El reclamo de los daños por desconocimiento de pago no puede tratarse como un supuesto de acción in rem verso

Partes: Banfi Roberto Hugo c/ Bertolasi Roxana Claudia s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 9-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-102252-AR | MJJ102252 | MJJ102252

Sumario:
1.-Corresponde rechazar la acción por los daños y perjuicios derivados del desconocimiento de un pago que el actor había intentado hacer valer en un juicio anterior de ejecución de alquileres que prosperó en su contra, pues resulta de aplicación la teoría de los actos propios en tanto exigió una suma en dólares estadounidenses, afirmando que tal fue la moneda de pago y el juicio ejecutivo previo, al oponer la defensa de transacción había aceptado pesificar la deuda a conforme lo disponía la Ley 25.561 .

2.-Dado que el actor procura el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del desconocimiento del pago invocado en el juicio ejecutivo previo, y no la repetición de un desembolso incausado, como sostuvo luego al readecuar su demanda, no debe tratarse el asunto como un supuesto de acción in rem verso.

3.-La acción de repetición no tiene dominio de aplicación extendido que pueda sustentar todo o cualquier reclamo de derechos patrimoniales, como si fuera regla generalizada de pura equidad; por ello en cada situación deberá considerarse si el actor tiene derecho a hacerla valer, pues tiene carácter subsidiario, o sea que debe ser circunscripta a las relaciones en las que no exista otra vía para recomponer el patrimonio lesionado.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 9 días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Banfi, Roberto Hugo c/ Bertolasi, Roxana Claudia s/ daños y perjuicios (Expte. 72386/2010)” respecto de la sentencia de fs. 541/554 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.- ROBERTO PARRILLI –

A la cuestión planteada el Dr. Mauricio Luis Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes Mediante la sentencia de primera instancia que obra a fs. 541/554 se decidió rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada, con costas. Se desestimó también -con costas al vencido- la acción incoada por Roberto Hugo Banfi contra Roxana Claudia Bertolasi, por la cual el primero reclamó una suma de dinero en dólares, con más intereses, accesorios y daño moral.

La presente litis se promovió con fecha 3 de septiembre de 2010 (ver fs. 4/6); es decir, que tuvo una duración de más de seis años; lo cual es de lamentar que esto ocurra en la justicia argentina, sin que ello implique liberar por completo por esta demora a la eventual participación de los abogados intervinientes; aunque este dicho no comporta, desde luego, juzgar su actuación en este acto.

En la oportunidad mencionada, el actor presentó un escrito con el fin de interrumpir la prescripción y reclamó los daños y perjuicios que le habría generado el desconocimiento de un pago que había intentado hacer valer en un juicio anterior de ejecución de alquileres que prosperó en su contra.Posteriormente -y antes de efectivizarse el traslado– modificó la demanda y enmarcó el caso como una acción “in rem verso”, exigiendo repetir el invocado desembolso, por calificarlo de “pago incausado” (ver fs. 35/36).

Empezaré por señalar que el referenciado pleito conexo caratulado “Bertolasi, Roxana y otros c/Banfi Roberto Hugo s/ejecución de alquileres (Expte. 74298/2003)”, tuvo como objeto el cobro del precio de alquiler y la cláusula penal pactadas en un convenio de arrendamiento rural suscripto el 29 de abril de 1999. De tal acuerdo se desprende que la Sra. Bertolasi -ex mujer del actor- y sus dos hermanos condóminos, otorgaron en locación al Sr. Banfi un campo denominado “Don Alberto”, de 922 hectáreas, individualizado como Parcela 694 “C”, a cambio de un precio total y único de USD 40.000. El plazo locativo se retrotrajo al 30 de marzo de 1997, para concluir el 30 de abril de 2003 (ver fs. 5/7 del expediente conexo N° 74298/2003).

Asimismo, cabe precisar que en el marco de esa causa de ejecución, después de haber planteado la defensa de inhabilidad de título, el Sr. Banfi acompañó un documento sin fechar que da cuenta de una entrega de dinero por la suma de $ 40.000 a la Sra. Bertolasi, “en concepto de pago total de cuotas por alquiler campo ´Don Alberto´ hasta el 30/04/2003”. Según la versión de los hechos allí proporcionada por el ejecutado, la aquí demandada habría aceptado extrajudicialmente pesificar la deuda reclamada, a razón de $1 = USD 1, sin reserva de intereses y accesorios, además de renunciar al cobro de la cláusula penal pactada (ver fs.649/658 del ejecutivo). Por tal motivo, quien ahora es actor asignó a dicha constancia el valor de un acuerdo transaccional en base al cual peticionó la conclusión del mentado proceso.

Ahora bien, en la primera instancia se rechazó aquella defensa esgrimida, decisión que fue confirmada por esta Sala, por compartir el argumento del a quo en punto a la extemporaneidad del planteo introducido, agregando además que el manuscrito en cuestión carecía de los requisitos de idoneidad para tener por acreditada la invocada “transacción”, en el marco de ese trámite (ver fs. 700 y 760/770 del juicio ejecutivo).

Volviendo a los presentes autos, el Sr. Banfi reclamó una suma de USD 40.000, que dijo haber abonado en el convencimiento que sería aplicada a la cancelación de las obligaciones que fueran objeto de cobro ejecutivo, pero que los hermanos Bertolasi finalmente imputaron a un contrato inexistente. Sobre esa base, juzgó la entrega dineraria como un supuesto de “pago sin causa” y entendió habilitada la acción in rem verso, subrayando que la prueba de la eventual causa-fuente argüida por la Sra. Bertolasi recae sobre la accionada.

Al respecto, consideramos oportuno exponer la versión de los hechos expuesta en la contestación de demanda (ver fs. 77/87). En esa oportunidad, la Sra. Bertolasi sostuvo que en el año 1997 concertó verbalmente con el actor que éste ocupase la parcela 694 “E” -diferente de la ejecutada pero también integrante del campo “Don Alberto”-, contra el pago de un canon locativo mensual y sostenimiento de los impuestos territoriales. Afirmó que dicho convenio fue consentido por sus hermanos condóminos y que no fue instrumentado, habida cuenta la confianza que existía en aquel entonces entre los contratantes. Continuó diciendo que en el año 1999 le reclamó al Sr. Banfi la suma de $40.000 que adeudaba en concepto de arriendos por el uso y goce de la mencionada parcela.

Aseveró que el documento en base al cual ahora se peticiona habría sido emitido con el fin de plasmar la cancelación de aquella obligación.Ello, sin perjuicio de los compromisos asumidos en el mismo momento, que, según la demandada, habrían sido los siguientes: a) por la Sra. Bertolasi, la promesa de formalizar un contrato de alquiler que incluyese simultáneamente a la parcela 694 “E” y a su contigua 694 “C”; amén de tener por cancelado de antemano el precio total proporcional al uso y goce de la primera; y b) por el Sr. Banfi, de pagar los impuestos referentes a la primera -694 “E”- hasta el año 2003, época que había sido proyectada para la desocupación de la segunda -694 “C”-. En definitiva, concluyó que el pago esgrimido por el Sr. Banfi fue autónomo a las obligaciones ejecutadas.

II. Los Agravios Contra el pronunciamiento definitivo, al que ya hice alusión en el acápite precedente, se alzaron ambas partes. El actor expresó agravios a fs. 574/584, pieza que mereció la réplica obrante a fs. 589/591. La demandada, hizo lo propio a fs. 585/586 y su respuesta por la contraria fue presentada a fs. 587/588.

El accionante, al criticar el rechazo de la demanda, sostiene que la sentencia es arbitraria y vuelve a negar que el recibo en cuestión haya sido extendido con motivo de un arrendamiento diferente al ejecutado.

Sustancialmente, podemos englobar las quejas del Sr. Banfi en tres puntos: i) que el a quo haya tenido por acreditada la causa-fuente alegada por la Sra. Bertolasi, pese a la carencia de prueba por escrito y de otros elementos idóneos que demuestren su existencia; ii) que le haya exigido al actor demostrar el enriquecimiento sin causa de la demandada, invirtiendo -a su entender- la carga probatoria, y iii) que el magistrado haya desestimado el reclamo de moneda extranjera.

La demandada, a su turno, se agravia de la imposición de costas en su contra, por el rechazo de la defensa de prescripción.

III. Límites en el análisis de los agravios Antes de ingresar a la cuestión debatida, es menester efectuar una advertencia:en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Comentado y Anotado”, T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611).

En este marco, pues, ahondaremos en el estudio de los recursos interpuestos.

IV. La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación No es materia de agravios lo decidido por el Sr. Juez de primera instancia, en punto a la aplicabilidad del Código Civil derogado, ley 340, y demás leyes complementarias vigentes en la época de los hechos analizados; mientras que, de resultar procedente, la tasa de interés que eventualmente se fije deberá ser establecida conforme al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación con vigencia desde el 1 de agosto del año pasado. Resulta innecesario pues, examinar el alcance de las normas sucesivas en el tiempo.

De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que guíe esta decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional. Sin duda, tampoco pueden soslayarse los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; los que se sintetizan en el mandato de “afianzar la justicia”, contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución, que no es letra vana.

V. Estudio de los agravios de la parte actora V. 1.La pretendida acción “in rem verso” I. De modo preliminar, he de advertir que sólo realizando un particular esfuerzo se puede sostener que el memorial del actor cumple con los requisitos exigidos por el art. 265 del ritual, pues los agravios deben constituir un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia apelada, de manera que la crítica debe ser precisa y determinada. De tal forma, la repetición innecesaria de argumentos expuestos en la demanda o introducción de nuevos razonamientos discrepantes no cumple con los deberes de colaboración y respeto a la justicia y al adversario y provocan un entorpecimiento para que el T ribunal realice como corresponde el examen de la sentencia recurrida. Sin embargo, no he de proponer que se declare desierto el recurso de marras en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 de la CN). Es este precepto, precisamente, el que para mi concepto impone utilizar la facultad que acuerda el art. 266 del CPCCN con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una transgresión a la citada preceptiva legal; circunstancia que no se presenta en supuestos dudosos como los de autos. En tal sentido, este Tribunal viene declarando de modo concordante que en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica al fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del CPCCN, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho la mentada carga procesal (ver al respecto mis votos in re “Hinckelmann c/ Gutiérrez Guido Spano s/ liq. de soc. conyugal” del 28/10/2005, ED 217-327, JA 2006-I-845, LA LEY, 2006-A, 679; íd., en autos “Menéndez c/ Alberto Sargo S.R.L. s/ ds.y ps.” del 23/11/2005; íd., in re “Berguer y otro c/ Periodismo Universitario S.A. s/ ds. y ps.”, del 31/3/2006, RcyS 2007-II-109. Ver, también, CNCiv sala E, del 24/9/74, LA LEY, 1975-A, 573; íd., Sala G, del 10/4/85, LA LEY, 1985-C, 267; íd., Sala H, del 15/6/2005, JA 2005, III, Fascículo 12, del 21-9-2005, p.58; entre muchos otros).

II. Comenzaré por señalar que no debe tratarse el asunto como un supuesto de acción in rem verso. Entiendo que el actor procura el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del desconocimiento del pago invocado en el juicio ejecutivo previo, tal como lo expusiera en su escrito inaugural, y no la repetición de un desembolso incausado, como sostuvo luego al readecuar su demanda.

Véase que el artículo 499 del Código Civil derogado dispone que no hay obligación sin causa. De allí que la acción de repetición que prevé el artículo 792 del mismo cuerpo legal resulta inadmisible si el pretensor no demuestra la inexistencia absoluta de una causa-fuente que motivara el pago.

En efecto, cabe recordar que como dice Llambías, “la hipótesis ‘pura’ de pago sin causa, es decir, de pago realizado sin ninguna motivación, es poco menos que imposible de concebir”, y es por esto mismo que para que proceda la acción de repetición autorizada por el mencionado artículo 792, es menester brindar explicación acerca de las razones o de las causas que condujeron al pagador a obrar de tal modo.

Es que la obligación de restitución que se identifica con el nombre romano in rem verso aparece únicamente en los supuestos en los que ocurre el desplazamiento de un bien o valor sin que exista un título o causa jurídica que justifique su traspaso (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, I IV-B, Abeledo Perrot, p.355 y ss.).

Entonces, tal como lo ha expresado la jurisprudencia en otras oportunidades, la pretendida acción no tiene dominio de aplicación extendido que pueda sustentar todo o cualquier reclamo de derechos patrimoniales, como si fuera regla generalizada de pura equidad; es decir, que en cada situación deberá considerarse si el actor tiene derecho a hacerla valer. Y este es uno de los primeros aspectos que debe meritar el juzgador, pues ello significa que la acción tiene carácter subsidiario, o sea que debe ser circunscripta a las relaciones en las que no exista otra vía para recomponer el patrimonio lesionado (cfr. esta Sala, 04/02/2005, “D.M.O c/I.R.A.”, AR/JUR/478/2008, ídem CNCiv. Sala D, 26/05/1964, La Ley 116-1, ídem. CNCiv. Sala C, 28/05/1976, La Ley, 1976-D-).

Desde el apuntado punto de vista, la pretensión de pago sin causa resulta inadmisible cuando exista una obligación que pueda justificar el pago de parte del solvens, como aquí sucede. De la simple lectura del “recibo” acompañado por el actor resulta evidente que la transferencia del dinero ha tenido un hecho antecedente que motivó la dación por parte del aquél, aunque los involucrados discrepen en la causa-fuente.

III. Por las premisas hasta aquí expuestas, al tratarse de una acción de daños y perjuicios, debe desecharse también la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa, erróneamente empleada por el reclamante. Por el contrario, el encuadre y thema decidendum del ordinario promovido por el Sr. Banfi versará sobre cuál ha sido la relación jurídica sustancial que dio origen al comprobante de marras, para determinar si el actor canceló dos veces una misma obligación, como así lo afirma.

Por similares razones, habrá de rechazarse la queja relativa a una supuesta inversión de la carga probatoria.Es que la forma negativa -alegada inexistencia de causa- no podrá ser utilizada para encubrir la afirmación de un hecho contrario -relación causal invocada- y excluir con ello la producción de la prueba que le corresponde, respecto del fundamento de su solicitud (cfr. Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y anotado, T II, Abeledo- Perrot, p. 630/634).

Adviértase que la finalidad de la actividad verificadora es crear la convicción del órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de los hechos alegados en su correspondiente oportunidad procesal, que son motivo de discusión y que no están exentos de comprobación. Por ende no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés. Bien se ha dicho que hoy el proceso civil no puede ser concebido sino como una empresa común, para cuyo desarrollo resulta indispensable la colaboración de uno y otro contendiente (ver Peyrano, Jorge W., “El cambio de paradigmas en materia procesal civil”, LL, 2009- E, 785).

Ergo, toda vez que la relación causal aseverada por el actor fue negada por la demandada, quien omite demostrar su postura se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre sus afirmaciones y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. Y esto es lo que ocurre en la especie, donde el actor recurre a una figura inaplicable en pos de eximirse de su carga probatoria, limitándose cómodamente a presentar el manuscrito en base al cual fundamenta su petición y mostrar que fue emitido por la contraparte.

A mayor abundamiento, se aclara que no es cierto que el magistrado de primera instancia haya revertido la obligación de probar como se argumenta, habiendo valorado como es debido todos los elementos de conocimiento que tuvo a su alcance, para fundamentar su decisión (ver fs. 549/552).

V. 2. La causa-fuente invocada por el Sr.Banfi Con el encuadre expuesto precedentemente, -en uso de la facultad asentada en la locución latina “iura novit curia”-, anticipo desde ya que no le asiste razón al actor al procurar atribuir el pago que se trata a las obligaciones que le fueran reclamadas con resultado positivo en sede judicial.

Así, vale la pena transcribir el documento aportado, para evitar interpretaciones sesgadas: “Por la presente hago constar que he recibido del Sr. Banfi la -hay un testado sin salvar- suma de 40.000 en concepto de pago total de cuotas por alquiler campo Don Alberto hasta el 30-04- 2003. El Sr. Roberto Banfi asume deuda en concepto de impuestos que adeuda dicho establecimiento a la fecha y se compromete a abonar impuestos hasta el 30-4-2003 (el alquiler consta de cuotas por $ 40.000 total más impuestos adeudados). Hago constar que Roxana Bertolasi se hace responsable -hay otro testado sin salvar- ante los dueños del campo de la distribución de los 40.000 $ y los mismos firmarán el contrato de alquiler, pudiendo reclamar únicamente el pago de impuestos (me hago responsable de la firma del contrato)” (ver f. 539).

Ha quedado acreditado que el texto arriba reproducido fue redactado y suscripto por la parte demandada (ver fs. 145/159 y f.208).

Recordemos que según se desprende de la demanda, el Sr. Banfi dijo haber abonado USD 40.000 a la contraparte en el año 2004, en el convencimiento de que se aplicaría dicho monto a la cancelación de las sumas que por la aludida causa ejecutiva se le reclamaban (ver fs. 35/36).

Sin embargo, luego de un estudio profundo y detenido de las constancias de autos, varias son las consideraciones que me llevan a descartar el relato que antecede. Veamos. a) En primer lugar, debo destacar la llamativa contradicción en la que incurre el actor al exigir en este expediente una suma en dólares estadounidenses, afirmando que tal fue la moneda de pago (ver fs. 35/36), cuando en el juicio ejecutivo previo, al oponer la defensa de transacción, dijo que la Sra.Bertolasi había aceptado pesificar la deuda a razón de $1 = USD 1, conforme lo disponía la ley 25.561 (ver f. 650 del ejecutivo).

Así, resulta aplicable la “teoría de los actos propios”, en función de la cual nadie puede ponerse en contradicción con sus propios comportamientos, y toda pretensión formulada dentro de una situación litigiosa, por una persona que anteriormente ha realizado una conducta incompatible con esta pretensión, debe ser desestimada (conf. CNCiv, Sala F, 22/06/1983, LL 1983-D-146; CNCiv. Sala E, 06/06/80, LL 1983-D- 523; CNCiv. Sala A, 8/03/1983, LL 1983-C-440; CNCiv. Sala D, 19/11/82, JA 1984-I-478; CNCiv. Sala C, 5/10/04, Lexis 1/70015317-2; CNCiv. Sala E, 14/06/06, Lexis 1/70037779-3; CNCiv. Sala F, 19/10/05, Lexis 1/1009592; CNCiv., Sala M, 6/07/05, Lexis 1/70023403-2, entre otros). b) Se contradice nuevamente el Sr. Banfi al precisar la fecha de pago. Nótese que en su presentación inicial dijo que el recibo se habría emitido en julio de 2004, durante el receso judicial -al igual que la versión volcada en el proceso ejecutivo-, pero al contestar el traslado de las excepciones mencionó en tres oportunidades -descartando así un error de “tipeo”- que e l pago se había efectuado durante el mes de junio de 2004, para luego volver a su versión anterior, en oportunidad de fundar su memorial (ver fs. 4/6, 92/101 y 580 de estos autos y 650 vta. del ejecutivo). c) En tercer lugar, no resiste el menor análisis la articulación del actor cuando al quejarse del rechazo de su derecho a cobrar moneda estadounidense, dice que el Sr. Juez presume erróneamente que se trataría de moneda de curso legal por la circunstancia de no figurar en el recibo la moneda de pago. El actor descontextualiza lo dicho en la sentencia y el tenor de la propia prueba.Adviértase que el instrumento menciona tres veces la cifra “40.000”. Si bien en la primera ocasión se prescinde de mencionar la moneda de pago, no ocurre así en las dos restantes, en donde se lee claramente el signo “pesos” sin referencia a moneda extranjera alguna. De esta forma, según lo hiciera notar el juez de grado, es impensable que en el año 2004 -época de disparidad cambiaria- no se haya dejado expresa constancia de un pago efectuado en dólares, y menos aún que tal omisión haya pasado inadvertida al Sr. Banfi, idea que bosqueja en su memorial (ver f. 581). c) En cuarto lugar, resulta inverosímil que se haya acordado emitir un documento que revista semejante grado de informalidad, sin intervención de letrados, en las circunstancias que el actor le adjudica. Es que en el año 2004 el actor y la demandada estaban divorciados desde hacía más de cinco años y el juicio ejecutivo aquí contemplado no era el único en el cual se enfrentaban, sino que tramitaban al menos otras dos tramitaciones judiciales, admitidas como prueba en estos autos (ver f. 211, confesional de f. 518 y expte. N° 90.124/2001 que corre por cuerda).

Además, en esas condiciones resulta poco creíble que el Sr. Banfi haya demorado más de un año entre la supuesta fecha de pago -mediados de 2004- y presentación del recibo en sede judicial -mayo del 2006-, arguyendo como justificativo haber extraviado el papel en un viaje (ver f. 651 del ejecutivo y 5 vta. de este expediente). d) De la misma manera, otro indicador importante que me conduce a no tener por cierta la base fáctica esgrimida por el actor, es la frase del comprobante aportado que estipula: “Roxana Bertolasi se hace responsable ante los dueños del campo de la distribución de los 40.000 $ y los mismos firmarán el contrato de alquiler”, cuya redacción el actor tilda de “confusa” (ver f.581 vta). El demandante dice que la alusión al contrato de alquiler en realidad debe ser entendida como la suscripción de un convenio poniendo fin al proceso ejecutivo, lo cual controvierte el inequívoco sentido del texto (ver f. 581 vta. de este expte. y f. 650 vta. del cobro de alquileres). Huelga decir que no tiene explicación alguna que en el año 2004 se haya convenido la firma de un nuevo contrato de locación. e) Otro elemento revelador, sin vueltas, que me inclina, en definitiva, a desestimar la imputación efectuada por el actor, es que la pieza en análisis registra un pago de “cuotas”, cuando en el arrendamiento ejecutado se pactó como precio la única suma de USD 40.000, más impuestos y tasas municipales (ver f. 5 del ejecutivo).

V.3. La causa fuente invocada por la Sra. Bertolasi Lo desarrollado hasta aquí nos permite desvincular con convicción el manuscrito en estudio respecto de las obligaciones que fueron objeto del cobro ejecutivo. Resta analizar, entonces, si la raíz del pago documentado puede reconocerse en el relato de la parte demandada, tal como concluyó el Sr. Juez de primera instancia.

Repasemos, en primer lugar, lo dicho por la Sra. Bertolasi. La accionada sostuvo que el documento data del año 1999 y que tuvo como propósito reflejar la cancelación de las cuotas adeudadas por el alquiler de la parcela 694 “E”, en virtud de un contrato verbal que unía a las partes desde el año 1997. También, que el pago implicaba el precio abonado por adelantado por el uso y goce de la misma parcela hasta el 30/04/2003.

Agregó que dicha fecha no resultó antojadiza, sino que “coincide con la de efectiva desocupación de la otra parcela 694 “C”, de cuyo contrato me hacía responsable que fuera aceptado por mis hermanos”. En tal sentido, la demandada expresó: “de esa forma, los propietarios consideraríamos cancelados los arriendos atrasados y el total del valor del arrendamiento de la parcela 694 “E”.

Se agravia el Sr.Banfi porque la sentencia tuvo por acreditado el contrato informal enunciado por la contraparte, diferente del que fuera ejecutado, cuando en el expediente no existe prueba por escrito de la existencia del primero, tal como lo prescribe el artículo 1193 del Código Civil velezano y 40 de la Ley de arrendamiento rural N° 13.246.

Para decidir el tema, hace falta aclarar en primer término que la redacción por escrito exigida por el citado artículo 1193 para los contratos cuyo objeto sea mayor a $10.000 no se requiere ad solemnitatem, es decir bajo pena de nulidad o inexistencia. En consecuencia, en el supuesto de una locación no formalizada resulta aplicable el artículo 1191 y el contrato podrá probarse por cualquier medio, si obra principio de prueba por escrito o principio de ejecución, o imposibilidad de obtener la prueba escrita (conf. López de Zavalía, Fernando J., “Teoría de los Contratos. Parte General”, 2ª ed., 1975, p. 431; íd. Leiva Fernández, Luis F.P., “Reformas al Código Civil. Contrato de Locación”, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1994, p.62).

Además, el señalado artículo 40 de la ley de arrendamiento rural dice textualmente que: “Si se hubiese omitido tal formalidad, y se pudiere probar su existencia de acuerdo con las disposiciones generales, se lo considerará encuadrado en los preceptos de esta ley y amparado por todos los beneficios que ella acuerda.” En segundo lugar, la otra premisa con la que he de partir para resolver -al igual que lo hiciera el a quo-, es que no será necesario que exista una demostración concluyente y cabal; y ello a mérito de que la certeza que se exige en el proceso no es matemática, sino que basta una certeza moral, que consiste en la reunión de elementos que se estimen lo suficientemente consistentes como para general la convicción al magistrado (conf. CNCiv., Sala M, 05/05/10, “C.,G.A.c/ F., M.N”, La Ley, 2010-D-43).

Expuestos los criterios que han de guiar mi decisión, adelanto en esta instancia que coincidiré con el sentenciante en tener por cierto que el pago documentado a f. 539 se produjo del modo expresado por la Sra. Bertolasi. Lo explico: a) El original que se aporta constituye en sí mismo principio de prueba por escrito y de ejecución, en tanto que refiere a una relación locativa que efectivamente unió a las partes, reconocida por el actor (ver f. 576/578), independientemente de cuál haya sido su causa-fuente. Precisamente por ese motivo, es de toda lógica concluir que el desembolso tuvo su origen en el acuerdo verbal al que remite la demandada, toda vez que se ha demostrado en sentido contrario que dicha entrega de dinero no estuvo vinculada con las obligaciones que fueran objeto de cobro ejecutivo. b) A la vez, tiene sentido que en el año 1999 -y no en el 2004- se haya omitido consignar la moneda de pago -como se observa en la primera mención que se hace de la cifra entregada- ya que en dicha época todavía estaba vigente la paridad cambiaria ( uno a uno). c) En tercer orden, es de presumir que el contrato de alquiler ejecutado en sede judicial haya sido efectivizado en cumplimiento de la promesa de alquiler inserta en el manuscrito. d) Además, es razonable pensar que la relación entre las partes durante el curso de los años 1997-1999 tal vez haya sido todavía informal y de cierta confianza; reflexión que emito habida cuenta que también en el año 1999 se firmaron sendos contratos de locación, no solamente relativos al campo “Don Alberto”, sino también respecto de otras parcelas (ver f.211). Y ciertamente, en ese marco de informalidad, es factible que al momento de suscribir el contrato ejecutado se haya omitido hacer referencia al proporcional del precio ya cancelado, respecto de la parcela 694 “E”. He de agregar aquí que la declaración del testigo Muscolo -contador de la familia Bertolasi- en punto a la informalidad también observada en el modo en que se administraban los terrenos con anterioridad al año 1999, es un dato más que se tiene en cuenta para decidir.

Vale decir, que de ninguna manera constituye el único elemento de valoración para otorgarle razón a la demandada, como adujo erróneamente el agraviado (ver f. 313/314). e) Otro factor que no puedo pasar por alto son las inadmisibles contradicciones en las que incurre el Sr. Banfi al definir el objeto del contrato ejecutado, en contraposición con la coherencia exhibida por la demandada.

En efecto, resáltese que en este expediente el actor expresó que “lo efectivamente locado comprendía ambas parcelas, en tanto el arrendatario tenía derecho a valerse de la totalidad del establecimiento” (f. 531 vta.), cuando en el juicio ejecutivo había afirmado “parcela E respecto de la cual mi mandante no está obligada, por no ser la oportunamente arrendada.” (fs. 391/402 de ese trámite). Así, en el proceso anterior el Sr.Banfi negó haber alquilado la parcela “E”, para defenderse de la ampliación de la demanda que los hermanos Bertolasi intentaron respecto de los impuestos y tasas aplicables a dicha porción, pero en esta tramitación enfatiza sobre la existencia de un único contrato que abarca todo el territorio, para rebatir la hipótesis de un convenio verbal que refiriera exclusivamente a la parcela 694 “E”.

Por el contrario, en el pleito conexo la demandada advirtió que el convenio ejecutado comprendía el arrendamiento de ambas parcelas del campo “Don Alberto”, aunque se allanó al cobro de los impuestos municipales sobre la parcela 694 “E”, en atención a la literalidad del texto contractual, que menciona únicamente a la parcela 694 “C” (411/412 del ejecutivo). Ello permite suponer, a su vez, el trato dif erencial que existió respecto de los aludidos terrenos. f) En ese tren de análisis, la conclusión de tener por acreditado el contrato verbal entre el año 1997-1999 no se ve entorpecida por la circunstancia de coincidir parcialmente dicho acuerdo con el período de vigencia del que fuera ejecutado (1997-1999). Es que, según lo explicó la demandada y tiene total sentido, se retrotrajo el plazo para hacerlo coincidir con la fecha de efectiva ocupación de la parcela 694 “E”, cristalizando así una relación jurídica negocial ya existente. Ello, sin perjuicio de las nuevas obligaciones que fueron plasmadas en el contrato suscripto, respecto de la parcela 694 “C”. g) Por otra parte, no puedo dejar de señalar la conducta renuente del actor en lo tocante a explicitar si denunció o no arriendos por el uso y goce del campo “Don Alberto”, en las DDJJ de impuesto a las ganancias del año 1997 y subsiguientes, según fuera intimado a informar en estos actuados (ver f. 86, pto.3, 139 vta., 160 y 167). Tal conducta procesal no puede redundar, en modo alguno, en su beneficio.

Así, nótese que de ser cierto lo manifestado posteriormente por el actor en ocasión de llevarse a cabo la experticia contable, en el sentido de haber comenzado a explotar el establecimiento rural recién en el año 1999 (ver fs. 480/482), pierde sentido la vigencia retroactiva que se convino para el plazo del contrato ejecutado. Otro argumento que me permite confirmar, una vez más, que el acuerdo de 1999 patentizó una relación de negocios informal de precio cancelado -a la que hace alusión el documento examinado-, sin perjuicio de establecer una nueva obligación de pago no vencida por el uso y goce de la parcela 694 “C”, la que fue posteriormente ejecutada.

Como colofón de lo hasta aquí desarrollado, encuentro demostrada la causa-fuente del pago alegada por la Sra. Bertolasi. Para arribar a tal conclusión, acudo a las reglas de la sana crítica (arts. 163, inc. 5 y 386 del CPCCN) que están fundadas en patrones jurídicos y máximas de experiencia. Aquellas reglas tienen su sustento en el correcto entendimiento humano y en la observación, tras un conocimiento experimental de las cosas. Juega también su papel, desde luego, la lógica; lo que significa decir que la resolución a dictarse tiene que ajustarse a la aplicación de la sana razón (ver Couture, Eduardo J., “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, ps. 221/222, 4° edición, Ed. Bdef, Buenos Aires, 2005; Cifuentes, Santos, en Belluscio-Zannoni, “Código Civil y Leyes complementarias”, t. 4, p. 58, obra citada). Y por aplicación de esas mismas pautas, me encuentro facultado para deducir argumentos de prueba del comportamiento de las partes como lo he hecho, entre otras varias consideraciones.Es por ello que los agravios de la parte actora serán desestimados.

VI.- Las erogaciones causídicas No serán atendidos los agravios de la demandada con relación a la imposición de costas en su contra, por el rechazo de la defensa de prescripción. Ello debe ser así toda vez que la accionada consintió la decisión de fondo; de manera que no encuentro motivos para apartarme del principio objetivo de la derrota. De ahí, entonces, que se confirmarán las erogaciones causídicas decididas en la instancia de grado y se seguirá el mismo criterio para las generadas con los recursos de apelación (art. 68, primera parte del CPCCN).

VII. Conclusión A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de grado en todo lo que ha sido materia de agravios. Las costas de Alzada serán impuestas de igual manera que en primera instancia (conf. art. 68 CPCC). Así lo voto.- Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

El Sr. Roberto Parrilli no votó por hallarse en uso de licencia.

Con lo que terminó el acto: MAURICIO LUIS MIZRAHI-.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO-.

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° 2732 a n° 2738 del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: I) confirmar la sentencia de grado en todo lo que ha sido materia de agravios. Las costas de Alzada serán impuestas de igual manera que en primera instancia (conf. art. 68 CPCC).

Regístrese, y notifíquese. Oportunamente, publíquese (Ac. CSJN 24/13). Fecho, devuélvase.

El Dr. Parrilli no firma por hallarse en uso de licencia.

DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI , JUEZ DE CÁMARA

DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA