Reponsabilidad por el desplome de un ascensor, pues no se probó que el peso total de los ocupantes superara el máximo permitido

Partes: Aleidin Alexis Matías c/ Vertirod Ascensores y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 15-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-102267-AR | MJJ102267 | MJJ102267

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción promovida y condenar a las demandadas a raíz de los daños padecidos por el actor en ocasión de encontrarse, junto a otras cuatro personas, en el ascensor del edificio y debido a un desperfecto, el mismo se desplomó a gran velocidad hasta el segundo subsuelo donde se detuvo abruptamente, toda vez que no se acredito que el sobrepeso interrumpiera el nexo causal por culpa de la víctima.

2.-La relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas-de acuerdo al sistema del anterior Código Civil – ley 17.711 .

3.-Las probanzas existentes de ninguna manera resultan suficientes para interrumpir el nexo causal, y resulta crucial examinar diversos pasajes de la experticia efectuada por los Bomberos, en la que se da cuenta de la imposibilidad de referirse a la causa efectiva de la producción del siniestro por las modificaciones que se hicieron en el elevador previo a su llegada, por lo cual, las consecuencias adversas de este proceder, dado el marco normativo aplicable, deberán ser soportadas por la parte demandada.

4.-Todas las probanzas resultan meramente conjeturales; en efecto, se trata de deponentes dependientes de las encartadas que relatan que habría sobrepeso o que es posible que esa hubiera sido la causa del accidente -sin un sustento técnico o científico para aseverarlo-; de un testigo que cree que había un cartel que indicaba el peso máximo de 375 kg. -sin haberse comprobado si estaba excedido-; e incluso del propio experto designado en esta sede que conjetura el peso máximo según las dimensiones de la cabina.

5.-El hecho de que no hubiese habido un impacto violento no significa que no haya distintos elementos de juicio que permitan presumir y tener por comprobado que los perjuicios invocados tuvieron su causa en el accidente de marras.

6.-La frase de lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse no resulta aplicable en este ámbito ya que, en principio, no es necesario probar la existencia y extensión el daño moral.

7.-No obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del evento, se configuraría un enriquecimiento indebido, como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 15 días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “Aleidin, Alexis Matías c/ Vertirod Ascensores y otro s/ daños y perjuicios”, respecto de la sentencia de fs. 452/459, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.-

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes .

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 452/459, resolvió hacer lugar a la acción promovida por Alexis Matías Aleidín el día 20 de febrero de 2014 y, en consecuencia, condenó a “Consorcio de Propietarios de la calle Acoyte 136”, a “Elevadores Vertirod S.R.L” y a las citadas en garantía “Provincia Seguros S.A” y “Federación Patronal Seguros S.A” al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y costas.

Destáquese que la presente litis tuvo su origen en la demanda que luce agregada a fs. 29/41. En esa oportunidad, el accionante relató que con fecha 22 de marzo de 2013 se encontraba – junto a otras cuatro personas- en un ascensor del edificio ubicado en la Avenida Acoyte Nº 136 de esta ciudad; que bajaron del piso 21 al 14 sin inconvenientes, aunque allí quedó detenido con la puerta cerrada; que luego de hacer sonar la alarma y apretar el botón de “Pare” -como les informaron desde el exterior- el ascensor se desplomó hasta el piso 7 y después a gran velocidad hasta el segundo subsuelo donde se detuvo abruptamente; que el golpe provocó que todos cayeran al piso con fuertes dolores y mareos; y que finalmente los encargados lograron abrir con herramientas la puerta desde afuera.Tal evento, precisamente, fue el que le habría provocado al pretensor los diversos daños y perjuicios que reclama en estos actuados.

II. Los agravios .

Contra el referido pronunciamiento se alzó la parte actora, expresando agravios a fs. 471/473, pieza que mereció las réplicas de fs. 482/483 y 490/493; y las demandadas “Consorcio de Propietarios de la calle Acoyte 136”, y “Elevadores Vertirod S.R.L” (junto a su compañía aseguradora “Federación Patronal Seguros S.A”), cuyas quejas obran a fs. 476/479 y 484/489 -respectivamente-, contestadas a fs. 495/496.

Las encartadas cuestionaron la atribución de responsabilidad dispuesta por el juez de grado. Adujeron que se encontraba comprobada en autos la exclusiva culpa de la víctima en la producción del siniestro. Explicaron que la causa de la caída del ascensor fue el sobrepeso de cinco personas. A tal fin, sostuvieron que el ingeniero Serafini informó que entraban 4 o 5 personas apretadas con un peso total de 400 kg.; que el testigo Ordoñez -propuesto por la propia actoramanifestó que creía haber visto un cartel que indicaba un peso máximo de 375 kg.; que el ingeniero Malamut remarcó como probable motivo del accidente un exceso de peso; que los dos encargados se refirieron a la existencia de sobrepeso en el ascensor; que el deponente Tabares destacó que había tres personas robustas y dos de contextura delgada; y que el actor -según la experticia médica- pesaba 128 kg. Por otra parte, se agraviaron de que el a quo, pese a no haberse demostrado un impacto violento, haya tenido por comprobado el nexo de causalidad del hecho con las lesiones.

De otro lado, todos los apelantes impugnaron los importes otorgados en concepto de incapacidad sobreviniente y tratamiento psicoterapéutico. Asimismo, las accionadas cuestionaron las sumas concedidas por daño moral y gastos médicos y la tasa de interés aplicada al monto de condena.

III. Cuestiones a dilucidar.Límites en su análisis El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos y, en su caso, la procedencia y cuantía de los diversos rubros indemnizatorios materia de agravio y la tasa de interés aplicable al monto de condena.

Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611).

IV. La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.077 (B.O n° 33.034 del 19-12-2014), que modificó el art. 7 de la ley 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por esta última, que fuera promulgada por decreto 1795/2014 (B.O.n° 32.985 del 8-10-2014), ha entrado en vigencia el 1 de agosto pasado por lo que, dada la cuestión relativa a la vigencia de las normas sucesivas en el tiempo, se hace necesario determinar los alcances del nuevo texto legal en el presente caso.

Al respecto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fija en su artículo 7° las reglas a seguir en estos casos estableciendo que:

“A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.

Como se aprecia, en materia de derecho intertemporal, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo del adverbio “aún”, el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y sistema que el derogado art. 3° del Código Civil, según reforma de la ley 17.711.

De este modo, con las aclaraciones ya realizadas en materia contractual, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren -en este caso regirá los tramos de su desarrollo no cumplidos- y también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley.

Pues bien, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art.1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.

En consecuencia, dicha relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas-de acuerdo al sistema del anterior Código Civil – ley 17.711 (ver en este sentido, Luis Moisset de Espanes, “Irretroactividad de la ley”, Universidad de Córdoba, 1975, en especial p. 22 y 42/43, p. IV, apartado “b”).

Esta es la solución que siguió esta Cámara en pleno, in re, Rey, José J. c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A.” del 21/12/1971, publicado en La Ley on line, AR/JUR/123/1971, cuando luego de sancionarse la reforma de la ley 17.711 se produjeron resoluciones contradictorias respecto de la aplicación temporal de ésta. Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce instantáneamente, no quedando sometido a acción alguna del tiempo, por lo cual corresponde atribuir a la ley antigua la regulación de los presupuestos de existencia de la obligación de reparar el daño causado, así como su contenido, inclusive la extensión del daño y su avaluación (cfr. Belluscio Augusto C.- Zannoni Eduardo A., “Código Civil y leyes complementarias…”, Buenos Aires, 1979, tomo 1, p. 28).

Lo expuesto no significa que no participemos de la opinión de que todo lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia. Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo art.4044 -luego derogado por la ley 17.711- “el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir”. Sin embargo, por las razones antes expuestas, en este caso puntual ha de regir la limitación ya señalada por aplicación del principio consagrado en el art. 7 del mismo cuerpo legal.

De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que guíe esta decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, no ya solo porque lo recuerde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1º y 2º), sino porque así lo manda la Constitución Nacional (cfr. art 31 y art 75 inciso 22°). Sin duda, tampoco pueden soslayarse los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; los que se sintetizan en el mandato de “afianzar la justicia”, conteni do en el Preámbulo de nuestra Constitución, que no es letra vana.

En suma, son las previsiones del Código Civil derogado las que han de regir en la especie.

V. La atribución de responsabilidad V.a. Para comenzar, diré que no resulta materia de debate ante esta Alzada la ocurrencia del siniestro (aunque con matices en cuanto al modo en que habría acaecido); esto es, que el ascensor en el que se desplazaba el pretensor tuvo un desperfecto -más allá de la causa que lo originó-, que permaneció con las puertas cerradas en el piso 14, que luego descendió en dos oportunidades (hasta el piso 7 y después hasta el segundo subsuelo) y que debieron abrir sus puertas con herramientas para dejar salir a los ocupantes (v. fs.8/9 y 12 de la causa penal) Tampoco es objeto de discusión la aplicación en la especie del artículo 1113 del Código Civil hoy derogado, por lo que resulta pertinente dilucidar si -tal cual aducen las encartadas apelantes- ha quedado comprobada en autos la culpa de la víctima en la producción del acontecimiento de marras.

En este sentido, las quejosas se refieren a diversas probanzas que acreditarían que el motivo de la caída del elevador fue el sobrepeso de sus ocupantes. A tal fin, manifestaron que el ingeniero Serafini sostuvo que entraban 4 o 5 personas apretadas con un peso de 400 kg.; que el testigo Ordoñez -propuesto por la propia actora- destacó que creía haber visto un cartel que indicaba un peso máximo de 375 kg.; que el ingeniero Malamut informó como probable motivo del accidente un exceso de peso; que los dos encargados se refirieron a la existencia de sobrepeso en el ascensor; que el deponente Tabares remarcó que había tres personas robustas y dos de contextura delgada; y que el actor – según la experticia médica- pesaba 128 kg.

Desde ya adelanto que las probanzas mencionadas de ninguna manera resultan suficientes para interrumpir el nexo causal.Al respecto, resulta crucial examinar diversos pasajes de la experticia efectuada por la Superintendencia Federal de Bomberos, en la que se da cuenta de la imposibilidad de referirse a la causa efectiva de la producción del siniestro por las modificaciones que se hicieron en el elevador previo a su llegada.

En efecto, en el citado informe se señaló que “como ilustra la foto Nº 6, el coche del ascensor nº1 se encontró nivelado en el primer subsuelo, no apoyado sobre el fondo del hueco”; que “esta circunstancia lleva a la conclusión que la cabina fue movida desde su posición en el segundo subsuelo”; que “debe tenerse en cuenta que la cabina fue movida de su aparente lugar de reposo y que el parapente que se desprende y provoca fallas fue re-colocado en otra posición, lo que indica actuaciones sobre el elevador anteriores a la llegada del perito” (v. fs. 57 de la causa penal; el resaltado me pertenece).

A su vez, agregó que “de acuerdo a las versiones recogidas en el lugar (encargado) el ascensor habría emprendido un descenso accidentado desde el piso 14 hasta que se detiene en el piso 7”; que “allí los pasajeros habrían intentado bajar pero no pudieron hacerlo pues el parlante PA trababa las puertas automáticas “; y que “luego por alguna razón cierran la puerta del piso y el ascensor habría continuado con el descenso al segundo subsuelo” (v. fs.58 de la causa penal).

Destacó que según la fotografía Nº 9 “en el tablero de maniobras del ascensor número 1 se halla ausente el módulo de control de frecuencia y potencia, homólogo al del ascensor 1 visto en la foto 8”; que “es lógico suponer que el módulo faltante era del mismo tipo y modelo que el que se halla presente pero además es lógico y certero afirmar que el ascensor no puede funcionar sin este elemento, razón por la cual se infiere que este elemento fue retirado del ascensor luego del accidente que nos ocupa y antes del arribo de los peritos”; que “es una alteración en el lugar del hecho, pues permite inferir la posibilidad de alguna falla en ese módulo que produjera algún funcionamiento anómalo del ascensor, falla que no podrá ser reproducida en virtud de la ausencia del elemento; y que “según versiones este elemento también fue retirado por el conservador el día sábado 23” (v. fs.59 de la causa penal).

En las conclusiones se remarcó que “el hecho habría consistido en el descenso accidentado de un ascensor el día 22 de marzo, con tal vez 5 personas a bordo”; que “el rescate (en el piso 14) no pudo realizarse al no poder abrir la puerta de la cabina por haberse desprendido un parlante del ascensor”; “que el parlante que se habría desprendido e interferido con el dispositivo operador de puertas se encontraba correctamente colocado y que esta tarea habría sido realizada por el conservador del ascensor antes del arribo de la División Siniestros al lugar”; que “se detectó la ausencia del módulo de control de frecuencia y suministro de potencia al motor del elevador…siendo factible que una falla de este dispositivo produjera accionar errático del elevador, pero no es concluyente pues no puede descartarse un mantenimiento programado u otra circunstancia desconocida”, que “de las comprobaciones realizadas surge que se han removido piezas de su sitio, se ha desplazado la cabina, se han retirado elementos fundamentales por motivos desconocidos; y que “no es dable expedirse puntualmente en cuanto al tipo de suceso y/o factor causal que hubiera dado origen al hecho, toda vez que de acuerdo a lo observado el lugar habría sido modificado, careciéndose de las evidencias necesarias como para poder emitir opinión de real valía” (v. fs. 60/61 de la causa penal).

Tal como puede percibirse, el informe de la Superintendencia Federal de Bomberos realizado pocos días después del evento es categórico y contundente: el personal contratado por las encartadas removió elementos fundamentales que hubieran permitido desentrañar la verdadera causa del siniestro.Las consecuencias adversas de este proceder, dado el marco normativo aplicable, deberán ser soportadas por la parte demandada.

Por lo demás, no puede soslayarse que en ningún pasaje del referido informe se plantea como hipótesis plausible de la producción del accidente un sobrepeso de la unidad (más bien se refiere a distintos tipos de fallas en los dispositivos). Incluso, el experto designado en este pleito indicó que los motivos aparentes del mal funcionamiento en el momento de los hechos habría sido debido a un defecto en la placa de memoria programada del control electrónico que comanda el funcionamiento y que habría sido reparada o cambiada a posteriori por la firma contratista (v. fs. 379/385).

Como si lo expresado no fuera suficiente para confirmar la atribución de la responsabilidad, me he de referir puntualmente a la posible situación de sobrepeso invocada. Sobre el punto, cabe destacar que todas las probanzas a las que se refieren las quejosas resultan meramente conjeturales. En efecto, se trata de deponentes dependientes de las encartadas que relatan que “habría sobrepeso” o que es posible que esa hubiera sido la causa del accidente (sin un sustento técnico o científico para aseverarlo); de un testigo que “cree” que había un cartel que indicaba el peso máximo de 375 kg. (sin haberse comprobado si estaba excedido); e incluso del propio experto designado en esta sede que conjetura el peso máximo según las dimensiones de la cabina.

Por el contrario, la única prueba certera sobre el peso máximo del ascensor (basada en elementos objetivos) surge de la experticia de la Superintendencia Federal de Bomberos. Allí, los idóneos se refieren en forma clara a la marca, número de serie, potencia, tipo, año, obra y capacidad del elevador en cuestión; aclarando, en lo que aquí interesa, que el ascensor estaba preparado para soportar un peso máximo de 550kg (v. fs.60 de las actuaciones represivas).

En la especie, cabe resaltarlo, de ninguna manera ha quedado comprobado que el peso total de los cinco ocupantes del ascensor superara tal máximo. Tal circunstancia, aún cuando el actor pesara en ese entonces 128 kg. (que data de la experticia médica), resultaría sumamente complicada dilucidar ya que el testigo Ordoñez alegó pesar 60 kg. (v. fs. 207).

De todos modos, lo importante en este caso es que no ha quedado acreditada de modo fehaciente en el expediente una interrupción del nexo causal por culpa de la víctima. Sabido es que quien omite probar no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que se trate y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La actividad probatoria constituye, pues, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio, Lino, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, 2004, pág. 399). Esta directiva, sin dubitación, se aplica a la letra al caso de autos.

V.b. En cuanto a la relación de causalidad del siniestro con los daños padecidos por el pretensor, el juez de grado consideró – basándose en los distintos informes- que afortunadamente no se demostró un impacto violento.

En efecto, el ingeniero Malamut destacó que el paracaídas no actuó, que el ascensor no superó nunca la velocidad normal y que la cabina está entera y que sólo tiene la marca de apoyo del resorte (fs.73).

A su vez, la Superintendencia Federal de Bomberos resaltó que “la foto nº4 presenta un detalle del foso del ascensor, en el que el amortiguador “A” no tiene daño, lo que evidencia que no existió un impacto violento contra éste”; que ” la foto Nº 5 muestra el piso de la cabina en su parte externa o de apoyo, el cual no denota afectación por golpe; en la zona “ZA” de asiento contra el paragolpes no se aprecian indicios de que hubiera apoyado con fuerza contra el mismo”; y que “no se apreciaron daños indicativos de caída libre como por ejemplo cables de sustentación cortados, deformaciones o marcas en la cabina, descarrilamiento de puertas…se presume que el coche nunca excedió la velocidad nominal de 60 metros en cada min uto” (v. fs. 54/62).

Ahora bien, tal como considero el a quo (con los aditamentos que aquí creo pertinentes), el hecho de que no hubiese habido un impacto violento no significa que no haya distintos elementos de juicio que permitan presumir y tener por comprobado que los perjuicios invocados tuvieron su causa en el accidente de marras. A tal fin, procederé a enunciarlos:

1) El encargado del edificio José Vera mencionó que, al salir del ascensor, el pretensor se quejaba de dolores en su rodilla, por lo que se ofreció a llamar al SAME (v. fs. 210).

2) En la declaración del actor el día posterior al evento se desprende del relato policial: “provocando que el declarante se lesione en su pierna izquierda, lesiones las cuales son visible a esta prevención” (v. fs. 1 de la causa penal).

3) El médico de la policía informó que el pretensor presentó tumefacción en la rodilla izquierda con dificultad para la deambulación y que el mecanismo de producción de las lesiones reconocen el choque, o golpe o roce con o contra objetos o superficies duras (v. fs.15 de la causa penal).

4) La resonancia magnética del 8 de abril de 2013, dos semanas después del siniestro, manifiesta signos de edema de la médula ósea en el condilo femoral interno y ambos platillos tibiales, de aspecto contuso; aumento de señal y pérdida del patrón fibrilar en el segmento medio del ligamento cruzado anterior, que junto con maniobras semiológicas positivas podrían considerarse rotura (v. fs. 25 de la causa penal).

En resumidas cuentas, las referidas probanzas analizadas en conjunto me persuaden de la relación de causalidad existente entre el siniestro y los perjuicios padecidos por el pretensor.

V.c. A la luz de todo lo precisado, considerando comprobado que las lesiones del actor fueron provocadas por el siniestro relatado en el escrito inaugural y que no se ha acreditado en la especie ningún eximente de responsabilidad que pueda interrumpir el nexo causal (como exigía el marco normativo aplicable), propondré a mis colegas que se desechen las quejas intentadas por las encartadas y se confirme la atribución de responsabilidad dispuesta en la sentencia de grado.

VI. La indemnización VI.a. Antes de comenzar, diré -en lo que respecta a la posible discriminación de algunas partidas indemnizatorias- que esta Sala ya ha tenido oportunidad de referirse a “la guerra de las etiquetas” o debate acerca de la denominación que corresponde dar a tales o cuales daños; así como “la guerra de las autonomías” o discusión sobre si esos daños integran la categoría de los morales o patrimoniales, o, por el contrario, si tienen autonomía o forma de una categoría propia. Es que hemos sostenido que se trata de un quehacer que no afecta al fondo de la cuestión, de conformidad con lo que ha postulado la doctrina autorizada (ver Mosset Iturraspe, Jorge El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad, publicado en la Revista de Derecho Privado y Comunitario T 1, Daños a la Persona, págs. 9 a 39, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1992.En similar sentido, Borda, Guillermo A. Acerca del llamado daño biológico en ED, viernes 18 de Julio de 1993, pág. 1; esta Sala, 10- 10-2012, “Ocaña Jonathan Ezequiel c/ Guimpelevich Rene Daniel s/ ds y ps”, íd. 28-09-2012, Rubianes Ariel Marcela c/Soverikly, Jacobo Eduardo y otros s/ds y ps”, entre muchos otros).

En definitiva, lo que debe verificarse en cada caso es que el daño revista las características necesarias para ser indemnizable; es decir, que estemos ante un daño cierto, subsistente y propio de quien lo reclama (conf. Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad civil”, p. 247, 9na. edición, Abeledo Perrot, 1997). Eso significa, que no encuentro ningún inconveniente en examinar en conjunto las consecuencias derivadas de los perjuicios físicos y psíquicos en el pretensor.

VI.b. Trataré inicialmente entonces los agravios incoados por las partes respecto de las sumas concedidas en concepto de incapacidad sobreviniente ($180.000), en la que el juez de grado incluyó el daño físico y el psíquico.

Al respecto, cabe señalar que la partida por incapacidad física procura el resarcimiento de los perjuicios que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, lo que incide en todas las actividades, no solamente en la productiva sino también en la social, cultural, y fundamentalmente en la individual (conf. CNCiv., Sala C, 21/03/1995, in re: “Arias Gustavo G. c/ Fuentes Esteban”). Tal criterio se sustenta en el derecho del sujeto a conservar ileso e intacto su cuerpo, dado que aun con la mejor evolución posible de las lesiones sufridas será harto difícil o imposible restablecer por completo en el organismo alterado la situación de incolumidad anterior; y esta situación es la que determina un perjuicio reparable (cfr. mi anterior voto in re “Domínguez c. Arakaki s/ds.y ps.”, del 31/10/2005). Consecuentemente, rigiéndonos por el principio de la reparación integral, es obligación de los jueces cubrir el demérito que del ilícito resulte a la víctima.

Desde otra perspectiva, la jurisprudencia ha dicho que para fijar el monto indemnizatorio por la incapacidad derivada de un accidente, debe estarse al prudente arbitrio judicial. El órgano jurisdiccional apreciará así la trascendencia de las lesiones sufridas, la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, situación económico social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc. (cfr. CNCiv., Sala D, del 7/11/1968, ED, 25-428; íd, íd., del 9/5/1972, ED, 43-740; íd., Sala E, del 23/3/1961, ED, 1-58; entre muchos otros). En la especie, cabe destacar que Alexis Matías Aleidin contaba, al momento del siniestro, con 23 años de edad, era de estado civil soltero, y estudiante de la carrera de periodismo (v. fs. 296). A su vez, del Beneficio de Litigar sin Gastos que corre por cuerda al presente -oportunamente concedido- se desprende que el accionante presenta una situación económica modesta.

En lo que se refiere al daño psíquico, por supuesto que con la partida del caso se tiende a indemnizar la falta de salud mental derivada de un hecho ilícito, debiéndose verificar -a los fines indemnizatorios- la naturaleza y la entidad del interés lesionado. Tal como sucede con las lesiones físicas, se está ante una inhabilidad o dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales, sin que importe que tal disminución no afecte la capacidad productiva del individuo, dado que existe también un derecho en el sujeto a conservar ilesa e intacta su psiquis.

En el referido contexto, y precisadas ya las directivas que guiarán nuestro estudio, estimo pertinente evaluar las conclusiones arribadas en los informes periciales practicados en el expediente.Es así que el experto médico designado en autos adujo que el pretensor padece, con motivo del siniestro, “síndrome postraumático cervical”, “síndrome postraumático lumbar” y “lesión de ligamentos cruzados con sintomatología”; lo cual le genera una incapacidad del 15% (3%, 4% y 8%, respectivamente). Aclaró que “las lesiones que afectan la columna son de buen pronóstico” y que “la lesión de la rodilla es de pronóstico reservado…que el sobrepeso del actor actúa de manera deletérea sobre la evolución” (v. fs. 302). Asimismo, ante las impugnaciones recibidas, fue contundente al señalar que la afección en la rodilla no era preexistente (v. fs. 354).

En lo que respecta a la faz psíquica, el perito señaló que el Sr. Aleidin sufrió, a raíz del accidente, una “neurosis fóbica moderada”; que le genera una incapacidad del 25%. Asimismo, señaló que en este tipo de reacciones el baremo establece un rango de incapacidad del 10 al 25% (v. fs. 218 y 271).

No desconozco que los referidos informes fueron impugnados por las encartadas (v. fs. 330/331 y 332/333 -el primero- y 254/257 y 259/261 -el segundo-); empero estas impugnaciones han sido debidamente contestadas por los idóneos (v. fs. 354/355, 356/358, 270/274 y 277/280 -respectivamente-) y, a mi juicio, lejos han estado de conmover los fundamentos de los dictámenes. Por lo demás, repárese que en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del idóneo no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., Sala D., en autos “Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.”, expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; íd., “Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps”, expte.libre n° 105.505/97, del 20/09/91).

Asimismo, deberá tenerse presente que la función de las experticias es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de las cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que los dictámenes de expertos es lo que resulta más adecuado; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (CNCiv., Sala D, en autos “Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios”, expte. libre n1 25.403/93 del 27/12/96). (cfr., además, mi anterior voto in re “Chomsky c/ Palavecino s/ ds. y ps.”, del 15/12/2005).

Por otra parte, el art. 458, in fine, del ritual, autoriza a las partes a designar un consultor técnico; el que -contando con la idoneidad del caso- está en condiciones de glosar a la causa no solo una mera impugnación insustancial sino también una verdadera contra experticia que lleve al ánimo del juez de que son acertadas sus operaciones técnicas y fundamentos científicos, en lugar de los volcados por el perito.

Las accionadas, cabe destacarlo, no han acudido a esta herramienta procesal.

En lo qu e respecta al quantum indemnizatorio, teniendo en cuenta los porcentajes de incapacidad informados por ambos expertos, la entidad de las lesiones sufridas, la fecha del siniestro, especialmente lo que se dirá con respecto a los intereses y las particulares circunstancias de autos, estimo que el importe global establecido en el pronunciamiento de grado resulta adecuado para enjugar el daño sufrido. De tal guisa, propondré a mis colegas su confirmación (arg. art. 165 del CPCCN).

VI.c.Seguidamente me referiré a los agravios incoados respecto del monto otorgado por tratamiento psicológico ($12.000).

Sobre el punto, cabe señalar que el idóneo designado en autos recomendó su realización con el propósito de la elaboración del trauma sufrido, especificando una extensión de por lo menos un año, con un costo privado de $250 la sesión y una frecuencia a determinar por el profesional (v. fs. 218).

Al respecto, cabe reiterar que cuando la experticia está debidamente fundada, y no existen argumentos científicos de mayor valor que logren desvirtuar el dictamen vertido en los informes técnicos cuestionados (tal es el caso de autos), ni obren pruebas que determinen que éstos fueron irrazonables, lo que resulta lógico y atinado es aceptar las mentadas conclusiones del idóneo (arg. art. 477 del ritual; Daray, Hernán,”Accidentes de Tránsito”, Ed. Astrea, tomo I, pág. 560).

A la luz de lo delineado, teniendo en cuenta lo informado por el idóneo, y lo que se dirá respecto de los intereses, estimando una sesión semanal, considero razonable el monto establecido por el juez de grado por este concepto. Por lo tanto, propondré al Acuerdo su confirmación.

VI.d. En lo atinente a los gastos de atención médica, de farmacia, vestimenta y traslados la jurisprudencia ha decidido que resulta procedente el reintegro de este tipo de erogaciones en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito. Y ello es así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento. Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas (cfr. esta Sala, “Chaparro c/ Coop. Ltda. de Seguros Bernardino Rivadavia s/ ds.y ps.”, del 18/4/96; íd., mi voto in re “Hidalgo c/ Rolón”, del 5/3/07) A tenor de lo expuesto, dadas las particularidades del sub judice, considero ajustada a derecho la suma de $3.000 establecida en la sentencia de grado.

VI.e. Por último, trataré las quejas vertidas respecto de la suma otorgada por daño moral ($60.000). Sobre la cuestión, he de destacar que en general se admite que para que estemos ante un daño de esta índole es indispensable que se trate de una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, por lo que representa una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender; traduciéndose en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho.

Es que el daño moral -en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, “Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., “El daño en la responsabilidad civil”, Ed. Astrea, p. 287; CNCiv, Sala C, 22-12-2005, “Vega Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras SRL”, LL, online; íd., Sala E, 26- 5-2006, “Montalbetti, Carlos F. y otros c/ Microómnibus Sur SAC y otros”).

No puede discutirse que el daño moral recae en el lado íntimo de la personalidad, y en este sentido es verdad que nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, y en su caso la intensidad, del padecimiento y angustia que se invoca.Es que se trata de un sentimiento que, como decía Kant, representa un estado que “no contiene más que lo subjetivo puro” (ver Principios metafísicos del Derecho”, p. 13, Imprenta de José María Pérez, Madrid, 1873).

No obstante lo expuesto, la circunstancia de que nos hallemos ante supuestos de alteraciones emocionales profundamente subjetivas e inescrutables no ha de impedir la evaluación del juez, la que -necesariamente– tendrá que ser objetiva y abstracta; para lo cual se considerará cuál pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se encontró la víctima del acto lesivo (ver Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad civil”, p. 247, 9° edición, Abeledo-Perrot, 1997). Desde esta óptica, no parecería un requisito necesario la demostración por el accionante de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba -de producirse- sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto “previsto de antemano por la norma” (ver Brebbia, Roberto H., “El daño moral”, p. 86, Ed. Orbir, 2° edición, Rosario, 1967). De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto (ver Zabala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, T. 2b, p.593 y ss.).

Claro está que, a los fines indemnizatorios, no sólo se debe tener en cuenta las condiciones personales de la víctima al momento del evento -antes destacadas- sino también evaluar los padecimientos de esta índole que razonablemente pudo haber sufrido a consecuencia del hecho dañoso.

Sobre el punto, destáquese que la frase de lo que “en más o en menos surja de la prueba a producirse” no resulta aplicable en este ámbito ya que (en principio) no es necesario probar la existencia y extensión del daño moral. Es que se trata de una lesión a los sentimientos del damnificado demostrada por el sólo hecho de la acción antijurídica.

Por lo tanto, a la luz del principio de congruencia, habré de proponer a mis colegas que se reduzca la suma indemnizatoria establecida por el magistrado que me precedió a la cantidad de $30.000 solicitada en el escrito de inicio (v. fs. 37); la cual, de acuerdo a las circunstancias de autos, estimo ajustada a derecho.

VII. Los intereses En lo que respecta a los intereses, la parte demandada se agravió de que el juez de grado haya decidido aplicarlos a una tasa del 8% desde el momento del hecho hasta la sentencia firme (por considerar valores actuales), y desde allí hasta el efectivo pago a la tasa activa. En este sentido, solicitó que se aplique una tasa del 6%.

En primer lugar, he de precisar que no comparto la postura relativa a la “actualidad” de los valores indemnizatorios. Es que, vale la pena resaltarlo, las indemnizaciones que establecen los jueces no pueden contener actualización alguna pues -de lo contrario- se violarían las leyes 23.928, 25.561 y sus decretos reglamentarios (ver, entre tantos precedentes, esta Sala in re “Walas c/ Fernández” , del 20/12/2007 y el fallo de nuestra Corte Federal en “Massolo, Alberto José c/ Transporte del Tejar S.A.” , 20-4- 2010, LL, del 25-10-2010, p.9). Más aún, de hecho no surge del pronunciamiento cuestionado que se haya aplicado alguna tabla que contenga índices de actualización monetaria por la inflación acaecida; lo que de por sí descarta que los valores determinados puedan calificarse de propiamente actuales.

Por otra parte, cabe destacar que en el caso se impone la vigencia del art. 303 del ritual, precepto que considero vigente en su redacción originaria (ver esta Sala, R. 621.758, del 30/08/2013, “Perez Horacio Luis c/ Banco Saez S.A s/ ejecución de honorarios, LL, AR/JUR/55224/2013). A la luz de la mencionada norma, entonces, se establece para todo el fuero la obligatoriedad de los fallos plenarios. Así las cosas, en la sentencia de esta Cámara, en pleno, en los autos “Samudio de Martínez, Ladislada c/ Transporte Doscientos setenta S.A. s/ Daños y Perjucios” , dictada el 20 de abril de 2009, se resolvió dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios “Vazquez, Claudia c/ Bilbao, Walter y Otros” (del 2-8-1993) y “Alaniz, Ramona Evelia c/ Transporte 123 S.A.” (del 23-3-2004), disponiéndose aplicar desde la mora (en este caso, el día del siniestro) la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Es verdad que el mentado plenario admite una solución diversa cuando acontezca “una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Pero esa singular especie comporta una situación harto excepcional, que se aparta de la regla general, y que -para que pueda tener lugar- debe ser acreditada fehacientemente y sin el menor asomo de duda en el marco del proceso.A mi juicio no obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del evento, se configuraría el mentado “enriquecimiento indebido”; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir.

No obstante, toda vez que no se ha agraviado sobre este punto la parte actora, no me queda otra alternativa que confirmar la sentencia de grado en este asunto. Para finalizar, debo a clarar que con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la reconocida en la anterior instancia y que aquí se confirma, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas, iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado (ver. art. 1740 del mismo código).

VIII. Conclusión A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y modificarla en lo que respecta al monto de condena, que pasará a ser de pesos doscientos veinticinco mil ($225.000), con más los intereses fijados en el pronunciamiento de grado. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en primera instancia.

El Dr. Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO -.

Es fiel del Acuerdo. – Buenos Aires, Noviembre de 2016.- Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, resuelve confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y modificarla en lo que respecta al monto de condena, que pasará a ser de pesos doscientos veinticinco mil ($225.000), con más los intereses fijados en el pronunciamiento de grado.

Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en primera instancia.

El Dr. Parrilli no suscribe a la presente por encontrarse en uso de licencia al momento del sorteo (art. 109 RJN).

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.