Daño ocasionado por la muerte de un agente del Ejército en un accidente in itinere

Partes: A. R. D. y otro c/ Estado Mayor General del Ejército y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 10-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-102310-AR | MJJ102310 | MJJ102310

Sumario:
1.-Corresponde rechazar la excepción de prescripción deducida por el demandado frente a la acción resarcitoria del daño ocasionado por la muerte de un agente del Ejército en un accidente, ya que siendo éste un accidente de tránsito, el cómputo del plazo de dos años no debe comenzar desde la fecha del hecho sino desde el acto administrativo que reconoció el siniestro como accidente in itinere, en cuyo acaecimiento no tuvo intervención, lo cual impide considerarlo cumplido a la fecha de inicio de la demanda.

2.-El accidente de tránsito que motivó el deceso de un agente del Ejército, luego reconocido como accidente in itinere y acto propio del servicio, no impide a los causahabientes iniciar una acción civil resarcitoria porque, debido a su naturaleza y contexto, de modo alguno puede encuadrárselo como una misión específica no indemnizable con fundamento en el derecho civil.

3.-Debe considerarse prescripta la acción resarcitoria del daño ocasionado por la muerte de un agente del Ejército en acto de servicio si desde el hecho hasta la fecha de interposición de la demanda, transcurrió en exceso el plazo bienal establecido por el art. 4037 del CCiv., sin que conste probado algún hecho interruptivo o suspensivo del plazo en curso (de la disidencia parcial de la Dra. Pelozzi).

4.-El plazo de prescripción de la acción resarcitoria del daño causado por la muerte de un agente del Ejército en acto de servicio y su cómputo deben regirse de acuerdo la ley vigente a la fecha del siniestro y posterior muerte, que constituye la causa de la obligación que motivó la acción (de la disidencia parcial de la Dra. Pelozzi).

Fallo:

Rosario, 10 de noviembre de 2016.

Visto, en Acuerdo de la Sala “A” el expediente No FRO 52000365/2009 de entrada, caratulado: “A., R. D. Y OTRO C/ ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO Y OTRO S/ DAñOS Y PERJUICIOS” del Juzgado Federal No 1 de la ciudad de Santa Fe, del que resulta que: Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandado (fs. 253 y vta.) contra la sentencia de fecha 17 de marzo de 2015 por la que se hizo lugar a la demanda, condenando al Estado Mayor General del Ejército – Ministerio de Defensa (ESTADO NACIONAL) a abonar a R. A. y a Liliana Teresita Gómez la suma de $1.000.000.- en concepto de daño material y la de $300.000.- en concepto de daño moral, con más sus intereses, en el plazo de 10 días de aprobada la liquidación a practicarse, con costas a la demandada (fs. 242/249). Concedido el recurso en modo libre (fs. 255), se elevaron los autos a este Tribunal (fs. 259) disponiéndose la intervención de esta sala (fs. 260). A fs. 265/274vta. el recurrente expresa agravios. Corrido el pertinente traslado, la contraria lo contesta a fs. 276/278. Ordenado el pase al Acuerdo y notificada la integración de la sala, quedan los autos en condiciones de resolver (fs. 279/280). La Dra. Eleonora Pelozzi dijo: 1) El recurrente se agravia del rechazo de la excepción de prescripción. Considera que el fallo adolece de fundamentación necesaria y resulta arbitrario por no ser una derivación razonada del derecho vigente. Expresa que el a quo incurre en contradicción porque inicia su argumentación afirmando que en autos se ventila una acción civil (indemnización por el fallecimiento de un soldado voluntario), para luego basar el rechazo de la excepción de prescripción, en un principio aplicable solamente en materia laboral.Expone que en materia civil la regla es que la prescripción comienza en principio desde el día en que se produce el hecho dañoso. Cita jurisprudencia que considera aplicable. También se agravia de que el juez haya otorgado a los actores una indemnización basada en normas de derecho común, cuando el estado militar del hijo de los accionantes determina la aplicación de las normas castrenses, que no prevén una indemnización sino un haber de retiro de naturaleza previsional. Analiza la legislación que estima rige en la materia y menciona jurisprudencia en apoyatura a su postura. Se agravia de los rubros indemnizatorios, los considera elevados e improcedentes. Cita doctrina y jurisprudencia. Respecto a la tasa de interés, se queja en cuanto considera que, de aplicarse la tasa activa fijada, la liquidación a practicarse arrojaría un resultado exorbitante. Mantiene reserva del caso federal y solicita se revoque el fallo recurrido en los términos que plantea. 2) En primer lugar, corresponde tratar lo resuelto por el a quo respecto de la excepción de prescripción, por cuanto ello determinará la procedencia de la demanda entablada en autos y, en su caso, el tratamiento de las restantes cuestiones. El juez resolvió rechazar la excepción de prescripción opuesta por la demandada, fundado en que los actores tomaron conocimiento de que la acción indemnizatoria se encontraba expedita a partir de que se les notificó la resolución mediante la cual se declaró que la muerte de Martín Gabriel A., fue en acto de servicio y que el punto de partida para el cómputo del plazo bienal de prescripción corría a partir de esa notificación. Habiendo entrado en vigencia el 1° de agosto de 2015 el Código Civil y Comercial (aprobado por Ley 26.994 y promulgado según Decreto 1795/2014), se impone el análisis del derecho transitorio o efectos de la ley con relación al tiempo, conforme las disposiciones que resulten de aplicación al presente caso.Ahora bien, el Código Civil y Comercial argentino, bajo el título “Eficacia temporal”, dispone en su art. 7°: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”. Una de las pautas que establece este artículo es la del principio de irretroactividad de la ley, sea o no de orden público, que prohíbe aplicar retroactivamente el nuevo Código, salvo supuestos especiales autorizados por el legislador siempre que no afecte derechos amparados por garantías constitucionales. En otras palabras, la nueva legislación no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas ya terminadas ni sobre efectos ya producidos de situaciones o relaciones aún existentes. Concretamente, en el caso en trato, la situación se encuentra consolidada a la fecha del fallecimiento del soldado A. De ello se deriva, que resulta aplicable a la relación jurídica, la ley vigente a la fecha del siniestro y posterior muerte del hijo de los actores, que constituye la causa de la obligación que motivó la acción promovida en autos. La jurisprudencia y la doctrina nacional se aunaron en torno a esta solución: a los casos de responsabilidad civil se les aplica la ley del momento en que aconteció el hecho antijurídico dañoso. Dicho de otra manera, a los elementos constitutivos de un ilícito generador de un daño, se les aplica la ley del momento del hecho y la ley nueva rige a las consecuencias no consumadas desde su vigencia (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, p.100). Elementos constitutivos serían la creación, la modificación y la extinción de la obligación de reparar el daño, que nacen como efectos del hecho mismo que las motiva y se agotan en el acto. A estos tramos de la relación jurídica se les aplica la ley del momento del hecho que las produce. Lo contrario se entiende como una aplicación retroactiva de la ley nueva. Lo mismo ocurre con las consecuencias ya producidas, que no deben ser alcanzadas por la nueva ley, por implicar una aplicación retroactiva. Entonces, la nueva ley se aplica de forma inmediata a las consecuencias posteriores a su fecha de entrada en vigencia (Moisset de Espanés, Luis, Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3o (Código Civil) (Derecho Transitorio), Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976, ps. 17 y ss.). Siguiendo este orden de ideas, cabe decir que la acción de daños por la muerte de la víctima iniciada por sus progenitores, se rige por la responsabilidad aquiliana, lo que determina la aplicación del plazo bienal del art. 4037 del Código Civil. Esta cuestión no está controvertida en autos; sí lo está el hito inicial. Entiendo que el plazo debe computarse a partir de la fecha en que se consolidó el daño (fallecimiento del soldado), y a partir de la cual surge la obligación de reparar. Analizando entonces la defensa opuesta por la demandada, cabe señalar que desde la muerte del soldado A. acaecida el 04.06.05 (fs. 74) hasta la fecha de interposición de la demanda, esto es el 23.10.09 (fs. 52 vta.), transcurrió en exceso el plazo bienal establecido por el art. 4037 del CC, sin que conste probado en autos ningún hecho interruptivo o suspensivo del plazo en curso. De igual modo resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala IV, en autos “Rodríguez Cirilo C. y otro c. Estado Nacional -Ejército Argentino”, en cuanto sostuvo que:”Para iniciar la demanda por indemnización del daño . no es necesaria la declaración por parte del Ejército Argentino de que el accidente que ocasionó la muerte del conscripto guardó relación con los actos del servicio, pues ello, si bien faculta a los damnificados a solicitar un haber de pensión, en modo alguno constituye una condición indispensable para recurrir contra la mencionada institución . En consecuencia, el plazo de prescripción debe computarse desde que el hecho generador del reclamo entró en conocimiento del acreedor, lo cual tuvo lugar en autos al momento del fallecimiento del soldado. Desde entonces hasta el inicio de las presentes actuaciones transcurrió con holgura el plazo de dos años previsto en el art. 4037 del Cód. Civil (aplicable al caso conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conf. doctrina de Fallos: 307:1507 –La Ley, 1985-E, 43–, entre otros), habiéndose operado por ende la prescripción de la acción por resarcimiento de daños y perjuicios. Ello no obsta, como ya se expuso, a que los actores reclamen –en caso de corresponder– el haber de pensión previsto en las leyes militares.” (fallo del 17/11/1994). En igual sentido, la sala I de esa Cámara en los autos “González Camarasa de Marina, Graciela L. T. c. M.D. – E.M.G.E.”, mediante fallo del 14/08/2001, resolvió: “. entiendo que aun cuando resulte que para iniciar la demanda por indemnización del daño causado con sustento en lo establecido en la legislación civil, no resulta indispensable una previa declaración de la Fuerza, respecto a si el deceso guardó o no relación con los actos de servicio, pues ello no constituye condición indispensable para accionar por la reparación de daños (cfr. “Cachizumba, Pedro Rubén c. E.N. (Ejército Argentino) s/retiro militar y fuerzas de seguridad”, sentencia de la sala IV del 11/5/95).” (del voto del Dr. Bernardo Licht, considerando 7mo.); y que:”. corresponde admitir la defensa de prescripción opuesta por la accionada de conformidad con las consideraciones formuladas por el doctor Licht en el considerando 7 de su voto, al que remito, precisando que:

1. tratándose de un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado, resulta aplicable el plazo de prescripción bienal establecido en el art. 4037 del Código Civil;

2. el pl azo de prescripción debe computarse desde el momento de la muerte del causante, habida cuenta que el ejercicio del derecho de la actora para obtener el resarcimiento de los daños emergentes de ese deceso no se encontraba condicionado a que la autoridad militar lo considerase como producido en actos del servicio;

3. no cabe tener por interferido el curso de la prescripción, dado que la actora no reclamó el pago de los daños y perjuicios causados por la muerte de su esposo; y

4. la defensa de prescripción fue planteada por la demandada en la primera oportunidad procesalmente hábil.” (del voto del Dr. Néstor H. Bujián, considerando VI). Por lo expuesto, propongo que se revoque la sentencia recurrida y en su lugar se disponga admitir la excepción de prescripción opuesta por el Estado Mayor General del Ejército, y se rechace la demanda interpuesta por los actores. 3) Como consecuencia de los fundamentos señalados en el considerando precedente, deviene inoficioso el tratamiento de los restantes agravios esgrimidos por el apelante. 4) En cuanto a las costas, propongo que se impongan por su orden, en razón de que los actores pudieron considerarse con derecho a litigar e intentar el cobro de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la muerte de su hijo (artículo 68, 2do. párrafo del CPCCN). Es mi voto. El Dr. Fernando L. Barbara dijo: No comparto en esta ocasión el voto ni la solución propuesta por la distinguida vocal preopinante, esencialmente en función de las siguientes razones:1.- Entiendo que la procedencia de la prescripción liberatoria debe ser analizada de modo sumamente restrictivo desde que el instituto en tratamiento resulta disvalioso, fuera del campo del Derecho Penal, si se tiene en mira la obligación natural que deja subsistente. En este sentido se ha sostenido que “si bien la prescripción es una defensa legítima que puede ser opuesta tanto por los particulares como por el Estado y las entidades de derecho público, no debe olvidarse que ella es contraria al derecho natural, pues contraría los principios de la equidad, sobre todo cuando se aplica a las cuestiones civiles, en las que no juegan las mismas razones que la hacen inobjetable en materia penal; por ello, en otros tiempos de costumbres que lamentablemente van desapareciendo, en nuestro país, las personas honorables reputaban una falta acogerse a tal defensa y las entidades de derecho público jamás la invocaban, criterio que es peculiarmente trascendente en materia de créditos laborales, por su naturaleza alimentaria y el carácter dependiente del acreedor, que es titular de derechos irrenunciables” (C.N.de Apel. Trab., Sala VI, 15 de agosto de 1.986, in re: “Gaudio c/ ENCOTEL”, D.T., 1.986-B, 1452). Sin duda que la prescripción liberatoria tiende a satisfacer el valor “seguridad”, de suma importancia para las relaciones jurídicas y tampoco corresponde olvidar que el núcleo del fundamento de la prescripción liberatoria está dado por la finalidad de proteger al eventual accionado que pudiera no contar con los medios de prueba indispensables para defenderse (Así ARGAñARAS, Manuel J. en: “La prescripción extintiva”, TEA, Bs. Aires, 1.966, página 8). Esta razón esencial en modo alguno milita en la presente causa, al punto que ni siquiera fue invocada por la apelada al interponer la excepción de prescripción a fojas 101 de autos. Además acerca del carácter restrictivo que debe presidir la interpretación de la procedencia del instituto, más allá de las consideraciones relativas al punto de arranque del cómputo del plazo legalmente establecido, se ha resuelto que:”la interpretación de las prescripciones debe ser restrictiva, en el sentido de que en caso de duda, ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia de la acción y por la preferencia de la prescripción que la asegure por mas tiempo” (Fragmento de fallo de la C.S.J.N. citado por Raymundo M. Salvat en: “Tratado de Derecho Civil Argentino”, To III, sexta edición, TEA, Bs. Aires, 1.956, página 400, parágrafo 2054 d). Dicho lo anterior, nos toca ahora analizar el punto a resolver -que no es otro que el hito de arranque del cómputo-, pues cabe recordar que el plazo bienal de prescripción del CC no ha sido controvertido. Así habrá que decir que la demandada entiende que el a quo ha fundado el rechazo de la excepción plantada, en base a un principio de materia laboral (consolidación de la incapacidad) inaplicable en esta causa estrictamente civil. A poco de analizar los fundamentos del sentenciante no se advierte que se haya decidido en virtud de principios de esa naturaleza ya que lo utilizado como hito del comienzo del plazo prescriptivo, no fue la consolidación o determinación de incapacidad o daño alguno, sino que se tuvo en cuenta que lo decidido administrativamente en fecha 24/10/2007 por la Dirección General del Ejército, en cuanto reconoció al siniestro que a la postre le provocara la muerte al hijo de los actores- como accidente in itinere, marca el comienzo del plazo de prescripción para demandar al Estado en virtud de lo ocurrido. Debo decir que comparto tal decisión, desde que para mí el hecho accidente-muerte por sí sólo, en las circunstancias ocurridas, no generó -en su momento- responsabilidad alguna atribuible al Estado, desde que como vemos no hubo participación en el infortunio. Asi mal podría exigírsele en tal instancia a los familiares que entendieran que el Estado debía responder por tal hecho.Que las características del infortunio (accidente de tránsito) impiden pueda identificárselo inmediatamente como un típico acto de servicio de una fuerza, y tal es así que, recién luego de dos años de actuaciones administrativas, se lo determinó acecido en acto de servicio. Ahora bien es a partir de ese reconocimiento por parte de los propios órganos internos del ejército- más específicamente desde su notificación- donde de alguna manera asume responsabilidad, que los familiares del difunto pudieron conocer que contaban con una acción a ejercer, antes de ello -repito- el hecho accidente- muerte no involucraba al ejército y por ende no podía generar acciones en su contra. Cabe recordar en este punto que ha quedado dicho, con criterio que comparto y que mutatis mutandi resulta aplicable al caso, que: “El plazo de prescripción no se inicia hasta que el acreedor se encuentre habilitado para promover la acción correspondiente a su derecho, actio non nata non praescribitur. Este principio general es aplicable a la acción por resolución del contrato que se instaura, debiendo entenderse que el plazo decenal del artículo 4023 del Código Civil comienza su curso cuando se entera la demandante de la producción del extremo que motiva su pretensión de resolver el contrato celebrado (el subrayado es de mi autoría – CNCiv., Sala G, 31-10-85, in re: “Grosman de Lichtensztejn, Olga c/ Garcia, Nicolás S.”, LL, 1986 B, 267). determinante a los fines de establecer el punto de arranque De manera entonces que lo verdaderamente de cualquier prescripción, está dado por el conocimiento adquirido por el titular de la respectiva acción de que se encuentra en condiciones de ejercitarla (así Argañaras, Manuel J., en: “La prescripción extintiva”, TEA, Bs. As., 1966, página 8).

3.- En definitiva las razones precedentes me mueven a votar por el rechazo del agravio relativo a la prescripción confirmando la sentencia en ese punto.Mas, habré de postergar el resto de mi voto, con relación al fondo de la cuestión, hasta tanto haya mayoría en aquél aspecto, que constituye el presupuesto para el tratamiento de éstos, ya que de lo contrario resultaría vano e inconducente el pronunciamiento que pospongo. Es hasta aquí mi voto. El Dr. José Guillermo Toledo dijo: Adhiero al voto que antecede. En este acto retomó la palabra el Dr. Barbará y dijo: 4.- Corresponde ahora analizar la cuestión de fondo en la presente causa. La demandada alega que, en el caso, no pueden aplicarse las normas del derecho civil común ya que el fallecido, al momento del deceso, tenía estado militar lo que hace regir el orden jurídico castrense, normativa que precisamente no prevé el tipo de indemnización otorgada por el a quo. Agrega, en este sentido, que Ley 19.101 no fue declarada inconstitucional, por lo que no puede omitirse su aplicación. Señala que fue el propio “actor” el que adhirió al régimen y que lo hizo sin reservas, mas en este punto cabe recordar que los aquí accionantes son los Sres. R. D. A. y Liliana Teresita Gómez, padres del difunto y que reclaman por los daños sufridos por la muerte de su hijo con motivo del accidente reseñado en la causa. Dice la demandada, en este sentido, que también jurisprudencialmente se ha decidido no indemnizar por las reglas del derecho común este tipo de supuestos y si cita diversos y añosos fallos en apoyo de su postura y reprocha al a quo no haberlos tenido en cuenta.4.1.- Con relación al precedente “Valenzuela” de la CSJN que la recurrente citó en primer término, a cuyo objeto -efectivamente- se asemeja el de nuestro caso, es de tener en cuenta que en la causa “Mengual, Juan y otra c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa – E.M.G.E) s/ cobro de australes”, del 19 de octubre de 1995, el máximo tribunal revirtió el criterio sentado en aquél, declarando que “.no existe óbice alguno para otorgar una indemnización basada en normas de derecho común a un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad -ya sea que su incorporación haya sido voluntaria o consecuencia de las disposiciones sobre el servicio militar obligatorio- cuando las normas específicas que rigen a las citadas instituciones no prevén una indemnización sino un haber de retiro de naturaleza previsional.”. Y así fue resuelto aun cuando en tal caso el reclamo lo efectuó el propio damnificado directo, acreedor de un haber de retiro, mientras que en el presente pretenden el resarcimiento son los padres del infortunado, para quienes la legislación invocada por la recurrente no prevé reparación ni cobertura previ sional alguna, al punto que como lo afirmó la propia accionada al responder la demanda el único beneficio concedido a raíz del luctuoso hecho habría sido una pensión al hermano menor del joven A. (fojas 99 párrafo primero, reiteración a fojas 269 tercer párrafo). De modo que tampoco viene al caso la invocación de los precedentes “Corvalán de Salinas” y “López de Ledesma”, desde que ambos partieron de una base inexistente en el presente proceso, que fue la de haber tenido los deudos derecho a pensión, ya que quienes en autos reclaman, claramente no lo tienen, por lo que la desconsideración que la impugnante atribuyera al sentenciante no ha sido tal cosa.4.2.- De modo que como acabamos de ver y conforme lo expresara el a quo, las decisiones del tribunal cimero en la temática han ido mutando y específicamente en lo que aquí importa, para la solución del presente caso, cabe recurrir, como lo hiciera el juez de la anterior instancia, a lo decidido por la CSJN en la causa “García, José Manuel c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – Ejército Argentino s/ daños y perjuicios” del 20 de diciembre del 2011. En tal oportunidad nuestro máximo tribunal dijo: “5o) Que el fallo apelado interpreta indebidamente la doctrina de esta Corte en materia de reclamos indemnizatorios fundados en normas del derecho común cuando los daños tienen origen en conductas encuadradas como “misiones específicas” de las fuerzas armadas y de seguridad, explicitada en los casos “Azzetti” (Fallos: 321:3363), “Aragón” (Fallos: 330:5205), “Correa” -disidencia de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni (Fallos: 330:2521) y L.377.XLI “Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional -Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina” (sentencia del 18-12-2007). 6o) Que según dicha doctrina, no es procedente la indemnización solicitada cuando los daños provienen de “misiones específicas”. No cabe entender que dicho concepto es equiparable, genéricamente, al concepto “acto de servicio”. En efecto, sólo los “actos de servicio” que comporten “misiones específicas” de las fuerzas armadas o de seguridad están excluidos del ámbito indemnizatorio, a diferencia de lo que ocurre con las lesiones típicamente accidentales (“Leston”, considerando 4o). Ello es así, sin perjuicio de que compete al tribunal de grado resolver si se dan todos y cada uno de los requisitos que hacen al progreso de la acción resarcitoria, de acuerdo con el derecho común que se invoca como fundamento de la pretensión.7o) Que a la luz de lo expuesto, no corresponde aplicar al caso la doctrina del precedente “Azzetti”, por cuanto el actor alegó que sufre una incapacidad resultante de hechos – como los que fueron relatados en el considerando 1o- que no presentan ninguna relación con las “misiones específicas” propias del Ejército.” (el subrayado es de mi autoría). Así entonces, conforme las constancias de la causa, el accidente de tránsito, que a la postre fuera causa del deceso del joven A., fue in itinere y reconocido dentro de las propias esferas del Ejército como acto propio del servicio, más claro está que a tal suceso, debido a su naturaleza y contexto, de modo alguno puede encuadrárselo como una “misión específica”. De tal suerte que teniendo en cuenta la doctrina que surge del precedente citado, la postura de la demandada pierde toda virtualidad, por lo que debe rechazarse como agravio, que es lo que propongo al acuerdo.

5.- Siguiendo ahora con la cuestión referida al rubro daño material, conviene dejar aclarado que el reclamo de los padres del fallecido, damnificados por la muerte de éste, fue bien encuadrado por el juez de grado como “lucro cesante” y/o “pérdida de chance”. Así encontramos que la mejor doctrina especializada en la materia tiene afirmado que “La muerte no causa un daño emergente en el patrimonio del tercero damnificado; esto es, no produce empobrecimiento o disminución en sus bienes, exclusión hecha de los gastos de asistencia y funerales . Los otros daños que se pueden causar en el patrimonio de terceros sólo tendrán el carácter de lucro cesante por la pérdida de beneficios económicos que aquéllos recibían del muerto o el carácter de pérdida de chance por la frustración de la posibilidad de recibirlos en el futuro” (Bustamante Alsina, Jorge en: “Teoría general de la responsabilidad civil”, Abeledo-Perrot, 1997, página 235.La bastardilla es del autor). A lo que sólo cabe agregar que en un caso como el presente, quienes reclaman no lo hacen como sucesores del malogrado, sino iure proprio, ya que se trata de un derecho crediticio que en ningún momento nació en cabeza del extinto sino, precisamente, de su muerte. Ahora bien, el apelante sostiene que no se habría fundado correctamente tal otorgamiento teniéndose en cuenta sólo la edad de A. y la convivencia con sus padres, sin haber probado en ningún momento que el causante fuera el sostén del hogar, cuestión que se “infiere lógicamente” resultando una simple conjetura. La crítica que acabo de consignar trae a cuento el pensamiento de Leibniz, quien reformuló en los tiempos modernos, tal como lo conocemos y manejamos hasta nuestros días, el cuarto y último de los principios o reglas lógicas, conocido como de “razón suficiente”. Para este destacado filósofo “. sólo las verdades de la razón nos proporcionan verdades enteramente ciertas, eternas, necesA. Los sentidos no son más que mera ocasión para la propia actividad de la mente que es penetración intelectual de las verdades eternas, con lo que el espíritu se alza muy por encima de la experiencia sensible” (tomado de: “Historia de la Filosofía”, HIRSCHBERGER, Johannes, tomo II, página 95). También se ha sostenido que “No siempre cabe exigir la prueba plena, sino sólo la de la verosimilitud con que se produjeron los hechos y las circunstancias que los rodean” [Repertorio “La Ley”, XXV-1207 (150)]. Y que “.la verosimilitud participa del sentido de la verdad, y lo que a la Sana Crítica le interesa es, precisamente, la verdad del conocimiento para someterse a la realidad afirmada por el mismo” (Cossio, Carlos en: “La valoración jurídica y la Ciencia del Derecho”, U.N.L., Santa Fe, 1.941, página 21). De modo que las inferencias, judiciales o no, ostentan entidad digna de consideración cuando son serias y razonables como en el caso.Que el análisis efectuado por el a quo con relación al aspecto que nos viene ocupando resulta razonable y encuentra apoyatura en precedentes jurisprudenciales. Concretamente se ha sostenido que: “Aun cuando no se haya acreditado que la víctima contribuyera al mantenimiento de sus padres, la circunstancia de la mayor edad de este, el hecho de que vivieran en el mismo domicilio y los precarios medios de que disponía, unido a la presunción que generan los artículos 367 y 372 del código, permite concluir que la muerte del hijo ha significado para los padres un daño actual y la perdida de una expectativa futura que debe resarcirse. Ante el fallecimiento de un hijo, lo que debe resarcirse a los progenitores es el daño futuro cierto y ese reconocimiento cabe a título de lucro cesante, por lo menos como pérdida de una chance u oportunidad de que el hijo hubiera concretado la ayuda económica a sus padres. La situación socio-económica imperante en nuestra patria demuestra que cada vez es mayor el número de hijos que contribuyen al mantenimiento del hogar común y con mayor razón cuando se trata de grupos sociales de escasos recursos, por lo que cabe meritar la frustración de los padres a tal aporte.” (SUMARIO, Id SAIJ: FA93070108 Causa: “Roberto y otro c/ Compañía de Perforaciones Rio Colorado S. y otro s/ Accidente – Acción civil” Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén. Sentencia del 24/06/1993). También el nuevo “Código Civil y Comercial” refiere al derecho a la reparación que nos viene ocupando en su artículo 1745, que reza: “En caso de muerte la indemnización debe consistir en: . c.la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos.”. 5.1.- En cambio con relación al quantum del rubro resarcitorio en revisión entiendo que corresponde admitir el agravio subsidiario de la impugnante, ya que como primera observación encuentro que el juez de la anterior instancia otorgó una suma consistente en más del doble de lo reclamado a título de daño material, y lo hizo sin fundamentación alguna, desoyendo así la previsión del inciso 5) del artículo 163 del CPCCN y violando la regla procesal de congruencia contenida en el inciso 6) del mismo precepto, de manera que la sentencia en crisis debe -necesariamente- ser corregida en cuanto su decisión ha sido ultra petita. Como puede verse a fojas 49, en el escrito inicial los reclamantes ensayaron un cálculo teniendo en cuenta la edad del causante, su remuneración y los años de vida útil laboral que tenía por delante al tiempo de su muerte, el cual arrojó la suma de $446.242,24, importe éste que -directamente- tuvieron como medida del menoscabo sufrido en la expectativa de los actores. Ahora bien, como va de suyo la apreciación que acabo de referir es francamente errónea. Porque aunque pudiera presumirse que el malogrado habría contado con un trabajo o actividad remunerada por el lapso vislumbrado por los accionantes y percibido siempre una suma similar a su sueldo de soldado voluntario, es claro que el destino tales hipotéticos salarios no habría sido el bolsillo de sus padres. Muy por el contrario es de suponer que habría formado su propia familia, adquirido su propia vivienda o abonado un alquiler para tenerla y -naturalmente- sufragado sus gastos personales.Claro que lo que acabo de señalar no quita que el concernido -efectivamente- pudiera haber contribuido al sostenimiento de sus padres mientras éstos vivieran y resulta razonable así presumirlo y así esperarlo por parte de los progenitores, mas estimo que tal asistencia difícilmente habría excedido en el tiempo y en promedio, el veinticinco por ciento (25%) de sus ingresos mensuales, razón po r la cual postularé reducir a este porcentual la reparación a título de daño material, es decir, a la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL – ($110.000.-).

6.- Con relación al Daño Moral también le asiste, en parte, razón a la impugnante, desde que el fallo revela a su respecto la misma defección señalada en lo atinente al rubro precedente. De modo que tengo por adecuado al caso y conforme a Derecho, limitar el resarcimiento concedido al monto pretendido en la demanda, esto es, la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL – ($110.000.-)

7.- Respecto a la tasa de interés, estimo que los vetustos precedentes jurisprudenciales citados por la recurrente, todos ellos atinentes a materia diversa de la nuestra, en modo alguno ostentan entidad como para conmover la fijada por el a quo. Esta, por lo demás, no conlleva capitalización alguna, de modo que mal podría implicar el enriquecimiento incausado ni el abuso del Derecho invocados por la apelante. Pese a los infundados reproches efectuados en el punto al juez de la anterior instancia, éste si tuvo en cuenta las circunstancias del caso y adecuó la tasa de marras a la baja, tal como surge de lo expuesto en su Cuarto considerando a fojas 248 vta. En definitiva y por las razones precedentes propongo al acuerdo rechazar totalmente el agravio tratado en el presente apartado.

8.- Con relación a las costas y dadas las consideraciones precedentes, tanto como las modificaciones al fallo venido en revisión propuestas, entiendo adecuado al caso y conforme a Derecho distribuir las de la presente instancia en el orden causado, por aplicación del artículo 71 del CPCCN. Es mi voto. El Dr. José Guillermo Toledo dijo: Adhiero al voto del Dr. Barbará. En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE:

1.- Revocar parcialmente la sentencia de fecha 17 de marzo de 2015 (fs. 242/249), y en consecuencia reducir la reparación por daño material a la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL – ($110.000.-) y el monto otorgado en concepto de daño moral a la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL – ($110.000.-)

2.- Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 68 del CPCCN).

3.- Regular los honorarios profesionales en un 25% de lo que se fije en la primer instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Ac. nro. 15/13 de la CSJN y oportunamente devuélvanse los autos.

FERNANDO LORENZO BARBARÁ

JUEZ DE CAMARA

ELEONORA PELOZZI

JUEZA DE CAMARA (Subrogante)

(En disidencia parcial)

JOSE GUILLERMO TOLEDO

JUEZ DE CAMARA

Ante mi

Raquel Bolzico

Secretaria de Cámara