Consorcio debe indemnizar por las filtraciones y humedades derivadas de las deficiencias constructivas en el muro privativo contiguo del edificio

Partes: Di Sanzo Beatriz Mirta c/ Finisterre S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 15-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-102281-AR | MJJ102281 | MJJ102281

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción y condeno a las demandadas y terceros citados, a raíz de los prejuicios sufridos por la actora, en su carácter propietaria de la unidad funcional, por roturas y rajaduras en pared medianera, filtraciones y humedades, a partir de la construcción de un edificio en el terreno lindero, toda vez que se encuentra acreditado que la causa eficiente de los daños está dada por las deficiencias constructivas en el muro privativo contiguo del edificio de la demandada.

2.-La desestimación de las conclusiones a las que arribara el perito han de ser razonables y motivadas, siendo imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o inadecuado uso que el experto hubiera hecho de sus conocimientos científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado, y ello no ocurre en autos.

3.-En lo que hace al consorcio demandado, su responsabilidad emerge en su carácter de dueño o guardián de la cosa por estar a su cargo la conservación, reparación y mantenimiento del muro privativo, ya que si bien el consorcio se constituyó en el año 2010, la inspección pericial realizada dos años después todavía daba cuenta de las deficiencias en el muro de su propiedad.

4.-Debe declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, no conteniendo la expresión de agravios en análisis una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que supuestamente se ha incurrido y las consideraciones o fundamentos en que se sustenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo decidido (art. 265 del CPCCN.)

5.-No corresponde darle primacía a los dictámenes de los consultores técnicos por sobre los del perito de oficio, dado que los primeros resultan ser asesores técnicos de las partes y carecen de la imparcialidad y objetividad propios de los del experto de oficio, designado por el juez.

6.-En lo que hace a la prueba testimonial, las declaraciones a las que se hace alusión emanan principalmente de testigos que se encuentran comprendidos dentro de las generales de la ley por tener conocimiento personal de la actora- vecinos del edificio donde vive, y encargado-, lo que le resta objetividad a sus dichos.

7.-Es procedente la reparación del daño moral, ya que de las pruebas aportadas a la causa surgen las aflicciones sufridas por la accionante no sólo en el inmueble en sí, en cuanto al aspecto edilicio afectado por las filtraciones y humedades sufridas.

8.-Los intereses comienzan a correr desde la fecha del hecho dañoso, pues es ése el momento en el cual se produce el perjuicio y con el cual nace el derecho del damnificado de reclamar su reparación, con la consecuente mora del deudor; Por lo que la fecha de exteriorización y verificación del daño efectivo y concreto dentro de la unidad de la actora, y sobre la cual las partes están contestes es la tomada por el juez en su decisorio, 7 de julio de 2010, que es la fecha de la comunicación de la situación a la demandada.

Fallo:

Buenos Aires, a los 15 días del mes de noviembre de 2016, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “Di Sanzo, Beatriz Mirta c/ Finisterre SA y otros s/ daños y perjuicios”.

La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:

Contra la sentencia de fs. 683/690, se alzan la parte actora, quien expresa agravios a fs. 815/825, los codemandados Pisano, “Finisterre SA”, José María Avendaño, “IQ Emprendimientos” y “Espacio Recoleta Fideicomiso Inmobiliario” por un lado, y el consorcio codemandado “Consorcio de Propietarios del Edificio IQ Recoleta” por otro, quienes expresan agravios a fs. 812/813 y fs. 827/829, respectivamente. Corrido el traslado de ley pertinente, el mismo fue evacuado a fs. 833/834 por los codemandados. Con el consentimiento del auto de fs. 838 quedaron los presentes en estado de resolver.

I. Las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la demanda promovida por Beatriz Mirta Di Sanzo, en su carácter propietaria del inmueble ubicado en la calle Azcuénaga 1562, 7° “C” de esta ciudad, contra Finesterre S.A., IQ Emprendimientos y Miguel Ángel Pisano, y la aseguradora Liberty Seguros, con motivo de los daños y perjuicios que adujo haber sufrido en su unidad funcional (roturas y rajaduras en pared medianera, filtraciones y humedad), a partir de la construcción de un edificio en el terreno lindero, a mediados del año 2008, la que llevada a cabo por Finesterre S.A. y estuvo a cargo del arquitecto Miguel Ángel Pisano de IQ Emprendimientos.

II. La sentencia de autos desestimó las excepciones oportunamente planteadas por el “Consorcio de Propietarios del edificio IQ Recoleta”, y por la aseguradora “Integrity Seguros Argentina S.A. (ex Liberty Seguros S.A.)”, e hizo lugar a la demanda promovida por Beatriz Mirta Di Sanzo, con costas a cargo de los demandados y terceros citados.En consecuencia, condenó a los mencionados y a Miguel Ángel Pisano, Finesterre S.A., José María Avendaño, IQ Emprendimientos (sociedad de hecho) y a Espacio Recoleta Fideicomiso Inmobiliario, a pagar, dentro del plazo de diez días, a la actora, la suma de pesos catorce mil novecientos noventa con cincuenta y dos centavos, con más los intereses dispuestos.

III. Como previo y antes de entrar en el tratamiento de los agravios deducidos cabe precisar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 aprobado por la ley 26.994 contempla de manera expresa lo relativo a la “temporalidad” de la ley. Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las consecuencias son los efectos, de hecho o de derecho que reconocen como causa, una situación o relación jurídica por ende atento que en los presentes obrados la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior, corresponde analizar la cuestión a la luz de la misma, así como la doctrina y jurisprudencia a ella aplicable.

IV. Zanjada esta cuestión, corresponde adentrarse al estudio y tratamiento de los agravios vertidos por los demandados y terceros citados en lo que respecta a la responsabilidad asignada a su parte. a) Se agravian los codemandados y terceros citados argumentando, en primer lugar, que la sentencia resulta endeble por tener fundamento en una pericia técnica cuestionable, según su parte, carente de sustento técnico y científico y en la que se hace alusión a supuestos daños y humedades que no pudieron ser constatados (ver fs.812/813).b) Por otro lado, se agravia el consorcio accionado por la atribución de responsabilidad a su parte en su carácter de dueño o guardián de la cosa viciosa productora del daño, alegando que el hecho generador del daño ha sido originado por un tercero por quien no debe responder. Argumenta que los daños padecidos por su contraria tuvieron origen en un defecto de construcción del muro lindero por parte de los restantes codemandados, lo cual fue previo a la transferencia del edificio a su parte, y a la constitución registral del consorcio, desconociendo tal situación y resultando ajeno a ella. Cita jurisprudencia plenaria en apoyo de su postura conforme la cual la obligación de reparar los daños ocasionados por la construcción de un inmueble no se transmite a los futuros adquirentes de dominio. Por último, sostiene que no ha resultado acreditado que los daños padecidos por la actora se hayan agravado una vez que el inmueble fuera transferido a su parte, como tampoco el grado o entidad de dicho hipotético agravamiento. Hace alusión a la pericia técnica, a cuyas conclusiones hace alusión y cita (ver fs. 827/829). c) En primer lugar, cabe remarcar que esta Sala, en su actual composición, ha sostenido que “por tratarse de un daño producido en una unidad de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal ocasionado por filtraciones, causado por el riesgo o vicio de la cosa (art 1113, 2º párrafo 2º supuesto del Cod. Civil) es imputable a su dueño o guardián, quedando en cabeza de este último, la carga de la prueba del casus, de la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, para eximirse de la consecuente responsabilidad (Conf. C. N. Civ., esta Sala, “Elefteriu Zonca, Eduardo y otro c/ Consorcio de Propietarios Bolivar 1867/69/75/87 s/daños y perjuicios” del 4/6/09, entre otros), criterio éste que ya se sostenía en anterior integración (C. N.Civ., esta Sala, 21/10/2004, “Pereira, Lidia B. y otro c. Stefanoni, Julio C. y otros” La Ley Online AR/JUR/3904/2004, entre otros).Tal criterio fue compartido en otros pronunciamientos en los que se analizaba la responsabilidad del Consorcio (C. N. Civ., Sala A, 07/12/1998, “Huber, Francisco E. c. Consorcio de Propietarios Av. Santa Fe 1556/60 y otros”, L. L. 2000A593; Idem., Sala B, 07/02/1978, “Hanono, Elisa c. Consorcio de Propietarios Pueyrredón 1655”; Idem., id., 03/12/1996, “Jupiter Cía. de Seguros c. Consorcio de Propietarios Azcuénaga 380/382” L. L. 1997F945; Id., id., 25/10/1999, “Consorcio de Propietarios 2625/53 c. Millet y Company Libertad”, L. L. 2000C924; Id., Sala I, 17/05/2005, “Gallo, Marcelo E. y otro c. Consorcio de Prop. Migueletes 1217/19”, D. J. 20053, 1254; Idem., sala H, 29/11/2000, “Maruca, Noemí S. C. Consorcio Del Barco Centenera 345/59”

, La Ley Online AR/JUR/1141/2000), entre otros). Desde este punto de vista, habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.

En el caso concreto de autos, a fs. 423/433 consta la pericia técnica del Ingeniero en Construcciones en la que se concluyó lo siguiente: “En la inspección pericial observé la existencia de manchas de humedad en las maderas del fondo de tres módulos de la alacena de la cocina del 7mo. Piso C y en la pared del dormitorio de portería del 8vo. Piso (portería de Azcuénaga 1562). No puedo determinar desde que período se revela, pero es de antigua data.La causa de tal aparición, es que cuando se realizó el edificio de Azcuénaga 1562 por no existir edificio al lado, se realizó un muro privativo contigüo de espesor 15 cm, cuando se construyó el edificio de Azcuénaga 1570 adosado al anterior muro privativo se construyó otro de 15 cm para conformar el muro de 30 cm, y en el coronamiento de los dos muros privativos, aparece una grieta que es producto del movimiento de cada edificio, por esta grieta ingresa el agua (esta grieta es la que se ve en las fotos Nro. 7 y 8 donde se ve abierta y no reparada, fotos sacadas el 10/07/12 1ra. Inspección y luego reparada con membrana asfáltica como se ve en las fotos Nro. 12 a la 15 y las 18, 19 y 20, sacadas en la segunda inspección el día 30/10/12), se desliza por la pared hasta la losa con el muro privativo del edificio de Azcuénaga 1562. El ingreso de agua y humedad es muy puntual, el nivel de la losa de Azcuénaga 1570 está 40 cm más alta que el nivel de la losa de Azcuénaga 1562, y es la franja de la pared del dormitorio del encargado donde aparece la humedad marcada y también ingresa la misma hacia la unidad de abajo.” (Ver fs. 431).

Dicha pericia fue objeto de pedido de explicaciones a fs. 446 por la parte actora y de impugnación a fs. 477/478 y fs. 487/488 por la demandada, lo que mereció las contestaciones del experto a fs. 453/456 y fs. 493/496 y croquis explicativo de fs. 455.

A fs. 456 dictaminó que:”Primeramente, como lo expresé anteriormente en el punto 1) de ésta ampliación, el edificio de la calle Azcuénaga 1570 deberá resolver de manera definitiva, siguiendo las reglas del arte de la construcción, la junta de unión de los dos muros contiguos y privativos por donde ingresa agua y humedad a las unidades del edificio de Azcuénaga 1562, además de verificar la impermeabilización total del muro contiguo y privativo propio y el encuentro de éste con el solado de la terraza del 8° piso (babeta).” A fs. 496 se concluyó:

” . la causa de esta humedad es haber fallado en la aplicación de las reglas del buen arte de la construcción (por parte del edificio de Azcuénaga de 1570) cuando se resolvió la unión entre la última losa (8vo. Piso) y el muro privativo del edificio Azcuénaga 1562, allí se percudió e interrumpió la continuidad de la capa hidráulica vertical de este último y produjo el ingreso de agua y por ende la aparición de humedades.” Dichas conclusiones se ven ratificadas por las fotografías acompañadas (ver CD en sobre de fs. 422, entre otras) y el croquis de fs. 455.

Cabe señalar que si bien el perito es un auxiliar de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar la convicción del juez, razón por la cual la labor pericial no tiene, en principio, efecto vinculante (conf. art. 477, Cód. Procesal), la circunstancia de que el dictamen no tenga carácter de prueba legal, no obligue al juez, salvo en los casos en que así lo exige la ley, no importa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del idóneo.

Por ello, la desestimación de las conclusiones a las que arribara ha de ser razonable y motivada, siendo imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o inadecuado uso que el experto hubiera hecho de sus conocimientos científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado.Lo que no ocurre en autos.

Por consiguiente, para que las observaciones que pudiesen formular las partes logren favorable acogida, es menester aportar al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (Conf. arts. 386 y 477 del Código Procesal; Palacio, Lino “Derecho Procesal Civil”, t. IV, pág. 720). (conf. C. N. Civ., esta Sala, 10/12/2009, “Taboada, Carlos David c/ Lizarraga, Luis Martín”). Lo que no ha ocurrido en la especie.

Las pautas expuestas por el experto en el informe pericial resultan concluyentes, tanto más cuando no se acompañan a los autos, probanzas que permitan separarse del mismo. De la lectura y análisis de las conclusiones periciales citadas emerge claramente acreditado que la causa eficiente de los daños en la unidad de la actora (filtraciones y humedades) estuvo dada por las deficiencias constructivas en el muro privativo contiguo del edificio de la demandada. Por lo que surge probada la responsabilidad de las demandadas y terceros citados.

En lo que hace al consorcio demandado, su responsabilidad emerge en su carácter de dueño o guardián de la cosa por estar a su cargo la conservación, reparación y mantenimiento del muro privativo, ya que si bien el consorcio se constituyó en el año 2010, la inspección pericial realizada dos años después todavía daba cuenta de las deficiencias en el muro de su propiedad.

En cuanto al argumento referido a la falta de constatación de los daños no asiste razón a los quejosos por cuanto ellos fueron verificados pericialmente y en presencia de los consultores técnicos de las partes (ver fs. 423).

No obstante ello, cabe tener en cuenta la imposibilidad de ingreso al edificio de la demandada denunciada en su oportunidad por el perito tanto a fs.

408 como a fs.423 por habérsele denegado el ingreso al mismo.

Reiteradamente se ha sostenido la doctrina que la conducta observada por las partes en el proceso puede ser entendida como un indicio o como una regla de valoración de la prueba o “elemento corroborante de las pruebas” (Kielmanovich, J.L. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado. Tomo I. Lexis Nexis. Año 2003. Art. 163. Pág. 230).

Es así que los argumentos vertidos por los apelantes no alcanzan a conmover los fundamentos brindados por el primer sentenciante en el fallo en recurso. Por lo que la conclusión a la que arribara el juez de la anterior instancia, resulta adecuada a derecho y a las constancias de autos, proponiendo se desestime la queja planteada en este aspecto y se confirme el fallo recurrido sobre el particular.

V. Con respecto a los agravios vertidos a fs. 815/825 por la parte actora, cabe remarcar que, con excepción de los referidos a la cuantía del daño material y daño moral y a la forma de cómputo de los intereses – los que serán abordados más adelante , los mismos no constituyen una crítica concreta y razonada de lo decidido, sino más bien una mera disconformidad y discrepancia con lo resuelto.

Habrá de señalarse, en primer término, que reiteradamente se ha sostenido que el recurso de apelación no implica una pretensión distinta o autónoma con respecto a la pretensión originaria, sino una eventual derivación de ésta que constituye el objeto, la que ya no se puede modificar en sus elementos. Se ha declarado que únicamente es fundado cuando en razón de su contenido sustancial es apropiado para la obtención de una resolución que reforme, modifique, amplíe o anule el pronunciamiento impugnado. Caso contrario, debe declararse desierto el recurso (C.N.Civ., esta Sala, marzo 22 de 2005, expte. 40.851/2003, Idem., id. Expte. Nº 2.575/2004 “Cugliari, Antonio Carlos Humberto c/ BankBoston N.A.s/ cancelación de hipoteca” del 1/10/09 entre muchos otros; idem, de mayo de 2010, en autos “Peralta, Carlos Raúl y otros c/ Coronel Vega, Carlos Javier y otros s/ daños y perjuicios” Expte. Nº 75.058/2000 ).

Es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de la Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que tornan injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia anterior, para lo cual debe aportar consistentes razonamientos contrapuestos a los invocados en la sentencia, que demuestren argumentalmente el error de juzgamiento que se le atribuye. La expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales o las quejas que no dedujo (conf. C. N. Civ., esta Sala, Expte. Nº 89.532/2006, “M. R. E c/ F, R A” del 24/9/09).

La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una “crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas”. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto “Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado”, t. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988; C. N. Civ., esta Sala, Expte. Nº 2.575/2004, “Cugliari, Antonio Carlos Humberto c/ BankBoston N.A.s/ cancelación de hipoteca” del 1/10/09).

Este Tribunal se ha guiado siempre por un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el art. 265 de la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la antes citada norma con la garantía de defensa en juicio, de raigambre constitucional.

De allí entonces que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio, atendiendo a que, por lo demás, los agravios no requieren formulaciones sacramentales, alcanzando así la suficiencia requerida por la ley procesal cuando contienen en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que se ha incurrido o que se atribuye a la sentencia y se refuten las consideraciones o fundamentos en que se sustenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo resuelto.

Ahora bien, no obstante tal amplitud en la apreciación de la técnica recursiva, existe un mínimo por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma, no resultando legalmente viable discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista (conf. C. N. Civ., esta Sala, Expte. Nº 70.098/98 “Agrozonda S. A. c/ Jara de Perazzo, Susana Ventura y otros s/ escrituración” y Expte. Nº 60.974/99 “Agrozonda S. A. c/ Santurbide S. A. y otros s/ daños y perjuicios” del 14/8/09; Idem., id., Expte.Nº 43.055/99, “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros s/ daños y perjuicios” del 21/12/09 En este contexto, la apelante no ha cumplido con su carga de indicar cuáles son los defectos u omisiones del pronunciamiento que objeta y los fundamentos que lo impulsan a proponer los reproches que formula.

Ello así, por cuanto el concepto de “carga procesal” es el centro de la responsabilidad y función de las partes que persiguen, naturalmente, una sentencia favorable, y para ello necesitan conducirse en el debate judicial, con cuidada eficacia y oportunidad. La teoría del proceso como “situación jurídica” justamente ha puesto en el tapete el rol de los litigantes visto a la luz de sus chances, expectativas, posibilidades y riesgos que irán marcando la distancia con la posible suerte del derecho se somete a la decisión judicial.

Especialmente, en esa concepción, las partes están pesadas con “cargas” o sea imperativos del propio interés para cumplir los actos procesales (Eisner, Isidoro, “Planteos procesales”, Ed. La Ley, 1984; pags. 57/58 y 94; C. N. Civ., esta Sala, Expte. Nº 85.249/04, “Cons. De Prop. Callao 710/16 c/ Rodríguez, Mónica s/ rendición de cuentas” del 10/12/09).

Una adecuada fundamentación en la expresión de agravios es, indudablemente, una carga para el apelante, por cuanto si las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma, o importan discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista, tal insuficiencia en la técnica recursiva torna operativa la norma del art. 266 de la ley adjetiva.

Por ende, no conteniendo la pieza en análisis una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que supuestamente se ha incurrido y las consideraciones o fundamentos en que se sustenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo decidido (art.265 del Código Procesal) corresponde, en este aspecto, declarar la deserción del recurso.

Sin per juicio de ello, y en cumplimiento de lo dispuesto por el propio art.

266 del Código ritual, habrán de señalarse los aspectos más relevantes que no han sido rebatidos, o lo han sido en forma inadecuada.

En primer lugar, en lo que hace a la valoración de la prueba en general y la prueba testimonial, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado.

En lo que respecta a la valoración de la prueba pericial, cabe remitirse a lo que ya fuera expuesto “ut supra”.

Asimismo, no corresponde darle primacía a los dictámenes de los consultores técnicos por sobre los del perito de oficio, dado que los primeros resultan ser asesores técnicos de las partes y carecen de la imparcialidad y objetividad propios de los del experto de oficio, designado por el juez.

En lo que hace a la prueba testimonial, las declaraciones a las que se hace alusión emanan principalmente de testigos que se encuentran comprendidos dentro de las generales de la ley por tener conocimiento personal de la actora (vecinos del edificio donde vive, y encargado), lo que le resta objetividad a sus dichos.

Por último, y con respecto al argumento referido a una supuesta arbitrariedad del decisorio (v. fs. 824 vta.), cabe destacar que reiteradamente se ha sostenido que no es procedente invalidar la sentencia dictada por defectos u omisiones de la misma, si los agravios puedan ser reparados o enmendados en esta instancia por vía del recurso de apelación instaurado. (C.N.Civ. sala A, junio 376, E.D. 69394, sala B, junio 1175, E.D., 66521, idem, julio 275, E.D. 64514, idem, julio 18, 75,E.D.,65169, sala C, abril 4 975, E.D.65201, idem, julio 8,76, E.D.,68165, sala D, octubre 274, E.D.65503, y Notas de Jurisprudencia, E.D, 51426 y 59448, esta Sala en autos “Seren Marina c/Ohtake Minoru y otro s/Desalojo (Expte. Nº 24.491/96) ).

Por otra parte nuestro Supremo Tribunal ha sostenido que la tacha de arbitrariedad no debe encubrir las discrepancias del apelante en lo referente a la apreciación y selección de la prueba, mas cuando es un remedio estrictamente excepcional y de su exclusivo resorte.(C.S., mayo 11976, E.D., 64407).

“La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y su aplicación no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos equivocados o que el recurrente considera como tales, ni cubre las discrepancias planteadas respecto de la valoración y selección de la pruebas efectuadas por el Tribunal de la causa, ni autoriza a suplir el criterio de los jueces en cuestiones que, por su naturaleza le son propias si la sentencia expone argumentos suficientes que bastan para sustentarla” (CS, noviembre 271979, “Poblet S.M. c/ Colegio San José Obrero”, ídem junio 51980, “Knaus, Silverio c/ Kilstein, Leonardo”; ídem junio 241980, “Moyano, Juan C.”, ídem julio 221980, “Mois Ghami SA” RED. 14, página 893, sum. 416). (CNCiv., Sala “H”, “Lucero SA c/ López Vidal s/ prescripción adquisitiva”. R. 494841, 03/09/2008).

Es por todo ello y las consideraciones precedentemente mencionadas que corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en la medida y alcance que surge del presente Considerando.Rubros Indemnizatorios VI. Daños Materiales:

VI.a) Cuestionan las partes la cuantificación de los daños materiales efectuada por el sentenciante de grado, basados los agravios, fundamentalmente, en reiterar en esta instancia las impugnaciones efectuadas oportunamente al dictamen pericial.En primer lugar, debe decirse que es criterio reiterado de este Tribunal que el resarcimiento de los daños y perjuicios originados por un acto ilícito tiene una función compensadora o de equilibrio, es decir que tiende a colocar al patrimonio de la víctima en idéntica situación a la que tenía con anterioridad a la existencia del hecho censurable.

En el caso concreto de autos, a fs. 430/431 pto. 5) el perito determinó el valor de las reparaciones por daños materiales en la suma de $ 8.526,63.

A fs. 446 la parte actora formuló un pedido de explicaciones.

A fs. 453/456 el perito respondió y efectuó ampliación de su dictamen aclarando que el monto consignado no incluía IVA (v. fs. 454 pto. 2).

VI. b) En virtud de las consideraciones técnicas y demás constancias de la causa, estimo acertado el criterio de la sentenciante y los parámetros utilizados a fin de tarifar el resarcimiento otorgado, atento no contar en autos con otros elementos técnico científicos, aportado por las partes, de mayor valor, que desvirtúen los fundamentos del peritaje realizado en la causa.Cabe señalar que la impugnación debe constituir una contrapericia y por ende, contener también como aquella una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en los que se funde.A efectos de analizar situaciones con importante contenido técnico, resulta esencial contar con dictámenes de profesionales especialistas en la materia de que se trate, que informan sobre las particularidades que hacen a las cuestiones debatidas. Los valores que atribuyen y acerca de los cuales dictaminan constituyen parámetros cuyo seguimiento o apartamiento depende del grado de convicción que tal elemento acreditatorio produzca en el ánimo del juez.En el caso de autos, no se advierte ninguna razón para apartarse de las pautas brindadas por el experto, sólidamente fundadas.

Es por ello que, en cuanto al monto, teniendo en cuenta las consideraciones precedentemente mencionadas, lo considero ajustado a derecho y a las constancias de autos, por lo que propicio su confirmación (art. 165 CPCCN).

VII. Daño Moral.

VII. a) Las partes se agravian del monto otorgado en la sentencia de grado a la accionante en relación al rubro en cuestión.VII. b) Conceptualmente, debe entenderse por daño moral, toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial. (Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, JA semanario del 1791985).

Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso. O dicho en otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito privado, o en el desempeño de sus actividades comerciales. Con atinado criterio, se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto “es” (Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de Daños”, Presupuestos y Funciones del Derecho de Daños, t. 4, pág. 103, 1143 y “El concepto de daño moral”, JA del 6285).

El daño moral constituye un daño autónomo cuya reparación es independiente del daño material, aún cuando éstos, en caso de existir, deban tenerse en cuenta. Son rubros que merecen tratamiento diferenciado por tener naturaleza jurídica distinta en razón de que tutelan distintos bienes jurídicos.Para que surja el daño moral, es menester que, además de un eventual desmedro económico, concurra una “repercusión en los intereses existenciales” del sujeto y no se reputa que suceda sólo ante molestias o inconvenientes de relativa entidad (conf. Orgaz, “El daño resarcible”, pág. 259). Lo que se repara es el resultado dañoso, el perjuicio susceptible de apreciación desde la óptica del entendimiento, de la sensibilidad o de la voluntad de la persona, no la actividad del responsable, hecho ilícito o incumplimiento contractual, etcétera, que ha sido sólo la causa eficiente de aquél (Zannoni, “El daño en la responsabilidad civil”, Astrea, 1982, pág. 1982, pág. 231).Reiteradamente ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que, en lo concerniente a la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad y la entidad de los sufrimientos espirituales causados y por otra parte, que el reconocimiento de dicha reparación no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. C.S.J.N., 06/10/2009, A. 989. ; “Arisnabarreta, Rubén J. c/ E. N. (Min. de Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimiento”; Idem., 07/11/2006, B. 606. “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios”, Fallos 329:4944; Id., 24/08/2006, F. 286, “Ferrari de Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c/ Entre Ríos, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, Fallos 329: 3403; Id., 06/03/2007, M. 802.”Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios” , Fallos 330:563, entre muchos otros).También se ha destacado que a los efectos de resarcir el daño moral, son insuficientes los desagrados o molestias que pueda haber sentido el damnificado por meros daños materiales a un objeto, pues en este supuesto el resarcimiento material agota el crédito, la vida en el hogar se deteriora ante la irrupción en la paz de la vivienda de olores y manchas de filtraciones y humedades, entrada y salida de trabajadores con las consiguientes necesidades de destinar tiempo y atención a los problemas, prolongación de incomodidades por trabajos mal terminados, etc. (conf. Highton, Elena I, ob. cit., pag. 320; C. N. Civ., Sala G, 23/2/09, “Bassani, Raúl Pablo c. Consorcio de Prop. Juramento 2062/64/66/70).

Sin embargo, coincido en el presente caso con el sentenciante de grado en la procedencia de la reparación del daño moral, ya que de las pruebas aportadas a la causa surgen las aflicciones sufridas p or la accionante no sólo en el inmueble en sí, en cuanto al aspecto edilicio afectado por las filtraciones y humedades sufridas.

En el pronunciamiento apelado se ha fijado la suma de cinco mil pesos ($5.000), monto que estimo adecuado y en virtud de ello propongo al acuerdo su confirmación.

VIII. Intereses.

VIII. a) Se agravia la parte actora por la forma de cómputo de los intereses, solicitando su modificación. Entiende que la fecha de inicio de los intereses debe computarse desde la primera intimación cursada mediante cartas documento de fecha 12/09/2008 (Ver fs. 823 vta./824).

VIII. b) En la sentencia en recurso se dispuso lo siguiente: “En el caso motivo de la litis, si bien el daño se venía produciendo con anterioridad -desde mediados de 2008-, no puede sino tomarse el 7 de julio de 2010, que es la fecha de la comunicación de la situación a la demandada Avendaño, lo que éste reconoce en su responde, como punto de partida a estos fines.Por ello, los intereses moratorios correspondientes a los daños materiales, cuya cuantificación fue evaluada a la fecha de la elaboración de la pericia, serán liquidados desde ese momento y hasta la fecha de presentación del dictamen (01/02/13) de acuerdo a la tasa pasiva promedio del BCRA y desde allí y hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia se aplicará la tasa establecida en el fallo “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.” .

En lo que hace al daño moral se aplicará la tasa pasiva desde la mora y hasta la fecha de éste pronunciamiento, aplicándose de allí en adelante la tasa activa recién mencionada.” (Ver fs. 689/690).

VIII. c) Este Tribunal ha resuelto reiteradamente que los intereses comienzan a correr desde la fecha del hecho dañoso, pues es ése el momento en el cual se produce el perjuicio y con el cual nace el derecho del damnificado de reclamar su reparación, con la consecuente mora del deudor. En efecto, la indemnización es un equivalente del daño sufrido y el interés compensa la demora en su reparación, al no haber el responsable cumplido inmediatamente con su obligación de resarcir.

Asimismo, los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos, se liquidarán desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de la reparación. (Ver también, C.N.Civ., en pleno, diciembre 16 1958, in re “Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes” . Publicado en La Ley, tomo 93, página 667; Gaceta del Foro, tomo 225, página 168).

Ahora bien, en el caso concreto de autos, las cartas documentos cursadas con fecha 12/09/08 a las que hace alusión la accionante (v. fs.9/12), no obstante haber sido desconocidas en su autenticidad por sus contrarias, fueron remitidas por el consorcio de su edificio – no por la reclamante y no surge fehacientemente que se haga alusión a los daños en la unidad de la actora por los cuales se reclamó, ni se detallan los mismos.

Por lo que la fecha de exteriorización y verificación del daño efectivo y concreto dentro de la unidad de la actora, y sobre la cual las partes están contestes es la tomada por el juez “a quo” en su decisorio (v. asimismo documental de la actora de fs. 24/27 y fs. 28/33).

En principio cabe señalar que no existe daño sin hecho que lo determine, y la probanza del mismo debe darla la parte que tiene interés en afirmar su existencia en cuanto le es favorable su efecto jurídico, debiendo a tal fin elegir los medios adecuados para formar la convicción en el ánimo del juzgador; es decir, el onus probandi pesa sobre quien sostiene un hecho contrario a sus intereses morales o materiales.

Es por ello que, desestimando la queja vertida, propicio la confirmación del fallo sobre el particular.Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:

1) Declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en la medida y alcances que surgen del Considerando V.

2) Confirmar el pronunciamiento recurrido en todo lo demás que fue materia de apelación y de agravios.

3) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, en atención a los vencimientos parciales y mutuos.TAL ES MI VOTO

Las Dras. Zulema Wilde y Beatriz A.Verón adhieren al voto precedente.Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.

Buenos Aires, noviembre 15 de 2016.

Y VISTOS:Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

1) Declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en la medida y alcances que surgen del Considerando V.

2) Confirmar el pronunciamiento recurrido en todo lo demás que fue materia de apelación y de agravios.

3) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, en atención a los vencimientos parciales y mutuos.

4) Para conocer los honorarios regulados en la sentencia a fs. 690, apelados a fs. 692, fs. 694 por altos, y a fs. 693, fs. 699, fs. 712/713, fs. 716 y fs. 719 vta. por bajos.

En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 38 y conc. de la ley 21.839, y por resultar ajustados a derecho, confírmense los honorarios regulados a los letrados intervinientes, así como los de los peritos y demás profesionales actuantes en autos.

Por la labor realizada en la Alzada, de conformidad con las pautas del art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios del Dr. H S B en la suma de ($.); los de los Dres. G T. S y A C, en la suma de ($.), en conjunto; y los del Dr. JJ D, en la suma de ($.).Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.