Responsabilidad del vendedor por los desperfectos que presentó un equipo de aire acondicionado

aire-acondicionadoPartes: Arrebola Gustavo Luis c/ Garbarino S.A. y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 7-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101265-AR | MJJ101265 | MJJ101265

cuadro-2

Sumario:

1.-El comerciante que efectúa una compra venta mercantil, adquiriendo bienes para integrarlos al proceso comercialización no puede ser sujeto pasivo y beneficiarse con la aplicación de la LDC, porque este cuerpo normativo es contundente al disponer que: No tendrán el carácter de consumidores o usuarios, quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. (LDC: art. 2, in fine , conforme al texto vigente en el tiempo en que sucedieron los hechos).

2.-La disposición del art. 2 in fine de la Ley 24.240 encuentra su justificación en la naturaleza misma del derecho del consumidor. Repárese que en la médula de tal concepto yace la idea de desigualdad entre los contratantes, asimetrías en los conocimientos técnicos y directamente ausencia de información por falta de opciones, así como la imposibilidad de negociar los términos contractuales. Pero la actividad entre mercaderes hace soslayable la hipótesis de ligereza o inexperiencia, dado su necesario grado de especialización y profesionalismo y si bien el aprovechamiento del consumidor o usuario puede perpetrarse en el área comercial, su apreciación debe efectuarse con peculiar precaución habida cuenta que el ordenamiento jurídico requiere y supone, aptitudes y capacidades objetivas para el manejo y administración de los negocios.

3.-En tanto el pretensor no es un consumidor, pues adquirió un equipo para integrarlo a su actividad comercial, no corresponde encuadrar la acción intentada en el marco tuitivo de los consumidores.

4.-Es contrario a la teoría de los actos propios pretender justificar que la garantía perdió su validez por haber sido utilizado en un local comercial, cuando con anterioridad cambiaron otro equipo instalado en el mismo lugar, sin invocar ningún óbice en dicha oportunidad. Tal doctrina resulta aplicable en la medida que se advierte -como en el sublite- una falta de coherencia en el comportamiento, una incompatibilidad manifiesta entre la conducta generadora de determinada instalación fáctica o jurídica y la posterior actitud de objeción a ella.

5.-No sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encuentran gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cambiar sus consecuencias para aumentar su provecho.

6.-Resulta procedente reconocer una indemnización que permita resarcir los padecimientos -morales-que-presumiblemente,-sufrió el accionante como consecuencia del incorrecto funcionamiento del producto.

7.-La reparación del daño moral derivado de la responsabilidad contractual, queda librada al arbitrio del juzgador quien apreciará su procedencia. La norma del art. 522 CCiv. establece que podrá condenar al responsable a reparar el agravio moral, en los casos de indemnización por responsabilidad contractual de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.

8.-La indemnización por daño moral posee naturaleza resarcitoria y tiende a compensar el sufrimiento que es connatural a todo episodio traumático y afecta a todo aquél que atraviese por tal situación, independientemente de las secuelas psicológicas que pueda ocasionar en la victima.

9.-El daño moral no se reduce al sufrimiento, dolor o desesperanza, sino que además comprende las lesiones a un interés jurídico que se trasuntan en alteraciones del individuo de querer y entender. Su reparación exige una aflicción seria, pues no constituye un mecanismo tendiente a engrosar la indemnización.

10.-La determinación objetiva del agravio moral involucra la consideración de las circunstancias particulares de cada caso y del damnificado, siendo su prueba directa es de difícil producción. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 7 días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, reunidas las señoras jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “ARREBOLA, GUSTAVO LUIS” contra “GARBARINO S.A. Y OTRO” sobre “ORDINARIO” en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi, Ballerini y Díaz Cordero.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

I. PLATAFORMA FÁCTICA DEL PROCESO

Llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de la apelación deducida por el accionante (fs. 240).

Los antecedentes de la causa fueron adecuadamente expuestos por el a quo, en los resultandos del fallo recurrido y a ellos me remito a los fines de mi ponencia. No obstante, para facilitar la compresión de la solución propuesta, previo al análisis -de los agravios, recordaré que el pretensor promovió demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual contra Garbarino S.A. y Radio Victoria Fueguina S.A. por pesos veintisiete mil setecientos setenta y cinco ($27.775).

El litigio tiene origen en la compraventa de un aire acondicionado tipo Split Tac 24 CS 6000 FS marca TCL por pesos tres mil ciento diez ($3.110) en una sucursal de “Garbarino”. El fabricante del producto era “Radio Victoria” según surge del certificado de garantía.

El equipo fue instalado en el comercio del quejoso y – según alega-nunca funcionó. Transcurridos varios meses desde la fecha de la compra -el 08-05-2005- el vendedor reemplazó el aire acondicionado por uno de idéntica marca y modelo. Pero una vez instalado el segundo equipo comenzó a perder agua.

El apelante arguye que ante su reclamo, en dos oportunidades concurrió al comercio personal del fabricante, para solucionar el desperfecto. No obstante ello, el nuevo equipo continuó perdiendo agua.En consecuencia, promovió la presente demanda por los daños que esa situación le provocó.

“Garbarino” sostuvo que los desperfectos tenían origen en el mal uso que hizo el accionante. Y “Radio Victoria” afirmó que la falla provino de la incorrecta instalación del equipo que no había sido realizada por técnicos oficiales.

II. EL DECISORIO RECURRIDO

El pronunciamiento de primer grado del 21-12-2015 (fs. 214/225) rechazó la demanda con costas al actor vencido (Cpr.: art. 69).

Tras describir los hechos, concluyó que siendo la finalidad de la adquisición del equipo integrarlo para facilitar el giro de la actividad comercial, el reclamo se encontraba fuera del ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor No. 24.240 (en adelante “LDC”) conforme su texto vigente al tiempo en que sucedieron los hechos (en adelante “LDC”).

Señaló que la única prueba producida en autos además de la documental, fue la testimonial que estimó insuficiente. Ello por cuanto la mayoría de los deponentes del actor manifestaron desconocer la causa del funcionamiento del equipo (fs. 112/114). El pretensor no ofreció prueba pericial técnica, que resultaba indispensable porque la comprobación del desperfecto y de las causas que lo provocaron requería de una valoración científica especializada.

Concluyó que de acuerdo con las constancias de la causa el defecto provino de la instalación y el accionante no probó que ésta haya sido efectuada por técnicos pertenecientes o recomendados por “Garbarino” o “Radio Victoria”. Ello en tanto la garantía tenía validez siempre que el comprador cumpliese las condiciones de instalación necesarias por medio de personal autorizado.

Sintetizando, estimó que el demandante no probó ninguno de los daños invocados. Respecto de la pérdida de mercaderías, tampoco acreditó el stock de alimentos perjudicados.

No demostró el lucro cesante por disminución de sus ventas, ni la pérdida de clientela.

Finalmente señaló que la mera alegación de los daños resultaba insuficiente para estimárselos configurados, y debía probarse su existencia presente o futura.

III.LOS RECURSOS

Contra el decisorio se alzó el actor (fs. 240). El recurso fue concedido libremente el 31-05-2016 (fs. 241) y fundado el 1006-2016 (fs. 245/246 vta.). Recibió respuesta por parte de “Radio Victoria” el 27-06-2016 (fs. 251/252) y de “Garbarino” el 30-062016 (fs. 254/258).

La presidencia de esta Sala llamó autos para dictar sentencia el 22-08-2016 (fs. 261), quedando el Tribunal habilitado para resolver

IV. CONTENIDO DE LAS PRETENSIONES RECURSIVAS

El recurrente se agravia porque el a quo consideró que: a) no es un consumidor porque el equipo de aire acondicionado fue adquirido para ser incorporado a su proceso de comercialización; b) la prueba documental y testimonial resultaban insuficientes; y c) en el caso no se configuraba la responsabilidad de las codemandadas. En consecuencia, desestimó el lucro cesante y el rubro pérdida de mercaderías, e impuso las costas de primera instancia al pretensor.

V. SOLUCIÓN PROPUESTA

1) Al contestar los agravios, la defensa (fs. 518/520) solicitó la declaración de deserción del recurso incoado por la contraparte.

Analizadas las piezas de fs. 515/516 se comprueba que el escrito con el que el accionante pretendió fundamentar su recurso, en rigor incumplió el mandato impuesto por el Cpr: art. 265, por cuanto no concreta una crítica específica sobre los aspectos que considera equivocados, ni demuestra los supuestos yerros en que habría incurrido el sentenciante.

Obsérvese que la mayor parte del contenido de la expresión de agravios es una mera disconformidad con lo resuelto en la anterior instancia.

Esta circunstancia habilitaría por sí sola, a aplicar las consecuencias previstas por el Cpr: art.266 y declarar desierto el recurso interpuesto.

Sin embargo, dado que esta preopinante pretende evitar en lo posible la adopción de soluciones meramente formales, y toda vez que el apelante ha solicitado la revocación total de la decisión, me ocuparé de las quejas aunque apartándome del orden en que han sido plasmadas, y soslayando en lo posible el tratamiento de todo argumento que no sea dirimente.

2) Efectuada esta aclaración inicial, me adentraré en el estudio del recurso deducido.

En orden a la aplicación de la normativa de protección de los derechos de los consumidores al caso bajo examen, coincido con lo expuesto por el magistrado de la anterior instancia. Luego de considerar los antecedentes del caso, los diversos medios de prueba aportados al expediente, de conformidad de las reglas de la sana crítica (Cpr: art. 386) y el pronunciamiento recurrido, advierto que para esta preopinante está expresamente excluido de los alcances de la LDC.

No están controvertidas en autos, ni la calidad de comerciante de “Arrebalo”, ni que el equipo estaba incorporado a su proceso de comercialización (fs. 13 y 112/115).

Ahora bien, un comerciante que efectúa una compra venta mercantil, adquiriendo bienes para integrarlos al proceso comercialización ¿puede ser sujeto pasivo y beneficiarse con la aplicación de la LDC? No. Ello porque ese cuerpo normativo es contundente al disponer que: “No tendrán el carácter de consumidores o usuarios, quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.” (LDC: art. 2, in fine, conforme al texto vigente en el tiempo en que sucedieron los hechos).

La disposición encuentra su justificación en la naturaleza misma del derecho del consumidor.Repárese que en la médula de tal concepto yace la idea de desigualdad entre los contratantes, asimetrías en los conocimientos técnicos y directamente ausencia de información por falta de opciones, así como la imposibilidad de negociar los términos contractuales.

Pero la actividad entre mercaderes hace soslayable la hipótesis de ligereza o inexperiencia, dado su necesario grado de especialización y profesionalismo. Y si bien el aprovechamiento del consumidor o usuario puede perpetrarse en el área comercial, su apreciación debe efectuarse con peculiar precaución habida cuenta que el ordenamiento jurídico requiere y supone, aptitudes y capacidades objetivas para el manejo y administración de los negocios (CNCom., mi voto, in re “Establecimiento Frutícola Sede S.R.L. c/Coto C.I.C.S.A.” del 19-07-2002; ídem, esta Sala, in re “Cía. General de Combustibles S.A. c/ Di Giacomo Roberto” del 29-09-1978).

Siendo ello así juzgo que el pretensor no es un consumidor, pues adquirió un equipo para integrarlo a su actividad comercial. De esta forma, no corresponde encuadrar la acción intentada en el marco tuitivo de los consumidores.

3) Sin perjuicio de ello, estimo que la demanda igualmente debe ser admitida, bien que en forma parcial.

En sus críticas, el actor cuestionó que el Juez de primer grado juzgó que no se había demostrado la existencia de la falla en el equipo de aire acondicionado adquirido (fs. 246).

Considero que en el sub examine, el incorrecto funcionamiento del equipo fue reconocido -como mínimo en forma implícita- por los accionados y ello, relevaba de la prueba de ese extremo al demandante.

Obsérvese que la fabricante del producto admitió que el aire acondicionado funcionaba en forma incorrecta, pero atribuyó su causa a un problema relacionado con la instalación del equipo y no a un vicio interno del producto (fs. 49).

En este escenario fáctico, juzgo que por aplicación del Cpr: art.377, eran precisamente las demandadas quienes tenían la carga de acreditar que el indicado mal funcionamiento del equipo se debía exclusivamente a un hecho ajeno a su responsabilidad, tal como se invocó al contestar la demanda.

Sin embargo, “Radio Victoria” fue declarada negligente en la producción de la prueba pericial de ingeniería (fs.176/177) y la -restante producida (testimonial y de oficios), resulta insuficiente a criterio de esta Vocal para acreditar los extremos ind icados, pues tanto el Sr. Salomón (ver testimonio a fs. 166/167), como el técnico de “Radio Victoria”, “Guerra” (contestación de oficio de fs. 164), resultan empleados o agentes de la demandada, circunstancia que forzosamente obliga a valorar sus dichos con mayor rigurosidad.

Es frente a esta particularidad que el dictamen pericial en ingeniería resultaba esencial. Pues hubiera sido esclarecedor contar con la opinión profesional de un experto en la materia, imparcial y ajeno a las partes, para poder determinar si efectivamente el inconveniente que presentaba el equipo era el resultado de una incorrecta instalación o bien de una falla interna.

no puede omitirse que “Guerra” -técnico oficial de la accionada- efectuó ciertos trabajos sobre la unidad en cuestión, antes de determinar que a su criterio el problema se encontraba en la instalación del equipo. Así, en su informe, el agente de la accionada indicó “.se suelda la unidad exterior y se carga gas. Se retiró la unidad interior para verificar en taller que no tuviese pérdida, y descartar que sea el equipo, quedando como única alternativa la cañería que une la unidad interior y exterior. De ser así el problema sería de instalación.” (ver copia a fs. 207 y contestación de oficio de fs.164, el resaltado no pertenece al original).

Adicionalmente, no es claro -al menos para esta preopinante- el motivo por el cual, si el técnico debió retirar la unidad interior para verificar que no tuviera fallas (tal como se indicó en el informe antes trascripto), cuando la colocó nuevamente luego de realizadas las verificaciones pertinentes, ¿por qué no se solucionó el supuesto problema atribuido precisamente a la instalación original del equipo?

No encuentro en la causa elementos de prueba suficientes que brinden algún tipo de certeza sobre estas cuestiones. Y ello, le resta sustento a la versión de los hechos propiciada en la contestación de demanda. Ergo, ésta se presenta como una manifestación unilateral de la parte, inadecuada para ser considerada como medio de convicción útil para fundar o revertir una sentencia.

Similares reproches pueden formularse respecto a la actuación procesal de “Garbarino”, quien no produjo ninguna probanza para procurar esclarecer los hechos debatidos en autos, habiéndose limitado a contestar la demanda desconociendo su responsabilidad por la venta de un producto defectuoso.

Así, por encontrarse en una inmejorable posición para hacerlo, pudo acompañar, por ejemplo, sus registros de reclamos para demostrar la inexactitud de los hechos denunciados por el accionante.

4) Por otra parte, tampoco puede admitirse lo argumentado respecto a que el producto no conservaba su garantía por no dársele un uso doméstico al encontrarse instalado en un comercio (fs. 33vta/34).

Primero, porque no se demostró que los errores que presentara el equipo fueran consecuencia de haber sufrido un uso desmedido (producto de estar en un local comercial y no en un hogar).

segundo, por cuanto admitir dicho argumento violentaría, a criterio de esta Vocal, la teoría de los actos propios.

No existe controversia sobre que Arrebola adquirió el aire acondicionado el 10-11-2004 (ver copia de la factura a fs.202); tampoco parece haber mayores discrepancias en punto a que el 08-06-2005 el equipo inicialmente instalado, debió ser cambiado por otro de igual marca y características por presentar problemas en su funcionamiento (ver remito 0811-00008658 en copia a fs. 206).

También se demostró que este segundo equipo instalado en el local comercial del actor, fue visitado por el agente oficial de “Radio Victoria” el 06-10-2005, antes de rechazarse su reparación el 09/12/2005 (fs. 208 ya citadas).

Ahora bien, como dije, es contrario a la teoría de los actos propios pretender justificar que la garantía perdió su validez por haber sido utilizado en un local comercial, cuando con anterioridad cambiaron otro equipo instalado en el mismo lugar, sin invocar ningún óbice en dicha oportunidad.

Tal doctrina resulta aplicable en la medida que se advierte -como en el sublite- una falta de coherencia en el comportamiento, una incompatibilidad manifiesta entre la conducta generadora de determinada instalación fáctica o jurídica y la posterior actitud de objeción a ella (CNCom., esta Sala, in re “Aseguradores Industriales SA Cía. Arg. de Seguros c/. Federico Claps Automotores s/ ordinario” del 26-03-1999).

De admitirse este argumento se incurriría en una conducta incompatible con otra anterior válida, deliberada, voluntaria, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, que haría aplicable el principio venire contra factum proprium nulli conceditur.

Esa actitud -expresa o tácitamente- implicaría ya no destruir lo hecho sino desconocerlo, para evitar sus secuelas o eludirlas.Como dijo la CSJN “.no sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encuentran gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cambiar sus consecuencias para aumentar su provecho.” (Fallos 322:1564 ; 273-187; 274-96; 275-235 y 459; 279-350; 285-410; 293-438; 2943-220; 299-373; 300-51, 62, 147 y 480; entre otros).

5) A similar conclusión debe arribarse respecto a la invocada pérdida de garantía por no haber sido instalado el equipo por un técnico oficial del fabricante.

Como tantas veces señalé, “Radio Victoria” envió a su técnico a revisar el aire acondicionado y éste efectuó tareas sobre la unidad sin invocar en esa oportunidad que no correspondía su reparación por no hallarse en garantía por no haber sido instalado por un agente oficial de la accionada.

Menos aún puede admitirse tal argumento en el caso de “Garbarino”, pues de acuerdo a lo reconocido por los justiciables, fue ésta quien ofreció el servicio de instalación del equipo.

Adicionalmente, reitero que la codemandada procedió a cambiar el 08-06-2005 el primer aire acondicionado que adquirió el actor, que también presentó fallas y que, por supuesto, su instalación tampoco había sido efectuada por el agente oficial del fabricante (ver remito en copia a fs. 206, reconocido a fs.32 vta.).

7) Para terminar, a todo evento cabe agregar que no se acompañó a la causa el manual del usuario que debe entregarse junto con el equipo y donde se indicarían las especificaciones referidas a cómo supuestamente debía instalarse el equipo.

De modo que tampoco se ha podido verificar si tales extremos fueron oportuna y debidamente informadas al comprador.

8) Establecida la responsabilidad de las encartadas, corresponde analizar los distintos rubros indemnizatorios reclamados.

Sobre el punto, coincido con lo expuesto por el a quo respecto a la ausencia de prueba que permita, en términos generales, su reconocimiento.

No obstante, solamente considero procedente reconocer una indemnización que permita resarcir los padecimientos -morales-que-presumiblemente-sufrió el accionante como consecuencia del incorrecto funcionamiento del producto (CNCom., esta Sala, in re “Maillot González, Iris c./ OSPIP s./ sumario” del 14-12-2004).

La reparación del daño moral derivado de la responsabilidad contractual, queda librada al arbitrio del juzgador quien apreciará su procedencia. La norma del art. 522 Cciv. (aplicable al sub examine) establece que “podrá” condenar al responsable a reparar el agravio moral, en los casos de indemnización por responsabilidad contractual “de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”.

Va de suyo, que la indemnización del rubro posee naturaleza resarcitoria (Fallos, 318:1598 ; 327:5991 ; 329:2688 ; 329:4944 ) y tiende a compensar el sufrimiento que es connatural a todo episodio traumático y afecta a todo aquél que atraviese por tal situación, independientemente de las secuelas psicológicas que pueda ocasionar en la victima (CNCom., esta Sala, in re “Jotafi Computación Interactiva S.A. y otro c/ Banco de Galicia y Bs. As. S.A.” del 17-02-2010, entre muchos otros).

Este no se reduce al sufrimiento, dolor o desesperanza, sino que además comprende las lesiones a un interés jurídico del Fecha de firmesp92016que se trasuntan en alteraciones del individuo de querer y entender.Su reparación exige una aflicción seria, pues no constituye un mecanismo tendiente a engrosar la indemnización.

La determinación objetiva del agravio moral involucra la consideración de las circunstancias particulares de cada caso y del damnificado. Como se ha dicho reiteradamente su prueba directa es de difícil producción (CNCom., esta Sala in re “Vázquez Bourgeois Natalia c/ Peugeot Citroën Argentina S.A. s/ ordinario” del 20-05-2011 y Sala C, in re “Miño Olga Beatriz c/ Caja de Seguros S.A.” del 29-05-2007).

Los testigos han dado cuenta de las altas temperaturas que se registraban dentro del local del quejoso y lo inconveniente que resultaba que el mismo no estuviera refrigerado (ver declaraciones testimoniales a fs. 112/115 vta.).

aun cuando el Juez de la anterior instancia señaló que esta prueba resultaría insuficiente para demostrar los padecimientos que el quejoso arguyó, máxime cuando no se produjo la prueba pericial técnica sobre la falla de funcionamiento del equipo; existen elementos en la causa que me persuaden de la procedencia del daño en cuestión.

Destaco que transcurrido más de un año desde la adquisición del aire acondicionado y después de haber tenido que soportar un cambio de equipo (fs. 206 ya citada), al 07-12-2005 el recurrente continuaba sin una solución definitiva a sus problemas por parte de las demandadas (fs. 208).

Parece evidente que quien adquiere un aire acondicionado (sea consumidor final o no), lo hace para poder sobrellevar con mayor comodidad el agobiante calor que se registra en la temporada de verano, así como el frío propio del invierno. Recuérdese que, en el caso, el producto comprado poseía las funciones comúnmente conocidas com o “frío/calor” (fs.207).

Así, de acuerdo a lo expuesto en los testimonios señalados, y las máximas de experiencia propias de cualquier persona, es posible concluir que el incorrecto funcionamiento del equipo y la negativa a solucionarlo por parte de las defendidas pudo importar una perturbación al actor que exceden las meras molestias propias de cualquier incumplimiento.

Consecuentemente, debe admitirse la indemnización solicita en concepto de daño moral, fijando la misma en tres mil pesos ($3000), con más sus intereses calculados desde el 07-12-2005 (fecha en que se negó la reparación requerida) y hasta su efectivo pago calculados a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días.

En orden a los restantes rubros indemnizatorios pretendidos, como se adelantó, ante la ausencia de prueba que permita definitivamente tenerlos por acreditados, corresponde su rechazo sin necesidad de añadir mayores consideraciones al respecto.

Sin desconocer la existencia de ciertas diferencias fácticas, agréguese que la solución aquí propuesta, es coherente con lo decidido por esta Sala in re “Romero, Rodolfo Marcos c/ Fravega S.A. s/ ordinario” del 30-10-2015.

9) Respecto de los gastos causídicos considero que en ambas instancias deben ser a cargo exclusivo de las defendidas; ello, respecto del monto por el que prospera la demanda. Solución compatible con el criterio objetivo del vencimiento del Cpr: art. 68, 1er. párrafo.

El hecho de que algún pedido indemnizatorio no fuese admitido no obsta a dicha conclusión, toda vez que, en los reclamos por daños y perjuicios -como se da el caso en el sublite, las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente, aritméticos (CNCom. esta Sala, in re “Enrique R. Zenni y Cía. S.A c/ Madefor S.R.L.y otro s/ ordinario” del 14-02-1991; ídem, in re “Pérez, Esther Encarnación c/ Empresa Ciudad de San Fernando S.A. y otro s/ sumario” del 02-02-1999, entre otros).

VI. Si mi criterio es compartido propongo -por los fundamentos expresados- admitir parcialmente la demanda y modificar el decisorio recurrido, condenando a ambas defendidas a pagar pesos tres mil ($3.000) más intereses calculados desde el 07-12-2005 hasta su efectivo pago, a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días. Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por las codemandadas objetivamente vencidas (Cpr: art. 68, 1er párrafo). He concluido.

Por análogas razones las Dras. Ballerini y Díaz Cordero adhirieron a la conclusión propiciada por su distinguida colega. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara Dras. Matilde E. Ballerini, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Ana I. Piaggi.

Es copia del original que corre a fs. 678/87 del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B.

RUTH OVADIA

SECRETARIA DE CÁMARA