Honorarios establecidos en un porcentaje de lo que abogado hizo ahorrar al cliente

dineroPartes: Bensa Karina Zoe c/ Administradora Club de Campo San Patricio S.A. s/ cumplimiento de contrato

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 13-oct-2016

Cita: MJ-JU-M-101927-AR | MJJ101927

Sumario:1.-Es procedente considerar que los honorarios pactados por el profesional en un quince por ciento de las sumas de dinero que con su actuación hiciese ahorrar al cliente, no son abusivos teniendo en cuenta que el art. 4 de la Ley 21.839 fija un tope del cuarenta por ciento del resultado económico obtenido, y las previsiones de los arts. 1197 y 1627, in fine , del CCiv.

2.-Los honorarios pactados en un quince por ciento de las sumas de dinero que con su actuación el abogado hiciese ahorrar a su cliente deben ser respetados en tanto el cliente al momento de la contratacio´n era una sociedad ano´nima que bajo ninguna circunstancia podri´a alegar una situacio´n de inferioridad, lo cual descarta la existencia de una posible lesio´n subjetiva (art. 954 , Cciv.).

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 13 días del mes de octubre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Bensa, Karina Zoe c/ Administradora Club de Campo San Patricio S.A. s/ Cumplimiento de Contrato” respecto de la sentencia de fs. 691/702, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – ROBERTO PARRILLI – A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:

I.- La sentencia de fs. 691/702 hizo lugar a la pretensión incoada por Karina Zoe Bensa contra Administradora Club de Campo San Patricio S.A. En consecuencia, condenó a la sociedad demandada a abonarle a la actora la suma de $66.147, a lo que se deberán agregar sus intereses y costas.

II.- A f. 705 apela dicho pronunciamiento la parte actora y a fs. 730/748 funda su recurso. Se agravia de la determinación errónea del monto que le corresponde por honorarios, en virtud de las tareas realizadas y los meses de servicio. Asimismo, se queja del tratamiento que da la a quo al contrato con “Ver TV S.A.”, manifestando que dicho rubro debería haber prosperado por una suma mayor, al igual que la partida correspondiente al daño moral.

III.- A f. 703 apela la sentencia de grado el demandado, cuyos fundamentos obran a fs.719/729.

En primer lugar agravia al demandado la omisión de expedirse sobre la validez del contrato, en particular la cláusula que otorga a la actora el 15% de cualquier monto que le hiciese ahorra a la asociación demandada.

Segundo se queja de la procedencia y el monto por el cual prospera el porcentaje aludido respecto de las contrataciones de “Ver TV S.A.” y de Edenor.

Por ultimo le causa agravio la concesión de una partida para responder al -según el inexistente- daño moral, y la tasa de interés que se devenga de dicha partida.

IV.- Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611).

Es en este marco, pues, que ahondaremos en la cuestión de fondo del caso sub examine.

V.- En primer lugar, es dable señalar que “todo trabajo profesional debe ser retribuido, salvo que por su índole sea gratuito, o que una norma así lo establezca expresamente. Según lo establecido por el art. 1627 del Código Civil, todo servicio o trabajo que se preste y que corresponda a la profesión o modo de vivir debe ser entendido oneroso.” (Conf. Salas – Trigo Represas – López Mesa, “Código Civil Anotado.”, T.4-A).

Sentado ello, en virtud del agravio formulado por el demandado, corresponde analizar el convenio de honorarios obrante a f. 7. La validez del mismo no es cuestionada en esta instancia, mas si sus alcances. Ahora bien, agravia específicamente al demandado la cláusula que le otorga a la actora el 15% de lo que le hiciese ahorrar a Administradora Club de Campo San Patricio S.A., ya que lo considera abusivo. Al respecto es dable señalar que la ley de Aranceles y Honorarios Profesionales (ley n°21.839) en su art. 4 reza: “Los profesionales podrán pactar con sus clientes que los honorarios por su actividad en uno o más asuntos o procesos consistirán en participar en el resultado de estos. En esos casos, los honorarios del abogado y del procurador, en conjunto y por todo concepto, no podrán exceder del cuarenta por ciento (40%) del resultado económico obtenido, sin perjuicio del derecho de los profesionales a percibir los honorarios que se declaren a cargo de la parte contraria.” Dicho articulado, en armonía con lo dispuesto en los artículos 1197 y 1627 in fine del Código Civil, da a entender que el porcentaje fijado no resulta excesivo.

En este sentido, la doctrina ha establecido que “Cada abogado tiene derecho a establecer las pautas a que ajustará la fijación de honorarios, y quien no lo considere justo o razonable, no está obligado a estimarlos en base al tiempo empleado. Por el contrario, si el cliente y el profesional lo aceptan, y si no viola norma legal o ética alguna, cabe preguntarse hasta que punto puede afectar este sistema a quienes son ajenos a la relación profesional.” (O’Farrell, Ernesto; “El honorario del abogado y el tiempo empleado”; La Ley 1981-D, 1022).

A mayor abundamiento, cabe destacar que el demandado al momento de la contratación era una sociedad anónima (conf. fs. 538/591), por lo que bajo ninguna circunstancia podría alegar una situación de inferioridad respecto de la actora, a contratar de la forma en que lo hizo.Dicho extremo descarta de pleno la existencia de una posible lesión subjetiva (art. 954 del Código Civil).

En función de ello, por aplicación de los principios de buena fe y “pacta sunt servanda” que confiere a lo pactado el rango de la propia ley -arts. 1197 y 1198 del Código Civil-, considero acorde a derecho el convenio de honorarios atacado.

VI.- En lo que hace a las gestiones realizadas, con su libelo inicial la actora acompaña varios correos electrónicos que dan cuenta de las tareas rendidas y la diligencia aplicada. Los mismos fueron reconocidos en sus declaraciones por los distintos testigos.

A fs. 449/450 declara Carlos Enrique Maglio, representante de “Ver TV S.A.” (Telered): “[…] con respecto al contrato original se cambiaron algunas cosas y la empresa tenía que hacer una inversión en el lugar porque no estaba preparado para realizar el Tendido de la red de cable es decir, el contry exigia (sic.) el tendido subterraneos ya que el resto de los servicios estaban de esa forma, para lo cual había que realizar obra civil o sea los tendidos de los ductos ( caños de 4 pulgadas por los cuales pasan todos los cables), y la empresa le trasladaba siempre a este tipo de barrios cerrados, club de campos, country , el 50% del costo total de la obra, haciéndose cargo por supuesto la empresa de la misma , esta obra en el caso de San Patricio, calcula el dicente estaba en orden de los $150.000 pesos y a cargo de la demandada sería alrededor de $75.000 mas o menos.Antes de firmar el contrato que los unía y después de tres o cuatro reuniones , el contrato originalmente era entre doce o catorce años y a pedido de la Dra Bensa , lo que quería ella era que el country no pagara nada, y el dicente le pidió que eso el lo podía negociar en la empresa pero a cambio le pedía una extensión en la duración del contrato y lo llevaron a 17 años y San Patricio no pagó nada, realizaron tendidos, se terminó la obra y firmaron el contrato. Esto es un resumen de la negociación y lo que recuerda el dicente y también hubo mails y llamadas por teléfonos, y una negociación que para la firma del contrato llevo varios meses.” Asimismo, preguntado acerca de los beneficios específicos que trajo el accionar de la actora a los vecinos del barrio, el testigo contestó: “la provisión del servicio por cable, Internet y telefonía, el barrio no tenia los teléfonos de líneas y la ventajas es que el barrio no pago nada, ya que esos $75.000 lo tenían que prorratear entre todos, y otra ventajas fueron la extensión por tiempo mas largo, y la otra es que solicitando el servicio por debito automático ( Visa Master America), la mencionada instalación era gratis, y lo que pagaban después era el abono mensual por el costo del servicio.” A fs. 458/459 declara el apoderado de Edenor, Aníbal Ricardo Zuviria. En primer término procede a reconocer la documental de fs. 44/49, 50/51, 206/207 y 209. Seguido, dice: “[…] entre los años 2007 y 2008 aproximadamente, el Club de Campos San Patricios inicio un amparo contra el Municipio de Moreno y contra Edenor por la iluminación de la calle de acceso Carola Lorenzini, en el Juzgado de Paz letrado de Moreno, ese juicio era llevado por el dicente como apoderado de Edenor y la Dra Bensa representaba al Club de Campo.Finalizando con acuerdo homologado judicialmente y luego también con la Dra Bensa tuvo una reunión cree que en el año 2008 también en Edenor Area Pilar, para consensuar obras eléctricas de baja tensión en el Club de Campo, en esa reunión participaron los ingenieros Cataneo, Mazzeo y Puccini.” A fs 530/531, quien fuera administrador de la sociedad demandada, el sr. Cristian Gabriel Aleart después de reconocer el convenio de f. 7 y la documental de fs. 10/14 y 18/23, depone: “A LA SEXTA. RESPONDIO: cuando el dicente comienza a ser Director de la Comision (sic.) en el 2005, ella (la actora) era miembro de la comisión ejecutiva y esta comisión esta integrada por vecinos del club de Campo, en ese momento con ella también formaban parte de la comisión ejecutiva Pablo Morales, Laura Coy y alguien más que no recuerda., en ese momento la comisión tuvo que hacer un trabajo muy importante porque había un alto porcentaje de morosidad y había otras irregularidades administrativas que tenia el barrio y que había que resolver y pasado un tiempo por una necesidad del Directorio y debido a que eran muchas las tareas que había que hacer y por una cuestión de tiempo, se formalizo un convenio con la doctora que reco noció anteriormente en donde se le otorgó un poder amplio como asesora letrada. También motivado porque había muchos tiempos pendientes que podían ocasionar daños patrimoniales a la sociedad, como que había cosas que estaban mal hechas y que la administradora estaba entrando en incumplimientos. Ejemplo un convenio que se pudo firmar con la empresa Telered que había estado muy demorado y que hubo mucho trabajo por parte del Directorio y de la actora y que se pudo firmar recién el año 2007. El dicente al no vivir en el club de campo muchos accionistas no tenían consciencia de los daños patrimoniales por los incumplimientos o las cosas mal hechas.[…] ya menciono el de telered, y todas las tareas de morosidad y el tema mas conflictivo que le tocó pasar en la sociedad, tiene que ver con una obra de iluminación y no recuerda si era la cancha de tenis y de futbol, que se estaba haciendo mal y allí la intervención de la actora, pese al conflicto con la comisión ejecutiva, porque la comisión priorizaba el hecho de iluminar la canchas por sobre el hecho de hacerlo como correspondía.” Sumado a ello, a fs. 452/453, 461/462 y 515/516 y declaran Patricia Diana Chazo (vecina de la actora), Javier Caetano (Ingeniero encargado del tendido eléctrico del barrio) y Silvia Alejandra Calot (escribana que trabajó con la actora en el barrio y posteriormente). Todos ellos coinciden en la actitud proactiva de la Dra. Bensa al momento de defender los intereses del Country en los distintos conflictos en los que se encontraba inmerso; ya sea las deudas a favor de la sociedad, las contrataciones de los distintos servicios o la representación legal que se necesitase.

Cabe destacar que la prueba testimonial debe ser valorada en función de diversos elementos, ponderando las condiciones individuales y genéricas de los deponentes, seguridad del conocimiento que manifiestan, coherencia del relato, razones de la convicción que declaran y la confianza que inspiran, conforme a las reglas de la sana crítica (conf. CNCiv. Sala A, nº 256.311 del 16/4/99, n° 503.180 del 14-10-08 y n° 511.817 del 20-10-08, L.580.061 del 23-9-2011). Por otra parte, creo oportuno recordar que el art. 456 del Código Procesal subordina la apreciación de la prueba testimonial a estas reglas, particularizando, al respecto, el principio general que sienta el art. 386 del Código Procesal. La doctrina y la jurisprudencia, por su parte, han enunciado diversas directivas cuya observancia facilita una adecuada crítica de las declaraciones y permite, por ende, el enjuiciamiento más exacto posible acerca de su credibilidad y eficacia.Por ello, supuesta la validez de la prueba, la pertinencia de los hechos sobre que versa y la aptitud genérica del testigo para asumir tal calidad procesal, las mencionadas directivas se relacionan, fundamentalmente, con las circunstancias personales de aquél, la naturaleza de los hechos sobre los cuales declara, la razón de ciencia enunciada como fundamento de su declaración y la concordancia de sus respuestas (conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, t. IV, pág. 650/651 nº 486; C.N.Civ., Sala A, mi voto en L. n° 361.186 del 16/4/03).

En definitiva, la valoración de este medio probatorio constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate (conf. Falcón, Enrique, “Código Procesal Civil y Comercial….”, T° III, pág.365).

En materia de apreciación de la prueba, en especial la testifical, el juzgador puede inclinarse por la que le merece mayor fe, en concordancia con los demás elementos que pudieran obrar en el expediente, pues de conformidad al art. 386 del Cód. Procesal, ello constituye una facultad privativa del magistrado (CNCom., sala C, 11/07/2000, LL, 2000-E, 700 – DJ 2001-1, 340).

Pues bien, no hay en autos elemento alguno que desvirtúe la declaración de los testigos, las cuales resultan concordantes entre si y con las demás constancias del expediente.

Sin embargo, ninguno de ellos puede dar precisiones acerca de la labor rendida por la actora entre enero y mayo del 2009, au contraire a sus tareas previas a la renuncia que realizara la Dra. Bensa.

Todo ello, me lleva a confirmar lo expresado por la a quo en el pronunciamiento de grado.

VII.- En lo que hace al contrato con Ver TV S.A., cabe ceñirse a los dichos del testigo Maglio (ver fs.449/450), por cuanto informa que el ahorro real que la actora logró en su negociación era el 50% del costo de instalación, con el que debía cargar el country y no todas aquellas erogaciones con las que cargaba la empresa inicialmente. Esto es en función de que lo que se analiza la actuación de la Dra. Bensa y no aquellos ahorros que propuso de base “Ver TV S.A.”, los cuales no fueron gestionados por la actora.

VIII.- En lo atinente a la gestión realizada por la actora con Edenor, cabe destacar que si bien es cierto que renunció a los pocos días de comunicar al Directorio el arreglo con la concesionaria de energía eléctrica, lo cierto es que fue la reunión mantenida entre la empresa y la letrada el 28/11/08 la que dio pie a todas las obras realizadas a posteriori. Por lo tanto, se puede constatar que realizo una gestión útil y conducente a favor de la Administradora Club de Campo San Patricio S.A. en pos de las obras de mejor de las líneas de baja tensión.

Como corolario de todo lo expuesto, resalto la importancia de la justa retribución a la labor profesional del abogado. El honorario del abogado tiene carácter alimentario, desde que se trata de la contraprestación que reciben los profesionales independientes por el ejercicio de su profesión, y en este sentido no difieren, en sustancia, de los sueldos y salarios que perciben quienes trabajan en relación de dependencia (Conf. CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 14/10/1988, “Vittat, Eduardo C. c/ Ferrocarriles Argentinos”, JA, 1989-I-450, cit. por Albrecht Paulina G. y José Luis Amadeo, “Honorarios del Abogado”, pág. 50, Ed.Ad Hoc). Al respecto, Carlos Bulgheroni se jactaba de tener “[…] una regla al tope de su manual a la hora de hacer negocios […] < >” (ver diario “La Nación” nota de Pablo Fernández Blanco).

En tal entendimiento, estimo que el juez ejerció razonablemente el arbitrio que la norma procesal le confiere -artículo 165 CPCCN-, por lo cual propongo confirmar el monto establecido (arts. 163 incs. 5, 6, y 386 del CPCCN).

IX.- En lo que respecta al daño moral en materia de responsabilidad contractual el juez esta facultado para condenar al responsable a su reparación de conformidad con la índole del hecho generador y las circunstancias del caso. No cualquier daño moral origina la responsabilidad del autor del hecho, sino un verdadero agravio, por ello, siendo excepcional, corresponde al actor la prueba de la existencia del mismo. (CNCiv. Sala G, “Planich De Ocejo, Susana Sofía c/ Miguens, Ernesto Gabriel s/ Daños Y Perjuicios ; Sumario” N°20643 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil). En este sentido, coincido con lo vertido en la expresión de agravios del demandado, por cuanto manifiesta que la negativa a pagar provenía de la indeterminación de los montos en cuestión, los cuales fueran concretamente estipulados en el pronunciamiento de grado. Al respecto se ha dicho que “para la apreciación del daño moral de origen contractual es preciso demostrar la existencia de una lesión de sentimientos, afecciones o angustia, provocada por el accionar del incumplidor, que no puede equipararse a las inquietudes e inconvenientes propios y corrientes del mundo de los negocios.” (CNCiv. Sala E, “Vitolo, Daniel Roque c/Guardado, Nestor José s/Cobro De Pesos” del 19/09/94)

En tal inteligencia, si bien la Dra. Bensa a probado in extenso la diligencia con la cual se condujo en los negocios a favor del demandado, no ha cumplido con la carga de la prueba para acreditar el daño moral sufrido.En fin, ponderando las características objetivas del menoscabo, y lo previamente manifestado, considero corresponde rechazar la partida solicitada en carácter de daño moral (arts. 163 incs. 5/6 y 386 del CPCCN). X.- En atención a lo que se decide precedentemente, y toda vez que los agravios vertidos por la demandada en materia de intereses se circunscriben al monto otorgado por daño moral, el tratamiento del presente deviene abstracto.

XI.- Por haberse omitido en su oportunidad, y en honor al principio de economía procesal (arts. 34 inc.5 y 36 del CPCCN) cabe expedirse sobre el recurso concedido con efecto diferido a f. 393, cuyos fundamentos obran a fs. 749/751. En su memorial la actora solicita que se modifique la imposición de costas de la resolución que desestima la excepción de defecto legal (fs. 390/391), en función del principio objetivo de la derrota. La eximición que autoriza el art. 68 del Código Procesal procede, en general, cuando media razón fundada para actuar, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre a base de una convicción razonable acerca de -en el caso- la defensa invocada. Sin embargo, no se trata de la mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas y sólo ha de disponérsela cuando existan motivos muy fundados, por la preponderancia del criterio objetivo de la derrota. En tal entendimiento, considero que corresponde modificar el pronunciamiento de fs. 390/391 e imponer las costas de la excepción interpuesta al demandado vencido.

XII. Por todo ello, a tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo: I) m odificar la resolución de fs.390/391 en lo atinente a las costas, las que se imponen al demandado vencido; II) modificar, asimismo, la sentencia de grado en lo que hace a la partida correspondiente al daño moral, la cual se rechaza; y III) confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de Alzada serán impuestas a las demandada (conf. art. 68 CPCC). Así lo voto.

Los Dres. Mizrahi y Parrilli, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI – ROBERTO PARRILLI – Es fiel del Acuerdo.

Buenos Aires, octubre 13 de 2016.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: I) modificar la resolución de fs. 390/391 en lo atinente a las costas, las que se imponen al demandado vencido; II) modificar, asimismo, la sentencia de grado en lo que hace a la partida correspondiente al daño moral, la cual se rechaza; y III) confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de alzada se imponen a la parte demandada por resultar vencida. Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.