La continuidad del tratamiento de una persona enferma de SIDA es una obligación a cargo del Estado Nacional

Partes: N. R. M. y otro c/ OSECAC s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 4-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-102263-AR | MJJ102263 | MJJ102263

Sumario:1.-Corresponde rechazar la acción promovida contra una obra social a los fines de que se mantener la afiliación de los actores, toda vez que los actores fueron beneficiarios como consecuencia de una relación laboral a tiempo parcial y por ello no puede considerarse que la actitud asumida por la demandada -quien mantuvo la vigencia de la cobertura durante tres meses luego del distracto (de conformidad con lo establecido en el art. 10 de la Ley 23.660)- constituya un acto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, en los términos del art. 1 de la Ley 16.986, o del art. 321 , inc. 2) del CPCC.

2.-La actitud asumida por la obra social demandada -quien mantuvo la vigencia de la cobertura de los actores, quienes padecen HIV durante tres meses luego del distracto (de conformidad con lo establecido en el art. 10 de la Ley 23.660)- no puede ni que pueda ser considerada como un acto discriminatorio que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o menoscabe el pleno ejercicio de derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, con lo alcances establecidos en el art. 1 de la Ley 23.592, ni tampoco encuadrarse en las previsiones del art. 2 de la Ley 23.798, pues, la continuidad del tratamiento de una persona enferma de SIDA es una obligación a cargo del Estado Nacional, con arreglo a las normas que el mismo Estado ha dictado

Fallo:

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por los actores a fs. 222/223 contra la sentencia de fs. 218/218, y CONSIDERANDO:

1. El señor Juez rechazó la acción promovida a los fines de que se ordenara a la accionada mantener su afiliación y, en consecuencia, brindarles los servicios asistenciales correspondientes. Para así decidir, el magistrado ponderó que la continuidad de una afiliación luego del distracto laboral es facultativa tanto para quien la solicita como para la obra social que debe aceptarla. Asimismo, que la condición de los actores de portadores de HIV no resulta suficiente para acreditar que haya habido discriminación de la obra social susceptible de ser encuadrada en la ley 23.592 y, por último, que los amparistas cuentan con la atención médica necesaria para el tratamiento de la enfermedad que sufren, de conformidad con las previsiones de la ley 24.798.

Esta decisión se encuentra apelada por los accionantes, quienes -en lo sustancial- sostienen que desde la detección de su enfermedad llevan a cabo su tratamiento a través de la institución HELIOS SALUD, que brinda la cartilla de la Obra Social demandada, con lo cual la negativa de la demandada viola sus derechos a tener una atención acorde con la entidad de su situación de enfermedad, la que no puede ser suplida por el sistema público de salud en virtud de la urgencia en obtener las prestaciones médico asistenciales.

Asimismo, los recurrentes señalan que de acuerdo a lo establecido en las leyes 23.660, 23.661 y 24.455 -y sus respectivas reglamentaciones- las obras sociales deben cumplir con las prestaciones obligatorias de cobertura médico asistencial dispuestas, y que la finalidad del legislador ha sido proteger todos aquellos que padezcan el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Finalmente, manifiestan que de acuerdo con la Ley 23.798 de Lucha Nacional contra el Sida, las personas portadoras no pueden ver afectadas su dignidad ni soportar acciones que tengan el fin de provocarles su marginación, degradación o humillación, concluyendoque la negativa de la demandada encuadra directamente como una conducta discriminatoria prevista en la ley 23.592.

2. En los términos en los cuales la cuestión se encuentra planteada, es apropiado poner de manifiesto que este Tribunal ha dicho que si bien no cabe someter a revisión judicial el juicio de conveniencia que al respecto efectúe la obra social, sí toca a los tribunales pronunciarse en cuanto a su razonabilidad y legalidad, destacando que si bien no es posible que se constriña a la obra social a contratar contra su voluntad, deben tenerse en cuenta las peculiares circunstancias que particularizan cada conflicto planteado.

En ese orden de ideas, se ha resuelto -por ejemplo- la procedencia de que esta misma demandada mantenga la afiliación de quien había pertenecido a ella por más de 30 años y que solicitó su continuación al obtener su jubilación (conf. esta Sala, causa 9290/11 del 3.3.15).

Por el contrario, en este caso los actores fueron beneficiarios de OSECAC como consecuencia de una relación laboral a tiempo parcial con la empresa Bayton Servicios Empresarios SA, que se extendió desde el 8.6.11 hasta el 3.10.11.

A ello cabe agregar que OSECAC ha invocado la Resolución 317/09 de la Superintendencia de Salud, que dispuso la baja del plan de adherentes de la referida obra social. En este sentido, cabe hacer notar que aun cuando se ordena allí mantener a los beneficiarios adherentes que se encontrasen incorporados a esa fecha en dicho carácter en la institución (ver copia obrante a fs. 99), se trata de una excepción inaplicable al caso de los actores, quienes ingresaron como afiliados dos años después.

En las condiciones indicadas, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal (ver fs. 212/215), el Tribunal no considera que la actitud asumida por la demandada -quien mantuvo la vigencia de la cobertura durante tres meses luego del distracto (de conformidad con lo establecido en el art.10 de la ley 23.660)- constituya un acto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, en los términos del art. 1° de la ley 16.986, o del art. 321, inc. 2) del Código Procesal, ni que pueda ser considerada como un acto discriminatorio que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o menoscabe el pleno ejercicio de derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, con lo alcances establecidos en el art. 1° de la ley 23.592, ni tampoco encuadrarse en las previsiones del art. 2° de la invocada ley 23.798, cuyo art. 8° de la ley 23.798 establece el verdadero alcance de los tratamientos enumerados por el art. 4 ° de dicho texto legal, al señalar que las personas infectadas tienen el derecho a “recibir asistencia adecuada”, ponderando que este Tribunal ha puesto de manifiesto que la continuidad del tratamiento de una persona enferma de SIDA es una obligación a cargo del Estado Nacional, con arreglo a las normas que el mismo Estado ha dictado (conf. esta Sala, causa 16.507/04 del 10.5.05).

Por ello, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada. Sin costas de Alzada, habida cuenta de que el memorial no fue contestado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María S. Najurieta

Ricardo V. Guarinoni

Francisco de las Carreras