omite consignar en la sentencia que se extiende la condena en los límites y condiciones del seguro.

Por último mantiene la reserva del caso federal.

A fs. 43 de autos se ordena la acumulación de los recursos deducidos al más antiguo.

Sustanciado el recurso deducido por la aseguradora, es contestado por el Dr.Raúl Ángel Delgado en representación de Alfredo Guillermo García solicitando su rechazo por improcedente por las consideraciones allí formuladas a las que me remito en honor a la brevedad.

A fs. 67/71 de autos contesta el recurso deducido por el actor el Dr. Jorge Ripoll en representación de la Aseguradora Federal Argentina S.a. oponiéndose al progreso del recurso deducido por la contraria.

Asimismo a fs. 79/82 de autos contesta sendos recursos el Dr. Blas Esteban González García en representación de los Sres. Néstor Hipólito Pérez y Gloria Gisela Pérez solicitando se resuelva la procedencia del recurso deducido por la aseguradora. En cuanto al recurso deducido por el actor solicita se dicte sentencia conforme a derecho.

Integrado el Tribunal, a fs. 92/98 de autos se expide el Sr. Fiscal General por lo que, la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

Con relación a la excepcionalidad del recurso de inconstitucionalidad que -precisamente- impone una aplicación de él en extremo restrictiva, hemos sostenido que el vicio de la arbitrariedad, que alcance para descalificar el fallo, debe ser grave y tiene que probarse, y no cabe respecto de senten cias meramente erróneas o que contengan una equivocación cualquiera, si no padecen de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que lo descalifiquen como acto judicial (L.A. Nº 38, Fº 1390/1393, Nº 534).

Concretando el análisis de la causa resulta que se deducen en contra de la sentencia dos recursos de inconstitucionalidad.

Cabe considerar en primer término el recurso deducido por la Aseguradora pues, de admitirse el mismo, tornaría abstracto el planteo del recurso deducido por el actor.

Que la aseguradora cuestiona la valoración de la prueba realizada por el Tribunal a quo y el monto fijado en concepto de gastos de asistencia y farmacia.

En otras oportunidades ya dijimos que los cuestionamientos vertidos en torno a la meritación de los hechos y la prueba producida en el juicio, no pueden ser acogidos.Ello así, por cuanto tal análisis, en principio, no constituye materia de revisión en la instancia extraordinaria, ya que tratándose de un juicio seguido por el procedimiento oral y en única instancia, la soberanía del tribunal de la causa en relación a las mismas resulta indiscutible, de otro modo se vulneraría la esencia misma del sistema (L.A. 43, Fº 1199/1201, Nº 446; L.A. 44, Fº 804/806, Nº 369, L.A. 46 Fº 709/710, Nº 283).

Así este Superior Tribunal de Justicia dijo “el Tribunal a quo es soberano en la apreciación y valoración de la prueba, no pudiéndose hacer en esta instancia un nuevo examen de la misma, salvo desaciertos de extrema gravedad o una absoluta carencia de fundamentación que descalifiquen el fallo como acto judicial” (L.A. Nº 27, Fº 36/38, Nº 13; L.A. Nº 45, Fº 89/90; Nº 37, entre otros), lo que no advierto en el caso.

El recurrente se agravia específicamente por la valoración de la prueba pericial médica que realizó el Tribunal pero para desvirtuar la pericia es imprescindible traer elementos de juicio que permitan advertir fehacientemente el error o el inadecuado uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos de los que por su profesión o título se supone dotado (Cfr. Jorge Kielmanovich, Teoría de la Prueba y Medios Probatorios”, 3º Edición (Ampliada y actualizada), Rubinzal -Culzoni Editores, Pág.582/583) condición que no se cumple en autos.

Digo ello además porque la sentencia aparece suficientemente fundada, ponderando el sentenciante la pericia médica y las explicaciones brindadas por el perito al contestar las observaciones formuladas y en la audiencia de vista de causa -examen que excede esta instancia recursiva- Concluyendo que el perito fundadamente sostuvo el diagnóstico de traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y hemorragia subaracnoidea de región frontal y fronto basal izquierda con secuelas clínicas e imagenológicas, lo que provoca desorden mental orgánico postraumático grado 4 con una incapacidad permanente y definitiva del 70%. Tampoco los cuestionamientos del recurrente son suficientes para apartarse de la pericia denotando una disconformidad con el criterio asumido al sentenciar.

En cuanto al agravio por el importe fijado en concepto de gastos asistenciales, de farmacia y transporte debo señalar que el Tribunal a quo sostuvo que demostrada la enfermedad, se presume que el tratamiento los significó, aún cuando fueron brindados en un comienzo en un hospital público, por no estar todos cubiertos. Asimismo la suma fijada ha sido por los gastos pasados, presentes y futuros por lo que no aparecen excesivos. Por otra parte el recurrente al agraviarse por el importe fijado lo hace de un modo general, sin hacerse cargo de los fundamentos brindados por el juzgador, lo que determina el rechazo del mismo.

De lo señalado resulta que corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Jorge Ripoll en representación de la Aseguradora Federal Argentina S.A., con costas a la aseguradora vencida (art. 102 del C.P.C.).

Asimismo corresponde regular los honorarios profesionales por la actuación en esta instancia extraordinaria -por el recurso deducido por la Aseguradora- a los Dres. Jorge Ripoll y Raúl Ángel Delgado, teniendo en cuenta el monto por el que prospera la demanda y aplicando los porcentajes de los arts. 6, 11 y cctes. de la Ley de Aranceles local, en las sumas de $57.658 y $82.369 respectivamente, con más IVA si correspondiere. No se regulan honorarios al Dr.Blas González García por considerar inoficiosa su actuación.

En cuanto al recurso deducido por el actor, compartiendo el dictamen del Ministerio Público Fiscal, entiendo, resulta procedente.

El recurrente se agravia porque la condena se hizo extensiva a la Aseguradora Federal Argentina S.A. en los límites del seguro correspondiendo formular las siguientes consideraciones.

Que conforme el Art. 109 de la Ley de Seguros el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. Asimismo el art. 118 de dicha Ley estipula que “La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro”.

Ahora bien, de las constancias de la causa principal resulta que la aseguradora no fue diligente en la producción de la prueba ofrecida y no acompañó oportunamente la póliza de seguros que pretendía hacer valer.

Así al contestar demanda la Aseguradora reconoció la existencia del contrato de seguro responsabilidad civil frente a terceros aclarando que su parte respondería en los límites y condiciones de la póliza, la que sería solicitada mediante oficio a casa central de la compañía (fs. 43 vta.). Asimismo al contestar el traslado, el actor señaló que esa responsabilidad tenía que ser solidaria y plena y no con los límites pretendidos por la aseguradora, pues el contrato de seguros no le resultaba oponible (fs. 50 vta. del expte. principal).

Conforme las posiciones de las partes, en la apertura a prueba se ordenó el libramiento de un oficio a Casa Central a fin de que remitiera la póliza de seguros indicada, la que nunca se acompañó.

Es más, a fs. 118 de la causa principal, se ordenó el desglose de la Póliza de Seguros acompañada por el letrado de la aseguradora (obrante a fs.65/75 de la misma) por corresponder a otro titular y dominio.

Conforme lo señalado, los términos de la cobertura del seguro no han sido acreditados en debido tiempo y forma por lo que la sentencia recurrida, en tanto hace extensiva la condena a la Aseguradora en los límites del Seguro, resulta arbitraria puesto que, al haberse opuesto el actor a tal límite, pesaba sobre la aseguradora la carga de la prueba de sus términos y alcances y su omisión sólo a ella perjudica.

Por lo demás, no se advierte que se haya afectado su derecho al debido proceso puesto que tuvo la posibilidad de acompañar la prueba documental, oportunamente se admitió la producción de la prueba ofrecida, por lo que su falta de diligencia y negligencia a ella perjudica.

Ello porque la garantía de defensa en juicio se vincula con el principio de contradicción “ello no significa que aquellas deban ser oídas y tengan derecho a producir prueba en cualquier momento y sin ninguna restricción formal, ni tampoco, que el desarrollo del proceso se encuentre supeditado al ejercicio efectivo de tales facultades. En otras palabras, la garantía de la defensa no impide la reglamentación de los derechos de las partes en beneficio de la correcta substanciación de las causas, y no puede ser invocada por quienes, por simple omisión o negligencia no hicieron valer sus pretensiones o defensas, o no ofrecieron o produjeron sus pruebas en la oportunidad y forma previstas por las respectivas normas procesales” (Palacio en Derecho Procesal Civil, T. I, Ed. Abeledo-Perrot, ed. 1986, p. 147).

Por otra parte la póliza se acompañó después de dictada y notificada la sentencia habiendo precluído la etapa procesal para hacerlo.

Por lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso deducido por el Dr. Raúl Ángel Delgado en representación Alfredo Guillermo García y, en consecuencia revocar el punto 5 de la sentencia de fecha 18 de agosto del 2015. Determinar que la condena se extiende a Federación Argentina S.A.en forma solidaria e ilimitada.

Imponer las costas a la aseguradora vencida (art. 102 del C.P.C.).

Asimismo corresponde regular honorarios profesiones -por el recurso deducido por el actor- a los Dres. Jorge Ripoll y Raúl Ángel Delgado, tomando como base el interés comprometido -que es la diferencia entre el monto de la condena total y el monto límite que pretendía la aseguradora ($ 1.025.368)- importe al cual se aplican los porcentajes de los arts. 6, 11 (35 %) y cctes. de la ley de aranceles local por lo que se fijan en las sumas de $ 45.218 y $64.598 respectivamente, con más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder. No se regulan honorarios al Dr. Blas González García por el recurso deducido por el actor por considerar inoficiosa su actuación.

Las Dras. Altamirano y de Falcone adhieren al voto del Dr. Jenefes.

Por ello, la Sala I – Civil y Comercial y de Familia- del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy,

Resuelve:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Jorge Ripoll en representación de la Aseguradora Federal Argentina S.A., con costas a la aseguradora vencida (art. 102 del C.P.C.).

2º) Regular los honorarios profesionales por la actuación en esta instancia extraordinaria -por el recurso deducido por la Aseguradora- a los Dres. Jorge Ripoll y Raúl Ángel Delgado, en las sumas de $57.658 y $82.369 respectivamente, con más IVA si correspondiere.

3º) Hacer lugar al recurso deducido por el Dr. Raúl Ángel Delgado en representación del Sr. Alfredo Guillermo García y, en consecuencia, revocar el punto 5 de la sentencia de fecha 18 de agosto del 2015. En su mérito, determinar que la condena se extiende a Federación Argentina S.A. en forma solidaria e ilimitada.

4º) Imponer las costas de esta instancia extraordina ria -por el recurso deducido por el actor- a la aseguradora vencida.

5º) Regular los honorarios profesiones por la actuación en esta instancia extraordinaria -por el recurso deducido por el actor- a los Dres. Jorge Ripoll y Raúl Ángel Delgado en las sumas de $45.218 y $64.598 respectivamente, con más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder.

6º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Beatriz Elizabeth Altamirano; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dra. Sara Estela Rosenblath – Secretaria Relatora.