Declaración de inconstitucionalidad de la norma que exige la previa satisfacción de la condena en el juicio ejecutivo para iniciar el proceso ordinario posterior

juicio-oralPartes: Di Prinzio Gino c/ Castellazzi Jorge Enrique s/ materia a categorizar

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín

Fecha: 8-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-101937-AR | MJJ101937

Sumario:1.-Debe declararse la inconstitucionalidad del art. 551 del CPCC de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto establece que, para la iniciación del proceso de conocimiento posterior, se impone el cumplimiento previo de la condena impuesta en el proceso ejecutivo, cuando en el caso concreto el cumplimiento del recaudo bajo examen, por la entidad económica de la condena recaída en el juicio ejecutivo, es susceptible de ocasionar una demora considerable en la iniciación del proceso de conocimiento posterior.

Fallo:

JUNIN, a los 8 días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y GASTON MARIO VOLTA, en causa N° JU-2593-2016 caratulada: “DI PRINZIO GINO C/ CASTELLAZZI JORGE ENRIQUE S/ MATERIA A CATEGORIZAR”, a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Guardiola y Volta.-

La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Castro Durán dijo:

I-A fs. 58/60vta. el Sr. Juez de primera instancia, Dr.Rodolfo J. Sheehan, dictó sentencia interlocutoria, por la que rechazó “in limine”, por improponibilidad objetiva, la demanda deducida por Gino Di Prinzio contra Jorge E. Castellazzi, imponiendo las costas al actor.

Para adoptar tal decisión, el sentenciante expuso que el artículo 551 del Código Procesal impone como recaudo de procedencia del juicio ordinario posterior, el cumplimiento de la condena dictada en el juicio ejecutivo; por lo que, al encontrarse finalizado el juicio ejecutivo que aquí se pretende revisar, adquiere operatividad la aludida exigencia legal.

Siguió diciendo que, no obstante ello, en virtud de una interpretación del mencionado artículo 551 conjugada con la normativa consumeril, podría llegar a permitirse que el consumidor acceda a la revisión del proceso ejecutivo, sin el pago de la condena previa; pero en autos tal interpretación no es posible, porque el actor no acreditó “prima facie” la existencia de una relación de consumo con el demandado.

Seguidamente, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 551 del Código Procesal, diciendo que nada de inconstitucional hay en él, máxime cuando se puede flexibilizar su aplicación, en casos excepcionales en que el cumplimiento previo de la condena impida asegurar la justicia del caso; pero tal flexibilización no puede invocarse ilimitadamente, ya que de otro modo se enervaría la acciónejecutiva, quedando al arbitrio del deudor la suspensión de una ejecución o de un remate.

Finalmente, rechazó “in límine” la presente demanda.

II-Contra este pronunciamiento, el accionante interpuso apelación a fs. 60; recurso que, concedido en relación, recibió fundamentación por medio del memorial agregado a fs. 64/68vta.

En dicha presentación, los agravios se dirigieron contra la desestimación “in límine” de la demanda.

Sostuvo el apelante que el magistrado realizó una interpretación equivocada en torno a la inexistencia de una relación de consumo, dado que no consideró que el aquí demandado reconoció en el descargo realizado ante la OMIC, por un lado, que el vehículo utilitario fue adquirido por él, aunque por motivos impositivos, la operación fue facturada a nombre de “Ginfranger SRL”, y por otro lado, que entregó un recibo contra el pago de U$S 7.500.

Agregó que el “a quo” entró de lleno en la cuestión de fondo y, soslayando las posturas esgrimidas en sede administrativa, prescindiendo de la producción de la prueba e interpretando sesgadamente la documental, rechazó “in límine” la demanda, porque entendió que no se configura una relación subyacente de consumo.

Señaló que el precedente jurisprudencial citado por el sentenciante, no resulta aplicable a este caso.

Asimismo, cuestionó el rechazo de su planteo de inconstitucionalidad del artículo 551 del Código Procesal, argumentando que el “a quo” exhibió una postura contradictoria en la decisión adoptada.

Y finalmente, solicitó que se haga lugar a la medida cautelar peticionada en la demanda.

III- Remitido el expediente a esta Cámara, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.

IV- En tal labor, comienzo por el tratamiento del agravio dirigido contra el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 551 del Código Procesal Civil y Comercial.

A tal efecto, cabe señalar que, en principio, la regla general y abstracta establecida en el mencionado artículo, por la que, para la iniciación del proceso de conocimiento posterior, se impone el cumplimiento previode la condena impuesta en el proceso ejecutivo, no resulta incompatible con la Constitución Nacional.

Arribo a esta conclusión, haciendo hincapié en que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la “última ratio” del ordenamiento jurídico; por lo que la respuesta negativa como corolario del sometimiento de la norma al test de constitucionalidad, requiere la certeza de que la misma contraría los dos parámetros que deben tenerse en cuenta en tal examen, que son los de razonabilidad y proporcionalidad.

De cualquier modo, sin perjuicio de la constitucionalidad en abstracto de la norma bajo análisis, es factible que en concreto pueda determinarse su incompatibilidad con la Carta Magna, en los casos en que la imposición del cumplimiento previo de la condena recaída en el juicio ejecutivo, importe una lesión al derecho a la jurisdicción, por privación de justicia (art. 18 CN).

La violación de esta garantía constitucional se verifica cuando el cumplimiento previo de la condena recaída en el proceso ejecutivo, prive al interesado de acudir a la vía del juicio de conocimiento posterior, para reclamar la defensa de sus derechos y obtener una resolución oportuna y debidamente fundada.

Precisando el concepto, queda conculcada la garantía constitucional de la defensa en juicio, si el recaudo de cumplimiento previo de la condena contenida en la sentencia de trance y remate, por las dificultades del deudor para satisfacerlo, impide o, incluso, posterga indefinidamente la promoción del proceso de conocimiento posterior.

A la luz de estas pautas, entiendo que en este caso, el cumplimiento del recaudo bajo examen, por la entidad económica de la condena recaída en el juicio ejecutivo, es susceptible de ocasionar una demora considerable en la iniciación del proceso de conocimiento posterior; por lo que cabe reputarlo inconstitucional.

Como lógico corolario de lo expuesto, emerge que cabe revocar tanto el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del artículo 551 del Código Procesal, como el rechazo “in límine” de la demanda, debiendo correrse traslado de la misma al accionado (arts.18 CN; 551 y 336 CPC).

Sin perjuicio de lo decidido precedentemente, cabe dejar sentado que la promoción del juicio de conocimiento posterior, no produce la suspensión del trámite del cumplimiento de la sentencia de remate; sino que a tal suspensión podría llegarse, por vía de una medida cautelar de no innovar, tal como lo solicitó el actor en la demanda.

Pero en este caso, no está acreditada la verosimilitud del derecho necesaria para el dictado de tal medida cautelar (art. 230 inc. 1° CPC).

Llego a tal conclusión, valorando que, a esta altura del proceso, no está acreditada ni siquiera “prima facie” la existencia de la alegada relación de consumo (art. 3 ley 24.240).

Ello es así, ya que como adquirente de la camioneta aparece “Ginfranger SRL” (ver factura de fs. 4 y título del automotor de fs. 5), cuyo objeto social está referido a la actividad agrícola (ver escritura de fs. 19/23vta. y constancia de inscripción en la AFIP de fs. 18), actividad que pone en duda su carácter de consumidora, por la posibilidad de que la camioneta hubiera sido adquirida para ser destinada a un proceso productivo (art. 1 ley 24240).

Además, no se encuentra demostrada la calidad de proveedor del demandado, dado que la documental aportada, por sí sola, no alcanza para acreditar que el mismo se dedica profesionalmente a la comercialización de automóviles (art. 2 ley 24240).

Y tampoco, a esta altura del trámite, cabe tener por demostrada “prima facie” la compleja operatoria negocial descripta en la demanda.

Por ello, no corresponde decretar la medida cautelar de suspensión del proceso ejecutivo tramitado entre las mismas partes, aunque con los roles invertidos.

V- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:

I) – Hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento, y consiguientemente, revocar el rechazo “in limine” de la demanda (art. 336 CPC) y declarar la inconstitucionalidad del artículo 551 del Código Procesal Civil y Comercial (art.18 CN), quedando el accionante eximido de la satisfacción del recaudo de cumplimiento previo de la condena recaída en el proceso ejecutivo previo.

II) – Desestimar el pedido de suspensión cautelar de los trámites del proceso ejecutivo (art. 230 CPC).

ASI LO VOTO¬Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículo 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:

I) – Hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento, y consiguientemente, revocar el rechazo “in limine” de la demanda (art. 336 CPC) y declarar la inconstitucionalidad del artículo 551 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 18 CN), quedando el accionante eximido de la satisfacción del recaudo de cumplimiento previo de la condena recaída en el proceso ejecutivo previo.

II) – Desestimar el pedido de suspensión cautelar de los trámites del proceso ejecutivo (art. 230 CPC).

III) – Las costa de Alzada se imponen en el orden causado, atento a la falta de contradicción (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de honorarios por las labores recursivas, para la oportunidad en que estén determinados los correspondientes a primera instancia (art. 31 dec.ley 8904).

ASI LO VOTO.-

Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: DRES. RICARDO MANUEL C ASTRO DURAN, JUAN JOSE GUARDIOLA Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. CRISTINA LUJAN SANTANNA, (Auxiliar Letrada).-

//NIN, (Bs.As.), 8 de Noviembre de 2016.

AUTOS Y VISTO:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve:

I)-Hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento, y consiguientemente, revocar el rechazo “in limine” de la demanda (art. 336 CPC) y declarar la inconstitucionalidad del artículo 551 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 18 CN), quedando el accionante eximido de la satisfacción del recaudo de cumplimiento previo de la condena recaída en el proceso ejecutivo previo.

II)-Desestimar el pedido de suspensión cautelar de los trámites del proceso ejecutivo (art. 230 CPC).

III) -Las costa de Alzada se imponen en el orden causado, atento a la falta de contradicción (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de honorarios por las labores recursivas, para la oportunidad en que estén determinados los correspondientes a primera instancia (art. 31 dec.ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.- DRES. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, JUAN JOSE GUARDIOLA Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. CRISTINA LUJAN SANTANNA, (Auxiliar Letrada).-