Responsabilidad del conductor que embistió al rodado que se encontraba detenido por estar el semáforo en rojo

semaforo-en-rojoPartes: O. J. D. c/ M. C. J. R. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 6-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101589-AR | MJJ101589 | MJJ101589

cuadro

Sumario:

1.-Debe considerarse al demandado responsable del accidente de tránsito al estar acreditado que embistió al vehículo del actor mientras éste se encontraba detenido por encontrarse el semáforo en rojo, pues en tales condiciones se presume la culpabilidad del conductor del rodado que embiste con su parte delantera la posterior de otro vehículo que al momento del impacto circulaba o se hallaba adelante detenido, siendo aquel un agente pasivo de la colisión.

2.-La desestimación de la denuncia penal en función del art. 185 , del CPPen. de la Provincia de Santa Fe permite al Tribunal Civil examinar la responsabilidad de los hoy demandados en el hecho, por la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y civil, extremo que se hace constar expresamente por la disposición contenida en el art. 1775 del CCivCom., de aplicación inmediata por tratarse de una norma de índole procesal.

3.-La aplicación lisa y llana del CCiv. a sentencias dictadas bajo el CCivCom., por la sola razón de haber tramitado los litigios bajo el primero de los ordenamientos mencionados, implica una postergación sin bases legales, de la aplicación inmediata del nuevo ordenamiento, consagrando la regla de la aplicación diferida de la normativa derogada.

4.-Para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, debe tenerse presente el sistema previsto por el art. 1746 del CCivCom., que cederá en tanto no exista prueba asertiva de los ingresos que percibía la víctima del hecho dañoso o frente a víctimas económicamente improductivas (arg. art. 3 CCivCom., por referencia analógica con el art. 1745, incs. b y c, ante ausencia de norma específica al respecto), en favor del sistema de las calidades personales.

Fallo:

Rosario,06.09.16

VISTOS: Los presentes caratulados “O., J. D. c. M. C., J. R. s. Daños y perjuicios”, Expte. Nro. 353/2013, en trámite por ante este Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, venidos a despacho a fin de dictar sentencia, conforme se ordena a fs. 131, de los que surge lo siguiente.

1. A fs. 7 y ss., J. D. O. promueve demanda de indemnización de daños y perjuicios contra Olga Juliana Cerdán y J. Ramón M. C. y/o responsable del Chevrolet Corsa dominio DBY 917, tendente a la percepción de los siguientes rubros: incapacidad sobreviniente y daño moral.

Relata que, en fecha 09.10.2012, siendo aproximadamente las 10.30 horas, circulaba en su Fiat Duna dominio BDU 668 por Av. Godoy en dirección al oeste. Al arribar a la intersección con calle Castellanos se detuvo por encontrarse el semáforo en rojo, y en tales circunstancias fue embestido en el sector trasero por la parte delantera del Chevrolet Corsa dominio DBY 917, de titularidad de la codemandada Olga Juliana Cerdán,

que al mando del codemandado J. Ramón M. C. circulaba en la misma dirección, lo que provocó su desplazamiento y posterior impacto con el automóvil que lo precedía.

Atribuye responsabilidad en los términos de los arts. 1109 y 1113, CC. Peticiona citación en garantía de Aseguradora Federal Argentina S.A.

Funda su derecho y ofrece pruebas.

2. Citada y emplazada la parte demandada (fs. 13), a fs. 21 y ss. comparecen y responden demanda Olga Juliana Cerdán, J. Ramón M. y Aseguradora Federal Argentina S.A., efectuando negativa puntual de los hechos afirmados por el actor en el escrito inicial.

A fs. 21, la aseguradora acata la citación en garantía que le fuera promovida.

Ofrecen pruebas.

3. Proveídas las pruebas (fs. 26), constan como producidas en autos las siguientes: a) informativas: Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito (fs. 43 y ss.), Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (fs.47 y ss), Archivo Tribunales de Rosario (fs. 68 y ss.); b) periciales: mecánica (fs. 83 y ss.) y médica (fs. 101 y ss.); y c) instrumental:

los caratulados “M., J. Ramón s. Lesiones culposas. Víctima: ORDÓÑEZ, J. D.”, Sumario Nro. 5086/2012, que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Sexta Nominación de Rosario.

Designada la audiencia a los fines del art. 555, CPCC (fs. 106), y habida la misma (según da cuenta el acta de fs. 126), quedan los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

Y CONSIDERANDO:

1. Cabe indicar, como previo al análisis de los hechos expuestos por el actor, que en el proceso penal (Sumario Nro. 5086/2012) se ha dispuesto la desestimación de la denuncia en función de lo previsto por el art. 185, CPP (Auto Nro. 2474, de fecha 04.12.2012, a fs. 7).

Tal decisión firme permite al Tribunal Civil examinar la responsabilidad de los hoy demandados en el hecho, por la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y civil, extremo que se hace constar expresamente por la disposición contenida en el art. 1775, CCC (de aplicación inmediata por tratarse de norma de índole procesal1).

2. De las constancias probatorias rendidas, que se evaluarán bajo la perspectiva de dilucidar sólo los aspectos controvertidos dado que las cuestiones admitidas no requieren prueba (arg. art. 145, CPCC)2, surge lo siguiente.

Habiendo sido notificado (fs. 120) el demandado J. Ramón M. de la prueba absolutoria decretada, y no verificándose su comparecencia ante este órgano jurisdiccional en la fecha señalada (cf. acta de fs. 126), ante el expreso pedido del actor corresponde sea tenido por confeso del pliego glosado a fs. 125 de los presentes (art. 162, CPCC).

En consonancia con ello, han de tenerse por admitidas las siguientes posiciones: 1. que Usted conducía el vehículo Chevrolet Corsa dominio DBY 917 en la fecha 09.10.2012, que ocurrió el accidente de tránsito que motivó la presente demanda; 2.que el vehículo Chevrolet Corsa dominio DBY 917, en la fecha 09.10.2012, participó de un accidente de tránsito; 3. que el vehículo Chevrolet Corsa dominio DBY 917 conducido por Usted en fecha 09.10.2012 impactó en la parte trasera al vehículo Fiat Duna dominio BDU 668 cuando se encontraba detenido en la intersección de las calles Av. Pte. Perón (ex Godoy) y Castellanos; y 4. que el vehículo Fiat Duna dominio BDU 668, al momento de ser impactado en su parte trasera en fecha 09.10.2012 por el vehículo Chevrolet Corsa dominio DBY 917 era conducido por el señor J. D. O., quien se encontraba arriba del vehículo por él conducido.

Sin perjuicio de ello, lo expresado no exime al órgano jurisdiccional de merituar las probanzas habidas, toda vez que ha tenido oportunidad de explicar el más alto Tribunal local que “si bien es cierto que del artículo 168 del código de rito se desprende que la confesional ficta tiene la fuerza de la expresa, no lo es menos que tal eficacia probatoria no emerge en todos los casos con idéntica contundencia, puesto que su apreciación debe llevarse a cabo en función del conjunto de los elementos de juicio que obren en el proceso y de las demás circunstancias de la causa que incontrastablemente sean idóneas para desmerecerla como plena prueba”3.

Denunció el actor ante la preventora que el “día martes 9 de octubre de 2012, aproximadamente a las 10.30 horas, me encontraba circulando en el vehículo de mi propiedad, marca Fiat Duna, dominio BDU 668, por el carril izquierdo de calle Godoy, en dirección hacia el cardinal oeste, y al llegar a la intersección con calle Castellanos me detengo ya que el semáforo se encontraba con luz roja. En esas circunstancias, cuando mi vehículo se encontraba totalmente detenido, un vehículo marca Chevrolet Corsa, dominio DBY 917, cuyo titular es la Sra. Olga Juliana Cerdán, y era conducido en ocasión del accidente por el Sr. J.Ramón M. C. (.), que circulaba detrás de mi vehículo en la misma dirección y carril, e impactó violentamente con su parte delantera en la parte trasera del vehículo a mi cargo, desplazándolo hacia adelante y provocando que el mismo impacte a su vez contra la parte trasera del vehículo que se encontraba detenido adelante mío también aguardando por el semáforo” (fs. 1, Sumario penal).

En el Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito narró que “me encontraba detenido con el vehículo a mi cargo por cuestiones de tránsito detrás de otros rodados sobre el carril izquierdo de la Avenida Pte. Perón a la altura aproximada del 3850, con dirección al oeste, cuando de forma imprevista mi unidad fue bruscamente embestida en la parte trasera por el frente de un coche marca Chevrolet Corsa, dominio DBY 917, el cual circulaba detrás sobre mi mismo carril y su conductor no frenó a tiempo, ocasionando el siniestro. Por el impacto mi unidad se desliza hacia el frente, llegando a impactar con la parte delantera sobre la parte trasera de un automóvil marca y dominio desconocido color blanco, el cual también se encontraba detenido, pero su conductor luego de la colisión se retiró sin aportar datos (.). Descripción daños materiales vehículo (1): paragolpes

trasero, baúl, ambos faros, óptica derecha, capot y demás daños a verificar. Descripción daños materiales vehículo (2): paragolpes delantero, capot” (fs. 45 vta.).

El codemandado J. Ramón M., a su turno, reconoció que “me encontraba circulando con mi unidad sobre la Av. Pte. Perón con dirección oeste. En estas circunstancias, al llegar a la altura del 3650, el automóvil marca Fiat Duna dominio BDU 668, que me antecedía, se detuvo en forma repentina a causa del semáforo en rojo existente metros más adelante, y aunque accioné mis frenos no pude evitar impactar con la parte delantera la parte trasera de éste.(.) Descripción daños materiales vehículo (1): ambas ópticas, paragolpes delantero y demás daños a verificar. Descripción daños materiales vehículo (2): paragolpes trasero, tapa de baúl” (fs. 44 vta.).

Cabe destacar que, si bien no coinciden las denuncias en relación a la altura catastral en la que el hecho habría ocurrido, el demandado identifica el dominio correspondiente al actor (fs. 44).

El perito mecánico actuante en esta sede civil concluyó que “en fecha 09.10.2012, aproximadamente a las 10.30 horas, cuando el automóvil Fiat Duna dominio BDU 668 circulaba por el carril izquierdo de Av. Presidente Perón (Godoy), altura del 3850, con dirección y sentido este a oeste, antes de arribar a la intersección con calle Castellanos, es colisionado en su parte trasera por el automóvil Chevrolet Corsa dominio DBY 917, quien circulaba detrás del anterior, por la misma calle en la misma dirección y sentido. Luego de la primera colisión, es probable que haya sido desplazado hacia delante y colisionado contra otro tercer vehículo que se encontraría adelante, dichos daños se aprecian en las fotografías” (punto 1, fs. 83 vta.), y que por “las trayectorias y la forma de contacto entre los vehículos, corresponde atribuir el carácter de embistente físico al automóvil Chevrolet Corsa” (punto 2, ídem).

A fs. 48, el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor informó que el dominio DBY 917 es de titularidad de la codemandada Olga Juliana Cerdán.

3. Por la confirmación de la mecánica del accidente, de acuerdo a la prueba rendida dentro del proceso, ha de analizarse la responsabilidad siniestral.

3.1.Dada la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en fecha 01.08.2015, cabe distinguir entre las normas que gobiernan el momento de la constitución y la extinción de una situación jurídica, de aquellas que refieren al contenido y las consecuencias, siendo que cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa4, lo que no impide la aplicación de las normas del Código Civil hoy derogado, aunque sólo a los hechos ocurridos bajo su imperio (arg. art. 7°, CCC, texto análogo al previsto en el art. 3°, CC de Vélez Sarsfield, según Ley Nro. 17.711).

Así, se ha explicado que si el ad que m “revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente; en agosto de 2015 la revisará conforme al artículo 1113 del Cód. Civil, no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente). En cambio, si la apelación versara sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la extinción de esa relación (por ej., una ley que regula la tasa de interés posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa ley a los períodos no consumidos”.

3.2. La responsabilidad objetiva fundada en el art.1113, 2° párrafo, Código Civil, resulta claramente aplicable a las colisiones entre dos o más vehículos como la presentada en el sub examine, ya que el choque que los puede dañar no destruye los factores de atribución de la responsabilidad al dueño o guardián de las cosas intervinientes activamente en la producción del daño.

De tal suerte, la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto por el texto normativo citado, sino que crea presunciones concurrentes que no dejan de gravitar sobre la solución del caso aun cuando se haya deducido sólo una pretensión resarcitoria.

En tal sentido se ha perfilado la jurisprudencia en numerosos precedentes cuyos fundamentos los suscriptos comparten y a los cuales se remiten, así como en la doctrina sobre el particular.

Sobre la expresada base no incumbe al actor la prueba fehaciente de violación reglamentaria alguna por parte de la contraria, sino que le basta con acreditar la existencia del nexo causal adecuado entre la cosa riesgosa y el daño, correspondiendo a la parte demandada que pretende liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima, de un tercero, o el caso fortuito, siempre que revelen aptitud para interrumpir o interferir tal nexo9, lo cual no empece a la facultad del órgano jurisdiccional para realizar un análisis de la conducta del demandado.

3.3. Del análisis de los elementos obrantes en autos no surge que la parte demandada hubiera invocado conductas que puedan autorizar se endilgue reproche alguno a la parte actora o a tercero por quien no deba responder.

3.4. Por el contrario, existen ciertos incumplimientos por parte del conductor coaccionado, que corresponde sean merituados a los fines de ponderar su gravitación causal.

3.4.1.En primer término cabe consignar que, existiendo una presunción de culpabilidad en contra del conductor de un vehículo que embiste con la parte frontal la trasera del que le precedía en la marcha, correspondía al accionado la carga procesal de desvirtuar tal presunción, extremo no probado en el juicio.

Es que el embestimiento configura situación que evidencia un cierto grado de negligencia culpable, toda vez que la Ordenanza municipal Nro. 6.543/1998 expresamente prescribe que se debe “circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito” (art. 35, inc. b).

3.4.2. En adición, es pacífica y reiterada, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la posición que sostiene que debe presumirse la culpabilidad del conductor del rodado que embiste con su parte delantera la posterior de otro vehículo que al momento del impacto circulaba o se hallaba adelante detenido, pues este rodado ha sido agente pasivo de la colisión, siendo a cargo del embestidor desvirtuar tal presunción.

Se recuerda que la mentada Ordenanza municipal Nro. 6.543/1998, en su art. 44, punto a.1.3, inc. f, establece que “Está prohibido en la vía pública: (.) Conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente, de acuerdo a la velocidad de marcha.La distancia de seguridad mínima requerida entre vehículo, de todo tipo, que circulan por un mismo carril, es la que resulta de una separación en tiempo de dos segundos”.

Es que los vehículos deben guardar mientras circulan una

distancia tal, en relación al que les precede en la marcha, que les permita detener exitosamente su rodado en caso de hacerlo el precedente o en el supuesto que éste se halle detenido o reiniciando la marcha.

Resulta claro que dicha distancia guardará relación con las posibilidades de freno, de tal manera que incidirá en la misma la velocidad desarrollada, el estado del pavimento, y las características del rodado.

3.5. Todo lo expresado conduce a este órgano jurisdiccional a entender que la responsabilidad del presente hecho dañoso debe ser atribuida a los demandados J. Ramón M. (art. 1109 y 1113, CC) y Olga Juliana Cerdán (art. 1113, CC).

La presente decisión se hará extensiva, en la medida del seguro pactado (art. 118, Ley 17.418)11, a Aseguradora Federal Argentina S.A., que acató la citación en garantía que le fuera promovida (fs. 21).

4. Despejada la atribución de responsabilidad, debe pasarse revista a los daños cuya indemnización se demanda.

Toda vez que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia (art. 772, CCC), las normas aplicables, que captan en su antecedente normativo tal presupuesto, son las vigentes al momento de la emisión del decisorio (arg. art. 7°, CCC, texto análogo al previsto en el art. 3°, CC de Vélez Sarsfield, según Ley Nro.17.711).

No otra conclusión cabe, habida cuenta que se trata de textos normativos que integran las reglas técnicas de la actividad de sentenciar12, pudiendo ser reconocidas a través de la facultad del órgano jurisdiccional de

seleccionar el Derecho aplicable.

En efecto, la aplicación lisa y llana del Código Civil de Vélez Sarsfield a sentencias dictadas bajo el Código Civil y Comercial de la Nación hoy vigente14, por la sola razón de haber tramitado los litigios bajo el primero de los ordenamientos mencionados, implica una postergación de la aplicación inmediata del Código Civil y Comercial sin bases legales, consagrando la regla de la aplicación diferida del Código Civil velezano después de su derogación.

Así, las partes en juicio no adquieren derecho a que la causa se falle conforme a la ley vigente al trabarse la litis, si posteriormente y antes de la sentencia firme se dicta otra ley de orden público que determina su aplicación a los procesos en curso.

4.1. En cuanto al rubro incapacidad sobreviniente, debe destacarse que la invalidez es un concepto médico antes que jurídico.

Su captación normativa en el ámbito del ordenamiento civil, que manda a reparar de modo pleno (art. 1740, CCC), se orienta en tres sentidos: a) la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima por el concreto perjuicio laboral que padece, aun cuando el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada (art. 1746, CCC), b) el menoscabo a sus derechos personalísimos, su integridad personal y su salud psicofísica (art. 1738, CCC; ya afirmado desde antaño bajo la vigencia del hoy derogado Codigo Civil de Vélez Sarsfield por nuestro más alto Tribunal nacional17), y c) la afectación de servicios o emprendimientos económicamente valorables, aunque no se traduzcan en entradas monetarias (art. 1746, CCC).

En función del sistema de fuentes adoptado por la normativa vigente (arts. 31 y 75 inc. 22, CN; art.1°, CCC), resulta significativo destacar, frente a la tendencia al reconocimiento constitucional del derecho de la salud y al resarcimiento de daños como una de las técnicas de protección que se afirma en el Derecho comparado, que encontramos hoy el amparo de convenciones internacionales con jerarquía supralegal que aluden al tema tratado.

Se considera entonces que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible, conforme a una visión filosófica profunda del problema tratado.

El sistema normativo vigente dispone que el resarcimiento de los daños consistirá en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie (art. 1740, CCC), aunque debe atenderse que cuando el perjuicio indemnizable se presenta en virtud de una incapacidad física de tipo permanente, tal reposición ha de resolverse por la fijación de un monto dinerario, habida cuenta de la imposibilidad fáctica de restituir la capacidad mermada.

A los fines de la cuantificación (art. 772, CCC) de la reparación debida por lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, manda el ordenamiento que “(.) la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades (.)” (art.1746, CCC).

La mencionada determinación del capital, de tal suerte, debe obedecer a una formulación que tenga en consideración la edad y expectativa de vida laboral de la víctima, el ingreso percibido por su desempeño laboral (si es que lo hubiere), la cuantificación de las actividades productivas o económicamente valorables, el grado de incapacidad constatado y el coeficiente de la tasa de interés.

Lo expresado no obsta a que este órgano jurisdiccional mantenga un cierto grado de prudencial discrecionalidad, habida cuenta que la “norma prevé la indemnización del daño patrimonial por alteración, afectación o minoración, total o parcial, de la integridad física y psíquica de la persona, admitiendo que su cuantificación pueda también ser fijada por aplicación de un criterio matemático, como parámetro orientativo sujeto al arbitrio judicial”22, lo cual se compadece con la vigencia inalterada del art. 245, CPCC.

De tal suerte, para cuantificar e l daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, debe tenerse presente el sistema previsto por el mencionado art. 1746, CCC, que cederá, en tanto no exista prueba asertiva de los ingresos que percibía la víctima del hecho dañoso o frente a víctimas económicamente improductivas (arg. art. 3°, CCC, por referencia analógica con el art. 1745, incs. b y c, CCC, ante ausencia de norma específica al respecto), en favor del sistema de las calidades personales23. Es decir, debe ponderarse con estas pautas el perjuicio modificación del criterio de la CNAT, Sala III, 28.04.2008, “MÉNDEZ, Alejandro Daniel c. Mylba S.A. y otro s. Accidente Acción civil”, en RC J 1462/08. También resulta relevante el decisorio del TSJ Córdoba, 22.03.1984, “MARSHALL, Daniel A.”, en JA 1985I214.económico que la víctima del hecho sufre por la incapacidad física que presenta.

A efectos de determinar el monto de resarcimiento por incapacidad sobreviniente, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, reuniendo características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial.

El actor contaba con 63 años de edad a la fecha del siniestro (fs. 4, Sumario penal), no acreditó desempeño laboral alguno, y porta un 10 % de incapacidad (pericial médica, fs. 103).

Teniendo en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las circunstancias que se explicitan precedentemente, se declara procedente el presente rubro, fijándose el mismo en la suma de $ 40.000.

4.2. Se define al daño moral sufrido a consecuencia del siniestro, como “una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente

perjudicial”.

El art. 1738, CCC, regla que “La indemnización (.) [i]ncluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, (.) su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”, estatuyendo el art.1741, CCC, en expresa referencia a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, que “(.) [e]l monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.

Cabe consignar que, sobre la procedencia de su reparación, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin”.

Sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto “la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante”27.

Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto, cabe consignar que existen para ello distintos criterios, y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal, siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria, descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en concepto de daño moral, habiéndose entendido que “A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste”.

Sentado lo anterior, el Tribunal hace saber que, como directriz general para el examen de los daños, participa del criterio que no debe aceptarse la multiplicidad de rubros resarcitorios, los que se limitan en número a las consecuencias patrimonialesy no patrimoniales29, posición en que se ha manifestado la Alzada30, y que reafirma el art. 1737, CCC. Así, la lesión o daño estético y la lesión o daño psíquico o psicológico, son aspectos a tener en cuenta para evaluar la entidad del perjuicio (arg. art. 1738, CCC), pero cualquiera de éstos no configura un daño de distinta naturaleza, o con entidad propia, sino que al momento de fijar la cuantía de la indemnización, se los debe incluir dentro del daño patrimonial o no patrimonial, según los intereses afectados31.

Entonces, teniendo una vez más en cuenta las facultades legalmente conferidas al Tribunal por el art. 245, CPCC, y las circunstancias a las que se alude precedentemente, se declara procedente el rubro fijándose el mismo en la suma de $ 12.000.

5. Toda vez que el art. 1747, CCC, expresa que “El resarcimiento del daño moratorio es acumulable al del daño compensatorio o al valor de la prestación (.)”, el capital devengará un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas: a) desde el día del hecho (arg. art. 1748, CCC) y hasta el vencimiento del plazo que esta sentencia otorga para el pago, se aplicará el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (índice diario); b) desde el vencimiento de dicho plazo y hasta su efectivo pago, devengará un interés equivalente al doble de la tasa referenciada.

6. En lo atinente a las costas, atento el éxito obtenido que se pondera jurídicamente, y en virtud del principio normativo del vencimiento objetivo, se impondrán en su totalidad a la parte demandada (art. 251, CPCC).

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario,

RESUELVE: I) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar a los demandados J. Ramón M. y Olga Juliana Cerdán a pagar al actor J. D.O., dentro del término de diez (10) días,

la suma de $ 52.000., con más los intereses fijados en el punto 5 de los considerandos que anteceden.

II) Imponer las costas a la parte demandada.

III) Hacer extensivos los efectos del presente decisorio a la citada en garantía, en la medida del seguro.

IV) Los honorarios se regularán oportunamente, firme que estuviera la planilla a practicarse en autos,

difiriéndose para tal oportunidad el prorrateo previsto en el art. 730, CCC.

V)

Insértese, agréguese copia y hágase saber.

CINGOLANI

BENTOLILA

ANTELO

CESCATO